Referéndum en Bolivia: consultar y escuchar al pueblo para gobernar – Por Diego Portal
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Diego Portal *
Un debate inocuo y sobreamplificado por los medios de comunicación comerciales se ha instalado a raíz de la propuesta hecha por el presidente Luis Arce Catacora, durante su discurso del 6 de agosto reciente en la ciudad de Sucre, de convocar a una consulta popular para definir el rumbo de tres temas fundamentales para consolidar el sistema democrático del país.
La Constitución Política del Estado (CPE) contiene una serie de aspectos sobre diferentes ámbitos de la nación y, desde luego, se debe admitir que existen temas controversiales que, desde el inicio mismo, desde su aprobación y promulgación en 2009, han sido polémicos y en muchos casos han generado problemas que aún no encuentren una respuesta adecuada.
Hay que tener en cuenta que la CPE no está escrita en piedra y que es necesariamente perfectible, por lo que ahora y después podrán surgir propuestas ciudadanas que cambien o supriman determinados aspectos del texto constitucional, en virtud a la natural evolución social y política del país, siguiendo y respetando, por cierto, los mecanismos que la propia Constitución prevé para estos casos.
Para la oposición, que ha saltado a cuestionar la propuesta del presidente Arce, este debería tomar acciones inmediatas, tal como lo hicieron ellos en el pasado y, seguramente, lo volverían a hacer en el futuro si tuvieran esa posibilidad, sin tomar en cuenta para nada la opinión de la ciudadanía.
La reacción opositora no debiera sorprendernos, ya que desde mucho antes habían planteado sus caminos de solución a la supuesta “crisis” que vive el país en base a medidas de ajuste estructural alejadas de los intereses populares y velando única y exclusivamente por los intereses de los sectores oligárquicos y foráneos, siempre dispuestos a saquear la patria.
Desde luego que ellos nunca preguntarán al pueblo, menos a través de una consulta popular, puesto que solo conciben la democracia como un formalismo, como un mecanismo para acceder al poder, por eso se espantan de la propuesta presidencial. Pero más allá de esta propuesta, hay que tomarse un tiempo para analizar los alcances que podrían tener cada uno de los asuntos a ser sometidos a la eventual consulta popular.
¿Carburantes subvencionados para quiénes?
La subvención estatal a los precios de los carburantes viene de hace tres décadas atrás y si bien favoreció a sectores populares con el mantenimiento de tarifas en el transporte público y en el precio de los productos de la canasta familiar, no es menos cierto que los mayores beneficiados fueron sectores como la minería privada y cooperativa, los agropecuarios –especialmente del Oriente–, las industrias, las empresas constructoras, así como otras actividades ilegales vinculadas al narcotráfico o el contrabando de vehículos.
Una simple revisión de la subvención, según datos de consumo de carburantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), confirma que solo el 47% del consumo se destina al transporte público y a los usuarios particulares.
De los otros sectores favorecidos, algunos directamente relacionados con la exportación de sus productos, no pagan impuestos en proporción con la subvención que reciben y tampoco retornan divisas para el país, generando problemas para sostener la propia medida.
Sería ilógico pensar en una suspensión instantánea y total de la suspensión, en realidad eso quisieran los opositores que tendrían con ello el caldo de cultivo necesario para desestabilizar el país y conseguir sus fines sectarios; aunque sí se debe debatir con el pueblo cómo beneficiar realmente a la mayoría de los bolivianos, particularmente a los sectores más vulnerables con esta subvención, y la forma de ir retirándola a aquellos sectores que no la requieren.
Con seguridad que el Gobierno no preguntará simplemente, como sugieren los detractores del proceso, si se retira o se mantiene la subvención, sino pondrá en consideración del ciudadano todas las opciones posibles y realizables de manera que los recursos que destina el Estado para esta finalidad cumplan realmente el propósito de carácter social que debe tener.
¿Más o menos diputados?
Actualmente la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cuenta con 130 diputados, entre plurinominales y uninominales, y 36 senadores, hablando de los titulares; y, por supuesto, una cantidad similar de suplentes.
El Senado representa el territorio, motivo por el que cada departamento cuenta con la misma cantidad de representantes –sin interesar la población que comprenden–. En cambio, en Diputados, los plurinominales (que siempre vienen colgados del candidato a presidente) representan la base territorial, casi igual que los senadores; mientras que los uninominales son elegidos directamente en cada una de sus circunscripciones.
Los últimos años han demostrado una ineficiencia extrema de la actividad legislativa totalmente desproporcionada con el incremento de su presupuesto, destinado no solo al pago de sus dietas (que dejaron hace rato de ser eso para convertirse en sueldos), incluyendo las de suplentes, y un cada vez más enorme aparato burocrático de “apoyo”, cuyos resultados no son apreciables.
Entonces surge en círculos de la sociedad el cansancio y el hartazgo con el trabajo de “los padres de la patria”, de modo que ya se han conocido propuestas de realizar ajustes serios en este órgano del Estado que apunten no solo a optimizar el uso de los recursos que destina el Tesoro General de la Nación (TGN) para el Legislativo, sino sobre todo al su rendimiento y el cumplimiento del mandato constitucional.
Dentro de las propuestas que debieran plantearse a la ciudadanía en la consulta deben consignarse, sin duda alguna, cuestiones como las siguientes: 1) Mantener el sistema bicameral o solo dejar la cámara de diputados con la totalidad de sus diputados, es decir, suprimir la Cámara de Senadores. Esta propuesta va más allá de lo estrictamente numérico o presupuestario para reflexionar en torno al aspecto ideológico sobre la existencia de una cámara alta. Las democracias más progresistas han avanzado en este sentido de constitución legislativa unicameral; 2) Manteniendo las dos cámaras legislativas, reducir a tres el número de senadores por departamento y suprimir los diputados plurinominales, dejando solamente los uninominales, abriendo la puerta a un incremento racional en su número; 3) Elevar simplemente la cantidad de diputados para atender el crecimiento poblacional de algunos departamentos, información que surgirá de los resultados del último Censo de Población y Vivienda.
Nunca se podrá dejar satisfechas a las regiones en este tema debido a varios factores, uno de ellos el que la oposición crea que con un mayor número de legisladores en determinados departamentos tendrá opción a una mayor presencia y poder legislativo, situación muy difícil de verificar y afirmar con certeza, pero si es la decisión del soberano la que defina qué hacer en este tema las regiones y la oposición, o todos los que no estén de acuerdo, tendrán que someterse a la voluntad del soberano.
¿Reelección de autoridades?
Pese a haber existido un referéndum sobre una parte de este engorroso problema en 2016, que al fin de cuentas resultó insulso ante una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, fuera de toda lógica y más allá de la ley, declaró que la reelección indefinida era un derecho humano, es un tema de necesario análisis por cuanto el caudillismo personalista es un problema que arrastramos desde hace muchos años, quizá en gran parte de nuestra historia republicana sino en toda, y desde luego desde el establecimiento constitucional del Estado Plurinacional.
No solo se trata de aclarar la redacción del texto constitucional sobre la reelección, dejando establecido con precisión si un presidente en ejercicio puede postularse a un siguiente mandato una o más veces; o si un expresidente, después de un período o varios, puede postularse como candidato una o muchas veces. Se trata del concepto mismo de la conveniencia de la perpetuación de una persona en un determinado cargo, en este caso la Presidencia del Estado.
Y no solo eso, también habrá que incluir en el análisis a las demás autoridades electas por voto popular, es decir, vicepresidente, senadores, diputados, autoridades del Órgano Judicial, gobernadores y asambleístas departamentales, alcaldes y concejales e incluso algunas otras elegidas por la ALP, como el Fiscal General, el Contralor, los presidentes de entidades descentralizadas, etcétera, quienes tienen un tiempo de mandato expreso, sea este originado en el voto popular o en las decisiones de los representantes nacionales que se supone actúan en nombre del ciudadano.
Varios países han optado, como un elemento más de consolidación de sus instituciones democráticas, por establecer constitucionalmente la prohibición de reelección continua o discontinua de las principales autoridades del Estado, considerando que puede ser pernicioso que una persona gobierne un país, con una democracia aún incipiente y con instituciones muy débiles, por más de un período, pues podría esto determinar no solo la consolidación del caudillismo y el establecimiento del culto a la personalidad.
En contrapartida, se esgrime que países con alto nivel de desarrollo como Alemania, Francia, China, los Estados Unidos y otros, permiten que sus gobernantes puedan estar a cargo del aparato del Estado durante muchos períodos. Pero aquí habrá que mencionar que no todos esos países tienen sistemas presidencialistas como el nuestro, sino más bien que se trata de democracias de gobierno parlamentario.
Un debate necesario
Como se puede ver, los tres temas que el presidente Arce puso el pasado 6 de agosto en el escenario de la discusión deben ir más allá de la mera propuesta y promover un debate abierto y amplio que facilite al ciudadano contar con los elementos suficientes para tomar decisiones en estos asuntos cruciales para el país. Con seguridad que podrán surgir otros temas más en el camino, pero habrá que priorizar los que se consideren más importante y urgentes para someter a la consulta.
Hay que destacar que el Presidente está mostrando una forma distinta a la tradicional de gobernar, de acudir a la opinión del ciudadano, del soberano, sobre temas estructurales para el futuro del país, dejando de lado la fácil forma de administrar el Estado tomando las recetas de organismos internacionales, que casi siempre solo buscan el beneficio de unos cuantos en perjuicio de la mayoría, como ya sucedió antes.
No solo se trata de decir en discursos que se representa al pueblo y a sus organizaciones, sino de tener el valor de acudir al soberano antes de tomar decisiones esenciales que pueden marcar el rumbo del país por las próximas décadas.
Más allá del formalismo jurídico y procedimental que se deberá observar para llevar adelante la consulta, lo importante es abrir un debate amplio sobre los tres temas sin encontrar acuerdos previos, ni a nivel de partidos políticos o de otras organizaciones, sino aguardar, tras socializar estos temas con todos los sectores, la decisión del soberano a través de su voto, con la convicción de que las bolivianas y los bolivianos tendremos la honestidad de aceptar esos resultados sin buscarle ninguna vuelta que pueda tergiversarlos cambiando el espíritu de la decisión del soberano para no aplicarla.
* Cientista político boliviano, analista de La Época
