El Estado peruano criminoso – Por Ricardo Soberón
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Ricardo Soberón *
En la segunda década del siglo XXI, es necesario hacer un corte sobre este tema, en lo que algunos llaman una tercera fase de la criminalidad trasnacional. El crimen organizado se ha fortalecido y expandido en el Perú, de una manera exponencial, legitimada por un Estado inerme en sus capacidades de prevenir y controlar, con entidades dentro del sistema de control penal, penetradas desde el poder que manejan las estructuras criminales.
A ello sumamos la existencia de un gobierno rendido —por su supervivencia— al secuestro del que es objeto por las fuerzas más oscuras de la política peruana, muchas de ellas vinculadas a actividades criminales relacionadas a la educación, la minería ilegal, los tráficos ilícitos y la gestión pública. Y a ello sumamos una sociedad fragmentada y recluida en las redes sociales, cada vez más alejada de los índices de Desarrollo Humano, con brechas más profundas en cuanto a derechos, servicios y necesidades.
Empecemos por el mapa de los tráficos ilícitos que atraviesan todas las regiones del país: si es por coca/cocaína, desde el VRAEM, Ucayali, Huánuco, San Martín hasta Loreto, Puno y Amazonas se han convertido en escenarios de exportación de muy alta concentración, en la que interactúan «firmas» «carteles» de diverso origen, que penetran autoridades de puerto, policías y militares. Ninguno de los subsistemas de control funciona adecuadamente (insumos, lavado, interdicción aérea).
El mayor dilema del Perú actual es que no estamos frente a la posibilidad de ser un narco Estado, sino también de un Estado delincuencial y criminal en toda su expresión, donde convergen tráficos, redes corruptas, organizaciones de extorsionadores. En la base, los grupos sociales diversos —cocaleros, mineros, madereros— aceptan con facilidad las economías ilícitas, como una forma de supervivencia.
Si abrimos la carpeta de la extracción de oro, privilegiamos la acción de este mercado global en regiones como Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad, que da trabajo a 500,000 colonos y pobladores andinos que el sistema ha desechado. En cuanto a la extracción ilegal de madera, fundamentalmente Loreto, Ucayali y San Martín son los más afectados por la acción de los 7 grandes…, pero esto también se reproduce en el caso de algunos monocultivos como la palma aceitera, donde el rol de Ocho Sur es fundamental en el robo de tierras a comunidades indígenas. Luego tenemos el problema de la trata de personas, que involucra principalmente a varios distritos de Lima, ciudades del norte y el interior del Perú. Este problema involucra a mujeres de diversas nacionalidades (9 de cada 10) y el 63.2% es por explotación sexual(2).
En primer lugar, ha lanzado sus tentáculos a todos los espacios públicos y a varios de orden privado. Son importantes revisar las relaciones entre crimen organizado y corrupción (ver Estudio de IDEHPUCP(3)). En cuanto a lo primero, podemos abrir el abanico horizontal a los 19 sectores del Ejecutivo y vamos a encontrar problemas en todos (Transportes, Defensa), con menor incidencia en algunos pocos sectores. Se trata de la existencia de una costra criminosa que rodea el accionar del Estado en contrataciones, licitaciones, ejecución y entrega de obras, compuesta por proveedores fantasmas y funcionarios inescrupulosos. Esto incluye las mafias alrededor del otorgamiento de licencias y permisos. Es el caso de las licencias de conducir en transportes. Pero también en los distintos subniveles, es el caso de Wilfredo Oscorima en Ayacucho, como el mejor ejemplo de alta criminalidad asentada en el poder.
En cuanto a lo segundo, encontramos que, en el sector privado, hay mucha proclividad para aceptar la presencia, los procedimientos e incluso negocios ilícitos, para lo cual hacen uso de todo un potencial de cabildeo, influencia y «lobbying», por lo cual contratan publicistas, asesores, «coachers» y «community managers». Como un resabio de la sociedad colonial del siglo XVII, los sectores empresariales se han acostumbrado a mirar al costado, siempre y cuando no perjudiquen sus negocios. Pero de eso tampoco escapa la ciudadanía: el sistema de multas, desde las de tránsito, las municipales hasta los mayores deudores de la SUNAT son inútiles e ineficaces.
En el sector de tierras e inmobiliario encontramos múltiples formas y manejos, solamente alrededor de Lima y las principales ciudades del país. Ello está cercano al sector de la construcción donde el rol de las organizaciones sindicales es clave. En el sector de la educación tenemos el rol que juegan ciertos clanes educativos como el de Acuña, José Luna y otros similares, incluida la Garcilaso; lo mismo se reproduce dentro del país con el negocio del establecimiento de nuevas universidades. En el sector microfinanciero tenemos el negocio del «gota a gota». Manejado por organizaciones delincuenciales compuestas por colombianos y venezolanos que lo usan para lavar dinero proveniente de otras economías ilícitas. En lo que se refiere a la extracción de recursos naturales, como es el caso de la pesca, se produjo la flexibilización de regulaciones en la extracción de anchoveta, mediante un decreto 024-2016 que elimina límites para extracción de ejemplares jóvenes(4).
Ahora bien, enfrentamos tan lúgubre panorama, con una institucionalidad venida a menos. A nivel de la policía, debilitamiento de las capacidades institucionales; una fuerza distraída en la persecución de la criminalidad de bagatela.
El Congreso de la República. Su captura por estructuras macro complejas como las de Fuerza Popular, los Acuña, los Luna, los Cerrón y otros que ejercen control mafioso sobre las instituciones, de acuerdo con sus prioridades de negocio. Las acciones mafiosas se especializan según las funciones de la entidad (fiscalizar, controlar), mediante prescripciones con nombre propio. En el caso de la Comisión de Presupuesto, el negocio de la concesión de partidas presupuestarias, en el caso de transportes, el manejo de la construcción de obras públicas, en el caso de PRODUCE, la concesión de licencias y permisos.
Lo más reciente, sanciones por la triste ejecutoria en su labor legislativa sobre criminalidad organizada. Ha venido desdibujando la estructura original del Código Penal y de la Ley 30077, así como instituciones clave como la pérdida de extinción de dominio y la colaboración eficaz. Es el caso de la reciente Ley 27379, que excluye de criminalidad organizada hasta 59 tipos penales que tienen penas menores de 6 años (tala de madera y tráfico de migrantes); la otra cuestión es que en los allanamientos obliga a la presencia del acusado y su abogado(5). El otorgamiento de beneficios tributarios a entidades privadas(6), caso de la Ley 31903 impulsada por Fuerza Popular, y otras como las leyes 31555 (sector turístico), ley 31543 (zona franca de Tacna) y ley 31855 (promoción Amazonía). Según Ojo Público, un total de 8,167 millones que se dejan de recaudar. En definitiva, estamos cada vez más lejos de lo que pregona el Acuerdo Nacional, de los estándares mínimos de la OECD, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD y, por supuesto, de lo que pregona la Carta de 1993. Estamos frente a un Estado cómplice en las altas cotas del poder, instituciones debilitadas y devastadas por diversas formas de corrupción, y una sociedad que no le brinda confianza ni a las inversiones extranjeras, ni a la diplomacia de los países desarrollados.
En el caso de la Administración de Justicia, encontramos que se ha puesto al servicio del crimen organizado, especialmente en las altas cotas del poder en el PJ, el TC y, por supuesto, el MP. En este último, se demuestra mediante la conformación de órganos específicos o el clan dirigido por la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de interferir en casos contra su hermana. A nivel judicial, tenemos el caso más palpable de «Los Cuellos Blancos del Puerto», que involucra 88 expedientes, 11 magistrados supremos, 5 ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, además de 56 agentes externos al sistema. Según un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos, un total de 334 magistrados, 151 jueces y 183 fiscales se encuentran investigados(7). Se trata del ejercicio ilegal de poder en beneficio propio, pero a ello se suma el espíritu cuerpo que no permite avanzar los procesos de investigación iniciados, como lo señala el Reporte Número 3 de la Defensoría del Pueblo. 9 de cada 10 casos investigados no avanzan(8).
Así pues, la situación no puede estar peor. El Perú, sus instituciones y sociedad, se han acostumbrado a convivir con formas complejas de criminalidad. En el interín, la delincuencia común, el sicariato y los robos de aparatos móviles se convierten en el mayor distractor de las pocas unidades policiales disponibles para la investigación, apañadas por una costra política que convive feliz en ese escenario.
Notas
(2) https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-632-de-las-denuncias-de-trata-d….
(3) SOLIS CURI Erika y FABIAN TERREROS Yhasira (2024), «Dinámicas del Crimen Organizado y la Corrupción». Es un estudio basado en el análisis de pronunciamientos de la Corte Suprema.
(4) https://ojo-publico.com/5207/peru-flexibilizo-pesca-anchoveta-juvenil-si…
(5) https://larepublica.pe/politica/actualidad/2024/08/09/congreso-oficializ…
https://larepublica.pe/politica/judiciales/2024/08/10/nueva-ley-de-crime…
(6) https://ojo-publico.com/4845/congreso-aprobo-privilegios-fiscales-por-ma…
(7) https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/novedad/procuraduria-re…
(8) «La corrupción en el Perú. Procesos y Procedimientos seguidos contra Fiscales y Jueces a nivel nacional”. Agosto 2019.
* Abogado peruano
