El agro y la reforma agraria, una agenda pendiente en Perú – Por Róger Rumrrill
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Róger Rumrrill *
Un día de octubre de 1975, sólo dos meses después que el General EP Francisco Morales Bermúdez desalojó de la presidencia del Perú al General Juan Velasco Alvarado, estábamos en el despacho del ministro de Agricultura, el General EP Enrique Gallegos Venero, una delegación de campesinos costeños y el suscrito, director general de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura, cuando timbró el teléfono del despacho ministerial.
El ministro Gallegos personalmente contestó el teléfono y empezó a hablar en monosílabos. En el curso de la reunión, el teléfono timbró tres veces. A la tercera vez, el ministro Gallegos me pidió con señas que suspendiera el encuentro y despidiera a los campesinos con el argumento de que él estaba despachando con el nuevo presidente del Perú, el General Morales Bermúdez. En un momento de la secreta conversación, me hizo un gesto con la mano derecha de que le estaban cortando el cuello. Cuando terminó el diálogo, estaba sudando y su cara encendida y roja parecía que iba a estallar. Me dijo con un lenguaje nervioso y entrecortado: «El presidente Morales Bermúdez me acaba de ordenar que la reforma agraria ha terminado».
Inconclusa, la reforma agraria sólo estaba en la etapa final de ejecución de la transferencia de la propiedad de la tierra. Pero en la agenda de realización quedaban pendientes los programas y acciones de capacitación, organización empresarial, transferencia tecnológica, comercialización, industrialización, entre otros eslabones básicos y fundamentales del desarrollo agrario nacional.
La revolución liderada por el General Velasco finalizó el 29 de agosto de 1975, mediante el operativo golpista denominado el «Tacnazo», bajo el ucase de EE.UU. y con la complicidad de los sectores de la derecha política y económica nacional e internacional. El argumento, la causa y el motivo del golpe de Estado contra Velasco fue, tal como me relató tres meses después el Embajador de EE. UU. en el Perú, Jack Loveridge, el plan velasquista de declarar la guerra a Chile programado precisamente para el 29 de agosto de 1975. «Nosotros ordenamos al ejército peruano sacar a Velasco para evitar la invasión a Chile, porque esa invasión amenazaba nuestros intereses y, además, hubiera provocado un estado de caos geopolítico en América Latina que nos hubiera costado muchos años arreglar y resolver», me dijo el diplomático sin ambages ni medias tintas.
Además, EE.UU., la potencia unipolar y hegemónica en ese período, había decidido barrer con todos los gobiernos adversos, críticos o simplemente con una postura independiente a sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. La primera víctima de la formación de la guardia pretoriana del imperio en América del Sur había sido precisamente Salvador Allende, derrocado por Augusto Pinochet el 11 de setiembre del 1973 y, el segundo, Juan Velasco Alvarado, traicionado por el «felón» Francisco Morales Bermúdez, como lo calificó el gran historiador de la república Jorge Basadre.
La revolución de Velasco y sus reformas
La revolución de Velasco y sus reformas, la mayoría inconclusas -principalmente la Reforma Agraria- marcó una época, un antes y un después en la historia del Perú. Nunca más, después de la revolución de Velasco, el Perú ha sido y será el mismo, sobre todo por la Reforma Agraria, que modificó radicalmente la estructura feudal, atrasada e injusta de la propiedad de la tierra, liberando a millones de hombres y mujeres del campo de la opresión, la servidumbre y la semiesclavitud. El destacado analista y científico social, Sinesio López Jiménez, afirma que uno de los mayores logros de la aplicación de la Ley 17716 de Reforma Agraria promulgada el 24 de junio de 1969 fue «la liquidación del poder gamonal».
Tenía toda la razón del mundo el Amauta José Carlos Mariátegui cuando en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana escribe: «El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la liquidación de la feudalidad en el Perú» (7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, segunda edición, Editorial Minerva, Lima, 1934).
“Creo que en el siglo XX peruano el parteaguas es la reforma agraria y no la guerra sucia ni el cinco de abril», ha escrito el analista y estudioso Nicolás Lynch, quién, además, señala que la reforma agraria contribuyó a la «democratización social» en una sociedad, como la peruana, injusta, asimétrica y desigual.
El agro y la reforma agraria, una agenda pendiente
El agro y la reforma agraria todavía siguen siendo una agenda pendiente en América Latina. Incluso en el Perú, donde a partir de 1979 se inició la restauración oligárquica con la Constituyente de 1979 y luego los períodos de contra reforma agraria en 1980, en el segundo gobierno de Belaúnde y el gobierno de Alan García (1985-1990).
Hoy mismo asistimos a un proceso de concentración de la tierra, a una suerte de neolatifundización. Si, antes de la Reforma Agraria de Velasco, el mayor latifundista en la Costa tenía 10 mil hectáreas, hoy día, los mayores propietarios, los hermanos Rodríguez Banda, poseen un total de 100 mil hectáreas (la misma superficie de tierra que tiene Bill Gates en EE. UU.), en gran parte gracias a las tierras irrigadas y subsidiadas por el Estado en la Costa peruana.
Los gobiernos en el Perú han puesto todos los huevos en la canasta de la agricultura de exportación, mientras que la agricultura familiar, que suman más de 2 millones de agricultores y que producen el 70 por ciento de la alimentación nacional, carecen de suficientes créditos, tecnología, organización asociativa, fertilizantes y otros requerimientos urgentes. El gobierno de Pedro Castillo Terrones ofreció «una segunda reforma agraria». Pero como casi todas sus ofertas y promesas, quedó en el papel.
En América Latina, como en el Perú, reinan los grandes neolatifundistas productores de soya, palma aceitera y otros monocultivos de exportación, mientras que los pequeños propietarios que producen para la alimentación son víctimas no sólo de la indiferencia de los estados y gobiernos, sino también de los estragos que está ocasionando el cambio climático, con las sequías, inundaciones, tormentas y la todopoderosa competencia de la agricultura industrial y las megacorporaciones que ahora concentran la tierra, la producción, la comercialización y controlan los mercados.
Brasil, la potencia mundial agroexportadora, que prioriza la producción para la exportación en vez de alimentos, tiene 8.7 millones de ciudadanos en situación de hambre, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). «El gobierno no está haciendo nada en materia de reforma agraria». Es una vergüenza», declaró hace poco en una entrevista Joao Pedro Stédile, el célebre dirigente agrario brasileño, fundador del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). De acuerdo con Stédile, nunca ha habido una reforma agraria en Brasil. Por esa razón, de acuerdo con el dirigente, en Brasil hay tres modelos que operan en la agricultura: dos para el gran capital y uno para los agricultores. En el primer caso, está el latifundio depredador de los grandes terratenientes que se apoderan la naturaleza en la Amazonía y el resto del país. Luego está el agronegocio, una alianza entre los bancos y las transnacionales. El tercer modelo es la agricultura familiar que prioriza la producción de 367 alimentos, mientras que el agronegocio sólo produce 5 «commodities»: soya, maíz, algodón, caña de azúcar y ganadería extensiva. Todo para la exportación.
De acuerdo con los datos proporcionados por el fundador del MST, en Brasil hay 30 mil agricultores con más de mil hectáreas y 300 mil agricultores que poseen entre 100 a 1000 hectáreas, todos dedicados al agronegocio y especializados en un solo producto, con uso intensivo de pesticidas, siembra de semillas transgénicas y mecanización intensiva. Sólo producen para el mercado externo, tienen un gran poder político y no pagan ningún impuesto. Los grandes latifundistas por su lado no producen nada, tampoco generan ocupación y sólo especulan con la tierra. Los agronegocios emplean 4 millones de obreros.
De ellos, 2 millones son temporales. Por su lado, la agricultura familiar genera empleo a 16 millones de trabajadores, producen para el mercado interno, utilizan su propia semilla, respetan la naturaleza, el bioma, las fuentes de agua y buscan un equilibrio con la naturaleza. Son los modelos del gran latifundio y del agronegocio que están provocando la mayor devastación de la naturaleza en Brasil, deforestando millones de hectáreas de bosques, que ha ocasionado sequías, con una disminución de más de 40 por ciento de lluvias, lo que ha puesto a la Amazonía, de acuerdo con el notable científico brasileño Carlos Nobre, en «un punto de no retorno». La tragedia reciente de Río Grande do Sul es el resultado de este modelo.
La agenda agraria es, pues, una agenda pendiente y urgente en América Latina, y para quienes, en el Perú, con una obcecada ceguera, quieren convertir a nuestra Amazonía en megalatifundios de soya y palma aceitera y otros «commodities» para la exportación, el caso brasileño es un llamado de atención y reflexión. Porque guerra avisada no mata gente.
* Poeta, novelista, ensayista y periodista, especializado en Amazonía y Pueblos Indígenas. En 2023 fue reconocido por el Ministerio de Cultura como «Personalidad Meritoria de la Cultura” y la Casa de la Literatura del Perú le otorgó el «Premio Casa de la Literatura 2023». Ha sido consultor de las Naciones Unidas en Amazonía y Pueblos Indígenas.
