El trigo HB4 viola leyes en Argentina, Brasil y Paraguay
El trigo HB4 viola leyes en Argentina, Brasil y Paraguay
Lucía Guadagno
El modelo de agronegocio tiene directa relación con la vulneración de leyes y derechos. Una muestra es la aprobación del primer trigo transgénico del mundo: con «estudios» de la propia empresa, confidenciales, y sin cumplir las normas que protegen la salud y el ambiente. Un muy pequeño grupo de personas, todas impulsoras del sector empresario, deciden a espaldas de millones, que son las afectadas.
El trigo transgénico HB4 se autorizó en la Argentina en un proceso irregular, denunciado tanto en las calles como en los Tribunales por violar leyes que protegen la salud y el ambiente, además de vulnerar derechos de agricultores de pequeña y mediana escala, entre quienes se encuentran campesinos e indígenas. La Fiscalía Federal pidió en dos oportunidades que se suspenda su autorización en el país, mientras que en la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema debe resolver si deja firme una orden para prohibir su cultivo y comercialización. En Brasil y Paraguay, donde también se autorizó, diversos sectores de la sociedad civil se movilizaron para alertar que el trámite fue ilegal y exigen que se revoque.
A nivel internacional, un grupo de movimientos y organizaciones de América Latina, Asia y África presentó ante la Naciones Unidas un informe en el que detallan su preocupación por los daños que el nuevo transgénico puede generar para las comunidades y sus territorios. En el documento, solicitan a los relatores especiales sobre Derechos Humanos, Salud, Ambiente y Alimentación que insten a los gobiernos a suspender su autorización.
“El trigo transgénico sólo logró su aprobación porque eludió el debido escrutinio público y la participación social”, advierte el grupo formado por la Red por una América Latina Libre de OGM, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza (Uccsnal), la organización internacional Grain, el Centro Africano para la Biodiversidad, Amigos de la Tierra Nigeria y FIAN Indonesia, junto a otras organizaciones.
El informe, presentado a principios de 2024, explica que la liberación del transgénico viola no sólo los derechos a la salud y a un ambiente sano, sino también otros, como el derecho a la tierra y el derecho humano a una alimentación adecuada.
El HB4 es el primer trigo transgénico aprobado en el mundo y es propiedad de la empresa Bioceres, de origen argentino, en sociedad con la multinacional francesa Florimond Desprez. Si bien lo publicitan como tolerante a la sequía, datos del Ministerio de Agricultura de la Nación muestran que el rendimiento no es superior a los trigos convencionales. En cambio, lo que sí está demostrado es que es resistente al glufosinato de amonio, un herbicida cinco veces más tóxico que el glifosato, que fue prohibido en la Unión Europea en 2013.
Liberado para su comercialización en 2022, este es el tercer año que el trigo HB4 se siembra en la Argentina. Hasta 2023, según datos de Bioceres, su cultivo fue marginal y no alcanzó el dos por ciento del área sembrada en el país. Sin embargo, al estar liberado en el ambiente, el riesgo de que se mezcle con los trigos convencionales crece con cada campaña y genera alarma no sólo en la población preocupada por la salud y el ambiente, sino también en el sector del agronegocio, que teme que se cierren mercados de exportación porque los importadores se niegan a comprarlo.
Los productores agroecológicos, en tanto, rechazan el modelo productivo del transgénico porque degrada los suelos y el ambiente, aumenta los costos y lejos de solucionar los problemas del sistema alimentario, los agrava.
Autorización ilegal
El gobierno argentino autorizó el trigo HB4 con el mismo procedimiento con el que en las últimas casi tres décadas autorizó 79 cultivos genéticamente modificados: a puertas cerradas, en un proceso ilegal que sólo tiene en cuenta los estudios confidenciales que presentan las mismas empresas interesadas. Es decir, el Estado no hace estudios propios (ni tiene en cuenta informes independientes) para evaluar los impactos ambientales y sanitarios de los transgénicos que aprueba, pese a que la Constitución Nacional y la legislación ambiental lo obligan a hacerlo.
La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó sobre esta situación en un informe en 2019: “Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los Organismos Genéticamente Modificados (…) Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante a modo de declaración jurada”.
La AGN señala que este procedimiento viola, entre otros, el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.
En la mayoría de los transgénicos, incluido el trigo HB4, la modificación genética permite que las semillas sean resistentes a uno o más agrotóxicos, en general potentes herbicidas —como glifosato, 2-4D o glufosinato de amonio— que eliminan todas las plantas (consideradas «malezas») menos el cultivo de interés. Desde hace más de 20 años, cada transgénico que se autoriza tiene como resultado la aplicación de grandes volúmenes de venenos sobre millones de hectáreas de campo, lo que impacta de lleno en la salud de las poblaciones cercanas. Al mismo tiempo, el modelo de agronegocio asociado a esa tecnología provoca la destrucción de bosques y la expulsión de familias campesinas y de pequeños productores. Esto es denunciado desde hace años por movimientos campesinos, asambleas de pueblos fumigados, organizaciones socioambientales y científicos independientes.
En este contexto, la autorización del trigo transgénico generó aún más rechazo que en otros casos, como la soja, porque se trata de un cultivo que se consume de manera directa a través del pan, las galletas o los fideos; productos que son la base de la alimentación en gran parte del mundo.
“A partir de esta autorización, el trigo tendrá residuos de glufosinato que se incorporará a las harinas y sus derivados, es decir, habrá presencia de esta sustancia en alimentos básicos de consumo diario (…) con lo cual toda la población estará expuesta a la ingesta de este veneno en su dieta diaria”, advierte el documento de la campaña “¡Con nuestro pan no!”, firmado y difundido por más de 250 movimientos campesinos y organizaciones de la sociedad civil de Argentina y la región.
La campaña denuncia, además, el impacto que el negocio del HB4 implicará para la producción campesina: “Esta autorización significa un avance del agronegocio sobre la alimentación y la agricultura de nuestros pueblos, y viene de la mano de la presión para la modificación de la ley de semillas”. Entre las organizaciones que participan se encuentran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), la Federación Agraria Argentina (FAA), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI – Somos Tierra), el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, sindicatos docentes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cátedras libres de soberanía alimentaria de universidades nacionales y asambleas socioambientales. Además de difundir el documento, realizan acciones en las calles para visibilizar el reclamo.
Foto: Campaña Pan sin veneno
Prohibición en suspenso en Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires —que junto con Córdoba y Santa Fe conforma la región núcleo de la siembra de trigo en el país—, el juez de primera instancia Néstor Adrián Salas prohibió el cultivo del trigo HB4 en julio de 2022. Lo hizo de manera temporaria, hasta tanto se evalúen los impactos del transgénico en el ambiente, la salud y la producción, como lo dispone la Ley General del Ambiente y ley provincial 12.822, de 2001.
La orden del juez Salas, titular en ese momento del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Mar del Plata, respondió a un recurso de amparo colectivo presentado por productores de establecimientos agroecológicos, organizaciones socioambientales y pueblos indígenas, quienes denunciaron que la aprobación del trigo HB4 vulneró los derechos a la alimentación adecuada, a la producción agroecológica, a gozar de la diversidad biológica, a la salud, a la participación ciudadana, a la soberanía alimentaria y al acceso a la información completa, adecuada y veraz.
Uno de los riesgos que el juez identificó es la posible mezcla del trigo transgénico con el convencional. “Si se libera el material en territorio bonaerense, siendo este el primer evento genético que se aplicará a la semilla de trigo, podrá significar el cruzamiento del material con trigo no modificado genéticamente de forma irreversible”, advirtió. Y citó un documento del propio organismo que autoriza los transgénicos, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), que advierte sobre “la potencial transferencia horizontal o intercambio de genes” entre el trigo transgénico y las demás semillas.
La ley provincial 12.822, una de las normas sobre la que Salas basó la medida cautelar, dispone la creación de la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria cuya función es “elaborar un informe con sus recomendaciones, respecto a la introducción y liberación de material transgénico y anabólicos, sus efectos en los recursos naturales, la salud, la producción y la comercialización”. Lo llamativo es que, pasados 23 años de la sanción de la ley, la comisión nunca fue creada. Lo que ordenó el juez, entonces, fue suspender el uso y liberación del HB4 hasta tanto se conforme esa Comisión y se realice un informe.
Sin embargo, y a pesar de toda la argumentación jurídica citada, en marzo de 2023, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata (integrada por Diego Fernando Ucin, Elio Horacio Riccitelli y Roberto Daniel Mora) revocó la medida cautelar ante la apelación por parte del Ministerio de Agricultura. Con ello, habilitó la siembra del transgénico en el territorio bonaerense. Ahora el caso está en la Suprema Corte de Buenos Aires, que tiene que tomar la decisión definitiva.
Contradicciones en tribunales federales
A nivel federal, el Ministerio Público pidió en dos oportunidades que se suspenda la Resolución 41/2020, por la cual el Ministerio de Agricultura de la Nación, a cargo en ese momento de Luis Basterra, autorizó el transgénico. “La autorización desconoce el objetivo primario de la tutela ambiental consistente en el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales”, sostuvo el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8, Fabián Canda, en un dictamen de octubre de 2021. Para el fiscal, la aprobación vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional —que garantiza el derecho a un ambiente sano— y el principio precautorio de la Ley General del Ambiente. En su análisis, entre otros puntos, llama la atención sobre el “uso exorbitante de agrotóxicos, que ubica a la Argentina en el segundo lugar mundial de mayor utilización de herbicidas por hectárea en su sistema productivo”.
El fiscal reiteró su pedido en mayo de 2022, con otro dictamen. Ambos documentos forman parte la causa judicial “Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria», iniciada en 2012 por grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil, que piden suspender todos los cultivos transgénicos y que sea obligatorio etiquetar los alimentos que los contengan.
Hasta el momento, la Justicia Federal no suspendió el trigo HB4, a pesar de reconocer ilegalidades. Esto ocurrió, por ejemplo, en noviembre del 2021, cuando el juez Santiago Carillo ordenó realizar un proceso de participación ciudadana y que se hagan públicos documentos vinculados a la autorización. Carillo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, consideró que hubo una “inobservancia clara e incontestable” por parte del Ministerio de Agricultura del artículo 41 de la Constitución Nacional, de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú, al restringir el acceso la información pública y no implementar ningún procedimiento de participación ciudadana. “El evento de transformación de trigo HB4 (…) es el primero que se autoriza de su especie a nivel mundial; circunstancia que revela la clara necesidad de un amplio ámbito de acceso a toda la información disponible en la materia y de participación pública en el proceso de toma de decisiones”, sostuvo el juez.
Ante esto, el fiscal Canda hizo nueva presentación para cuestionar la decisión del juez de reconocer la ilegalidad pero no suspender el cultivo. “La postura asumida por el tribunal se encuentra en abierta contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental”, sostuvo. Y citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que afirma: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad la prevención del daño futuro”.
Pasados más de tres años de fallo de Carrillo, sigue sin llevarse a cabo el proceso de participación tal cual lo prevén la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Denuncia en Brasil
Brasil aprobó el trigo HB4 en dos instancias: primero autorizó la importación de harina, en noviembre de 2021, y luego, en marzo de 2023, habilitó su cultivo y comercialización.
Así como en la Argentina, el gobierno de Brasil autoriza los transgénicos sólo con los informes de las empresas interesadas. La única diferencia es que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), organismo encargado de las autorizaciones, está obligado a publicar los estudios que presentan las empresas y convocar a una audiencia pública, que no es vinculante.
En el caso del trigo HB4, ese procedimiento se cumplió para la autorización de la importación de la harina, que fue aprobada pese a los reclamos diversos sectores de la sociedad, desde movimientos campesinos y socioambientales hasta la poderosa industria molinera. Pero luego, para la liberación del cultivo y comercialización no se realizó un nueva audiencia ni una evaluación específica del riesgo, en violación de la Ley 11.105/2005 de Bioseguridad.
Esto llevó a que 18 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Campesina Nacional, el Instituto Brasileño de Defensa al consumidor, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, la Articulación Nacional de Agroecología, la Campaña permanente contra los agrotóxicos y por la vida y FIAN Brasil, presentaran un oficio ante las autoridades nacionales y el Ministerio Público para que se suspenda la aprobación.
“Una de las ilegalidades más flagrantes (…) radica en que la CTNBio sustentó su decisión técnica en el mismo proceso administrativo para aprobar primero la importación de harina y luego la liberación comercial en diferentes biomas brasileños”, denuncian las organizaciones en el documento entregado en marzo de 2023. “La Ley de Bioseguridad (Ley 11.105/2005) es clara al determinar que el análisis de bioseguridad y la decisión técnica deben realizarse caso por caso, según cada tipo de evento y según los diferentes propósitos”, explican. Y agregan que los requisitos de información y estudios de bioseguridad de la propia CTNbio son diferentes para cada caso. “La falta de estudios en los diferentes biomas donde se pretende cultivar de este trigo ya hace insostenible la decisión de liberar comercialmente la siembra en el país”, señalan.
Además de denunciar la ilegalidad de esta autorización en particular, las organizaciones brasileñas reclaman un proceso de democratización de la política de bioseguridad en el país. “Mucho más allá de una cuestión técnica a ser decidida por un pequeño grupo de expertos, la aprobación de biotecnologías que influyen directamente en la soberanía tecnológica, alimentaria, energética, ambiental y de salud pública necesariamente debe ser sometida a un amplio debate público con diferentes sectores de la sociedad”, sostienen.
Y remarcan que la aprobación del trigo transgénico, además de tener riesgos para los diferentes ambientes y para la salud humana, puede tener graves repercusiones económicas para el país. “En tiempos de crisis de los precios de los insumos agrícolas y de los alimentos, cualquier tecnología que impacte en los costos de producción y en la cadena del trigo es completamente irrazonable”, advierten. “El control monopólico tanto sobre la semilla modificada así como el cultivar resultante, y del ingrediente activo del agrotóxico (…) genera el pago de regalías derivadas de derechos de propiedad intelectual, haciendo que el sistema de producción con transgénicos tenga mayores costos de producción.”
Movilización en Paraguay
Dos meses después que en Brasil, en mayo de 2023, el gobierno paraguayo también autorizó la venta y cultivo del trigo HB4 en su territorio. Y lo hizo de la misma manera: a puertas cerradas y sólo en base a los informes de Bioceres. La sociedad se enteró casi por casualidad, a través del boletín de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que agrupa a las empresas del agronegocio.
“Supimos de la aprobación por una nota que trataba sobre el avance de la soja HB4 en el Chaco, a partir de una entrevista hecha a una representante del Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), institución financiada por empresas del agronegocio”, explicó Lis García, del grupo de investigación paraguayo BASE-IS, dedicado al estudio crítico del modelo agropecuario.
El grupo denuncia que el trigo HB4 se aprobó con el visto bueno de tan solo cinco de las nueve instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (Conbio) y sin ninguna evaluación técnica realizada en el territorio por instituciones públicas de manera independiente. “Tampoco se desarrolló ninguna discusión entre los sectores de la población afectados directamente por el impacto de este cultivo tanto en los territorios rurales como urbanos”, agregó García.
BASE-IS forma parte de la Campaña Pan sin Veneno, de la que participan panaderos, empresarios y trabajadores gastronómicos, la red de asociaciones civiles Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y organizaciones socioambientales.
Con una nota acompañada de 6.000 firmas, en agosto de 2023, los integrantes de la Campaña pidieron al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación que revoque la aprobación del trigo transgénico. Entre los fundamentos del pedido, señalaron: “Este modelo de agricultura profundiza la desigualdad económica y social, beneficia a las multinacionales semilleras y perjudica al pequeño productor, incrementa la dependencia, destruye ecosistemas, deja a su paso territorios devastados ambiental y socialmente y amenaza la soberanía alimentaria”. Pasado casi un año, no tuvieron respuesta.
Reclamo ante la ONU
En este escenario, el pedido conjunto por parte de organizaciones de diversos países ante los Relatores Especiales de las Naciones Unidas —quienes monitorean, elaboran informes y recomendaciones sobre políticas y acciones en diversas áreas— muestra que este no se trata de un problema aislado de Argentina, Brasil o Paraguay. Por el contrario, el modelo de negocio de las empresas de transgénicos y agrotóxicos, ya sea Bioceres, Bayer-Monsanto, Syngenta o cualquier otra, sólo es posible a través de la violación de los derechos de las poblaciones, en connivencia con los gobiernos nacionales.
El documento remarca que este modelo, además de violar derechos a la salud, el ambiente y la alimentación, tiene graves impactos sobre los agricultores, entre quienes se incluyen comunidades campesinas e indígenas. “La aprobación del trigo HB4 viola el derecho de agricultores de elegir libremente el sistema productivo y el régimen jurídico a que están sometidos”, señalan en relación al intento permanente de estas empresas por concentrar los mercados y sancionar leyes que les permitan cobrar regalías por el uso de las semillas modificadas.
A ello agregan: “La introducción del cultivo de trigo transgénico profundizará la presencia corporativa en el campo y expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, vulnerando el derecho a la tierra, así como al territorio y a la autodeterminación de los pueblos tradicionales a sus modos de vida”.
Al final del documento, solicitan a los relatores especiales que insten a los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay a que revoquen las autorizaciones de venta y cultivo; y a otros gobiernos, como los de Colombia, Sudáfrica, Nigeria e Indonesia, que autorizaron sólo su importación y consumo, a que también revisen esas decisiones.
Además, piden que se “exhorte a los gobiernos a realizar una reforma del marco regulatorio en materia de organismos genéticamente modificados, según el principio precautorio y los estudios socioambientales adecuados, que tenga como pilar fundamental la participación vinculante de los sectores directamente afectados por esta decisión”. Y por último, piden instar con urgencia a los países a que inicien una moratoria sobre todas las aprobaciones de organismos genéticamente modificados “debido a violaciones sistemáticas en los últimos 30 años a los derechos humanos resultante de la siembra y consumo de cultivos transgénicos”.
El informe, junto con la solicitud, fue dirigido a los Relatores Especiales Marcos Orellana, sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos; David R. Boyd, sobre Derechos Humanos y Ambiente; Michael Fakhri, sobre el derecho a la Alimentación; Pedro Arrojo-Agudo, sobre los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento; Olivier De Schutter, sobre extrema pobreza y los Derechos Humanos; Francisco Cali Tzay, sobre los derechos de los pueblos indígenas; y Tlaleng Mofokeng, sobre el derecho a la salud física y mental.
Lo relatores no responden de manera directa a los pedidos, sino que pueden tenerlos en cuenta a la hora de elaborar sus informes. En 2021, Fakhri, relator sobre el derecho a la Alimentación, dejó en claro su postura crítica hacia el modelo de transgénicos y agrotóxicos: “El agronegocio lo que ha hecho, con una influencia creciente sobre los sistemas alimentarios, es promover prácticas con pesticidas, semillas transgénicas y monocultivos. Y condujeron a la reducción de la biodiversidad, que es uno de los principales problemas del cambio climático, no sólo del sistema alimentario. Porque se centran principalmente en las ganancias y en concentrar poder. Ahora están tratando de adaptarse, de ser más ‘sustentables’, según sus palabras. Pero no hay razón para confiar en que van a solucionar el problema”.
