El Salvador | Según informe de Asociación de Periodistas se han registrado mas 400 vulneraciones al ejercicio de la profesión

El 31 de julio de 1969, a través de un decreto legislativo, se denominó “Día del Periodista de El Salvador” como un reconocimiento a la labor de los periodistas salvadoreños en la sociedad, pero este año no hay motivos de celebración, debido al aumento de vulneraciones al ejercicio periodístico, la falta de acceso a información pública y la censura.

El Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registra un total de 423 vulneraciones de los derechos de los y las periodistas desde enero de este año, hasta el 18 de julio.

Del total de casos documentados por la APES, 311 fueron cometidos durante las actividades de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales realizadas entre febrero y marzo de este año.

Fuera del periodo electoral, se contabilizan 101 vulneraciones, de las cuales 27 están relacionadas al acoso digital, 20 a declaraciones estigmatizantes, 10 restricciones al ejercicio periodístico por parte de agentes del Estado, seis actos de intimidación, entre otros.

Además de la vulneraciones cometidas por agentes estatales, la APES también recibió denuncias de abusos y violencia ejercida en los espacios de trabajo, despidos masivos e injustificados.

Ángelica Cárcamo, presidente de la APES, explicó durante una entrevista televisiva que la situación de agresiones contra periodistas va empeorando, al considerar que en 2018 se registraron 65 denuncias, para 2023 ese número aumentó a 311, mientras que, sólo en los primeros mese de este año esa cifra ya fue sobrepasada.

“En 2024 ya van más de 400 casos, lo que debería preocuparnos a nivel de democracia y gobernantes, en un Estado donde se vulnere tanto a la prensa debería ser un tema de preocupación”, expresó Cárcamo.

La presidenta de la APES recalcó que cuando se vulnera el ejercicio periodístico no solo se está afectando a los comunicadores, sino a la población en general.

“Cuando se vulnera el ejercicio periodístico lo que se está vulnerando es el derecho a la información, el derecho de la ciudadana a estar debidamente informado. Cuando un estado no garantiza la pluralidad del ecosistema de medios, cuando un funcionario no quiere rendir cuentas, cuando hay acciones de criminalización en contra de la prensa la pregunta es: ¿Qué están escondiendo? ”, agregó.

Agresores 

El perfil de los agresores de los periodistas en la mayoría de los casos son usuarios de redes sociales afines al oficialismo, de los cuales hay registro de 30 casos; seguido por las agresiones cometidas por funcionarios públicos, de las cuales la APES contabiliza 20.

Empleados públicos, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jefaturas y directores de medios de comunicación y representantes de empresas privadas, también ejercen violencia contra los periodistas, indica el reporte de la APES.

Asimismo Cárcamo mostró su preocupación por el aumento de agresiones contra mujeres periodistas, del total de 101 agresiones registradas en periodo no electoral, 45 fueron contra mujeres, 24 contra hombres y la demás contra la APES y la prensa en general.

El Informe sobre Violencia Digital Basada en Género hacia Mujeres Periodistas, de la APES, reveló que las agresiones contra las mujeres incluyen mensajes de violencia física y sexual, desacreditaciones del trabajo periodístico por el hecho de ser mujer  e insultos y burlas por su imagen física.

Los perfiles de los agresores de mujeres periodistas en su mayoría son troles, influenciadores afines al partido de gobierno y funcionarios públicos.

Falta de acceso a información

Gabriel Labrador, relator de Libertad de Expresión de la APES, explicó que la falta de libertad de expresión en el país no solo afecta a los periodistas, sino a toda la población y puso como ejemplo, el caso de un artista que tuvo que huir del país tras el acoso que sufrió luego de denunciar que la lozas destruidas del Palacio Nacional fueron tiradas en una quebrada.

“El derecho de la libertad de expresión, no solo es nuestro derecho (de periodistas) sino de toda la ciudadanía, pero se está cerrando gravemente. Nadie se siente libre de emitir una opinión como antes”, señaló.

Labrador explicó que según el último informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) de 18 ministerios del Gobierno, el 50 por ciento no cumplen con lo mínimo de acceso a información.

“Hay cierta información que tendrían que dar, sin que nadie se las pida y que debería estar colgada en las páginas web y no lo hacen. Y en general, el Instituto de Acceso Información Pública (IAIP) ha sufrido un deterioro grande”, dijo Labrador.

El informe del Idhuca señala que en los últimos años El Salvador ha tenido un detrimento marcado para los derechos humanos, como efecto del régimen de excepción, lo que incide en derechos como el de la libertad de expresión

“El derecho a la libertad de expresión no está ajeno a esta realidad, es decir, ha venido sufriendo también un proceso acelerado de detrimento, sobre todo en dos de los atributos que nosotros identificamos de este derecho, que es el acceso a la información pública”, dijo Jorge Rodríguez, coordinador de OUDH.

Entre los hallazgos el informe resalta  que existe un alto porcentaje de incumplimiento institucional en  las obligaciones de transparencia y advierte de “una obstaculización articulada del derecho de acceso a la información, incluyendo la propia institución responsable de garantizarlo”, el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Elsalvador.com