Colombia, una economía en problemas
Colombia, una economía en problemas
Mario Hernández
Petro aseguró que “mientras la tasa de interés estrangula la economía, la acción anticíclica de mi Gobierno la hace reflotar”
En Colombia, desde mediados de 2023, el desempleo crece, los bancos registran aumentos de las deudas, se eleva el número de empresas en crisis o quiebra, cae la inversión, caen los ingresos de la Hacienda Pública, se registran problemas con el pago de la deuda externa, el Gobierno amenaza con declarar la “emergencia económica” si el Congreso no le aprueba aumentar el endeudamiento. La ampliación que propone Gustavo Petro es la más alta que se ha hecho en la historia.
Durante los tres últimos trimestres (junio 2023 – marzo 2024) le economía colombiana no crece. Una recesión describe un período en el que por tres o más trimestres consecutivos se registran contracciones en el PBI a través de caídas en la producción e incrementos en el desempleo.
La tasa de desempleo aumentó de 9,3% en junio a 10% en diciembre de 2023 y en marzo de 2024 escaló a 11,9%. El Banco Central de la República sostiene un costo de vida por encima del 7%, lejos de la meta de inflación del 3% y las tasas de interés se mantienen (12,3% en marzo) ante el poco enfriamiento del IPC.
No hay duda. La recesión es real. Se registra una disminución generalizada y sostenida de la actividad económica. El crecimiento económico desde el segundo semestre de 2023 registra aumento del desempleo y el costo de vida se mantiene alto junto a tasas de interés también altas, entonces la economía no crece, cae la inversión, caen los ingresos y la inflación no baja al ritmo necesario, la gente se empobrece y las empresas tienen dificultades -a diciembre 2023, se registraron 4.471 empresas en Ley de Insolvencia para reorganizar sus pasivos y tratar de mantenerse activas en el mercado-, se reduce la demanda y los deudores empiezan a no pagar los créditos.
El aumento de empresas en situación de crisis o quiebra comparado con años anteriores -1.292 en 2020, 1.193 en 2021, 1.219 en 2022- implica la pérdida de empleos y la disminución del ingreso en numerosas familias exacerbando la desigualdad económica y social ya existente.
Además, estos procesos afectan en la cadena empresaria, a proveedores, clientes y empresas vinculadas, pudiendo desembocar en una contracción de la actividad económica disminuyendo la confianza de inversores y consumidores, lo que afectaría el crecimiento económico a largo plazo.
Frente a esto Gustavo Petro aseguró que “mientras la tasa de interés estrangula la economía colombiana, la acción anticíclica de mi Gobierno la hace reflotar”.
Y en parte los números del primer trimestre 2024 le dan la razón. La economía crece 0,7% de la mano del gasto público. Si se descuenta, la economía cae -0,1%, acumulando tres trimestres de contracciones consecutivas del sector privado.
Pero la lectura del presidente Petro y su ministro de Hacienda sobre los resultados del PIB en 2024 es equivocada. No hay reactivación económica.
Para la oposición tampoco, pero resulta de la incertidumbre y desconfianza de los inversores por las malas reformas en trámite y los discursos polarizadores del presidente. Además, la reforma tributaria significó un exceso de tributos para las empresas y los empresarios. Finalmente, la no consecución de la Paz Total afecta el potencial crecimiento de la economía.
Un segundo semestre incierto
De acuerdo a un informe de Anif, sobre las para el segundo semestre, señala que el desempleo promedio de estos 4 meses es de 11,6%, un 0,2% superior frente al mismo período del año pasado.
“Proyectamos una tasa promedio de 10,9% para 2024 y de 10,6% para 2025.
Estas proyecciones son consistentes con una del 10% al cierre de 2024 y del 9,8% al cierre de 2025. Aunque en abril disminuyó, el estancamiento de las ramas más productivas y con mayor capacidad empleadora, al igual que la gran salida de personas de la fuerza laboral a marzo de este año, parecen indicar un mayor deterioro laboral en el futuro cercano”, asegura el informe.
De acuerdo con el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), se crearon en el mes de mayo 463.000 empleos para llegar a 23 millones de personas ocupadas. Sin embargo, la tasa de desempleo bajó levemente a 10,3%, desde un 10,5%.
De acuerdo con la directora del Dane, Piedad Urdinola, las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con 1 punto porcentual.
En el futuro cercano, el panorama monetario y crediticio estará marcado por la continuación del ciclo de reducción de la tasa de interés por parte del Banco Central de la República, tras un período prolongado de política monetaria contractiva. Eso tiene el potencial de fomentar el crédito y revitalizar el dinamismo económico en la medida que se facilita el acceso al financiamiento, tanto para los consumidores como las empresas, con las menores tasas de interés.
Pese a esto, la inflación se encuentra por encima del techo del rango estipulado por el Banco de la República (2-4%). Desde Anif (Centro de Estudios Económicos) estiman una inflación del 5,6% para el cierre de 2024, con lo cual se mantendría por encima de ese rango.
Ahora bien, se espera que la senda decreciente se extienda hacia 2025, alcanzando una variación anual de 3,9%, lo que la ubicaría finalmente dentro del rango.
No obstante, persisten varios riesgos en el horizonte. Un factor relevante es el comportamiento de los servicios públicos y los alquileres, los cuales han ejercido una presión importante sobre los consumidores en los últimos meses.
Deuda externa y pago de intereses
De acuerdo con los últimos datos del Banco de la República, la deuda total de Colombia llegó a U$S 196.280 millones, lo que significa un incremento de U$S 8.549 millones frente al mismo mes del año pasado y llegó al 50,8% de PIB.
Los compromisos externos de Colombia estuvieron segmentados por U$S 113.338 millones del sector público, lo que significa el 29,3% del PIB. Mientras tanto, la deuda privada sumó U$S 82.042 millones, o sea, el 21,5% del PIB.
Durante el primer trimestre de 2024, el servicio de la deuda de largo plazo del sector público ascendió a U$S 4.742 millones, mayor en U$S 977 millones al mismo período de 2023. Del monto del servicio, U$S 2.270 millones (48%) correspondió a amortizaciones y U$S 2.472 millones (52%) a intereses.
El gobierno acude a recortes
El ministerio de Hacienda autorizó el primer recorte de $ 20 billones, dado que la recaudación tributaria ha caído y se espera que disminuyan los ingresos.
Por ahora, no se han tocado los presupuestos de salud y educación.
Hacienda solicitó que cada entidad redujera su presupuesto en un 5,46% afectando principalmente a Hacienda con $ 11 billones, de los cuales 8,5 billones provienen de transferencias y $ 1 billón del funcionamiento de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales).
El ministerio de Trabajo sufrirá un recorte de $ 2.2 billones que afectará principalmente las transferencias corrientes para prestaciones sociales y el Fondo de Pensiones Públicas Cajanal.
El sector de Transporte enfrentará un recorte cercano a los $ 1.3 billones, principalmente en la Agencia Nacional de Infraestructura
En el caso de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Rama Judicial, la Registraduría, el CNE, la Fiscalía, Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda y la JEP el recorte es cercano al $ 1 billón.
“En el escenario más negativo, pero más real, siempre estos son presupuestos y pueden variar en el tiempo, tenemos que disminuir la inversión pública en $ 96 millones este año, a $ 57 billones el año que viene, para pagar deuda”, dijo el mandatario la semana pasada ante los militares, en un evento en el que admitió que no le quedan más salidas, puesto que prefiere la emisión monetaria, pero no es aceptable en Colombia porque hay “demasiado fundamentalismo económico y se considera que la emisión es satánica”.
“A veces hay que hacerla, la hicieron cuando se trataba de salvar banqueros, pero no la hicieron cuando se trataba de salvar la vida de los seres humanos puesta en peligro durante la pandemia”, y destacó que en ese período en el que el mundo entero luchaba contra la propagación del coronavirus. Estados Unidos sí imprimió más billetes.
El recorte no solo será para este año, sino que deberá mantenerse en 2025, puesto que habría un aumento de la deuda del 28%, pasando de $100 billones en 2024, a $129 billones; por lo cual, la plata para la inversión bajaría 33%, al asignarse $70 billones, es decir, $35 billones menos.
“Ahora presentaremos un plan de reactivación económica al Congreso y una Ley de financiamiento para reponer lo perdido en la Reforma Tributaria”, posteó Petro en X y con ello se refiere a que la Corte Constitucional tumbó varios de los artículos de su primera reforma tributaria, golpeando la recaudación en, al menos, $6,7 billones al año y en el largo plazo unos $34,9 billones.
En este sentido, el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, reafirmó su posición de modificar la regla fiscal a partir del parágrafo para la transición, así como la convergencia del impuesto del carbono hacia los estándares internacionales. Se prevén también beneficios tributarios para sectores que generen energía a través de fuentes renovables.
“Se propone cambiar la exclusión del IVA por sanción para bienes y servicios de producción local, dada la desventaja frente a extranjeros (exención del IVA)”, detalló Bonilla.
Además, se contemplan beneficios tributarios para el turismo en San Andrés y certificados de reembolso tributario para inversiones en turismo y servicios digitales.
Deuda pública e inversión
El crecimiento de la deuda pública le está quitando espacio a la inversión. Detrás de esta situación un problema estructural afecta a Colombia y, sobre todo, al mercado internacional de capitales.
A nivel internacional se está observando un progresivo crecimiento del saldo de la deuda pública. En Colombia, en el 2024, el saldo de la deuda pública con respecto al PIB es de 57,1%, similar al promedio del grupo de economías emergentes (52%). En 2012, era el 33,2%. Lo más alarmante es que en 2050 para las economías emergentes podría llegar al 160%.
La deuda pública es el mecanismo que permite cerrar la brecha entre un mayor gasto y menores ingresos. Los déficits se intensifican porque el gasto sube y los tributos bajan.
A medida que aumenta la esperanza de vida, las intervenciones clínicas se incrementan, y ello eleva el gasto público. La investigación de punta también es más costosa a medida que se obtienen mejores logros. Los proyectos de investigación nuevos son más exigentes y complejos. El gasto público también es presionado hacia el alza por los compromisos ambientales, y por la carrera bélica.
Por otro lado, la tasa impositiva continúa bajando. El impuesto a la renta es menor en todos los países desde finales de los 80, aunque esta reducción de los impuestos a los más ricos no se ha manifestado en un mejoramiento de la productividad y la competitividad de las empresas.
El aumento de la deuda pública reduce la disponibilidad de ingresos para la inversión
El servicio de la deuda pasó de $35,2 billones en el 2011 y se estima que en el 2025 será de $128,7 billones.
La inversión fue de $32,9 billones en el 2011. El presupuesto para 2024 es de 99,9 billones, un nivel históricamente alto. Se estima que en 2025 se reducirá a $ 74 billones. Donde se presentaría la mayor diferencia entre el servicio de la deuda y la inversión. La deuda casi duplicaría a la inversión.
También se complica la situación fiscal del 2024 y, sobre todo, la del 2025 por varias razones:
1) Por las deudas a corto plazo que contrató el expresidente Duque para responder a la pandemia. El pago de estos créditos significó en 2024 un aumento del servicio de la deuda en $20 billones.
2) El déficit del Fondo de estabilización del precio de los combustibles (Fepc). Durante la administración anterior no se aumentaron los precios de la nafta, y el costo fiscal de esta decisión se tendrá que pagar entre 2024 y 2025. En el 2024 la cifra es de $20 billones.
3) El desbalance originado por la llamada opción tarifaria. Durante la pandemia no se aumentaron las tarifas de los servicios públicos y el desbalance financiero de las empresas debe ser compensado por el actual gobierno. El monto es de $6 billones.
4) A los concesionarios de carreteras se les debe responder por la menor circulación de vehículos por los peajes durante la pandemia por $% billones.
Estos cuatro compromisos suman $51 billones.
Entre las alternativas para reducir la deuda entre servicio de la deuda e inversión se barajan las siguientes:
1) Aumentar los ingresos tributarios municipales.
2) Ampliar el margen de la regla fiscal abriendo un debate sobre su flexibilización ya que este gobierno está pagando los costos de la pandemia. Entre otros, sustituir deuda por activos ambientales. Debería aceptarse que el dinero dedicado a la conservación y recuperación de activos ambientales no debería entrar en la contabilidad del gasto de la misma manera que lo hacen, por ejemplo, con los salarios.
3) Reducir los intereses que se pagan por los TES y supone que el Banco de la República continúe disminuyendo la tasa de interés que en la actualidad está en 11,75% anual.
4) Reprogramar la deuda. En opinión del FMI: “Gracias a la apropiada implementación de políticas macroeconómicas restrictivas durante los últimos 2 años, Colombia pudo lograr una reducción de los desequilibrios internos y externos”. Y en virtud de esta opinión favorable, se amplió la línea de crédito flexible a U$S 8.100 millones, lo cual permite que el beneficiario tome los recursos en caso de necesidad.
A partir de este mes se trabajará una hora menos
Este 16 de julio entrará en vigencia la segunda reducción de la jornada de trabajo. Se trata de la Ley 2101 de 2021 que busca que las horas trabajadas pasen de 48 a 42 a la semana a partir del 16 de julio de 2026.
La primera reducción se presentó el 16 de julio del 2023, cuando se pasó de 48 a 47 horas a la semana. Cabe destacar que no se disminuye el salario, ni se afectan los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores.
Con esta reducción, las horas trabajadas quedan en 46 semanales. En 2025 se bajarán dos horas más, para quedar en 42 horas semanales.
La medida no cobijará a la totalidad de los trabajadores del país, pues hay algunos casos en los que no aplica según la ley.
Una de las excepciones se presenta en las actividades insalubres o peligrosas, aunque el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto. El empleador y el trabajador podrán acordar también, temporal o indefinidamente, la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis horas al día y treinta y seis horas a la semana. En este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo.
Mientras, para los adolescentes con autorización para trabajar se estipuló que: cuando sean mayores de 15 y menores de 17 años solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 18:00. Y cuando sean mayores de 17 años, solo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 20:00.
Cabe destacar que el gobierno de Gustavo Petro adelanta otra iniciativa con la que asegura que mejorará la calidad de vida de los trabajadores. Se trata de la reforma laboral que superó su primer debate en el Congreso el mes pasado. Sin embargo, los gremios y empresarios cuestionan que esa iniciativa, por el contrario, aumentará el desempleo y la informalidad.
Hay que tener en cuenta que esta propuesta recupera las jornadas nocturnas y dominicales. El recargo nocturno se pagará a partir de las 19:00. Eso significa que se reconocerá con dos horas de anticipación; actualmente se remunera a partir de las 21:00.
A su vez recupera progresivamente las horas dominicales y festivos que será del 100% de manera voluntaria, no obstante, a partir de julio de 2026 sería obligatorio.
La advertencia del presidente Petro
El 23 de mayo, Gustavo Petro alertó sobre una posible cesación de pagos poniendo nerviosos a los mercados. Anunciando en su cuenta oficial de X la importancia del Proyecto de ley que elevaría el cupo de endeudamiento hasta U$S 17.000 millones. Incluso advirtió que de no ser aprobado el país ingresará en cesación de pagos y decretará la emergencia económica; la octava vez en los últimos 30 años. De no aprobarse el país tendría que asumir un déficit de U$S 1.366 millones para el cierre de 2024.
¿Qué pasó después de la advertencia del presidente?
La moneda se devaluó, el precio de los bonos y las acciones cayeron y las calificadoras de riesgo alertaron a los inversionistas, entre ellos el Bank of America. También Moody’s bajó a Ecopetrol de b1 a ba3 en el riesgo crediticio.
Finalmente, el déficit fiscal para el primer trimestre confirmaría problemas de caja. El déficit con relación al PIB fue de -1,2%, superior al que se registró en el mismo período del año anterior de -0,9%. Incluso al de 2022, en plena pandemia, que llegó a -1,1%.
Las cifras demuestran la necesidad de un debate democrático y una acción colectiva para un nuevo proyecto de sociedad. La promoción de un movimiento de transformación en todos los planos a la altura de los tiempos que se viven.
