Santa Cruz declara emergencia departamental por los incendios forestales

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Santa Cruz declara emergencia departamental por los incendios forestales

La Gobernación de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, declaró este jueves emergencia departamental por el aumento de incendios forestales y la sequía que afecta desde hace meses esa zona del país.

A través de un decreto departamental, el gobernador en funciones Mario Aguilera hizo la declaratoria, «debido a las variaciones climáticas que afectan al departamento y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, salud, biodiversidad, seguridad alimentaria y económica».

El Gobierno también reportó un incremento «significativo» de focos de calor e incendios forestales en el país, siendo el municipio de Roboré (este) el más afectado actualmente, y la intervención de bomberos y militares para intentar controlarlos es permanente.

“Este decreto de emergencia es debido a que tenemos siete municipios declarados en desastre por sequía y tres municipios declarados en emergencia por sequía e incendios forestales en lo que va el año”, informó el director de Gestión de Riesgo, Johnny Rojas, según un comunicado oficial.

La decisión de emitir un decreto para declarar emergencia en Santa Cruz tiene el objetivo de obtener recursos económicos, a través de la Secretaría de Hacienda, para atender con prontitud a todos los municipios afectados.

Según los datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santa Cruz se convierte en la región más poblada de Bolivia, con 3,4 millones de habitantes, equivalentes al 28,5 % de la cifra nacional.

Los municipios afectados por incendios forestales, según la Gobernación, son: San Ignacio de Velasco, San Rafael, El Puente, San Ramón, Concepción, San José de Chiquitos, Ascensión de Guarayos, San Javier, Urubichá, San Antonio de Lomerío, Roboré y San Matías.

El Viceministerio de Defensa Civil reportó que entre el lunes y el martes los incendios en el municipio de Roboré aumentaron, pero que la intervención militar evitó que el fuego pase a ser de mayor «magnitud».

“Ninguna comunidad está en peligro, esto ya hay que descartarlo definitivamente. Se ha dispuesto que el helicóptero Z9 del Ejército esté en apronte (…) en caso de ser necesario, estaría interviniendo en el municipio de Roboré”, indicó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

Esa repartición del Gobierno atendió hasta la fecha a ocho departamentos, 149 municipios y 46.197 familias, con un total de 230 mil dólares de inversión, aplicando el Plan de Atención a las Emergencias.

Por su parte, el Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (Ccrea) ha sofocado 20 incendios forestales a nivel nacional y movilizó 1.102 bomberos forestales.

En noviembre de 2023, un reporte oficial dio cuenta que se registraron 26 incendios forestales en Bolivia que afectaron cinco reservas naturales en más de tres meses de fuego intenso en todo el país.

Correo Del Sur


Roboré en llamas: el Gobierno minimiza la gravedad mientras las comunidades claman por ayuda

Mientras las llamas devoran miles de hectáreas de bosque en el municipio de Roboré y las comunidades locales claman por ayuda, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, insistió este jueves en una entrevista radial que la situación está “controlada” y que no reviste gravedad.

«Yo quiero transmitir un mensaje, aunque algunos critican, no está descontrolado el incendio. Los incendios son manejables, son controlables. Estamos demostrando que en cuatro días desde la intervención de las Fuerzas Armadas estamos enfocando los mismos. Y reitero, para nosotros la situación en Roboré no reviste gravedad», aseguró el viceministro.

Explicó que, cuando habla de un «incendio controlado», no se refiere a que el fuego haya sido sofocado por completo. «Digo controlado cuando ya no reviste gravedad hacia los centros poblados, hacia alguna infraestructura importante y que el vuelo está siendo direccionado, o como decimos, ‘anclado’, es decir, encelado con líneas defensivas, aunque el fuego persiste, pero ya no hay la gravedad de que se pueda descontrolar», detalló.

Según el viceministro, muchos de los incendios han sido provocados. Mencionó que se están llevando a cabo sobrevuelos para combatir las llamas y que, desde mañana viernes se incorporará un Super Puma que va a operar en todas las zonas afectadas de la Chiquitania.

«Ahora las condiciones del clima obviamente en algunos momentos no nos favorecen, han aumentado la intensidad de los vientos y eso hace que en algunos momentos se reactive, pero cuando existe control en la zona», sostuvo.

El fuego avanza sin control

Sus declaraciones contrastan fuertemente con los testimonios de los pobladores y las imágenes que muestran la magnitud del desastre. Rubén Darío Ortiz, presidente del Comité de Gestión de Tucabaca, denunció que el fuego avanza sin control y amenaza con convertirse en un incendio de sexta generación, similar al devastador evento de 2019.

«El gobierno parece que vive en un universo paralelo, un universo aparte donde todo está bien. Lo que más lamento es que diga que, como no se ha quemado infraestructura, no hay ningún tipo de daño. Claramente se nota que ellos están saltando de contentos en una pata viendo cómo se nos queman nuestros bosques y cómo nuestros animalitos van desapareciendo», lamentó.

Las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación muestran un panorama desolador, con vastas áreas de vegetación consumidas por el fuego y comunidades enteras en riesgo.

La situación ha obligado a detener el tránsito en la carretera Bioceánica y a suspender la operación de trenes con carga en la región. Los conductores han recibido la orden de detenerse por precaución, ya que las llamas se acercan peligrosamente a las vías. Un auto que se atrevió a cruzar quedó completamente calcinado.

Desde la sociedad civil, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) emitió un comunicado urgente, alertando sobre la gravedad de los incendios y criticando la falta de acción efectiva por parte del gobierno.

“Expresamos nuestra indignación porque ante esta nueva escalada de incendios provocados por las devastadoras políticas gubernamentales, tengan que ser las comunidades y poblaciones locales quienes padezcan nuevamente los graves efectos contra su salud, su economía y su misma integridad física; y deba ser la propia población local la que se vea obligada a organizarse con sus precarios medios para combatir la emergencia, mientras las autoridades competentes brillan por su ausencia o apenas asumen medidas ineficaces”, señala el comunicado.

El Deber

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