Bolivia 2024 – Por Farit Rojas Tudela
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Farit Rojas Tudela*
La noche del pasado martes 25 de junio, los portales web de los periódicos bolivianos publicaban que el comandante general del ejército boliviano había sido destituido de su cargo, sin embargo, al día siguiente estos mismos portales dudaban si la destitución había sido efectiva o no. Un día antes, el lunes 24 de junio, este comandante había señalado en un programa de televisión que las fuerzas armadas no permitirían la participación política de Evo Morales en las nuevas elecciones generales bolivianas de 2025, vulnerando la prohibición constitucional de deliberación política de las fuerzas armadas.
Días antes se decía que la última semana del mes de junio se caracterizaría por ser una de conflictos sociales, bloqueos y marchas. Había diversas agendas de movilización no solo en la sede de gobierno, sino en otras ciudades y en particular en el eje carretero del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). Se anunciaba que la policía y el ejército participarían en un conjunto de medidas para evitar que los conflictos sociales se extiendan, entonces, tanto policía como fuerzas armadas se encontraban movilizadas.
Sin embargo, la tarde del miércoles 26 de junio, una facción del ejército bajo el mando del comandante aparentemente destituido cercó la plaza Murillo, el centro político de la sede de gobierno. En consecuencia, se empezó a hablar de golpe de estado. Las redes sociales estallaron con imágenes de los militares cercando las esquinas de la plaza, los canales de televisión entraron en cadena transmitiendo lo que en apariencia era un golpe de estado, se entrevistaba a comentaristas y se revisaba lo que distintos personajes políticos tanto bolivianos como extranjeros escribían en la plataforma ex twitter ahora X .
Una tanqueta intentó derribar la puerta del palacio de gobierno –un edificio simbólico, pues el presidente y sus ministros habitan en un edificio llamado casa grande del pueblo–y la posibilidad de que se tratase de un golpe de estado se volvió viral. El comandante aparentemente destituido daba declaraciones a los medios de comunicación, y claramente señalaba que estaba dando un golpe de estado. Como en todos los golpes de estado el mensaje de los golpistas se resumía a que se buscaba recuperar la democracia.
Se transmitieron declaraciones, comunicados y hasta un intercambio de palabras entre el presidente del Estado boliviano y el comandante aparentemente destituido en puertas del palacio. El primero le ordenaba desmovilizar las tropas, el segundo se negaba. Unos minutos más tarde, el presidente boliviano posesionaba a un nuevo alto mando militar, quienes ordenaron a las tropas desmovilizarse y los militares abandonaron la plaza Murillo junto con el comandante, esta vez con certeza, destituido. Minutos más tarde los canales de televisión transmitían el operativo policial en el cual apresaban al ex comandante y éste decía que el presidente le había solicitado que desarrolle esta actuación porque la popularidad del gobierno había caído.
Ésta es la breve narración de hechos a partir de la cual se han llevado a cabo una cantidad de análisis y comentarios que van de golpe de estado fallido a autogolpe. Lógicamente el gobierno boliviano apuesta a la primera interpretación arguyendo que los mandos militares desobedecieron al comandante golpista. Por otro lado los opositores tanto bolivianos como extranjeros apuestan a la segunda interpretación, arguyendo la cercanía de amistad que tenían el comandante destituido y el presidente del Estado. Sin embargo, ¿qué otras lecturas son posibles?
A riesgo de simplificar los hechos del pasado miércoles 26 de junio, veamos algunos contextos en los que se dieron estos hechos.
Bolivia, como la mayoría de los estados latinoamericanos, tiene un diseño constitucional presidencialista, es decir, que una buena parte de la acción política se concentra en el órgano ejecutivo. La figura del presidente arrastra a la del vicepresidente –que en el diseño constitucional boliviano es parte del órgano ejecutivo. La tradición caudillista de los presidentes es parte de la historia política de Bolivia, incluso los libros más populares de historia de Bolivia se organizan internamente para contar la historia por presidentes. La figura del presidente arrastra en las elecciones generales la elección del vicepresidente y de una parte de los diputados y senadores del órgano legislativo.
Es decir, que cuando se vota por el presidente implícitamente se vota por el vicepresidente, los senadores y por la mitad de los diputados, pues la otra mitad se la elige en circunscripciones uninominales (en el que se define un territorio y una población y gana el que más votos consigue). La Constitución otorga al presidente boliviano una serie amplísima de atribuciones, y las últimas décadas (porque decir los últimos años queda corto) los ministerios y ministros gobiernan la totalidad de la vida política institucional. El diseño constitucional de la llamada separación y división de poderes no deja en claro la cabeza de los otros órganos.
Por ejemplo, la cabeza del órgano legislativo parece ser el vicepresidente, pero como se mencionó éste es parte del órgano ejecutivo. Respecto al órgano judicial, en teoría el presidente del tribunal supremo de justicia es la cabeza del judicial, sin embargo esto no lo señala la Constitución y guarda silencio sobre el tema. En lo legal, es decir en lo que señala una ley pero no la Constitución, una dirección administrativa financiera del órgano judicial responde a las responsabilidades como máxima autoridad ejecutiva y cabeza del mismo.
Desde hace algunos meses el tribunal constitucional ha ido cercenando las atribuciones del órgano legislativo, al punto que a la fecha no ha podido desarrollar regularmente sus tareas, entre ellas la renovación del órgano judicial y del tribunal constitucional, los cuales debían cesar de sus funciones el pasado 31 de diciembre de 2023. El tribunal constitucional determinó en una declaración constitucional –un instrumento poco idóneo para estos temas– prorrogar el mandato de los magistrados y autoridades tanto del órgano judicial como del mismo tribunal bajo el argumento de que no se podía dejar acéfalo un órgano de poder.
El referido tribunal constitucional ha puesto en suspenso las facultades de fiscalización del órgano legislativo y cada semana suspende con alguna decisión alguna actividad que pretende realizar el legislativo, generando ya no un modelo presidencialista sino uno hiper-presidencialista, con un legislativo casi simbólico y un órgano judicial sin legitimidad y con muchas dudas de su constitucionalidad.
Asistimos también a una transformación de la noción de lawfare, que generalmente es comprendida como el uso de acciones legales para causar problemas a un oponente político, hacia una versión de lawfare en el que acciones de tinte jurídico se usan para desbaratar la misma constitución y para casi anular la división de poderes a nombre de la constitución, como los golpes de estado que se hacen a nombre de la democracia. En la práctica, en Bolivia, parece solo existir el ejecutivo y el tribunal constitucional que endosa al ejecutivo su primacía.
Según los estudios llevados a cabo por Juan Linz, estadísticamente los modelos presidencialistas de América Latina son los que han tenido más golpes de estado, sean los clásicos golpes de estado o los llamados golpes de estado blandos, en los que una élite busca apoderarse del órgano ejecutivo y los poderes militares y policiales aparecen silenciosamente en segundo plano.
Un golpe de estado, sea éste fallido o incluso un curioso autogolpe, es un punto de llegada de un proceso de desinstitucionalización y de-constitucionalización de un Estado. Es un proceso en el que las instituciones democráticas que garantizan la pluralidad de actores en el juego político están cercenadas y obstaculizadas, al punto de no poder desarrollar sus funciones.
En Bolivia se encuentra en riesgo no solo la elección de las autoridades del órgano judicial y del tribunal constitucional por esta inactividad del órgano legislativo, sino también se encuentra en riesgo las elecciones primarias, necesarias para las consecutivas elecciones generales de 2025, las cuales, por efecto, también se encuentran en riesgo.
Un conjunto de acciones jurídicas han impedido que algunos partidos políticos, como el Movimiento al Socialismo (MAS), puedan llevar a cabo la renovación de sus directivas para avanzar a la definición de candidatos para las elecciones primarias, y una vez más, otro órgano de poder como lo es el órgano electoral no está logrando avanzar en sus actividades, una vez más con influencia de este nuevo lawfare que en apariencia logra la gobernabilidad al órgano ejecutivo, que se muestra interesado en que el Movimiento al Socialismo y otros partidos políticos no puedan avanzar en el juego político democrático.
Hace algunas semanas, antes del curioso episodio de la tarde del 26 de junio, el presidente de la cámara de senadores, en aplicación de la Constitución y del reglamento de la cámara de senadores y en ausencia del vicepresidente del Estado, que suplía al presidente debido a un viaje de éste al extranjero, convocó, como era usual, a una reunión de la asamblea legislativa plurinacional, es decir, del órgano legislativo, sin embargo, una decisión del tribunal constitucional desautorizó esta convocatoria y puso en duda la constitucionalidad y legalidad de esta sesión legislativa, en la que se cumplió con el quorum de ley, y se sancionaron normas que cesaban a las autoridades prorrogadas del órgano judicial y del tribunal constitucional.
A este escenario complejo de gobernabilidad se debe añadir la crisis económica que enfrenta el Estado boliviano, que ya no cuenta con el mismo ingreso de recursos económicos de años pasados para el subsidio a la gasolina y el diesel, así como para cubrir el gasto ordinario de la administración pública y las empresas del estado. En lo cotidiano esta crisis económica se expresa en la falta de dólares en los bancos y la aparición de un mercado ilegal y paralelo de dólares.
Esta crisis afecta directamente a la figura del presidente boliviano, quien llegó al gobierno como el artífice del milagro económico, es decir, quien diseñó un modelo económico que en los años de gobierno de Evo Morales fue exitoso. En este contexto económico, la popularidad del actual presidente boliviano, efectivamente, se encuentra en caída, no se puede ser el abanderado de la buena economía de años pasados y a la vez gobernar bajo una crisis económica compleja, si a ello le sumamos el conflicto político interno del partido de gobierno.
En consecuencia, el curioso episodio de la tarde del 26 de junio se inscribe como parte de este proceso complejo de desinstitucionalización y de-constitucionalización, de crisis económica y caída en la popularidad del gobierno, que ahora cabe sumar el cuestionamiento a la pobre y precaria institucionalidad de las fuerzas armadas en Bolivia, que junto con las instituciones de administración de justicia, se derrumban ante la mirada triste y atónita de la población.
Se dice que Bolivia siempre que llega al borde del abismo se recupera y retrocede, sin embargo, un mal gobierno puede llevarla a que dé un paso al frente.
*Profesor de teoría del Derecho y teorías de la democracia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz – Bolivia)
