¿Qué esperan empresarios de medidas de EEUU hacia Cuba?
¿Qué esperan empresarios de medidas de EEUU hacia Cuba?
Luis Brizuela
Empresarios cubanos son cautos al evaluar las aplicaciones prácticas y la sostenibilidad de las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos para favorecer el sector privado en la isla, ante un posible cambio de administración en el país vecino y el persistente diferendo bilateral.
“Creo que todas las medidas que contribuyan al desarrollo del comercio desde el empresariado siempre lo veremos con buenos ojos, pero hace falta materializarlo”, valoró Suselmis Martín, directora general y fundadora de la pequeña empresa privada SMG Branding enfocada desde 2019 en la creación, desarrollo y posicionamiento de marcas cubanas.
Martín resaltó la oportunidad para que empresarios cubanos sin una visa de turismo o negocios para viajar a Estados Unidos puedan abrir y utilizar cuentas de forma remota.
“Se trata de una facilidad tanto para la exportación de servicios como los de mi empresa, o para que colegas y negocios importen equipamiento y materias primas desde un mercado muy cercano, con mejores precios y tiempos de entrega más rápidos. Pero muchas veces resulta complicado pagar” debido a las disposiciones del embargo, redondeó esta comunicadora.
El ingeniero Pavel Sánchez, administrador general de la mediana empresa privada Ecomadera Cubana, convino en que las actividades de importación y exportación “se nos hacen complejas, sobre todo en lo relacionado con los movimientos financieros desde y hacia Cuba. Encontrar soluciones a ésta situación es un dolor de cabeza cotidiano”.
Sánchez resaltó que las medidas de Washington “cambian algunas reglas del juego y aunque quisiéramos mayor alcance, abre otros canales para estas operaciones comerciales. Ése es el punto dónde podríamos beneficiarnos si, en definitiva, se implementan”.
Ubicada en el municipio de Fomento, en la central provincia de Sancti Spíritus, Ecomadera Cubana sobresale desde 2014 por la producción de madera plástica o ecomadera, resultado del procesamiento de distintos tipos de polímeros con la cual se elaboran tablas, columnas, vigas y viguetas idóneas para disímiles construcciones.
Las medidas
Si bien fueron anunciadas hace dos años, el 28 de mayo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), del departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó el acceso de empresarios cubanos independientes a servicios de internet, aplicaciones y plataformas de comercio electrónico, junto con vías para pagos electrónicos y actividades comerciales con ese país.
Las directrices permiten a empresarios independientes del sector privado cubano abrir, mantener y utilizar a distancia cuentas bancarias en Estados Unidos. También autoriza servicios con operación en internet como los de las plataformas de redes sociales, las videoconferencias y los servicios que operan en la nube.
Asimismo, restablece la autorización –suspendida en septiembre de 2019- para transacciones “U-turn” que son transferencias de fondos que se originan fuera de Estados Unidos y también terminan fuera de Estados Unidos en las que ni la fuente ni el beneficiario están sujetos a la jurisdicción de ese país. Según lo dispuesto, quedan excluidos de los beneficios algunos funcionarios y miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC),el único legal en el país, incluidos en listados regulatorios de Washington.
Además de considerarlas “limitadas” y de buscar “poner en una situación de ventaja al sector privado”, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que las decisiones “no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra Cuba ni las sanciones adicionales que conforman la política de máxima presión” hacia la isla.
No obstante, el gobierno cubano indicó que “estudiará estas medidas y, si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficie a la población cubana, aunque solo sea a un segmento, no obstaculizará su aplicación”.
Obstáculos
Para el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, “siempre es complejo interpretar cualquier medida de flexibilización” de Estados Unidos hacia Cuba “porque se mantiene el bloqueo –como se conoce internamente al embargo vigente desde 1962-, con un entramado legal muy complejo, y la isla sigue en la lista de países patrocinadores del terrorismo”.
Para el gobierno cubano tal designación, establecida en enero de 2021, busca justificar la aprobación de sanciones. Además de prohibiciones financieras y penalizaciones a personas y bancos que realicen determinados intercambios comerciales con los incluidos en la lista, aumenta el riesgo-país para operaciones comerciales.
Pérez Villanueva apuntó que las nuevas medidas llegan a menos de seis meses de los comicios presidenciales en Estados Unidos.
“Para que empresarios cubanos abran cuentas bancarias habría que modificar muchos aspectos legales que quizás, a partir de enero de 2025, haya que cambiar si comienza una nueva administración. Dudo que eso se materialice ahora, quizás después de las elecciones, en dependencia del partido que gane”, expuso el experto.
Las decisiones de la Casa Blanca resultan “un primer paso de muchos que hay que dar”, opinó la ingeniera civil Yulieta Hernández, presidenta de la mediana empresa privada Pilares Construcciones, especializada desde 2021 en la construcción, mantenimiento, reparación, rehabilitación y remodelación de inmuebles.
Hernández señaló que empresarios cubanos “no tienen acceso a visas de negocios para buscar oportunidades en Estados Unidos. Es un aspecto que no contemplan estas medidas”. Se preguntó “cuántos bancos permitirán la apertura de cuentas a empresarios cubanos ante la elevada percepción de riesgo para efectuar operaciones financieras con la isla”.
Con lo anterior aludió a las cuantiosas multas recibidas por entidades bancarias debido a violaciones del régimen de sanciones de Washington sobre la isla.
“Existe una probabilidad altísima de que las comisiones sean muy elevadas. Y en las condiciones actuales del sector privado en Cuba esto puede repercutir negativamente y hacer que la medida no se aproveche al máximo”, argumentó la empresaria.
En el fuego cruzado
El crecimiento del sector privado en este país insular caribeño de 11 millones de habitantes y economía centralmente planificada ha debido lidiar con avances, retrocesos y críticas a su gestión desde diversos espectros ideológicos.
Algunas posturas mantienen ojerizas sobre el sector al considerarlo un instrumento de grupos en Estados Unidos para desmontar el sistema socialista en la isla y avanzar en un proceso de restauración capitalista.
Otras críticas apuntan a la actividad importadora que desarrollan algunos y la venta de productos finales sin valor agregado, hasta quienes esgrimen que su autorización sirve para constituir empresas privadas por parte de “testaferros” y ser una “tapadera” del gobierno para importar productos, burlar el embargo y obtener divisas.
La creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se limita a sectores no estratégicos. Son actores económicos legitimados en los documentos rectores del PCC y en la Constitución, como parte del modelo socialista de desarrollo.
Su actividad se considera complementaria a las de la empresa estatal socialista, catalogada como sujeto principal de la economía interna.
Suman más de 11 000 las mipymes, en su mayoría privadas, autorizadas a constituirse desde septiembre de 2021 en un entorno marcado por la covid-19, el fortalecimiento del embargo estadounidense, desabastecimiento de alimentos e insumos de primera necesidad, y el malogrado ordenamiento monetario que acentuó la dolarización parcial de la economía y disparó la inflación.
Autoridades han afirmado que las mipymes actúan en igualdad de condiciones que el resto de los actores económicos reconocidos y que no habrá retrocesos ni frenos en la apertura al también llamado sector no estatal.
Sin embargo, economistas insisten en la ausencia de mercados mayoristas para que los privados se abastezcan, que carecen de incentivos reales para exportar, pagan elevados impuestos sobre las ventas y utilidades y se les eliminó la exención de impuestos en su primer año.
Además, a diferencia de las entidades estatales, no son subsidiadas en caso de pérdidas.
Permanece irresuelto la concreción de un mercado cambiario oficial donde las mipymes adquieran de manera suficiente y sin irregularidades las divisas, a fin de efectuar actividades de comercio exterior a través de empresas estatales intermediarias.
Estadísticas oficiales indican que el sector no estatal en la isla representa 15 % del producto interno bruto cubano (PIB) y cubre alrededor de 35 % del empleo del país.
En cuanto a las actividades de comercio exterior, en 2023 realizaron importaciones superiores a los 1000 millones de dólares, pero las exportaciones no rebasaron los 200 millones, equivalente a 0,2 % del total exportado.
“No solo el gobierno de Estados Unidos tiene que responder afirmativamente hacia las instituciones bancarias. También hay que ver cómo Cuba se expresa en el día a día de las operaciones comerciales, y aprovechar esta pequeña brecha al bloqueo para implementar medidas que beneficien al empresariado cubano”, consideró Pérez Villanueva.
En opinión del economista, “no se trata solo de decir que las medidas de Washington benefician a una parte del sector privado. El gobierno cubano también puede flexibilizar los nudos gordianos que tiene sobre la empresa estatal y favorecerla”.
