Karina Oliva, política chilena sobre la detención de Daniel Jadue: “Hay un interés directo de inhabilitarlo electoralmente”
Entrevista a Karina Loretta Oliva Pérez, politóloga y política chilena
Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL
El alcalde de Recoleta, excandidato presidencial y líder del Partido Comunista, Daniel Jadue, fue detenido de manera preventiva bajo los cargos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa por el caso que investiga las “Farmacias Populares”.
La Corte de Apelaciones rechazó el recurso que presentó la defensa del alcalde en un intento por revertir la detención tras considerar la medida como “injustificada y desproporcionada”.
En diálogo con NODAL, Karina Loretta Oliva Pérez, política y politóloga chilena, explica los detalles de la causa y señala que Jadue es víctima de lawfare del “sistema judicial y democrático” del país.
– ¿De qué se lo acusa y cuáles son las pruebas en su contra?
En términos estrictamente legales, a Daniel Jadue se le persigue por cinco supuestos delitos (administración desleal, cohecho, delito concursal, fraude al fisco y estafa), ninguno de los cuales se ha podido siquiera probar algún grado de participación del alcalde de Recoleta. Las acusaciones se sostienen sobre declaraciones de supuestos colaboradores y personajes cuya opinión fortalece una lamentable presunción de culpabilidad sobre un caso que a tres años de investigación desformalizada (alzamiento del secreto bancario mediante) aún no arroja pruebas que permitan convencer más allá de toda duda razonable, sólo la parafernalia comunicacional de una acumulación de declaraciones difamatorias que han instalado en la opinión pública una condena antes del juicio. En palabras de uno de los querellantes en plena audiencia de formalización: “no tenemos pruebas, pero creemos que hay antecedentes suficientes”, a todas luces un despropósito.
En términos reales, esta causa nace a propósito de la política de farmacias populares que impulsó Daniel Jadue, política pública exitosa e innovadora en materia de salud y medicamentos. Las farmacias populares fueron replicadas por diversos municipios a nivel nacional y de distintos sectores políticos (más de 100), esto llevó a la creación de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), para hacer frente a los altos precios que ofrecían las cadenas de farmacias, entregando medicamentos a precio justo. Fue durante la pandemia y con la declaración de estado de emergencia y catástrofe sanitaria, que la ACHIFARP hizo compra de insumos con un sobre precio que el proveedor Best Quality SpA entregaba justificándose en la escasez de medicamentos e insumos médicos a nivel mundial. Así funciona el libre mercado en Chile, a mayor demanda y oferta limitada, sin normas de control de precios, ellos impusieron precios abusivos a la ACHIFARP, sin embargo, la asociación adquirió los insumos para ofrecerlo a los municipios miembros y no afectar la cadena de abastecimiento a nivel local. No obstante, esto generó una gran deuda por parte de ACHIFARP contra el proveedor Best Quality, y, luego de varios intentos de negociación por parte de ACHIFARP para saldar la deuda, la empresa proveedora se negó a llegar a acuerdos y decidió demandar a ACHIFARP por estafa. Así inició la causa.
Esta demanda por estafa llegó a la fiscalía y uno de los vendedores del proveedor Best Quality, señaló en una declaración que Jadue les habría presionado para donar una serie de insumos destinados al comunal del Partido Comunista, cuestión que no sólo ha sido negada por el alcalde sino que, además, no hay siquiera una conversación de whatsapp o respaldo que acredite que el alcalde Jadue haya tenido algún diálogo de ningún tipo con quienes denunciaban haber sido presionados. Nuevamente, la acusación sin pruebas tiene más peso que el testimonio del acusado, primando una presunción de culpabilidad por sobre la presunción de inocencia.
– ¿Cómo impacta su detención entre las filas del gobierno y sus aliados?
El que le hayan decretado prisión preventiva ha generado en la ciudadanía una sensación de operación política por ser militante comunista, por ser un hombre de izquierda, es decir, para la ciudadanía la decisión del tribunal es una decisión marcada por el sesgo político de la jueza, porque en caso de alcaldes de los partidos de la derecha chilena -udi y rn- solo han decretado arresto domiciliario o arresto domiciliario nocturno, jamás se ha usado en contra de alcaldes de la derecha la justificación de ser peligro para la sociedad que se usó en el caso de Jadue. Es más, en toda la campaña comunicacional y alegatos de querellantes se habló del peligro de fuga como otra causal para solicitar la prisión preventiva, no obstante, en la audiencia misma no se esgrimió tal argumento ni se pronunció al respecto la jueza. Dejando así, la idea que se buscaba generar la idea que Daniel Jadue era “cobarde”, “quería huir” o “solicitar asilo en países del arco Bolivariano”, según palabras de opositores y algunos periodistas. Así mismo, en la resolución que dictó la prisión preventiva quedó claro que la razón principal de dicha medida cautelar gravosa decía relación con que Daniel Jadue seguía siendo alcalde y que por ello había peligro de reiteración: al respecto es interesante que sobre el primer supuesto, se leyó como una invitación a que Daniel renunciare al cargo que ostenta por mandato popular; y, en el segundo supuesto ya se estaba dando por hecho que ha cometido aquellos delitos de los que se le acusa sin pruebas, o ¿De qué forma podría haber peligro de reiterar algo que no se ha hecho? En definitiva, ante el silencio cómplice de la mayoría de fuerzas oficialistas (salvo el propio Partido Comunista, y no de manera unánime inclusive), se ha levantado una razonable sospecha de operación política y abuso del Poder Judicial para intentar apartar de la carrera presidencial a quien es actualmente la figura menos obsecuente con la actual coalición de gobierno y que convoca a más amplios sectores de la izquierda.
– ¿Cuál fue la reacción de la oposición y cómo cree que va a continuar esta causa?
La oposición ha cerrado filas haciéndose parte del lawfare, sosteniendo desde ya que Daniel Jadue es un delincuente brutal y que su móvil ha sido hacer uso del Estado para fines particulares. Cuestión que no es posible dejar de contrastar con la arremetida que dicho sector ha hecho, no contra Daniel, sino contra el proyecto que logró construir en Recoleta y proponerle al país: Farmacias Populares, ópticas populares, inmobiliaria popular, Universidad Abierta de Recoleta, etc. En palabras de la misma fiscalía: “el proyecto de farmacias populares quiso entrometerse en un mercado donde son los privados, y no un Municipio, quienes debieran actuar”. La intención de la oposición viene de manera sostenida a derribar cualquier posibilidad transformadora que existía en Chile, no sólo con las farmacias populares y lo que significa Daniel Jadue como un político de izquierda y con gestión de justicia, también lo vimos como atacarón el proceso constituyente y a las y los convencionales que lideraban el proceso, es decir, la causa será un permanente asedio a no permitir que las transformaciones que el país esperaba desde la revuelta popular queden sepultadas, en sí, es un acto de disciplina miento político hacia liderazgos y ciudadanía a caer nuevamente en la desesperanza aprendida, por tanto, esta causa será una larga batalla que tendremos que dar en tribunales y en la calle, por ejemplo, en la audiencia de apelación de la medida cautelar, la fiscal a cargo de la causa, señaló que Daniel Jadue debía mantenerse en prisión preventiva porque es un referente con posibilidades de presentarse a la elección presidencial, por tanto, lo que señala la fiscalía, es que hay un interés directo de inhabilitar a Jadue como liderazgo político, es la proscripción política de un dirigente de la izquierda, acusandolo sin pruebas, solo con declaraciones difamatorias que evidentemente son parte de esta operación política que tristemente han develado la fragilidad de nuestro sistema judicial y democrático del país a través de la instalación del lawfare.
