Corte IDH pide respuesta por norma del Congreso que prescribe delitos de lesa humanidad
Corte IDH pide al Estado peruano responder por norma del Congreso que prescribe delitos de lesa humanidad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Perú (Corte IDH) requirió al Estado peruano presentar sus observaciones, hasta el 12 de junio próximo, sobre la solicitud de medidas provisionales respecto de los casos Barrios Altos y La Cantuta por la iniciativa parlamentaria que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
Así lo informó la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) en su cuenta de la red social X, donde señalaron que ha presentado, junto a otras cinco entidades civiles, una solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH por los casos Barrios Altos y La Cantuta, dos de los más sonados casos de abuso a los derechos humanos, por los cuales fue condenado el expresidente Alberto Fujimori.
📢 ¡URGENTE! Nos oponemos al PL 6951/2023 que busca permitir la prescripción de delitos de lesa humanidad en Perú. Esto reduciría la responsabilidad de aquellos que cometieron atrocidades, como en #Accomarca. ¡No a la impunidad! ⚖#JusticiaParaLasVíctimas #Imprescriptibilidad pic.twitter.com/PjXgX8qKwj
— Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH (@Aprodeh) June 6, 2024
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) informó en su cuenta de X que la Corte IDH pidió al Estado que, a más tardar el 12 de junio, “presenten sus observaciones” a una solicitud de medidas provisionales por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Ello, a raíz del proyecto aprobado por el Parlamento, en primera votación, que prescribe los delitos de lesa humanidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Perú (Corte IDH) requirió al Estado peruano presentar sus observaciones, hasta el 12 de junio próximo, sobre la solicitud de medidas provisionales respecto de los casos Barrios Altos y La Cantuta por la iniciativa parlamentaria que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
Así lo informó la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) en su cuenta de la red social X, donde señalaron que ha presentado, junto a otras cinco entidades civiles, una solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH por los casos Barrios Altos y La Cantuta, dos de los más sonados casos de abuso a los derechos humanos, por los cuales fue condenado el expresidente Alberto Fujimori.
Junto a Aprodeh presentaron la solicitud el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paza (Fedepaz), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Una comunicación firmada por el secretario de la CorteIDH, Pablo Saavedra, confirma la recepción de la solicitud hecha el viernes sobre las medidas cautelares y en la que también piden que se ordene al Estado peruano interrumpir el trámite legislativo del proyecto de ley que busca precisar los alcances del delito de lesa humanidad.
La carta, compartida por Aprodeh en X, agregó que se ha solicitado al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, a más tardar el 12 de junio, “presenten sus observaciones” a esta solicitud de medidas provisionales.
Iniciativa aprobada en primera votación
La norma a la que se hace alusión en el documento de la Corte IDH busca impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en Perú antes de 2002, con lo que se excluye el periodo del conflicto interno que dejó más de 69 000 víctimas.
La iniciativa también indica que el Estatuto de Roma, que estableció que cualquier acusado de crímenes de guerra pueda ser procesado por la Corte Internacional, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico el 1 de julio de 2002.
Además, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003.
Este proyecto aún debe ser refrendado en una segunda votación en un plazo de siete días antes de ser enviado al Ejecutivo, para su eventual promulgación o devolución con observaciones.
Reacciones por ley de prescripción de delitos de lesa humanidad
Por Christian Torres Tutiven
La reciente propuesta de ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del año 2002 ha generado un amplio debate.
Para muchos especialistas, esta normativa se presenta como una nueva ley de amnistía encubierta, ya que, aunque se presenta de manera distinta, el efecto podría ser similar.
Este caso remite a situaciones pasadas como la de Alberto Fujimori, quien, a pesar de la gravedad de los delitos atribuidos, se benefició del indulto, permitiéndole reintegrarse a la sociedad sin mayores consecuencias.
Expertos en derecho penal han sostenido que en Perú los procesos y juicios por violaciones a los derechos humanos se han llevado a cabo respetando el principio de legalidad.
También subrayan que los enjuiciados, según los principios constitucionales, tienen derecho a que su situación jurídica se resuelva en un plazo razonable.
En muchos casos en los que se ha demandado condenas por crímenes de lesa humanidad, los condenados en realidad fueron sentenciados por delitos como asesinatos calificados, lesiones graves y torturas, utilizando tipos penales comunes que siempre han estado vigentes.
La norma actual se ampara en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si se aprueba, las sentencias contra militares y policías calificadas como delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002 quedarían sin efecto, aplicándose lo mismo para terroristas o cualquier otro sentenciado.
Conflicto de derechos
El problema radica en que los juicios han tomado demasiado tiempo, generando un conflicto de derechos para las personas procesadas.
Desde 2002, con la vigencia del convenio sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, los casos donde operaba la prescripción común se han reactivado y prescrito, como es el caso de Pativilca.
