Argentina | El Gobierno decide disolver la Subsecretaría contra la Violencia de Género
El Gobierno disolvió la Subsecretaría contra la Violencia de Género
En la semana del NiUnaMenos y mientras suben las cifras de femicidios, ya no hay organismo estatal para prevenir la violencia machista ni apoyar a sus víctimas.
Por Mariana Carbajal
En la semana de Ni Una Menos y con cifras de femicidios que aumentan, el Gobierno decidió disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área a la que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y que debe encargarse de llevar adelante políticas integrales para prevenir y también asistir a víctimas y familiares. Hace dos semanas, la Subsecretaría había pasado de Capital Humano a la cartera de Justicia, donde serían absorbidas algunas de sus funciones. Aunque no hay todavía una comunicación oficial, se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien estaba al frente de la Subsecretaría desde febrero. En el texto, alega que tomó la decisión de dejar el cargo luego de que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicara por WhatsApp a las 19.57 del miércoles que la Subsecretaría “dejará de existir”. Desde organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y diversidades denunciaron la gravedad de la medida.
La decisión significa un retroceso enorme. A pesar de que el área estaba debilitada, significaba la única institucionalidad en el Ejecutivo para combatir la violencia de género. El Gobierno está obligado a tener un área específica, de acuerdo con la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, sancionada por el Congreso en 2009. El mensaje es claro: al Gobierno no le importa que casi cada día asesinen a una mujer o diversidad por serlo, en la mayoría de los casos, como muestran las estadísticas oficiales, a manos de la pareja o expareja.
“Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 hs. por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha”, dice el texto de la renuncia.
Barcia, una funcionaria que se caracterizó por no hacer ninguna declaración pública ni dar entrevistas desde que llegó al cargo hace cinco meses desde la fiscalía especializada en Violencia de Género de CABA, donde se desempeñaba, ya no fue a su oficina este jueves ni se despidió de las trabajadoras.
renuncia
Frente a esta situación, las 650 trabajadoras que quedan en el área se encuentran en estado de asamblea ante la incertidumbre sobre su futuro. Algunas pasarían a la Secretaría de Derechos Humanos y otras a la de Justicia, pero no se descarta que un porcentaje importante sea despedido, como parte del nuevo recorte de empleadxs públicos anunciado por el presidente Javier Milei para la mitad del año. Este mediodía realizaron una radio abierta frente a una de las sedes de la Subsecretaría, en Paseo Colón 181. Según contaron, les informaron que los despidos llegarían al 80 por ciento de la planta del ex Ministerio de MGyD.
“A pocas horas de la manifestación Ni Una Menos, el Gobierno aplica su pedagogía del castigo y amenaza con unos 400 despidos además de disolver la subsecretaría. Vamos a seguir organizadxs y en total solidaridad con la organización sindical del sector, apoyando todas las medidas y acudiendo a instancias internacionales para denunciar la situación si hiciera falta», dijo a Página 12, Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos.
De esta forma, quedarían alrededor de 150 trabajadorxs vinculadas al área. “Es muy impactante comprobar cómo pueden sentir orgullo de pisotear el trabajo y la legitimación de una agenda construida de manera colectiva y que trasciende las gestiones políticas. Muestra ignorancia de las obligaciones jurídicas del Estado a nivel nacional –el artículo 8 de la ley 26.485 establece la creación de una autoridad competente para aplicar la ley y el impulso de políticas públicas– y de las obligaciones internacionales. Tendrán que rendir cuentas sobre esto”, advirtió a este diario la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Tal como informó este diario, en seis meses de gestión el Gobierno de Milei, desfinanció, desarticuló y generó un vaciamiento de las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a mujeres y diversidades en situación de violencia. El presupuesto vigente que tenia la Subsecretaría (disponible para todo el año) en términos reales ya era un 62% más bajo que el de 2023, de acuerdo con un relevamiento de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La disolución de la Subsecretaría implica “un desprecio por lo público brutal y nosotras necesitamos de manera imperiosa el Estado para proteger, acompañar, asistir a las víctimas de violencia de género y reducir brechas de desigualdad”, señaló en diálogo con este diario Estela Díaz, a cargo del único Ministerio de Mujeres y Diversidades que queda en el país, desde diciembre. Además de Nación, cuatro gobiernos provinciales –Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz– que en los mandatos anteriores habían jerarquizado sus áreas de género con la creación de ministerios dieron marcha atrás, siguiendo el camino de la motosierra de Milei y las redujeron a secretarías o subsecretarías. Estas medidas marcan que las decisiones del Gobierno –primero vaciando y desarticulando políticas de prevención y asistencia a víctimas y ahora eliminando la Subsecretaría– sin dudas impactarán en las provincias, con un retroceso en políticas integrales para proteger a las mujeres y diversidad de la violencia de machista y atacar sus causas estructurales, sostenidas en la desigualdad de género.
“Acá hay una planificación para profundizar la desigualdad y el desamparo. Es muy grave y tiene costos en vidas. Y significa una falta de respeto a nuestro marco normativo y a las obligaciones que tiene el Gobierno Nacional para con el país entero. En la provincia de Buenos Aires, seguiremos, tal cual manifiesta siempre nuestro gobernador Axel Kicillof con Estado presente, profundizando el camino de construir el Ministerio, y de transversalizar la perspectiva de género”, agregó Díaz.
“Es muy grave la desaparición de la Subsecretaría. Aunque ya estaba debilitada, y con presupuesto reducido, están dejando en banda a las mujeres, niñas y diversidades que sufren violencia de género. ¿Qué va a pasar con la Línea 144, que es fundamental para la prevención? ¿Qué pasará con el Registro Único de casos que permite analizar la magnitud del problema para intervenir? ¿Y con el Programa Acompañar? Están desmembrando sus funciones. Van a decir que cumplen con los compromisos que tiene el país en el tema pero estarán a cargo de gente que no está especializada. Es un retroceso muy grande”, consideró la médica epidemióloga Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Bianco tenía una reunión con Barcia agendada desde el lunes para conversar sobre el W20 (Women20) una red transnacional que reúne a mujeres líderes de la sociedad civil, negocios, emprendimientos y thinktanks. Pero el encuentro fue pospuesto desde la Subsecretaría día a día hasta que fue cancelado.
La diputada justicialista Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara baja, acompañó a las trabajadoras frente al edificio donde funcionaba la Subsecretaría. “El gobierno de Milei sumó un nuevo eslabón a la larga cadena de actos contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Promueve discursos de odio, habilita la violencia y niega la desigualdad por motivos de género”, dijo la legisladora. Y advirtió que la disolución del área “no es solo un problema en materia de política pública sino también un mensaje hacia la sociedad: la violencia contra las mujeres no importa”.
Denuncian el vaciamiento de “las políticas de prevención de la violencia de género”
Trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunciaron este jueves con una radio abierta que les anunciaron el despido a fin de mes de más de 500 personas, que representan el 80% de la planta, por lo que la única área que ha quedado después de la disolución de la cartera quedaría en funcionamiento con solamente unos 100 trabajadores.
Por eso anunciaron un plan de lucha que continuará la semana que viene.
“Transcurridos los primeros cinco meses de gobierno, nos encontramos con un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género, producto del brutal ajuste que el gobierno de Milei quiere seguir perpetuando en pos de la desaparición del Estado nacional y para profundizar su política de confrontación con las mujeres, LGBTI+ y los feminismos en general”, afirmaron en un comunicado.
Los despidos, que se concretarían el 30 de junio, fueron comunicados a la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, Claudia Barcia, por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. Horas después, Barcia presentó su renuncia indeclinable.
El desguace comenzó meses antes: entre diciembre y marzo habían sido despedidos cientos de trabajadores del ex Ministerio, bajándolo de jerarquía hasta Subsecretaría, situación que se sumó al cierre de la sede principal de la cartera y el traslado de sus funciones a la órbita de la Secretaría de Justicia.
La comunicación de los nuevos despidos se enmarca además en los días posteriores al masivo Ni Una Menos y en el mes del orgullo LGTBI+.
Mónica Macha, diputada nacional de Unión por la Patria, participó en el mediodía del jueves de la radio abierta organizada por ATE Capital: “Todo lo que se construyó en este ministerio tiene tal vez alguna cuestión muy singular, que es un ministerio construido desde la militancia”, aseguró. Y puso a disposición “las herramientas constitucionales que tenemos en el Congreso, tanto las que tenemos en nuestro bloque y los compañeros y compañeras que estamos ahí, como la Comisión de Mujeres y Diversidades”.
“No hay en la historia de este país un ministerio que se haya construido con la militancia y que tan rápidamente se quiera hacer desaparecer, entonces no hay dudas que esto es contra el feminismo y el transfeminismo. Hemos logrado parir un movimiento transversal que se autogestiona, que tiene otras formas de participación y por supuesto para quienes quieren establecer una instancia de dominación esto es un peligro. Hagamos valer nuestros derechos”, afirmó.
El cumplimiento de leyes y tratados
Los trabajadores denunciaron también que, junto a los despidos, se vacían áreas que garantizan políticas públicas que la cartera sigue teniendo bajo su responsabilidad y que surgen de normativas vigentes.
Entre ellas mencionaron la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), la Ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Micaela (Ley 27499.
En el plano internacional, se dejaría de cumplir con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres Belem do Pará; y la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), de 1980.
“Esta situación en relación a los acuerdos y tratados internacionales de los cuales Argentina es parte es un compromiso del que hay que dar cuenta. No es ‘se disolvió y ya fue’, esa es una herramienta para pelear”, dijo en ese sentido la diputada Macha en diálogo con Somos Télam.
“Presentamos un exhorto al Ejecutivo, estamos con acciones legales, porque creo que es un momento para afinar todas las estrategias: Argentina se comprometió en particular en relación al Ministerio a llevar adelante políticas públicas en el contexto de una región, hay que hacerlo valer”, concluyó.
