Perú | El Gobierno anuncia que presentará una demanda contra Poder Judicial y el Ministerio Público por los allanamientos realizado en el caso de corrupción contra Boluarte
Dina Boluarte interpondrá demanda competencial ante el TC contra el PJ y el Ministerio Público
Por Mariana Quilca
El Ejecutivo interpondrá una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional por un supuesto «menoscabo» a las funciones y competencias de la presidenta Dina Boluarte. La resolución se publicó en El Peruano.
Según el documento, el viernes 17 de mayo, tras sesión de Consejo de Ministros, se acordó que el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, sería el encargado de hacer la demanda. En ese sentido, se dispuso que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional sea quien represente al Ejecutivo ante el TC.
«Disponer que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en el proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial», se lee en la Resolución Ministerial 151-2024-PCM, firmada por Gustavo Adrianzén.
La decisión del Ejecutivo supuestamente respondería al allanamiento de la vivienda de la mandataria en Surquillo y a Palacio de Gobierno ocurridas el pasado 30 de marzo, en el marco de las investigación que se le sigue por el caso Rolex, bajo el argumento de que la presidenta no puede ser allanada sin que se le levante el antejuicio.
Como se recuerda, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, fue quien autorizó el pedido del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para los allanamientos a la mandataria.
Además, el coronel PNP Harvey Colchado, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de la Diviac, fue el que lideró los operativos. Mientras que el grupo de fiscales estaba dirigido por el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza.
Caso Rolex: fiscal de la Nación prepara denuncia constitucional contra Dina Boluarte
¿Manotazos de ahogado? ¿Qué es lo que realmente pretende Boluarte Zegarra al presentar esta demanda competencial ante el TC? Como se sabe, el 19 de mayo terminó el plazo de la investigación preliminar que realizó el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la mandataria y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el caso Rolex.
Entonces, lo que seguiría tras cumplirse el plazo es presentar una denuncia constitucional ante el Congreso en contra de la mandataria o, de lo contrario, se archivaría el caso.
En su última presentación ante el Congreso, Juan Carlos Villena señaló que en los próximos días se pronunciará sobre la denuncia que involucra a la Boluarte y a otros funcionarios.
De esta manera, podría ser que, con la presentación de esta demanda ante el TC, lo que la presidenta pretendería es, una vez más, frenar las denuncias en su contra.
Cabe señalar que, en caso Villena presente la denuncia ante el Parlamento, las posibilidades para que esta prospere son casi nulas, si se tiene en cuenta el apoyo que tiene la jefa de Estado de parte de una gran mayoría de congresistas.
Dina Boluarte ya cuenta con nuevo abogado tras la renuncia de Mateo Castañeda: ¿quién es?
Por Narda Saavedra
El martes 21 de mayo se llevó a cabo la audiencia por la tutela de derechos solicitada por la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte, en el contexto de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. El abogado de la mandataria busca que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria instruya al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, a concluir las diligencias preliminares en un plazo de 60 días, conforme a la ley, con el objetivo de asegurar el debido proceso de la investigación.
En la audiencia estuvieron presentes los representantes del Ministerio Público, Hernán Mendoza, y de la Procuraduría, Milton Vílchez. Además, se presentó el nuevo abogado de la jefa de Estado, quien asumió su defensa luego de la renuncia de Mateo Castañeda.
¿Quién es el nuevo abogado de Dina Boluarte?
En ese contexto, se conoció que la defensa técnica de la mandataria está representada por el abogado Eduardo Barriga, quien forma parte del estudio jurídico Castañeda & Menacho. Si bien la firma había informado que ya no representaría a la mandataria, Barriga dijo que asumirá su defensa temporalmente para evitar dejarla sin abogado.
Barriga sustentó que la Fiscalía ha infringido los derechos de defensa y el debido proceso de la persona defendida, además de haber llevado a cabo diligencias preliminares sin la presencia de su abogado.
El magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, escuchó al abogado de Boluarte, así como a los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, durante la audiencia de evaluación de la tutela de derechos presentada por la defensa. Esta acción se derivó del caso relacionado con los relojes de lujo Rolex y otras joyas que supuestamente fueron prestadas a la mandataria por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Nuevo abogado de Dina Boluarte también defendió a Mateo Castañeda
El estudio Castañeda & Menacho anunció este lunes su decisión de apartarse de la defensa de la mandataria y de su hermano Nicanor Boluarte con el objetivo de «no perjudicar» a la institución presidencial.
“Nuestro estudio de abogados ha decidido apartarse de la defensa de la señora presidenta Dina Boluarte y de Nicanor Boluarte con el objeto de no perjudicar a la institución presidencial”, indicó la firma de abogados ante el Poder Judicial luego de que la detención preliminar contra Mateo Castañeda y el hermano de la presidenta fuera revocada.
Días antes, cuando se aplicaba la medida restrictiva, el abogado de Mateo Castañeda, Eduardo Barriga, denunció que el coronel Harvey Colchado estuvo en las instalaciones de la Diviac pese a estar suspendido temporalmente de su jefatura; por ende, solicitó la intervención de la Inspectoría de la Policía Nacional.
