Ecuador | Ambientalistas denuncian a Noboa en la Corte Constitucional y la CIDH por no aplicar la voluntad popular sobre el Yasuní
Ambientalistas denuncian a Daniel Noboa en la Corte Constitucional y la CIDH por no aplicar la voluntad popular sobre el Yasuní ITT y el caso Olón
Por Sugey Hajjar
Organizaciones sociales y ambientalistas piden a la Corte Constitucional (CC) que active su atribución de constatar el cumplimiento de dos sentencias en materia ambiental al considerar que el gobierno de Daniel Noboa Azín las estaría incumpliendo.
Hasta la sede de la Corte Constitucional en Quito arribaron, este 10 de mayo de 2024, delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de los YASunidos y la Alianza por los Derechos Humanos para entregar oficios a la CC para que se dé inicio al seguimiento a dos de sus fallos.
Uno de ellos es para dar seguimiento al cumplimiento de los resultados de la consulta popular de agosto de 2023, en la que el electorado votó a favor de impedir la explotación de crudo en el bloque 43, ubicado en el Yasuní ITT.
Esto, en tanto que la CC al aprobar el llamado al plebiscito ordenó que en el plazo de un año se cumpla con varias acciones que garanticen el retiro de la empresa pública Petroecuador.
A poco de tres meses de cumplirse un año del sufragio, Noboa decidió por Decreto Ejecutivo 257 crear un Comité de Ejecución de la voluntad popular del Yasuní – ITT para que lleve a cabo los procedimientos con esos efectos.
El segundo pedido de los colectivos sociales, se refiere al cumplimiento de una sentencia en la que la CC prohíbe ejecutar proyectos o actividades productivas; y, al contrario, permite condicionadamente la construcción de infraestructura pública para garantizar acceso a servicios públicos de las comunidades que viven en ecosistemas de manglar.
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El pedido surge debido a denuncias de comuneros y activistas de que en el esterillo Oloncito, en Olón (Santa Elena) y que sería considerado bosque protector, se construye un proyecto habitacional impulsado por la compañía Vinazin S. A., cuya accionista mayoritaria es Lavinia Valbonesi, esposa del presidente de la República, Daniel Noboa.
A este acto asistió Leonidas Iza, presidente de la Conaie, quien ingresó las solicitudes y reprochó que la creación de este Comité de Ejecución es una “cortina de humo para tapar el caso Olón, porque no tiene intención para cumplir el voto popular. El presidente lo que hace es crear un organismo, este Comité de Ejecución de la voluntad popular, para que interprete lo que dice la consulta. Esto es arbitrario”, manifestó Iza.
A ello sumó hechos como que las escrituras de los terrenos comprados por la familia Noboa en Olón, en los que se construye el complejo de vivienda, serían del “23 de septiembre de 2023″ y que son territorios de los pueblos ancestrales de la Costa.
“En este momento es de vital importancia que la Corte Constitucional dé seguimiento al cumplimiento de sus sentencias y el Gobierno está obligado a cumplir”, dijo Iza y llamó a las comunidades a la unidad para preparar estrategias de defensa de sus territorios.
También asistió Simón Velasco, un hombre que dijo ser parte de la comuna de Olón, quien acusó a la familia Noboa de intentar “apropiarse” de los terrenos para la construcción del proyecto del que tuvieron conocimiento desde octubre del 2023.
Velasco denunció que se han “talado alrededor de 21 árboles endémicos” para el proyecto; y que, meses atrás el primer mandatario visitó Olón y entregó juguetes.
Pedro Bermeo, representante de YASunidos, insistió en que el régimen está incumpliendo con los resultados de la consulta sobre el Yasuní de llevar a cabo un retiro progresivo de la maquinaria de explotación petrolera.
Bermeo informó que el 8 de mayo pasado, YASunidos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un escrito en el que detallan el incumplimiento de los resultados del plebiscito lo que impide que se garantice el estado de derecho.
Reclamó que Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 257 de forma extemporánea, ya que se lo presenta nueve meses tarde del sufragio.
“Este decreto no establece un cronograma y no significa el cumplimiento de la voluntad popular”, increpó Bermeo.
