Argentina: ¿Qué pasa con la Ley Bases? El Congreso, entre tensiones desde abajo y desde arriba – Por Emilia Trabucco
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La Ley Bases y el paquete fiscal, el combo de megaproyectos legislativos que ya tienen media sanción en la Cámara de Diputados, busca su aprobación en la Cámara de Senadores en Argentina. El Senado cerró la segunda semana de debate, sin que el oficialismo logre el dictamen de las comisiones para pasar a su votación en el recinto.
El gobierno de Javier Milei y sus aliados intentaron presionar la votación para llegar al tan anunciado Pacto de Mayo con los gobernadores, que estaba previsto para el 25 de mayo en la provincia de Córdoba. Evalúan en esa fecha firmar el “documento de 10 puntos” en soledad, en un acuerdo simbólico con la ciudadanía. Cinco gobernadores ya han anunciado que no asistirán, más allá de la fecha: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Aunque el escenario probable es que el oficialismo consiga los votos necesarios en el Senado – lo que haría que el proyecto vuelva a Diputados con modificaciones y pueda ser aprobado por mayoría simple-, todavía hay final abierto. El escenario político no transcurre sin tensiones, en medio de reuniones en el detrás de escena y declaraciones cruzadas en las redes sociales.
El bloque opositor de Unión por la Patria ha garantizado sus 33 votos en contra, y busca los 5 votos restantes para llegar a la mayoría necesaria para dar de baja el paquete legislativo.
Los y las senadoras que todavía no han hecho público su voto son nueve: los radicales Martín Lousteau (CABA) y la chubutense Edith Terenzi; los integrantes del bloque Unidad Federal, Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos); los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano; la rionegrina Mónica Silva, la neuquina Lucila Crexell y la cordobesa Alejandra Vigo.
En la búsqueda del voto a voto, el gobierno hizo un “guiño” a un sector del bloque de la Unión Cívica Radical: giró los fondos de funcionamiento solo a la Universidad de Buenos Aires, quien dió por tierra la declaración de emergencia presupuestaria. Ello no fue bien recibido por los actores universitarios, ya que las restantes 60 universidades siguen soportando la crisis, y el congelamiento de salarios no se resuelve. Una maniobra que intenta romper la unidad de los sectores que protagonizaron la masiva marcha del 23 de abril.
Este hecho hace dudar del voto de Martín Lousteau, ya que Emiliano Yacobiti, vicerrector de la UBA, pertenece a su espacio. Si se confirmara la conexión del pago como un acuerdo para acompañar la ley, Lousteau se sumaría al grupo de los legisladores que ya decidieron acompañar la iniciativa del gobierno, traicionando a les argentines que con su voto le otorgaron la representación democrática de sus intereses. Cristina Kirchner, ex presidenta, hizo referencia al posible acuerdo: “Hay algunos que arreglan por la de ellos, agrupación ‘voy por la mía’”.
Las presiones al Congreso llegan tanto desde las corporaciones como desde las organizaciones. Hay que recordar que el tratamiento del proyecto de ley original fue rechazado “sorpresivamente” en febrero, en un escenario que supuso tanto un golpe del “Círculo Rojo” comandado por Mauricio Macri, como de las organizaciones que se manifestaron en su contra para evitar su tratamiento, duramente reprimidas con el protocolo antipiquetes de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En esta segunda temporada, el presidente Milei y su gabinete siguen sosteniendo su conocido estilo confrontativo en la agenda pública, más allá de los acuerdos que vienen caminando sus operadores. El 14 de mayo, durante la inauguración del busto del ex presidente Carlos Menem, Milei elogió las políticas neoliberales de su gestión frente a varios de los familiares que hoy son parte de su gabinete. Aceptó que el Pacto de Mayo puede postergarse pero dijo: “No hay problema, las reformas estructurales son para el largo plazo y si no es en mayo, será en junio o en julio, pero tarde o temprano las vamos a hacer”. A ello agregó que “la reforma de Menem fue la más grande de la historia, sólo la Ley Bases es cinco veces más grande, si le sumás el DNU, 8, … y te aviso: el total que tenemos pendiente son 3200 más”.
Lo que es evidente es que desde el Ejecutivo están más interesados en responder a los intereses privados, a pesar de los múltiples reclamos que llegan desde las organizaciones populares. El 15 de mayo, en la Facultad de Sociales de la UBA, las centrales sindicales, junto con organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, feministas y estudiantiles anunciaron que se realizará una gran movilización en unidad el día que se vote la ley. Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo dijo que “la unidad se demuestra con hechos, no con palabras. Estamos demostrando la resistencia”. Pablo Moyano, de la CGT, remarcó que la ley perjudica a los argentinos y “tiene que ser motivo suficiente para que nos movilicemos al Senado”.
El gobierno sigue desoyendo a las organizaciones y su agenda transcurre en reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el empresariado. El 16 de mayo, Milei habló frente a los empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), disparando contra los analistas que critican su política económica.
Su objetivo fue llevar confianza a los inversores, aunque parte de los privados se mantienen escépticos aún, acompañando la ley con algunos señalamientos. Los cruces protagonizados por Eduardo Eurnekian, vicepresidente del Cicyp, muestran las tensiones con el gobierno. El empresario, dueño de Corporación América, criticó públicamente a su ex empleado, y parafraseando al presidente dijo: ¿Él me pide a mí que yo invierta? Si me pide a mí que invierta, decile que yo digo que ponga las bolas y dirija el país ”.
La Unión Industrial Argentina (UIA) también se ha manifestado en contra del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que plantea privilegios fiscales y cambiarios a capitales extranjeros, pero no para el empresariado con cierto asiento nacional. Parece emerger nuevamente la disputa entre el “Círculo Rojo» analógico y el digital, según las palabras del propio presidente.
El FMI elogió el rumbo del gobierno, destacando el superávit fiscal logrado también este mes, aunque es de público conocimiento que los números positivos esconden una gran deuda energética y un ajuste brutal principalmente sobre les jubilades, aspecto sobre el que el propio organismo hizo señalamientos. Liberó además una partida de u$s 800 millones destinada a amortiguar los efectos de la crisis para evitar el temido estallido social. El organismo también festejó la baja de la inflación, que según el INDEC, fue de 8,8% en mayo, ocultando la brutal caída de la actividad y del consumo interno por la desregulación de precios, la destrucción del ingreso y la quita de subsidios a la clase trabajadora.
El plan de ajuste y destrucción de las condiciones mínimas de subsistencia de millones de argentines sigue su curso gracias a la vigencia del mega DNU 70 y las medidas ejecutadas por el gobierno desde sus carteras, principalmente la de Economía, a cargo de Luis Caputo. Frente al aumento de la conflictividad social esperada ante este plan para unos pocos, se agudiza la estrategia de criminalización de las organizaciones y de la pobreza.
Esta semana, se habilitaron 27 allanamientos a comedores comunitarios, que siguen sin recibir un solo peso del presupuesto asignado para alimentos, bajo el discurso perverso de la “extorsión” de dirigentes y la corrupción. Las fuerzas de seguridad ingresaron a locales y a domicilios particulares, secuestrando teléfonos y pertenencias de referentes, muchas de ellas mujeres que se encuentran al frente del sostenimiento, a duras penas y sin recursos, de los comedores que alimentan a más de 10 millones de personas por día.
Esta situación se agravará en caso de que les legisladores vendan su voto al mejor postor y garanticen la aprobación de una Ley que supone una brutal transferencia de recursos de les trabajadores a las corporaciones, una destrucción del entramado productivo y una entrega sin precedentes de los recursos estratégicos nacionales a los capitales internacionales, lo que significa básicamente convertir a Argentina en un paraíso fiscal para los fondos especulativos y un infierno para las mayorías populares.
Todo parece coincidir en que la única forma de hacer valer el mandato popular será manifestando el rechazo en las calles, en unidad, como lo han expresado muchas y muchos dirigentes. Los días que vienen serán determinantes para seguir construyendo la capacidad de ejercer presión desde las organizaciones, aprovechando que tampoco el Círculo Rojo parece dirimir sus internas.
*Psicóloga y Magister en Seguridad de la Nación. Directora del Área de Universidad Género y Trabajo del IEC-CONADU. Analista de CLAE Argentina.
