Ecuador: la consulta popular que militarizó un Estado – Por Rommel Aquieta Núñez

Ecuador: la consulta popular que militarizó un Estado

Por Rommel Aquieta Núñez *

El pasado fin de semana la sociedad ecuatoriana acudió a las urnas para decidir sobre una consulta popular y un referéndum promovidos por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Tras los resultados es evidente que el pequeño país latinoamericano decidió convertirse en un Estado militarizado. Esta realidad, sin embargo, parece no preocupar a la gran mayoría de la población nacional.

Once preguntas, cinco de referéndum o enmienda constitucional y seis de consulta popular fueron parte del escenario que el gobierno nacional construyó para consolidar su “aceptación” y su “papel heroico” ante la sociedad ecuatoriana. “Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas”, comentó Noboa tras conocer los resultados preliminares de la jornada electoral.

Ante estas declaraciones surgen varias interrogantes que bien podrían ser parte de una consulta más personal, íntima y reflexiva entre los ecuatorianos. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué representa esa lucha a la que se refiere Noboa?, y sobre todo ¿Cuál será el precio que deberá pagar la sociedad para devolverle la paz a las familias que la conforman?

De las once preguntas propuestas, ocho —es decir la mayoría— tienen relación con la seguridad nacional, con las herramientas a las que hace alusión Noboa. Pero este no es un tema cualquiera. Ni tampoco un tema secundario como muchos analistas han señalado. La seguridad dentro del contexto que atraviesa actualmente el Ecuador, es un tema que tiene una fuerte vinculación política, económica y sobre todo social.

A mediados de los años 80, durante su período presidencial (1984-1988), el líder máximo del Partido Social Cristiano (PSC) en Ecuador, León Febres Cordero, daba a conocer parte de su propuesta y política de gobierno a través del siguiente discurso: “vamos a combatir al terrorismo como la máxima expresión del crimen contra la sociedad, el grupo especializado que hemos conformado continuará con las investigaciones a fondo, 24 horas al día, 365 días al año. Vamos a presentar un proyecto de reforma al Código Penal, proyecto que contemplará la pena de cadena perpetua, porque consideramos que, ecuatorianos, esta es la hora de aquellos que respetamos todas las ideologías, esta es la hora de la Patria”.

Las ideas de este discurso pronunciado hace 40 años, si se analizan con detenimiento, bien pueden resultar una base o al menos parte de un nuevo pero similar proyecto que en la actualidad y desde el gobierno de turno sigue buscando a toda costa erradicar la delincuencia, el crimen organizado y sobre todo el “terrorismo”, restableciendo la paz y garantizando el orden social.

Según datos del informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador, conformada en el año 2007, “la hora de la Patria” es también el período donde 310 personas fueron víctimas de violación de sus derechos humanos. El combate contra el “terrorismo” y la “paz” conseguida en aquella época representó privación ilegal de la libertad, tortura, atentado contra el derecho a la vida, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y violencia sexual.

La política del pasado parece cobrar vida en el presente. Las intenciones y los intereses de ciertos grupos de poder en Ecuador parecen no haber cambiado y ahora son la línea de acción de unos nuevos protagonistas. Hoy esos mismos intereses buscan consolidarse y lo hacen tal vez desde otras formas, pero siempre con el mismo fondo.

Noboa a través de sus planes, líneas políticas y su última consulta popular por fin consiguió constitucionalizar la presencia militar en tareas de control policial. Es decir, la militarización de la seguridad nacional hoy cuenta en el Ecuador con un blindaje constitucional. Adicionalmente, logró un control de las salas judiciales especializadas para resolver garantías constitucionales como la acción de protección o el hábeas corpus.

También obtuvo el respaldo de la sociedad para que se incrementen las penas de los delitos relacionados al terrorismo y el crimen organizado. Lo que nunca quedó claro en este punto y para todos los votantes fue cuál sería el famoso incremento, ya que de eso jamás se mencionó ni una palabra por parte del gobierno y sus representantes.

De otro lado, el actual mandatario ecuatoriano consiguió el apoyo necesario para negar el acceso a regímenes semiabiertos o abiertos en relación al cumplimiento de penas relacionadas con delitos contra la seguridad pública.

Por último y como cereza del pastel, Noboa obtuvo un contundente apoyo para que las armas, explosivos y municiones, material de un delito, puedan ser usadas por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Integral Penal, lo que bien podría representar, dada la realidad nacional actual, mucha complejidad a la hora de descifrar en un delito o homicidio si el sospechoso es un “terrorista”, un criminal común o quizás un agente de las fuerzas de seguridad del Estado.

Jaime Nebot, sucesor de Febres Cordero, cuando fungía como gobernador del Guayas en 1985, manifestaba públicamente: “hoy día, como ayer y como mañana os daremos órdenes precisas policías, órdenes precisas y claras porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salir a usar esas armas de fuego… ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes y terroristas… pero a nosotros nos preocupa más los derechos humanos de esa ciudadanía que está aquí inerte ante la acción de la delincuencia y de quien está detrás de esa delincuencia, porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida”.

Lo cierto es que en el Ecuador, la búsqueda de esa paz tan anhelada ha sido una utopía constante sin resultados definitivos. El combate a la delincuencia y el aniquilamiento del “terrorismo” se han vuelto entonces un eje principal para delinear políticas estatales.  Bajo este contexto, entre el ayer y el hoy se ha configurado un nuevo futuro de violencia política y ya no solo criminal. Un futuro donde la violencia se nutre de las decisiones gubernamentales de turno, uno que para aquellos que tienen buena memoria, refleja y huele a pasado reciente y fórmula reciclada. Un futuro donde el “terrorismo” será siempre la palabra clave para implantar miedo entre la sociedad, consiguiendo con ello imponer políticas oscuras que poco a poco muestran sus verdaderos trasfondos.

No olvidemos que hace apenas un par de años, Guillermo Lasso antecesor de Noboa en la presidencia del Ecuador, también planeaba erradicar al terrorismo, amenazaba y acusaba de “anarquistas y terroristas” a quienes se levantaron contra su gobierno y las medidas económicas que impuso en el país, siempre apelando a los discursos y las ideas frecuentes de otros líderes de la derecha ecuatoriana. “Los vamos a enfrentar con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública… para que terminen con sus huesos en la cárcel”.

En 2023, el mismo Lasso anunció como parte de sus medidas contra la delincuencia y la inseguridad en el país, la autorización para la tenencia y porte de armas de uso civil. Los crímenes no se redujeron, la delincuencia aumentó, los aparatos militares y represivos consiguieron mayor preparación y protección, mientras que la violencia ciudadana se convirtió en una nueva preocupación.

Noboa hoy toma las mismas líneas discursivas y de acción del pasado reciente, perfeccionando y ejecutando con precisión la política de todos sus antecesores cercanos ideológicos. Ahora cuenta con las herramientas, como él mismo las llama, para luchar contra la delincuencia, el terrorismo y los enemigos internos de ayer y hoy. Su objetivo final es devolver la paz a las familias ecuatorianas, pero tal vez en la búsqueda de esa paz no estaría mal tener todo preparado para controlar a quien se oponga a sus proyectos o se cruce en su camino a una futura reelección.

*Rommel Aquieta Núñez es ecuatoriano. Papá, militante y lector de tiempo completo. Comunicador social, periodista e investigador independiente en temas de memoria política. Magíster en comunicación con mención en visualidad y diversidades, y colaborador del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro IDEAL.