La Asamblea tendrá 60 días para tramitar seis leyes según resultados de la consulta popular
Consulta: La Asamblea tendrá 60 días para tramitar seis leyes
Con los resultados del conteo rápido y la tendencia en el escrutinio oficial, las seis preguntas de la consulta popular fueron aprobadas. Esto implica que el presidente Daniel Noboa deberá remitir los seis proyectos de ley planteados en dichas preguntas.
El presidente Daniel Noboa consiguió aprobar las seis preguntas que planteó para la consulta popular que implican reformas legales en materia penal y de seguridad pública, según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas tienen un futuro distinto a las otras cinco preguntas del referendo constitucional (A, B, C, D, E), que irán directamente al Registro Oficial una vez que se proclamen los resultados.
Mientras que las preguntas F, G, H, I, J y K, que recibieron entre el 64% y 71% de respaldos, deberán esperar su trámite en la Asamblea Nacional.
Se trata de las propuestas que buscan que:
- Los militares realicen controles permanentes de armas en las vías de ingreso a las cárceles.
- Se incrementen las penas en una decena de delitos.
- Los sentenciados por una docena de delitos completen toda su pena en prisión.
- La tenencia de armas de uso militar y policial sea un delito.
- Las fuerzas públicas puedan utilizar las armas confiscadas a los delincuentes.
- Los bienes de origen ilícito sean traspasados rápidamente al Estado.
Una vez que se oficialicen los resultados, el presidente Daniel Noboa tendrá cinco días para remitir los proyectos de las seis leyes en cada materia al Legislativo.
Solo entonces se conocerá el detalle de cada una de las propuestas que no fue planteado en los anexos de la consulta.
Y la Asamblea tendrá, a su vez, un plazo máximo de 60 días para debatirlos, aprobarlos y devolverlos al Ejecutivo para su veto o para su inmediato envío al Registro Oficial. Esto en medio de la agenda propia del Parlamento, que no solo cuenta con decenas de leyes en trámite, sino también procesos de fiscalización.
En el transcurso de esos dos meses, las discusiones dentro del Legislativo estarán marcadas por la obligatoriedad de aprobar lo decidido en la consulta.
Sin embargo, las fuerzas políticas tendrán la posibilidad de hacer ajustes en los planteamientos de estas leyes. E, incluso, podrán ratificarse en sus textos en caso de que el presidente Noboa los objete parcialmente.
Con estos pasos por delante, las reformas legales propuestas en la consulta popular podrían entrar en vigencia en un lapso de tres a cuatro meses.
Consulta popular: Daniel Noboa tiene listos los proyectos de ley que enviará a la Asamblea
El presidente Daniel Noboa tiene listos los proyectos de ley que enviará a la Asamblea Nacional para dar cumplimiento a los resultados de la consulta popular, en las preguntas en que se impuso el Sí.
La asambleísta oficialista, Valentina Centeno, dijo este 22 de abril que el mandatario está esperando únicamente que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclame los resultados oficiales.
Hasta este momento, el CNE ha escrutado cerca del 70% de las actas en la mayoría de preguntas. El Sí se impone en nueve y el No en dos.
Y aunque la ley le da un plazo de cinco días para remitir los proyectos, a partir de la proclamación, estos podrían llegar antes. De ahí, la Asamblea tiene 60 días para aprobar los textos que envíe el Ejecutivo.
Centeno explicó que de las nueve preguntas aprobadas, cinco tendrán que ir obligatoriamente a la Asamblea. Estas son las relativas a:
- El incremento de penas para determinados delitos
- Que los condenados por ciertos delitos cumplan la totalidad de la pena
- Que se tipifique el porte y tenencia de armas de usos privativo de policías y militares
- Que las armas, municiones, explosivos incautados sean entregados a las fuerzas del orden
- La simplificación de la extinción de dominio de bienes de origen ilícito
En tanto que, todas las preguntas de enmienda constitucional y reforma parcial a la Constitución entran en vigencia automáticamente.
Búsqueda de las comisiones
Este 22 de abril, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), se reunió con Centeno y otros legisladores para empezar a delinear temas como el de la comisión o comisiones que tratarán los proyectos que envíe el presidente Daniel Noboa.
Al tratarse la mayoría, de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) podría ir a la Comisión de Justicia, liderada por Fernando Cedeño, de la Revolución Ciudadana.
También, está en análisis la mesa legislativa que se podría encargar de la simplificación de la extinción de dominio. La última reforma sobre este tema fue tratada en la Comisión de Desarrollo Económico.
Según Centeno, hay un pedido de algunas bancadas de que «aprovechando» las eventuales reformas al COIP, se puedan incluir también ciertos temas que están represados en la Asamblea.
Definir, si esto es posible, es otro de los puntos a definir en la reunión que tendría Kronfle con otros legisladores este lunes.
«La Asamblea no puede irse en contra de ninguno de los conceptos y premisas que constan ni en las preguntas ni en los anexos, sí podrían aumentarse cosas (…), pero la voluntad del pueblo en las urnas va a ser respetada», aseguró Centeno.
Posturas legislativas
Pese a que apoyaron el ‘No’ en las 11 preguntas de la consulta popular y referéndum, el correísmo considera que se debe cumplir el mandato popular en las preguntas que tuvieron un triunfo.
Franklin Samaniego recordó que gran parte de las reformas al Código Penal ya han sido tratadas en la Asamblea y no habría ningún problema para continuar con la propuesta que envíe el gobierno.
Otra organización política con la que el gobierno se ha abierto un frente es el movimiento Construye. Sin embargo, Jorge Peñafiel, que es parte de esa bancada en la Asamblea, señaló que contribuirán con la propuesta para que se cumpla la votación ciudadana.
Asamblea Nacional echa tierra a las reformas al COIP y espera proyectos del Ejecutivo para reglar lo aprobado en consulta popular
La Asamblea Nacional no se instalará para concluir la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), suspendida el 15 de febrero pasado. El paquete de 86 reformas quedará ahí y se archivará una vez transcurrido el plazo de 60 días. Para el Parlamento prevalecerán los resultados de la consulta popular del pasado 21 de abril impulsada por el presidente Daniel Noboa.
El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, afirmó que no volverá a convocar para tratar la continuación de la sesión No. 900, suspendida por falta de quórum y votos. La urgencia será tramitar los textos que permitirán plasmar la aprobado en el plebiscito.
Kronfle aseguró que no hay consenso sobre las 86 reformas al COIP, por lo tanto, “quedarán ahí”. Según él, la mejor vía para alcanzar cambios a la norma penal es la consulta, por lo tanto, esos cambios prevalecerán sobre el proyecto que quedó trunco. La Asamblea Nacional, en adelante, estará más enfocada en ejecutar los temas aprobados en la consulta, porque no hay escenarios favorables para votar las reformas al COIP.
Las distintas bancadas legislativas se pronuncian con cautela sobre un respaldo político en la Asamblea a las reformas que podría remitir el Ejecutivo para reglar lo aprobado en las urnas el 21 de abril. Esperan conocer el contenido antes que anticipar un apoyo.
La coordinadora del bloque de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno, tras calificar de triunfo electoral lo alcanzado en las urnas el domingo, habló de que el Ejecutivo tiene listos los proyectos de ley que recogerán los resultados de la consulta popular, y que el Parlamento tendrá que aprobarlos en 60 días como consta en los anexos.
Centeno se reunió con el presidente de la Asamblea para hablar sobre el mecanismo para el procesamiento de los proyectos y definir las comisiones que tramitarán las iniciativas del Ejecutivo respecto a las reformas al COIP y a la ley de Extinción del Dominio. La representante del gobierno dijo que está segura que los legisladores entienden sus competencias y que jamás se podrían ir en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano.
La legisladora Centeno aseguró que el presidente Noboa tiene preparados los proyectos y que solo esperan la proclamación de los resultados oficiales para remitirlos a la Asamblea.
Para la oficialista los anexos de las preguntas de la consulta popular deben ser respetados y la Asamblea no puede irse en contra de ninguno de los conceptos ni de las premisas que constan en las preguntas y sus anexos, aunque dejó abierta la posibilidad de que se pueda agregar cosas y cualquier bancada puede aprovechar el momento e incluir ciertos textos represados en el Parlamento.
Más allá de las diferencias y las fisuras con la bancada de la Revolución Ciudadana y el movimiento Construye, Centeno manifestó que ahora es un nuevo momento de la Asamblea Nacional, donde la prioridad será reglamentar los resultados de la consulta popular, por lo dijo que está convencida que encontrarán un consenso técnico en el marco de la ley. Y para los demás temas tendrán que seguir encontrando mayorías móviles, aunque reveló que el Presidente de la República en el corto plazo no tiene pensado enviar nuevas leyes económicas al Parlamento.
La bancada del Partido Social Cristiano (PSC), según su coordinador Vicente Taiano, aprovechará el trámite de las reformas que deberán aplicarse al COIP tras la consulta popular para incluir algunos textos que podrían rescatarse del proyecto que quedó pendiente de votación.
Para ello, la bancada PSC tiene casi listo un proyecto con aquellos temas que no son parte del consulta popular y que bien podría ser aprovechados los tiempos para incluir otras reformas para dar más herramientas a los operadores de justicia para combatir la delincuencia. Consideró que las reformas al COIP, que venía tramitando el Parlamento, están totalmente caídas y que prevalecerán los textos que enviará el presidente, Daniel Noboa.
Taiano dijo que sin duda las propuestas que debe enviar el Ejecutivo al Parlamento tendrán impacto en la agenda legislativa, pero de manera paralela el legislativo puede tramitar todas las demás reformas que esperan una aprobación.
El representante del PSC advirtió que los conceptos de los temas de la consulta están claros, pero que los textos pueden tener modificaciones para bien, pero nunca en contra del mandato ciudadano. Consideró que se aprobarán las reformas, pero con algunos cambios.
El representante del movimiento Construye, Camilo Salinas, dijo que su organización política tiene desde enero pasado una agenda legislativa que en contra de la delincuencia organizada, mafias e impunidad; por ello, esperan revisar la propuesta que remita el Ejecutivo sobre los temas que se aprobaron en la consulta popular.
No hay duda que Construye analizará los proyectos que remita el Ejecutivo con los temas aprobados en la consulta popular y los apoyará en la medida de que se recoja los textos que la ciudadanía apoyó en las urnas como la extradición y la extinción del dominio. Los textos que se incluyan en el proyecto deben ser puntuales y honrar lo que se aprobó en las urnas, pues si cambian algo estaremos alertas para informar posibles “artimañas”.
Salinas consideró que el mandato de las urnas registrado el domingo pasado prevalece antes que las reformas al COIP que estaban en trámite en la Asamblea, porque como bancada Construye planteó el archivo de ese proyecto al intentar beneficiar a la impunidad y al crimen organizado.
Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, insistió que el presidente Noboa no tendría que hacer mayor esfuerzo, porque ya está en la normativa todo lo relacionado al papel de las Fuerzas Armadas en el control de armas y sobre la extinción de dominio.
Comentó que Pachakutik pedirá que se someta a votación las reformas al COIP, cuya votación quedó suspendida en febrero pasado, aunque anticipó que no darán paso a la legislación sobre recursos de revisión y además permitir el acceso a la información de las indagaciones previas en acciones judiciales.
¿Qué cambia para las Fuerzas Armadas con los resultados de la consulta popular?
Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) son la institución más popular del país, por encima del Estado, la Iglesia católica y los medios, y esta popularidad ha perdurado en el tiempo. Su apoyo, por lo tanto, es esencial para los políticos, que han intentado en múltiples ocasiones ‘contagiarse’ de esta popularidad.
Es en parte por eso que cuatro de las once preguntas planteadas por el régimen de Daniel Noboa tenían que ver con las FF. AA., ya sea con su rol en complemento a la Policía Nacional en operativos de control interno, de la fuente de su armamento, o de sus funciones en el control de las cárceles, un sistema en crisis.
De acuerdo con los resultados del conteo rápido reportado por el Consejo Nacional Electoral la noche del pasado domingo 21 de abril, los resultados de las preguntas que mencionan a las FF. AA son los siguientes:
- A, sobre el apoyo de militares en operativos policiales: 63,05 % sí, 26,95 % no.
- F, sobre controles permanentes en vías que permiten ingreso a cárceles: 70,72 % sí, 29,28 % no.
- I, sobre tipificar el delito de tenencia de porte de armas designadas para uso de policías y militares: 64,66 % sí, 35,34 % no.
- J, sobre el uso de armas confiscadas por parte de policías y FF. AA.: 64,80 % sí, 35,20 % no.
Con esta reafirmación de la popularidad de las FF. AA en la consulta, sin embargo, también es posible que se desvirtúen las metas originales de la institución, que son precautelar la soberanía del territorio y apoyar la seguridad pública del Estado, según Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales.
Las funciones de las FF. AA. podrían desvirtuarse
“En Ecuador tenemos un policiamiento militar por razones que se han salido de control, por narcoterrorismo como le dice el Gobierno, que ameritaban un apoyo, pero esa no es la normalidad. A mí sí me genera cierta preocupación que hagamos un uso de las FF. AA. que está por fuera de su ADN”, indica el experto.
Esa desvirtuación, continúa, genera problemas en la doctrina, planificación y descuido de otras atribuciones que le competen a las FF. AA.
Pontón añade que la presencia de FF. AA en el resguardo de las cárceles les significa un gran gasto de recursos humanos y logísticos, además de su apoyo en operativos en conjunto con la Policía Nacional.
La pregunta F de la consulta popular, por ejemplo, planteaba que los militares realicen controles permanentes en las “rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social”.
El experto, sin embargo, señala que las FF. AA. “no pueden ser custodio de las cárceles, porque no están diseñadas para eso” y que “tarde o temprano esto les puede pasar factura a las FF. AA.” en el sentido de que podría inducir agotamiento y un posible descuido de estructuras críticas y afectaciones presupuestarias.
Raúl Hidalgo, capitán de navío en servicio pasivo de la Marina, concuerda con Pontón en su análisis de que estrechar demasiado a las FF. AA. podría resultar en que se descuiden otras labores, como el resguardo de las fronteras.
“No se puede dedicar todo el numérico a estas acciones. En este momento es por la situación en la que nos encontramos, pero está descuidado el asunto del armamento, de los buques, que significan una disuasión regional. Sería un error histórico que en algún momento nos podría pesar”, expone Hidalgo.
Sin embargo, Hidalgo cree que el rol de las FF. AA sigue siendo el mismo que el que desempeñaban antes de los resultados de la consulta popular y referéndum.
“Lo que pasa es que ya constitucionalmente queda ratificado que la actividad complementaria es parte de una de las tareas de FF. AA”, continúa.
Aclara que la seguridad interna le seguirá competiendo a la Policía Nacional, pero que las FF. AA actuarán en apoyo cuando se encuentren grupos armados, sin necesidad de declarar un estado de excepción.
Añade que el mensaje que los resultados de las votaciones les deja a los militares es uno que ratifica el apoyo popular que disfrutan.
John Garaycoa, exinfante de Marina y experto en seguridad, no obstante, señala que la formación de las FF. AA solía estar enfocada a la protección de las fronteras, pero que desde el fin de la guerra del Cenepa en 1995, “el rol por necesidad cambia, porque el enemigo ahora está dentro del país”.
Este cambio en las labores de los militares, añade, también debería reflejarse en el equipamiento que se adquiere y en un reestructuramiento de su presupuesto.
Garaycoa, por poner un ejemplo, cree que se debería invertir más en lanchas patrulleras en vez de submarinos. También señala que las guardias de FF. AA ahora son cada cuatro días, cuando deberían ser diarias.
“Yo ya no voy a comprar un tanque de guerra posiblemente, en vez de eso compro diez camionetas Ford-150. Ya no necesitamos tanquetas, necesitamos carros Cobra, y así”. expresa Garaycoa.
También recomienda que se den más capacitaciones a militares, en especial si sus funciones empiezan a cambiar.
A su vez, propone que el rol de agentes de tránsito, policías portuarios y municipales y guías penitenciarios, entre otros, también debería cambiar para que se sumen a las tareas de seguridad, y que solo existan dos instituciones: FF. AA y policías.
Esta última, en su visión, incluiría subdivisiones de tránsito, control carcelario y metropolitanos. Así, agrega, “se llegaría al estándar internacional de policías por habitante”.
“Toma por ejemplo la vía Guayaquil-Quevedo. Ahí encuentras tres controles de tránsito con patrulleros, motos de gran cilindraje y cuarteles de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero ellos solamente están para vigilar el tránsito, no colaboran con la seguridad”.
Para la consulta popular del domingo pasado 57.129 policías y 51.438 militares en servicio activo recibieron las credenciales que les permitirá ejercer su derecho al voto facultativo. Durante la jornada, en Quito, acudieron a votar juntos los comandantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Jaime Vela y César Zapata, un hecho no tradicional.
