Ecuador | Andrés Arauz, excandidato presidencial: “La crisis de seguridad, diplomática, energética, y económica se agrava a horas de la consulta popular”
Entrevista a Andrés Arauz, excandidato presidencial de Ecuador
Por Elisa García, de la redacción NODAL
¿En qué contexto se desarrollará la consulta popular en Ecuador?
Recientemente se ha cometido una gravísima violación del derecho internacional, han secuestrado a un exvicepresidente, se lo llevaron a una cárcel máxima seguridad. Fue declarado como un acto ilegal y arbitrario por una justicia que no es precisamente amiga de los progresistas. Actualmente, Jorge Glas está en huelga de hambre. Está sobreviviendo con suero vitamínico, su vida está en peligro y responsabilizamos al gobierno de Noboa por la vida de Glas. Es importante aclarar que el exvicepresidente construyó ocho hidroeléctricas simultáneamente, y ahora estamos enfrentando una crisis energética porque después de la Revolución Ciudadana, no se hicieron más obras en el ámbito energético, y ahora el país está pagando esas consecuencias.
Hace dos semanas el presidente la pensaba ganada la consulta, al punto que se fue tres días de vacaciones a Miami. Ahora es muy probable que Noboa pierda en la mayoría de las preguntas.
¿Qué se busca con la consulta popular?
La consulta se presentó en el marco de medidas para mejorar la seguridad ciudadana de nuestro país. En enero, Noboa declaró la guerra interna y el estado de excepción, toque de queda, suspensión de las clases. En fin, todas las medidas de shock alrededor de, supuestamente, combatir la inseguridad ciudadana y parte de esas medidas fue proponer un referéndum, una consulta popular para dotar de más poder represivo al Estado y permitir que las Fuerzas Armadas puedan operar en las calles cuando en nuestra Constitución tenían una función más reducida.
Entre las 11 preguntas, 9 son de seguridad, y se colaron 2 por pedido de una facción de ultraderecha en este país. Las mismas están relacionadas una, a la contratación de trabajo por horas que está prohibida en la gran mayoría de países de América Latina, y la otra, busca permitir el arbitraje internacional o los tratados con cláusulas de arbitraje internacional.
Uno de los ejes de la consulta se refiere a si la ciudadanía está de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como mecanismo para resolver controversias en materia de inversiones, contractuales o comerciales. ¿De qué se trata y cuál es la postura de tu espacio político respecto de esta pregunta?
Nosotros nos oponemos radicalmente. El arbitraje internacional es un sistema de privatización y transnacionalización de la justicia, que se resuelve a través del principal centro de arbitraje que es dentro del Banco Mundial, imagínense un banco que abre una oficina para resolver casos judiciales entre empresas y países. Evidentemente no es un sistema equilibrado, ni justo, ni permite encontrar una verdadera justicia. En ese sistema de arbitraje son las mismas empresas las que nominan a los árbitros, y cuando hay que dirimir, lo decide el presidente del Banco Mundial. Por lo tanto, ya sabemos cómo se van a decidir esos espacios de disputa arbitral.
En Ecuador, en el año 2008, se incluyó un artículo constitucional que dice que está prohibido firmar tratados con cláusulas de arbitraje y en tal caso, si es que hay controversias, nos vamos a un sistema judicial regular o a la solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, pero no un esquema donde las empresas puedan enjuiciar a los Estados y los Estados no puedan enjuiciar a las empresas.
