Detienen a 14 funcionarios, jueces y policías en una causa por delincuencia organizada

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Caso Plaga deja 14 detenidos en varias provincias

14 detenidos deja hasta las 12:00 de este 3 de abril de 2024 el operativo denominado Caso Plaga, que efectúa la Fiscalía General del Estado junto con la Policía Nacional del Ecuador, informó la Fiscalía General en su cuenta de X.

Hernán Flores, fiscal provincial de Pichincha, informó -a través de un video difundido en redes sociales- que en el operativo simultáneo, realizado en ocho provincias del país, se investiga un nuevo caso de presunta delincuencia organizada.

En total, según el Fiscal provincial de Pichincha, en total se realizaron 25 allanamientos, en los que participaron 23 agentes fiscales, con sus respectivos equipos. Hasta las 11:30 se conoce que existen 14 detenidos a quienes se les formulará cargos en las próximas horas.

Entre las personas detenidas se encuentran:

María José L., funcionaria judicial en el cantón Pasaje, fue detenida en El Oro.
Franklin Edmundo T., juez en Machala, fue detenido de El Oro.
José Alfredo M. B., exfuncionario del SNAI, detenido en Ambato, provincia de Tungurahua
Simón Oswaldo G., exjuez. Fue detenido en Rocafuerte, provincia de Manabí.
Gary Fabricio P., secretario de juzgado y unidades judiciales. Fue detenido en Portoviejo, en Manabí.
Byron Michael O. G., juez de primer nivel en el cantón Flavio Alfaro, en la provincia de Manabí.
Marco Patricio C. C., policía en servicio activo, detenido en los exteriores del Centro de Privación de Libertad N°8, en Guayaquil, en la provincia del Guayas.
Omar Israel J., abogado y exfuncionario del SNAI, detenido en Cuenca, provincia del Azuay.
Ángel L. (ya procesado en el Caso Metástasis), en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Lenin V. (ya procesado en otra causa) fue notificado con una nueva orden de detención, durante un allanamiento en la Cárcel N°4 de Quito, en la provincia de Pichincha.
José T. Ch., abogado en libre ejercicio, detenido en Calderón, Quito, en la provincia de Pichincha.
Hugo Alexander L. O., fue detenido en Riobamba, en la provincia de Chimborazo.
Joffre Javier R. R., exjuez de primer nivel. Fue detenido en Chone, en la provincia de Manabí.
Hugo Marcelo A. H., policía en servicio activo. Detenido en Guayaquil, en Guayas.
En el Caso Plaga se investiga una presunta organización delictiva, que estaría integrada por policías en servicio activo, funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces.  Estos últimos habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los reos obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aunque aparentando legalidad, refirió la Fiscalía Provincial de Pichincha.

«A través del otorgamiento de acciones constitucionales obtenidas con argucias jurídicas y abusando del derecho. El objetivo asegurar impunidad. como delitos fines a los de la delincuencia organizada se cuentan tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o lavado de activos», expresó Flores.

«Tenemos que continuar con la depuración», dice la Fiscal

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se pronunció este 3 de abril de 2024 en su cuenta de X a propósito del desarrollo del operativo Caso Plaga, que se efectuó en la madrugada de este mércoles, en ocho provincias del país.

La funcionaria expresó que «abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una Plaga en el sistema de justicia. Tenemos que continuar con la depuración, no vamos a parar».

El Caso Plaga
Aproximadamente a las 04:00 la Fiscalía informó que en cantones como Portoviejo, Chone, Flavio Alfaro, Rocafuerte, Cuenca, Guayaquil, Quito y otros, se allanaron las casas de policías, personas que ocuparon cargos públicos, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces. Estos últimos, dice Fiscalía, habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los reos obtuvieran su libertad de forma ilegítima, aunque aparentando legalidad.

Según ha informado la Fiscalía, el presunto cometimiento del delito se habría dado «en el marco del otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de libertad (PPL) con sentencias por diferentes infracciones penales, permitiendo – de esta manera- que campee la impunidad, a través de argucias jurídicas y el abuso del derecho».

EL TELEGRAFO

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