Uruguay: Pluna, dura de matar
Uruguay: Pluna, dura de matar
Jorge Notaro
Resurgió de sus cenizas y vuela como una paloma. Una falsa alarma puso en marcha la equivocada opción privatizadora del gobierno, CPA Ferrere lucró desde ese momento hasta hoy y López Mena mantiene la posición dominante en Montevideo-Buenos Aires.
El militante de izquierda está permanentemente sometido a dilemas éticos. Entre estos, la opción entre mantener una actitud crítica o aceptar lo que viene para no darle armas al enemigo. La segunda actitud obliga a barrer bajo la alfombra, no reconocer los errores y es una forma de darle armas al enemigo creando las mejores condiciones para repetirlos.
Un poco de historia
Acompañando la ola de privatizaciones, Pluna se transformó en una sociedad anónima y en 1995 se vendió a Varig un 49% del capital. En 2006 Varig quebró y el gobierno del Frente amplio (FA) vendió el 75% del capital al fondo de inversión Leadgate. El directorio integrado por M. Campiani, A. Álvarez Demalde y S. Hirsch compró aviones por US$ 203 millones con un crédito del banco Scotia de Canadá y la garantía del gobierno. Los aviones se compraron muy caros, los asesores de la consultora CPA Ferrere no se dieron cuenta, gran negocio para Bombardier. En junio de 2012 Leadgate abandonó la empresa y dejó una deuda de US$ 137 millones con el banco.
La participación del Scotia “tuvo después su explicación: los canadienses aterrizaron meses más tarde en la plaza financiera uruguaya y se hicieron cargo del Nuevo Banco Comercial, que pasó a llamarse Scotiabank Uruguay” (Blixen 2024).
Pluna S.A. había entregado cheques diferidos por la compra de combustible a Ancap que no fueron pagados al vencimiento y Ancap amenazaba con cortar el suministro de combustible. Un problema financiero menor por una deuda de U$S 3 millones, pero que componentes políticos lo magnificaron. R. Sendic, presidente de Ancap, era atacado sin pausa por los integrantes del Frente Líber Seregni; dos de sus destacados integrantes, el vicepresidente de la República D. Astori y el Ministro de Economía y Finanzas F. Lorenzo le negaban aumentos del precio del combustible y E. Valenti lo acosaba argumentando su mala gestión. Sendic contraatacó exigiendo el pago de los cheques vencidos.
El senador nacionalista C. Moreira acompañado por la bancada del Partido Nacional presentaron una denuncia penal contra Campiani, Álvarez Demalde y Hirsch por vaciamiento de empresa. La justicia los procesó con prisión durante algunos meses y todavía no ha emitido una sentencia.
El directorio en manos del gobierno recibió una alarma, los ex trabajadores de Varig podrían demandar a Pluna por US$ 3.500 millones, por las dudas resolvió cerrar la empresa y transferir los bienes a un fideicomiso encargado de la liquidación.
- Ferreira, ex síndico de Pluna S.A., destacó que los juicios de ex trabajadores de Varig en Brasil nunca se materializaron (González y Abelenda, 2024), fue una falsa alarma.
Discrepando con la decisión se ha señalado que “Mataron una empresa con 13 aviones nuevos, que volaba a 15 destinos, la cual había triplicado sus ventas, quintuplicado su facturación y empleaba a casi mil personas directamente y a más de cinco mil indirectamente.” (Herrera, 2012)
Se subastaron los aviones, sólo se presentó y ofertó la empresa Cosmo, y los aviones se le adjudicaron. El fondo exigió una garantía de mantenimiento de oferta de US$ 13.600.000, el BROU otorgó el aval y Boston Compañía de Seguros cubrió ante el BROU la garantía de mantenimiento de la oferta. Causando gran sorpresa Cosmo retiró la oferta, el fideicomiso reclamó al BROU el pago del aval, el BROU pagó los US$ 13.600.000 dólares y reclamó esa suma a la aseguradora Boston que no asumió su responsabilidad. Luego de diversas gestiones, en parte con aspiración de reserva que no se logró, López Mena se hizo cargo de la deuda en marzo de 2013.
Poco después la Suprema Corte de Justicia declaró “la nulidad de la subasta y del aval otorgado”, López Mena cambió su estrategia y dejó de pagar las cuotas del compromiso; el BROU contraatacó bajando la calificación de su crédito, López Mena retomó el pago de la deuda y denunció al BROU ante la Justicia Civil por daño moral. En 2021 la Suprema Corte de Justicia dio la razón al BROU y el empresario fue conminado a pagar los US$ 7 millones que adeudaba.
Tiempo después se logró vender los aviones y pagar todas las deudas de Pluna excepto la contraída con el Scotiabank, que aceptó que el Estado siguiera pagando los US$ 137 millones en cuotas semestrales, que se terminaron de pagar en 2023.
Pero los problemas no se habían terminado. El fondo buitre “Caballero Verde” con domicilio en Panamá compró las acciones de Latin American Regional Aviation Holdings SA (LARAH), que nucleaba a los inversores privados de Pluna S. A. (Pérez, 2024), demandó al Estado uruguayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) de acuerdo a los establecido en el tratado bilateral de protección de inversiones firmado con Panamá, solicitando una compensación de US$ 800 millones. La sentencia le dio la razón considerando que hubo una expropiación sin pago y que previamente las decisiones del gobierno uruguayo determinaron la quiebra de Pluna S.A. Fijó la compensación en US$ 30 millones más recargos por intereses de mora de US$ 500 mil por cada mes de atraso en el cumplimiento de la resolución,
Se pueden poner en discusión dos posibles errores en la gestión del gobierno del FA en el tema: a) Continuar con el proyecto privatizador iniciado por Lacalle Herrera buscando un nuevo inversor para Pluna, comprometer al Estado con una participación accionaria menor y otorgar la garantía para el crédito que permitió que el inversor no cumpliera su compromiso de capitalizar a la empresa; b) En un plano más general, la acumulación de tratados de protección de inversiones que tienen como cláusula de garantía para el capital extranjero, que en caso de discrepancias entre el Estado uruguayo y el inversor, se recurrirá al CIADI. No se promovieron acuerdos con los países latinoamericanos sobre el tratamiento de la inversión extranjera, cooperando en lugar de competir, fijando límites y no ofrecer condiciones que profundizan la dependencia.
Los fundamentos del CIADI
Resolución del CIADI tiene carácter reservado y por lo tanto no existe información oficial. Sin embargo algunos periodistas la citan y de estas fuentes se toman las siguientes consideraciones.
Sobre el cierre de Pluna dice la sentencia que “La evidencia indica que este cambio repentino de actitud fue impulsado por el mismo presidente Mujica” y que “las actuaciones del Estado, además de haber sido contradictorias y erráticas, también eran gravemente imprudentes” (González y Abelenda, 2024). Destacó que “el carácter expropiatorio de la conducta de Uruguay quedó de manifiesto al reconocer Uruguay su intención de hacerse de las acciones de Larah en Pluna para librar al Estado de las multimillonarias contingencias de Varig (…) y transferir los principales activos de Pluna al señor López Mena” (Roba, 2024).
En 2012 era necesario aumentar la liquidez de Pluna S. A. y el banco ING otorgó un préstamo que fue rechazado por los directores representantes del Estado. El tribunal del CIADI consideró que el presidente de Pluna Ente Autónomo Fernando Pasadores y el director Ignacio Berti “conocían la situación financiera de la compañía y tenían acceso a la información necesaria para apreciar la propuesta de ING” (González y Abelenda, 2024).
La resolución destaca la participación de otros funcionarios del gobierno. P. Apezteguía, director de secretaría del MEF, tuvo un rol importante en el cierre de la aerolínea y participó en buena parte de las reuniones que se llevaron a cabo, los representantes del fondo buitre lo acusaron de hacer amenazas, lo que no fue aceptado por el acusado.
- Pasadores y I. Berti, según el CIADI, rechazaron el préstamo que el ING Bank había otorgado para resolver los problemas de liquidez de la empresa y sembraron desconfianza sobre la viabilidad de Pluna filtrando información (Roba, 2024).
Hirsch envió un correo a sus socios el 6 de junio en el que decía “hace cuatro meses estábamos en lo de Arturo cenando con Astori y su mujer… y ahora Pedro (Apezteguía) nos amenaza con mandarnos a la Interpol… Una posibilidad (aunque no estoy convencido porque no sé cuánto va a calentar a Lorenzo y a Apezteguía) es que o nosotros o Lepra tengan una reunión confidencial con él. Si están de acuerdo, le cuento de nuestra reunión de ayer a Lepra a ver qué opina y después decidimos?” (Roba, 2024).
En el grupo de estudios jurídicos que presentó la demanda de Caballero Verde en el CIADI participó Ferrere Abogados “que en los últimos años participó como demandante en varios juicios internacionales contra el Estado uruguayo” (Pérez, 2024).
En la página web de CPA aparecía Pluna S.A. en la lista de clientes, asesoró a Leadgate incluyendo la participación en la elaboración del plan de negocios. Los socios de la consultora B. Gilli, D. Rodríguez y N. Mendiburu, fueron los miembros de la Comisión Fiscal del Nuevo Banco Comercial; M. Olazábal de CPA pasó a desempeñarse como analista de Leadgate; los abogados N. Yavitz y N. Costábile, de Ferrere Abogados, asistieron a Campiani en el juicio entablado por Buquebus; S. González y B. Gilli integraron el equipo de EF Asset Management, administradora de fondos de inversión que manejó el fideicomiso de garantía con Pluna S.A. (Blixen, 2012).
CPA Ferrere tuvo una alianza estratégica con el Centro de Investigación Económica (CINVE) desde 2003 hasta 2017 (CPA Ferrere, 2017); F. Lorenzo era el director de CINVE en ese momento, continuó como investigador hasta 2010 y se reintegró en 2014 después de renunciar al ministerio (https://cinve.org.uy/author/florenzocinve-org-uy/ CV completo); según Blixen (2012) fue consultor de CPA pero este antecedente no figura hoy en su currículo. También fue investigador de CINVE G. Oddone, socio de CPA Ferrere hasta 2024 (https://cinve.org.uy/author/goddonecinve-org-uy/).
Ganadores y perdedores
Perdió la población del país que tuvo que tapar el agujero que dejó la aventura. Perdió el FA que hasta hoy tiene que enfrentar críticas.
Perdió Fernando Calloia, que era presidente del BROU, una de las mejores designaciones del gobierno del FA, de honestidad indiscutible, aceptó el pedido de Lorenzo y otorgó el aval. Se inmoló, porque negarse a firmar y renunciar hubiera generado un escándalo para el gobierno del FA.
Ganó J.C. López Mena que conservó la posición dominante en la ruta Montevideo-Buenos Aires eliminando la eventual competencia de una línea aérea. Se le llamó “parodia” a la subasta del 1 de octubre de 2012 recordando la foto del 3 de octubre en el restaurante “Lindolfo” que “muestra entre otros a López Mena y Calvo Sánchez el `Caballero de la derecha´, pero en primer plano a Fernando Lorenzo” junto al asesor del MEF Gabriel Papa. (Herrera, 2012). Calvo Sánchez fue el que subastó en nombre de Cosmo, le adjudicaron los aviones y enseguida retiró la oferta; la foto documenta su proximidad con López Mena y su papel en la subasta.
Ganó CPA Ferrere, dos veces. La primera, se mantuvo en las sombras y zafó del escándalo. No se consideró importante el papel de CPA Ferrere, que estuvo en varias puntas del negocio y utilizó sus vínculos con el gobierno para ponerlo al servicio del capital. La segunda, integrando el equipo asesor del fondo buitre, capitalizó su experiencia anterior y la hizo altamente rentable.
