Rosario violenta: el narcotráfico y el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina – Por Gianfranco Bruno

Rosario violenta: el narcotráfico y el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina

Por Gianfranco Bruno*, especial para NODAL

El pasado viernes 15 de marzo fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución 134/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, la misma establece la creación de la “Unidad Antimafia”; constituida a los efectos de promover un abordaje integral y multiagencial en el combate del crimen organizado mafioso.

En este mismo sentido, el Ministro de Defensa, Luis Petri, firmó la Resolución 266/2024 en la cual instruye al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) a realizar tareas de apoyo al sistema de seguridad interior en función a lo requerido por la Ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Estas medidas políticas se entienden en el marco de una acelerada escalada en los homicidios dolosos, cometidos con armas de fuego, en contextos vinculados a economías ilegales y organizaciones criminales en la ciudad de Rosario. Es decir: violencia narco.

Ahora bien, corresponde preguntarnos ¿Es correcto que las Fuerzas Armadas comprometan sus capacidades e instrumentos para seguridad interior? ¿Resulta efectiva su participación para la erradicación del crimen organizado? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina del siglo XXI?

Para poder realizar un breve análisis del caso, proponemos esquematizarlo en los siguientes puntos:

1) Aproximación legal:

En el orden constitucional argentino, la seguridad es una materia reservada a las provincias, que ejercen su poder de policía a través del órgano policial. La competencia de la Nación sobre esta materia está circunscripta a la prevención4 de delitos de carácter federal, como lo son el narcotráfico o la red de trata de personas. La Ley N° 24.059, de Seguridad Interior, determina el ámbito de aplicación, la metodología y el objeto operable de las FFSS que son: Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía Aeroportuaria.

Con la recuperación del Estado de Derecho, y la conducción civil y democrática de la Nación, los partidos políticos mayoritarios decidieron de forma conjunta legislar un nuevo sistema de Seguridad Interior y de Defensa Nacional con metodologías y ámbitos operativos muy distintos; de forma tal, que las Fuerzas Armadas estén abocadas a la disuasión de ataques externos de origen estatal y las Fuerzas de Seguridad al resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos. La historia reciente había sido prueba suficiente de lo lesivo que había sido apartar a los militares de su misión principal y entrometerlos en operativos de seguridad interior, debido fundamentalmente a que el instrumento militar es entrenado y es dotado con material de altísima letalidad que no puede ser usado en contra de poblaciones civiles.

2) Aproximación política:

El gobierno del presidente Javier Milei ha expresado en más de una ocasión la necesidad de reformar la Ley N° 23.554, de Defensa Nacional, sin dar mayores precisiones. Quien sí se ha exteriorizado su voluntad de reformar mencionada norma jurídica a los efectos de tener mayores instrumentos para involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, fue la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (y excandidata a presidenta por la coalición Juntos por el Cambio) y el Ministro de Defensa, Luis Petri (y excandidato a vicepresidente por la coalición Juntos por el Cambio).

En este sentido, utilizando la excepción prevista por el art. 27 de la ley 24.059, es que ambos organismos expiden las resoluciones ministeriales arriba mencionadas. Según dicho artículo, las Fuerzas Armadas asistirán al Comité de Crisis (“Unidad Antimafia”, en este caso) con servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones. Las FFAA no pueden desplegarse en el territorio de la forma que lo harían en tiempos de guerra, sino en carácter asistencial a las FFSS.

Claro está que, para reformar las leyes de Defensa y Seguridad, el gobierno nacional precisa de consensos políticos mayoritarios para que el Congreso actúe en consecuencia. Consensos que al gobierno le cuesta conseguir, no solo en este ámbito, y por ello fuerza los instrumentos jurídicos en vigencia para buscar una legitimidad tanto social como política que le sirva para exigirle al Poder Legislativo las reformas que la Libertad Avanza (o el ex Juntos por el Cambio, no está del todo definido) creen pertinentes y necesarias en materia de seguridad.

3) Aproximación situacional:

Según fuentes del Ministerio Publico de la Acusación de Santa Fe (MPA), Rosario ha tenido una tasa de homicidios dolosos del 22.1% en el 2022, cuando a nivel nacional la tasa fue del 4.2% para el mismo periodo (Ministerio de Seguridad de la Nación). Estos números son la prueba más visible de una conflictividad en la trama narco, que en aquella localidad del sur santafesino mantiene en vilo a su población desde hace, por lo menos, 10 años.

Según Marcelo Saín, quien fue Ministro de Seguridad de Santa Fe (2019 – 2021), el sistema político santafesino, desde la recuperación de la democracia en 1983 a la fecha, otorgó el gobierno de la seguridad a la policía provincial y esta fue la encargada de “regular y administrar” a las organizaciones criminales con el objetivo político de garantizar el orden y la tranquilidad.

En Rosario, este sistema se rompe durante la última década, producto del quiebre de la regulación policial sobre el narcotráfico y la proliferación de grupos poco profesionales y altamente violentos que utilizan “el gatilleo” como instrumento válido y regular para la negociación, sumado a un crecimiento exponencial del consumo recreativo de estupefacientes por las clases medias y altas rosarinas.

El foco en la ciudad de Rosario, presumen numerosos analistas, no radicaría en la presencia de su puerto con acceso al mar sino en los aceitados mecanismos de lavados de activos a través de financieras locales que fueron creadas a los efectos de administrar el dinero de la soja. Rosario, en términos geográficos, es el centro urbano más importante y dinámico ubicado en el corazón del complejo agro-exportador argentino.

Las Fuerzas Armadas combiatiendo al “Narco”

Siempre dicen que el laboratorio de la política, es la historia. No es novedad en nuestra región utilizar la letalidad del instrumento militar para combatir al narcotráfico, según Amnistía Internacional para el año 2015 (a cumplirse 10 años de la “declaración de guerra” por parte de Felipe Calderón) habían subido en un 600% las denuncias de torturas y malos tratos por parte de las Fuerzas Armadas de México.

Asimismo, podemos mencionar los informes hechos al respecto por otros organismos como Human Right Watch, no solo para el caso mexicano sino también colombiano, los cuales denuncian torturas, desapariciones y homicidios por parte del Estado en ocasión de la lucha contra el crimen organizado.

No se trata, entonces, de ser dogmáticos ni ideologizados a la hora del dar el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina del siglo XXI, sino de ponerlas a la altura de las exigencias geopolíticas que nuestra nación demanda. Tal como lo mencionaba el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA argentinas, Teniente General (R) Juan Martín Paleo: “Las Fuerzas Armadas tienen un nivel de letalidad en su accionar, que es muy superior al de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, no están organizadas, equipadas ni instruidas para trabajar en las calles en operaciones de seguridad (…) Los militares tenemos otro rol. No estamos preparados para cumplir órdenes de la Justicia que actúa en cuestiones de seguridad. Nuestra preparación es para enfrentar a otra fuerza estatal externa” (La Voz del Interior. 4/03/2023).

La problemática del narcotráfico necesita de políticas integrales y multidisciplinarias para abordarla, con el objetivo estratégico de su erradicación. Dichas políticas exorbitan lo meramente policial y punitivista. Requieren de un abordaje social, educativo y sanitario para mejorar las condiciones de vida material de los barrios populares de Rosario; requiere de voluntad judicial para perseguir los canales financieros ilegales que permiten el lavado de activos; requiere de prevención sanitaria para el tratamiento del consumo problemático en los sectores medios y altos;  y requieren de una reforma estatal en su conjunto que lleve a depurarse de sus sótanos corruptos que por complicidad o inacción permiten el desarrollo del crimen organizado.

Dado este pantallazo general, parece lejano pensar en las Fuerzas Armadas cumpliendo un rol de policía en las calles de Rosario. La Argentina es una Nación bicontinental, con proyección a la Antártida, amplísimos recursos naturales de valor estratégico en nuestro territorio emergido y sumergido, y una disputa territorial con una potencia extranjera con capacidades nucleares ¿Les parece, entonces, que las FFAA deben abandonar su misión principal y enfocarse en seguridad interior? Yo no lo creo.

*Abogado. Maestrando en Defensa Nacional. Integrante de Nodo de Defensa, equipo de trabajo asociado a NODAL