Honduras se retira del CIADI: asimetrías y lawfare económico

Resumen Ejecutivo

• Honduras, bajo el gobierno de Xiomara Castro (XC), ha iniciado el proceso de desvinculación del Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (CIADI). El 24 de febrero, el Banco Mundial recibió una notificación de denuncia al Convenio del CIADI por parte de la República de Honduras, efectiva a partir del 25 de agosto de 2024.

• El CIADI es una instancia del Banco Mundial encargada del arreglo de diferencias relativa a inversiones internacionales, entre Estados y el sector privado.

• Sus operaciones en América Latina y el Caribe son un ejemplo de la asimetría de los marcos regulatorios impuestos por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) surgidas del acuerdo de Bretton Woods, luego de la Segunda Guerra Mundial. Reflejan el uso de la legalidad como un arma del sector privado, en una “guerra por otros medios” contra la soberanía de los Estados de la periferia, que podríamos identificar como “lawfare económico”.

• América Latina concentra 3 de cada 10 demandas realizadas ante el CIADI desde 1972 hasta 2023.

• Buscar una alianza o estrategia común de los países de la región para defender sus intereses y litigar en instancias diferentes a las del CIADI es una de las vías que han intentado otros países sudamericanos, como el marco creado en la UNASUR, o Brasil que no es parte integrante en el CIADI. Desde la CELAC, por ejemplo, podría revisarse la posibilidad de generar alternativas a este organismo, considerando que es precisamente el gobierno de Honduras, quien ostenta la presidencia pro témpore del bloque regional a partir de marzo de 2024.

Demandas contra países latinoamericanos

• Según datos del CIADI, desde 1974 hasta 2023 existen 334 demandas contra los Estados en América Latina. Los cinco Estados más demandados son: Argentina (59), Venezuela (55), México (46), Perú (43) y Colombia (20). Estos países concentran el 67% de las demandas totales.

• Resulta llamativo que en los primeros 23 años del siglo XXI se han interpuesto 313 demandas, cuando en los 26 años anteriores apenas fueron 21 demandas. Este incremento sostenido de reclamos, es, en parte, resultado del proceso neoliberal que imperó en las décadas del 80 y 90 y que entra en crisis en la primera década del siglo XXI. Esta disputa de modelos sigue vigente.

• De las demandas concluidas, las empresas demandantes han ganado las controversias en 77 casos y en 51 casos hubo un acuerdo entre partes. Los Estados en ALC, por su parte, han ganado en 76 casos.

• Algunas de las demandas más costosas para los Estados de ALC han sido Conoco Phillips vs Venezuela (8.366 millones de dólares) en 2019; Repsol vs Argentina (5 mil millones) en 2012; Occidental vs Ecuador (1.769 millones de dólares) en 2012; Agroinsumos Iberoamericanos vs Venezuela (1.600 millones de dólares) en 2022.

• Las empresas que han interpuesto más demandas contra países de la región tienen su casa matriz en EE.UU. (104), España (56), Países Bajos (29), Canadá (26) Reino Unido (24).

• En 2003 fue la primera vez que se rebasaron las 20 demandas anuales, principalmente por Argentina (17 demandas). En 2011 y 2012 Venezuela fue el país más demandado con 10 y 9 demandas respectivamente y en 2021 fue Perú, con nueve demandas.

Demandas contra Honduras ante el CIADI

• En 2023, después de México (10 demandas), Honduras fue el país más demandado, con nueve demandas que involucran sectores estratégicos como energía, construcción, finanzas y trasporte.

• La principal demanda que enfrenta Honduras es la de los inversionistas de la ZEDE Próspera, por 10.775 millones de dólares, el equivalente a 2 tercios del presupuesto nacional de 2023 y, con posible impacto en políticas de estabilidad/inestabilidad gubernamental.

• Las ZEDE son Zonas Económicas en gran medida Autónomas que colisionan con principios constitucionales fundamentales para la soberanía hondureña. Operan desde 2013, creadas por el Congreso mediante la Reforma Constitucional ratificada en Decreto 9-2013. Fueron creadas por gobiernos irregulares postgolpe de 2009.

• En el contexto del nuevo gobierno de XC, en abril de 2022 el Congreso derogó por unanimidad (mediante el Decreto 33-2022) la Ley Orgánica de las ZEDE (Ley Orgánica aprobada por Decreto no. 120-2013).

• En abril de 2022, el Congreso aprobó por unanimidad la derogación de la Reforma Constitucional del año 2013 que habilitó las ZEDE (Decreto 9-2013), mediante Decreto 32-2022. Sin embargo, por mandato constitucional, toda reforma a la Constitución debe ser aprobada en sesiones ordinarias, con dos tercios de los diputados, y ratificada en la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos, para que entre en vigencia. En este caso, el decreto fue aprobado por unanimidad en 2022 y no llegó a ser ratificado antes del fin de la legislatura de 2023. El 31 de octubre pasado era el último día para ratificar el Decreto 32-2022. 

• Se entiende que, al no ratificarse ese decreto no se perfeccionó el procedimiento de reforma constitucional y, en consecuencia, la figura de las ZEDE sigue estando reconocida por la Constitución, aunque la Ley Orgánica de las ZEDE está derogada pues sólo requería de la mayoría de votos para ello. Por lo tanto, no se pueden instalar nuevas ZEDE y a la vez no es posible sostener que las ZEDE hayan sido eliminadas de la Constitución hondureña.

• El argumento del gobierno de XC para anular las ZEDE reside en que se trata de una propuesta inconstitucional en tanto lesiona directamente la soberanía y funciones del Estado hondureño, derechos laborales y protección del medio ambiente.

• Próspera ha demandado ante el CIADI al gobierno de Honduras por supuesto incumplimiento de los capítulos 10 y 20 de la normativa del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana).

• Según la empresa Próspera, se estarían vulnerando, entre otras normativas o principios incluidos en el CAFTA-DR, los siguientes: – Trato no discriminatorio – Límites a los requisitos de desempeño – Libre transferencia de fondos relacionados con una inversión – Protección contra expropiación que no se ajuste al derecho internacional – Capacidad de contratar personal directivo clave, a pesar de su nacionalidad

• Según el gobierno hondureño, el CIADI registró la demanda del grupo Próspera de manera incorrecta. El artículo 26 del convenio establece la posibilidad de que los Estados aprueben su adhesión al CIADI con reservas. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales establece también esa prerrogativa de los Estados de plantear reservas.

• En el Decreto 41-88 de 1988, ratificado por el Decreto 45-2000 del año 2000, el gobierno de Honduras hizo constar que no se puede recurrir al CIADI si no se han evacuado previamente todas las vías administrativas y judiciales nacionales. Entonces, el gobierno hondureño afirma que no tiene sentido nombrar un árbitro en la controversia con Próspera, pues no reconoce la jurisdicción del CIADI, hasta tanto no se agoten dichas instancias.

• También hay que destacar la demanda de la empresa mexicana JLL Capital, realizada en febrero de 2023 por 380 millones, donde se alega que Honduras violó las protecciones a la inversión extranjera.

• Otro es el caso de las demandas de las empresas noruegas Scatec y Norfund que da cuenta de las presiones que está recibiendo Honduras en varios frentes, y sobre todo por el tema energético. Las empresas, involucradas en proyectos de generación de energía fotovoltaica en el departamento de Choluteca (Agua Fría y Los Prados), demandaron a Honduras ante el CIADI en abril de 2023, un año después de que el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público, bajar precios de compra y quitar privilegios financieros, por lo cual las empresas proveedoras de energía están obligadas a renegociar sus contratos con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Además, ENEE tiene una deuda superior a 462 mil dólares por suministro de energía con empresas privadas, situación que es aprovechada para condicionar las políticas públicas del gobierno.

   

Observatorio Lawfare