David contra Goliat: el tráfico de armas de EEUU a México – Por Anibal García Fernández

David contra Goliat: el tráfico de armas de EEUU a México

Por Anibal García Fernández*, especial para NODAL

La relación entre México y Estados Unidos abarca diversos temas como migración, comercio y seguridad, del que destaca la administración de los puntos fronterizos, el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, entre otros. Respecto a este último punto, en la historia reciente el antecedente emblemático es sin duda el “Operativo rápido y furioso”, del que se supo en México gracias a investigaciones en EEUU y también por las filtraciones publicadas en Wikileaks.

Rápido y Furioso, un antecedente de la injerencia

El incremento en el flujo ilícito de armas a México, se debe, en parte, porque en 2004 expiró la prohibición federal de armas de asalto en EEUU, ampliando así la oferta de rifles. Para dimensionar, los ciudadanos estadounidenses poseen 393,3 millones de armas de fuego adquiridas en 136.643 establecimientos. El 17% de éstas -principalmente rifles- se encuentran en los estados del sur, según datos del informe “Tráfico de armas y crimen organizado. Comercio mundial, impactos locales”.

Entre 2009 y 2011 el gobierno de Barack Obama implementó el Operativo Rápido y Furioso mediante la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) la cual administró el ingreso de 2.500 armas desde EE.UU. a México, las cuales tenían un chip para identificar su destino y así actuar en contra de las organizaciones criminales. Nada de eso se logró.

El procurador general estadounidense de aquél entonces, Eric Holder, mencionó que el operativo fue un fracaso, pues no se logró actuar en contra de las organizaciones criminales, a pesar del asesinato de dos agentes estadounidenses en México y EEUU. No obstante, sí se incrementó la violencia en México llegando a costar 65 mil vidas en el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012). Se estima que en la última década, ingresaron ilegalmente entre 213 y 230 mil armas anuales, por lo que hay más de 2,5 millones de armas en México que han contribuido a incrementar el poder de organizaciones del narcotráfico. La estimación suscita debate entre expertos por la dificultad que implica el registro de una actividad ilícita.

La estrategia del gobierno mexicano desde 2007, cuando se declara la guerra contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida (IM) fue combatir por la vía militar a las organizaciones del narcotráfico, además del aseguramiento y destrucción de armas y, principalmente, la suscripción de acuerdos con EEUU en materia militar y de seguridad. Estrategia fallida en términos sociales y económicos para México, pero altamente efectiva para EEUU pues logró cambios en la legislación mexicanas, mayor acercamiento en áreas como seguridad, narcotráfico, comercio y hasta en el poder judicial.

La 4T y el cambio en la estrategia

La estrategia del gobierno actual, se ha centrado en interponer una demanda en Arizona, EE.UU., contra once empresas armamentistas que tienen prácticas comerciales negligentes que permiten la venta de armas a México y que terminan en organizaciones criminales; presionar por la vía multilateral, en concreto en la CIDH para solicitarle que se posicione respecto al tráfico de armas, atacar las causas fundamentales de la violencia con programas sociales y, en una estrategia bilateral con EEUU, terminar la IM y dar inicio al Entendimiento Bicentenario que cambia la lógica militarista del combate al narcotráfico, pero que presenta reticencias en EEUU pues implica un mayor control de venta de armas.

En el marco del Entendimiento Bicentenario se formó en 2022 el grupo Binacional contra Tráfico de Armas, que incluye a las distintas agencias de seguridad y procuración de justicia de ambos países. El objetivo es aumentar la confiscación de ambos lados de la frontera. Entre 2019 y 2023 el gobierno mexicano incautó poco más de 50 mil armas, implica con incremento del 165% con relación al periodo de 2014-2018. Los costos sociales por no detener el flujo de armas son alarmantes, el 70% de los homicidios dolosos cometidos en México son con armas importadas de EEUU. Los esfuerzos del gobierno mexicano son visibles en la disminución de varios delitos, principalmente el homicidio doloso que disminuyó un 24,7% en la incidencia mensual de 2023 comparada con la de 2018.

Por su parte, el gobierno estadounidense ha propuesto la iniciativa “desarmar a los carteles”, la cual instruye al Departamento de Seguridad Nacional que identifique y desmantele organizaciones criminales transnacionales responsables de la exportación de armas. A pesar de los esfuerzos, el flujo de armas sigue principalmente por Texas, estado del cual provienen el 50% de las armas que pasan ilegalmente a México.

En 2024, bajo el Comité Trilateral de Fentanilo (CTF), conformado por México, Canadá y EEUU, se propuso identificar las principales rutas del tráfico ilícito y las formas en las que se traspasan armas, además de profundizar la colaboración de México con la ATF.

En la historia reciente de EEUU, el complejo militar-industrial ha servido como un elemento que permite aumentar las ganancias de empresas privadas incentivando la economía, pero con costos humanos y sociales muy altos. Según datos de la ONU, el monto financiero que se mueve tan sólo en el mercado ilícito de armas es de entre 170 y 320 millones de dólares en 2022 y representa entre el 10% y el 20% del mercado lícito.

Es importante considerar que tanto empresas privadas, como organizaciones son las que suelen financiar las campañas del partido demócrata y republicano. Entre 2021 y 2023, las empresas armamentistas han gastado en cabilderos a nivel federal, alrededor de 433 millones de dólares siendo Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, las principales financiadoras según datos de Open Secrets. Además son las principales cabilderas en el Congreso y en las Cortes de los estados en EEUU. México se enfrenta a estos gigantes que hoy día tienen abiertos dos grandes frentes de guerra en Ucrania y en Gaza.

* México, Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Investigador del Observatorio Lawfare (www.oblawfare.org). Ha trabajado sobre temas de geopolítica latinoamericana, geopolítica de la energía y relaciones entre EEUU y América Latina.