Colombia y el rol de su política de defensa en América Latina: continuidades y rupturas – Por Christian Arias Barona
Colombia y el rol de su política de defensa en América Latina: continuidades y rupturas
Por Christian Arias Barona, especial para NODAL
América Latina y el Caribe es identificada como una región del mundo con baja incidencia de conflictos interestatales, lo que ha sido ratificado a través de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al declararla zona de paz y libre de armas nucleares. No obstante, persisten conflictos de naturaleza no estatal que, de acuerdo con los paradigmas adoptados por algunos Estados en correspondencia con las orientaciones de Estados Unidos, involucran a las Fuerzas Armadas en misiones para las que no están adiestradas. Desde la Conferencia Especial sobre Seguridad en las Américas, las denominadas “nuevas amenazas” permearon en las políticas de seguridad y defensa ocasionando un doble fenómeno de militarización de la policía y la policialización de las Fuerzas Militares; algo criticado incluso por analistas estadounidenses. Por otra parte, la imposición de la doctrina de “guerra contra el terrorismo” que se aupó sobre la ya instalada “guerra contra las drogas”, extendió la difuminación de las misiones de las fuerzas de seguridad interior y de defensa, y en países donde persistían resistencias armadas rebeldes se impuso la contrainsurgencia.
El impacto estadounidense en la seguridad regional
La región latinoamericana y caribeña se ve aún hostigada por la prevalencia de los intereses estadounidenses sobre la soberanía de las naciones, a pesar de la declinación hegemónica que experimenta dicha potencia. La competencia global en nuestro hemisferio ha quedado plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional 2022 (NSS, por sus siglas en inglés) a través del concepto de “disuasión integrada”; se trata de una formulación que prevé el modo de actuar, incluso en Latinoamérica, para enfrentar las amenazas de la República Popular China y Rusia en todos los dominios: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Uno de los problemas radica en que la postura del documento solo contempla las prioridades estadounidenses y desestima el planeamiento de políticas de defensa y seguridad realizadas por cada Estado del continente. Otro, subyace en la interpretación de las amenazas fuera de sus fronteras y cómo enfrentarlas.
En la actualidad, la región está experimentando lo que Álvaro García Linera llama “segunda oleada progresista”, sin embargo, Estados Unidos ha recobrado influencia directa sobre Perú, Ecuador y Argentina. En el primer caso logró instalar un contingente de tropas tras respaldar el encarcelamiento del presidente constitucional Pedro Castillo y la asunción – en medio de una violenta represión estatal – de Dina Boluarte, lo que ha prolongado la crisis de gobernabilidad que se esperaba fuera superada con la última elección. En el caso de Ecuador, la agudización de la violencia ejercida por grupos que controlan el narcotráfico ha sido la justificación para que Daniel Noboa, declare el Estado de excepción y firme una serie de acuerdos de asistencia en seguridad con la potencia norteamericana; la intervención llegó al punto de instar al gobierno a deshacerse del material militar de origen ruso mediante una donación a Ucrania, a cambio, Estados Unidos se comprometió con realizar una serie de transferencias y entrenamientos. Por último, Argentina experimenta una tensión múltiple tras el ascenso al gobierno del libertariano Javier Milei, dado el grado de compromiso comercial de esta nación con China y el volumen de riquezas naturales que han sido un objetivo estratégico declarado por la Gral. Laura Richardson, jefa del Comando Sur. Mientras la IV Flota del USSOUTHCOM despliega de su portaviones USS George Washington por el Atlántico Sur, la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina estableció un acuerdo de cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para intercambiar información, capacitación y habilitar su presencia en el corredor fluvial Paraguay-Paraná, en un contexto de escalada violenta de grupos criminales identificados como narcotraficantes en la ciudad de Rosario.
Argentina corre el riesgo de desandar el difícil proceso por el cual llegó a establecer normas, prácticas y estrategias basadas en la separación de roles con el pretexto de enfrentar una amenaza criminal, sobre la cual apresuradamente la ministra de Seguridad ha declarado una “guerra narcoterrorista”. Las calificaciones de este tipo no solo alientan opiniones sobre el uso de la fuerza frente un problema que radica en un negocio capitalista transnacional de carácter criminal, sino que, conllevan al deterioro de la defensa nacional y sus requerimientos.
En un mundo donde la tendencia inocultable es el multipolarismo, nuestra región ha cobrado una relevancia de la que aún no es consciente. No obstante, algunos liderazgos vienen advirtiendo la necesidad de integrarse para definir un rumbo común y consolidar una autonomía militar de la América Latina y el Caribe respecto a Estados Unidos para tomar posición en el escenario mundial, sin su tutela o mediación. Esta fue la propuesta con la que sorprendió el presidente colombiano Gustavo Petro en la VIII Cumbre de la CELAC donde insistió en cuestionar la estructura de decisiones del sistema internacional basado en las capacidades militares.
Colombia ha sido desde hace más de dos décadas el paradigma de la seguridad promovida por Estados Unidos. Es importante aclarar que tras el Plan Colombia implementado desde 1999, Estados Unidos se constituyó en el ordenador de la política exterior y en materia de seguridad y defensa en el país cafetero. El multimillonario programa de asistencia extranjera prometía enfocarse en la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a las instituciones de justicia y el impulso del desarrollo económico, sin embargo, la intervención estadounidense se concentró en la modernización y el robustecimiento militar y la actualización de la doctrina contrainsurgente basada en lo que llaman “lucha contra el terrorismo”. Aunque en la fase inicial se desarrollaban paralelamente los diálogos de Paz con las FARC-EP en el Caguán, la Fuerza Pública experimentó un acelerado proceso de adquisición de medios, así como programas de entrenamiento brindados por el Special Operations Command South (SOCSOUTH) para la formación de brigadas móviles, batallones de contraguerrilla y Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA) que estimularon la conjuntez de las fuerzas.
Estados Unidos continúa siendo el principal referente para la mayoría de las Fuerzas Armadas de la región. El grado de concentración de la provisión de sistemas de armas, instructores, repuestos, municiones, entre otros, ha creado una dependencia que acrecienta las asimetrías entre el centro y la periferia. La asistencia estadounidense para la seguridad ha sido un mecanismo estimulante para el Complejo Militar Industrial, ya que las “ayudas” del gobierno retornan vía compras, favoreciendo el ciclo de acumulación y estrechando el compromiso de los Estados beneficiarios.
El adiestramiento a través del programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar (IMET, por sus siglas en inglés), otrora concentrado en la “Escuela de las Américas”, sigue siendo un vehículo de difusión de la visión del mundo de Estados Unidos entre las Fuerzas Militares, cultivando la admiración y simpatía por sus valores entre quienes posteriormente instruyen tropas en gran parte de los países de Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, según un estudio del Center for International Policy entre 2000 y 2020 fueron formados 108.727 militares y policías colombianos a través del IMET, ostentando la cifra más alta en el hemisferio occidental.
Es pertinente señalar que Colombia ha preservado un esquema de relaciones político-militares donde en lo formal existe una subordinación de las Fuerzas Armadas a la élite civil, pero en lo real hay una autonomía de estas en el campo del orden público y la defensa exterior. A lo anterior, se puede incorporar una perspectiva que analice a la conducción política del Estado, las corporaciones económicas y la cúpula militar como una élite del poder, dado que si bien coyunturalmente han experimentado desacuerdos – como ocurre al interior mismo de cualquier grupo o clase social -, han hecho síntesis en la realización de un proyecto de dominación capitalista dependiente. También es hay agregar que el factor aglutinante de las élites ha sido el anticomunismo, lo que ha propiciado el empleo de un concepto demasiado amplio de la amenaza insurgente.
Colombia: una transformación militar inconclusa
El Acuerdo de Paz con las FARC-EP alcanzado en noviembre de 2016 ha sido el acontecimiento más importante de la historia reciente, y uno de los requisitos para avanzar en el Plan Estratégico Militar 2030. La solución política del conflicto armado con la guerrilla más grande del país y del continente, significaba arribar a un entorno estratégico esperado para desarrollar la transformación de las Fuerzas Armadas y constituir un nuevo paradigma basado en el concepto de Fuerza Multimisión que abandone la contrainsurgencia – al menos paulatinamente -, como lo orienta la Doctrina DAMASCO. Esta doctrina es el resultado de la implementación del modelo de transformación del Ejército de Estados Unidos, adoptado desde 2011 en Colombia y que empezó con la creación del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CRE-I), pasando por el Comité Estratégico de Transformación e Innovación (CETI) en 2012, el Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF) en 2013, hasta el Comando de Transformación Ejército del Futuro (COTEF) en 2016. Emprender dicho proceso le permitió incorporar la Planeación Basada en Capacidades (PBC), estandarizar prácticas y adecuar conceptos para la interoperabilidad con fuerzas de la OTAN, razón por la cual el entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón postuló a Colombia como socio global del esquema atlantista.
Aunque los componentes institucionales de planeación establecieron una hoja de ruta inicial al 2030, el cambio de prioridades establecido por el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y la nueva cúpula militar respecto a la implementación del Acuerdo de Paz, condujo a 1) una aceleración en el rearme de los grupos disidentes de las FARC, 2) una proliferación de organizaciones paramilitares, 3) precipitó la ruptura de los diálogos con el ELN y 4) por ende se postergó la meta de alcanzar un nuevo modelo de fuerza para 2042. La postura del gobierno y los militares fue retomar la militarización y la contrainsurgencia, así como postergar la implementación de los cambios de la Doctrina Damasco. El giro en la política impactó al punto de “perfilar” dirigentes sociales, políticos y periodistas, así como en el pase a retiro de más de 50 oficiales (entre ellos 25 generales) y la renuncia del jefe del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), el Cnel. Pedro Rojas Guevara, quien argüía una eliminación de Damasco por parte del comandante del Ejército, Gral. Eduardo Zapateiro.
Las consecuencias de este cambio de política se vieron durante el Paro Nacional en abril del 2021, de un modo tan crudo que desprestigió nacional e internacionalmente al gobierno. El tratamiento militar de la protesta social y la represión desproporcionada de Policía Nacional se agudizó después que la noche del 1 de mayo, Iván Duque y el Gral. Zapateiro aparecieran en cadena nacional para anunciar que el jefe del Ejército pasaría a tomar ejercer el mando de toda la Fuerza Pública en el Comando Conjunto de Occidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño). El saldo fue el asesinato de 80 jóvenes, centenares de personas heridas, desapariciones y abusos.
La política del cambio: Paz Total y seguridad humana
Con el giro político de la presidencia de Gustavo Petro, desde 2022 Colombia ha transformado radicalmente su proyección ante la región y especialmente frente a sus vecinos, restableciendo las relaciones con Venezuela y normalizando el tránsito transfronterizo. El vínculo reciproco con su par Nicolás Maduro ha contado con estrategias de seguridad binacional y mediación en las negociaciones con las guerrillas de un lado y con la oposición del otro. Esto ha significado un fracaso de la estrategia de “asedio diplomático” liderada por Colombia durante la gestión Duque-Trump, y ha diezmado las expectativas de un “cambio de régimen” para Estados Unidos, que, embarcado en el conflicto europeo contra Rusia, suspendió temporalmente algunas sanciones a Venezuela para incrementar la oferta de petróleo.
La reorientación de la Política de Defensa y Seguridad se ha basado en la búsqueda de Justicia Social y el logro de la Seguridad Humana. El documento publicado por el Ministerio de Defensa especifica cuatro estrategias: 1) la protección de la vida de la población, 2) combatir la deforestación y preservar la biodiversidad, 3) salvaguardar la integridad territorial, la soberanía y la independencia, y 4) fortalecer la Fuerza Pública. Con ello se torna prioritario implementar el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP y alcanzar soluciones similares con el ELN, las disidencias de las FARC reconocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia, así como con organizaciones armadas devenidas del paramilitarismo como el Clan del Golfo.
En ese sentido, el cambio de prioridades se enfoca en reducir las afectaciones a la población producidas por las “organizaciones multicrimen” – denominación que les ha dado Gustavo Petro al conjunto de organizaciones armadas ilegales -, una nueva política antidrogas, la protección de la naturaleza y una mayor profesionalización militar acompañada por la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar.
La nueva Política Nacional de Drogas ha consumado un cambio de paradigma en el tratamiento del problema, dando más herramientas al Ministerio de Justicia para desmilitarizar la cuestión. Fortaleciendo la interdicción, las incautaciones y la persecución al lavado de activos, el gobierno ha direccionado sus esfuerzos en 1) cambiar los mandos de la Fuerza Pública en las zonas de mayor concentración de cultivos declarados ilegales, 2) apoyar el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) de cultivos empleados en la producción de drogas ilícitas, 3) enfrentar el consumo de drogas como un problema de salud pública sin criminalizar a quien consume y 4) renunciar a la erradicación forzada por vía aérea mediante la aspersión con glifosato. Otro cambio significativo ha sido cesar la persecución a cultivadores y concentrar esfuerzos en las redes de producción y circulación, donde Estados Unidos juega un rol clave por concentrar el 90% de la demanda global.
Algunos desafíos
Si bien el Acuerdo de Paz de 2016 promovía la desmilitarización de la sociedad, no logró incluir un cambio profundo de doctrina militar, prerrogativa que mantuvo el gobierno en favor de la élite militar.
La relación del gobierno con las Fuerzas Armadas y de Policía ha logrado un alineamiento con los altos mandos, buscando depurarlas de promotores y participes de crímenes de Estado como los llamados “falsos positivos”. Sin embargo, en la línea media de mando prevalecen tensiones entre la subordinación formal y la autonomía que en el marco de las campañas de hostigamiento al gobierno han creado un clima de instigación sediciosa.
Por otra parte, la Política de Defensa y Seguridad sigue atravesada por la dinámica de los Grupos Armados Organizados y Residuales (disidencias de las FARC) y el ELN, dado que hay una proliferación atomizada de grupos que generan mayor impacto, aprovechando la asimetría. De ahí el interés del gobierno en su desarme negociado.
Aunque permanezcan en armas otros grupos y haya disidencias rearmadas, no es posible que alguna de estas fuerzas tome —al menos en el corto plazo— la dimensión material y simbólica de las FARC–EP. Por lo tanto, el abandono de las rémoras doctrinarias que mantienen a las Fuerzas Militares, especialmente al Ejército, usurpando las funciones de la seguridad interior debe ocurrir cuanto antes. A pesar de esta necesidad, no parece probable que con la actual configuración legislativa el gobierno pueda avanzar en una reforma institucional que separe los roles de Seguridad interior y Defensa nacional, menos aún, sin haber culminado las metas de la “Paz Total”.
*Politólogo colombiano y docente de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Defensa Nacional (UNDEF) e investigador doctoral del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-UBA).
