Colombia: avances y rezagos en la implementación del Acuerdo Final de Paz – Por Philip Potdevin

En 19/03/2024

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Philip Potdevin*

A ocho años de firmada la paz con las Farc-ep, y tras un infortunado estancamiento durante el gobierno Duque, es preocupante la lentitud con la que avanza la implementación de los cinco puntos acordados. ¿Se logrará vencer los obstáculos en lo que resta del cuatrienio de este gobierno? Es ahora o nunca.

A propósito de la tercera visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –Csnu– con el fin de monitorear el avance de la implementación del Acuerdo Final –AF–, y tras visitar Buenaventura y Agua Bonita en el Caquetá, y escuchar las voces de autoridades étnicas, liderazgos juveniles y víctimas del conflicto armado y de conocer procesos de reincorporación con enfoque comunitario, el Consejo de Seguridad –CS– respaldó los esfuerzos de paz en Colombia. “Estamos en Colombia para presenciar de primera mano el progreso logrado en estos ocho años de implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y para expresar el compromiso del CS con la paz de Colombia” (1), declaró la jefe de la visita.

Objeciones del excomisionado de Paz

Las reacciones no se hicieron esperar. Sergio Jaramillo, quien fue el alto comisionado de Paz durante la administración Santos y que firmó el Acuerdo de Paz con las Farc-ep, manifestó la necesidad de relanzar el proceso. En una entrevista (2), manifestó su apoyo al nuevo comisionado Otty Patiño, a quien considera “un hombre con mucha experiencia y con criterio, tiene claro que el foco de atención debe estar en recuperar la construcción de la paz en los territorios”. Sin embargo, puso el dedo en el punto más sensible que el Gobierno viene evidenciando en muchos frentes; su corta capacidad de implementación y ejecución. El gobierno, dijo, “tiene los bolsillos llenos, con un poco de esfuerzo y coordinación, podría tener mucho más impacto en la implementación y reconectar con las comunidades, que se sienten abandonadas. Sin un impulso fuerte alrededor de la implementación, me temo que el acuerdo no sobrevivirá el siguiente gobierno. Es un poco ‘ahora o nunca’”.

A pesar del optimismo del CS, Jaramillo advirtió: “el Consejo no puede terminar atrapado en una “historia de éxito” y no ver también los problemas”, entre los cuales destacó el retroceso en seguridad y la ausencia de implementación del punto sobre Reforma Rural Integral –RRI– del Acuerdo. “Es un círculo vicioso –señaló–: sin seguridad es muy difícil sacar adelante programas y trabajar con las comunidades, y sin inversiones, creación de empleo y presencia estatal se deteriora la seguridad. La ambición del Acuerdo siempre fue desatar lógicas de integración territorial y de inclusión social, y esa es la asignatura pendiente. Prácticamente, nada de eso ha pasado”. Y luego explica: “El país lleva un año enfrascado en una agria discusión sobre el sistema de salud. Sobre una cosa no hay duda: a donde no llega el sistema de las EPS es a las regiones rurales de baja densidad. Por eso en el Acuerdo nos comprometimos a poner en marcha un Plan Nacional de Salud Rural, para cerrar esa brecha. Y fíjese: 7 años después de la firma del Acuerdo, este es el único Plan Nacional que ni siquiera ha sido aprobado por el respectivo ministerio”.

Para finalizar, un puntillazo: “El presidente Petro está en una posición parecida a Pastrana a comienzos del 2000. La pregunta es si, como Pastrana, el Presidente va a dejar que el Gobierno se le vaya en eso, en lugar de sacar adelante su agenda social. Yo creo que es un hombre mucho más inteligente, y todavía tiene por delante más de la mitad de su gobierno. Es el momento de hacer una revisión y descartar lo que no va a funcionar”.

El PND y el Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo de Paz

Frente a objeciones como la anterior es necesario consultar los mecanismos que el mismo AF dispuso para asegurar una eficaz implementación, entre ellos el Plan Marco de Implementación –PMI–(3)presentado inmediatamente después de la firma del AF. Pero más reciente, y más pertinente para el actual balance que pretendemos hacer, hay que acudir al Plan Nacional de Desarrollo –PND– 2023-2026 (aprobado por el Congreso) que incluye el Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo de Paz con las Farc-EP (PCI) (4). Según el mismo texto, este constituye “uno de los pilares y es piedra angular de la Política de Paz Total y [es] la decisión del Gobierno Nacional cumplir con la implementación integral de dicho Acuerdo”.

El PCI parte de dos supuestos principales: Primero, el proceso de implementación no ha contado con las debidas respuestas estatales, lo cual ha tenido como efecto el quiebre de su integralidad y que aspectos sustantivos de las reformas previstas se encuentren sin realizaciones significativas, como se expresa de manera particular en los puntos de la RRI, la participación política y de solución al problema de las drogas ilícitas. Segundo, se han evidenciado rezagos en la ejecución presupuestal, y una estructura de orientación de recursos no concordante con la estimación presupuestal prevista en el PMI.

A lo anterior, el PCI contempla la recuperación de la integralidad, las metas trazadoras a 2026 para los indicadores correspondientes al PMI y evidencia cómo a partir de las transformaciones del PND 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, se garantiza la inclusión de lo dispuesto en el Acuerdo. A todas luces se trata de un esfuerzo mayúsculo ante los admitidos rezagos que hay en la implementación de cada uno de los puntos del AF. Veamos, en el Punto 1 del Acuerdo, RRI, el diagnóstico establecido en el mismo PCI registra rezagos de implementación en los 8 pilares que lo conforman, que indican niveles diferenciados e inferiores a las metas previstas entre 2017 y noviembre de 2022.

En el punto 2, Participación política, apertura para construir la paz, el diagnóstico registra niveles bajos de cumplimiento de las metas contempladas para el período comprendido entre enero de 2017 y noviembre de 2022, que oscilan entre el 46 y el 64 por ciento. La implementación de este punto muestra incumplimientos del Acuerdo referidos a la no expedición de la reforma política y electoral, según las recomendaciones de la Misión Electoral Especial; asimismo, de la normativa de garantías a la protesta social; la precaria integralidad y articulación en el funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep); y la escasa profundización de la participación social y ciudadana, especialmente en los procesos e instancias de planeación nacional y territorial.

En cuanto al Punto 3, Fin del conflicto, con excepción del Pilar 3.1. Hostilidades, bilateral y definitivo y dejación de armas, que alcanzó el 100 por ciento de su meta, los demás dan cuenta de atrasos en la implementación. Reconoce: “el proceso de reincorporación integral exhibe debilidades por la insuficiencia de instrumentos para articular las acciones institucionales a nivel nacional y territorial relacionadas con la ruta de reincorporación individual y colectiva”. En adición establece que “el conjunto de garantías de seguridad contempladas en el Acuerdo para líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, territorios y comunidades, así como las disposiciones sobre la lucha contra las organizaciones y conductas criminales no han contado con la decidida atención gubernamental. En especial, deben señalarse la inoperancia de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la baja capacidad de la Unidad Especial de Investigaciones en relación con el número de fiscales y funcionarios, y el limitado recurso humano del Cuerpo Élite de la Policía Nacional”.

El Punto 4, Solución al problema de drogas ilícitas evidencia, según el PCI, rezagos de cumplimiento para el período comprendido entre 2017 y noviembre de 2022, de acuerdo con el avance de los tres pilares que lo conforman: 4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) (73,93 %). 4.2. Prevención del consumo y salud pública (59,37 %). 4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos (75,28 %).

El punto 5, Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, Sistema Integral de Verdad, Reparación, y No Repetición incluyendo la JEP y compromiso sobre los derechos humanos, registra que dos de sus tres pilares evidencian retrasos en sus metas. Si bien el Pilar 5.1. Justicia y verdad registró un avance del 100 por ciento entre 2017 y noviembre de 2022. el Pilar 5.4. Reparación integral para la construcción de paz alcanzó el 55,5 y el Pilar 5.6. Derechos humanos llegó al 69,88 por ciento.

El Punto 6 Implementación, verificación y refrendación tiene mejores indicadores de éxito. para el período comprendido entre 2017 y noviembre de 2022: 6.1. Mecanismos de implementación y verificación (82,10 %). 6.2. Capítulo étnico (0 %). 6.3. Componente internacional de verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (Csivi) (100 %). 6.4. Componente de acompañamiento internacional (100 %). 6.5. Herramientas de difusión y comunicación (83,98 %). TG.1. Capítulo de género (97,14 %).

A partir de los anteriores diagnósticos el PCI establece para cada uno de los puntos del AF, una serie de metas al 2026 en armonía con el PND y el PMI. Los rezagos significativos en la implementación para el periodo 2017 a 2022 son atribuibles a la desatención que sufrió durante el gobierno Duque. La pregunta que inquieta es si el actual gobierno, a partir de lo dispuesto en el PND y el PCI, logrará cerrar las brechas y alcanzar avances significativos en los indicadores de implementación. La preocupación es mayor cuando se evidencia la gran distancia entre lo escrito y lo logrado. Los documentos como el PND y el PCI, sobre el papel son coherentes, convincentes e iluminadores sobre el camino a seguir. Lo que es urgente es una efectiva capacidad de gestión para llevar todo a feliz término, sin dejar de reconocer que un proceso de esta naturalezapara llevar al país a la paz Total es un esfuerzo titánico

Informe Técnico de la Secretaria Técnica del Componente Internacional de Verificación

Más allá del diagnóstico del PCI, un balance actualizado de avance de la implementación del AF no puede hacerse sin acudir a los informes que produce desde el 2017 la Secretaria Técnica de Verificación, un equipo colaborativo entre el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz Cinep/Programa por la Paz (PPP) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos Cerac. En enero de este año se publicó el decimotercer informe (5) que da cuenta de los avances y obstáculos a la implementación entre enero y diciembre de 2023. Este informe presenta oportunidades de mejoramiento para impulsar un más rápido cumplimiento de las disposiciones que presentan atraso o enfrentan tales obstáculos.

El periodo analizado es clave, en especial dado que el presidente Petro, a diferencia de su antecesor, ha expresado el compromiso de su administración con el cumplimiento y la implementación integral del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

En primer lugar, se reconoce, como un primer logro, que el gobierno nacional logró la aprobación en el Congreso de la República de la Ley 2272 de 2022 que prorrogó la facultad que tiene el Gobierno para adelantar negociaciones de paz. Y en donde se establece que

“La Paz Total es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la Paz Total tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Como lo ha reiterado la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la política de paz total se sienta sobre tres pilares fundamentales: materializar garantías de no repetición a partir de la satisfacción de las demandas estructurales en los territorios más vulnerables; el fortalecimiento de una cultura de vida en sociedad, por medio de la reducción de las violencias armadas y de los factores que las generan; y la promoción de una nueva mentalidad en la fuerza pública y los organismos de seguridad para focalizar los esfuerzos en la identificación de los máximos responsables.

El diseño metodológico del Informe se basa en tres dimensiones: a) Cumplimiento: es decir, si la acción propuesta se llevó a cabo o no, permitiendo determinar en qué medida, o qué avance tiene; b. Tiempo y secuencia: verifica si la implementación se realizó según los plazos definidos en el A.F. o en otros instrumentos de planeación institucional y de políticas públicas; y c. Correspondencia: se ocupa de verificar la concordancia entre lo establecido en el A.F. y la ejecución efectiva de las acciones. En adición a lo anterior, la verificación incluye de forma transversal los compromisos y disposiciones establecidas en los acuerdos en materia étnica y de género, así como la relación entre diferentes puntos y sus disposiciones.

Avances reveladores en la implementación del AF en el 2023

El informe reconoce un primer avance significativo con la inclusión de un capítulo sobre paz en el PND (el PCI mencionado arriba) en el que fueron abordadas las disposiciones relativas a la implementación del AF. en el marco de la política de “paz total”. La ley que aprobó el PND también incluye las disposiciones necesarias, en particular en lo relacionado con la asignación de recursos en el Plan Plurianual de Inversiones. Además, existe la financiación necesaria: para este cuatrienio fueron asignados 50,4 billones de pesos, 13,39 billones más que el anterior, con un crecimiento nominal de 27 por ciento para el período y real del 5 por ciento (descontando la inflación de precios al consumidor, si se alcanza la meta de inflación para fin del período).

Aproximadamente 80 por ciento de estos recursos están dirigidos a la implementación del Punto 1 sobre RRI. Así el PND cumple con el compromiso del AF de incluir en este tercer período del gobierno nacional desde la firma del Acuerdo (y por última vez como disposición en el AF y como compromiso constitucional) las disposiciones necesarias para su cumplimiento.

A pesar de lo anterior, la Secretaria Técnica (ST), insiste sobre la necesidad de mejorar y ampliar los indicadores de gestión y trazadores presupuestales que permitan hacer un mejor seguimiento a la implementación. De nuevo, aparece la limitada capacidad de gestión como uno de los obstáculos para la implementación del AF. Igualmente, en el Informe se reitera el hallazgo sobre la insuficiencia de recursos requeridos para avanzar en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, a la escala que requiere el AF.

En tercer lugar, la ST hace un llamado sobre la importancia de crear la Consejería Presidencial anunciada tiempo atrás por el presidente para la implementación del AF, de tal suerte que se disponga de la capacidad institucional, financiera y legal para acelerar el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo.

La ST reitera la necesidad de cumplir con la revisión del Plan Marco de Implementación –PMI–, y actualizar y completar sus indicadores, considerando la situación de la implementación en el momento en el que se actualice, un compromiso pendiente en los últimos cinco años.

Por otra parte, la ST destaca el interés del Gobierno por avanzar en una política de seguridad humana, en concordancia con lo establecido en el AF. No obstante, el deterioro de las condiciones de seguridad para la implementación continúa afectando la implementación, en particular de forma severa en los puntos de Fin del Conflicto y Solución al Problema de Drogas Ilícitas, y de manera general en las regiones del país en las que el agravamiento de las disputas violentas entre grupos armados se ha constituido en el principal obstáculo para su implementación. Esto último es de relevancia pues las condiciones de inseguridad que afectan severamente la reincorporación de los excombatientes de las hoy extintas Farc-ep, impide su participación política, ha exacerbado el riesgo de seguridad para las personas en proceso de reincorporación, e impide el desarrollo de sus proyectos de vida.

Adicionalmente, aduce el Informe, el panorama para la implementación de esta política se encuentra estrechamente vinculado con la apertura del diálogo con diferentes actores armados, lo que ofrece en un escenario de éxito de esos diálogos la oportunidad de desactivar la principal fuente generadora de violencia, según se señala esta en este informe y en el anterior. La ST encontró, que tanto el cese el fuego con el Eln como con la agrupación de grupos relacionados con las hoy extintas Farc que se conoce como EMC (Estado Mayor Central), han coincidido con una reducción de las acciones violentas, los combates y las víctimas civiles durante los últimos cinco meses (en el caso del Eln) como en los últimos tres meses (en el caso del EMC), lo cual muestra un impacto positivo en materia de la inseguridad y la violencia generada por esos grupos.

Con referencia a las elecciones de octubre pasado para alcaldías y gobernaciones, se pudo hacer un balance sobre el estado de la participación electoral en el que sobresalieron dos fenómenos, afirma la ST. De un lado, las dificultades que siguen teniendo las mujeres y las comunidades étnicas para gobernar localmente, con la excepción de la elección de Nubia Carolina Córdoba del Partido Liberal, primera gobernadora del Chocó. La otra excepción es que hay un aumento de aspirantes a cargos de elección popular que provienen de los firmantes del AF, y que hoy son miembros del Partido Comunes, De 101 candidatos en 2019 a 144 candidatos en 2022, en su mayoría a concejos municipales (114) y siete de ellos a alcaldías, destacándose la elección de Armel Carcacas Viveros, primer alcalde del Partido Comunes en Cumaribo, departamento de Vichada.

Adicional a lo anterior, la ST identificó durante 2023 iniciativas y políticas dirigidas a la implementación del AF. Destaca entre ellas, el impulso al sector agrario y rural que ha permitido dar trámite a iniciativas legales necesarias para avanzar en la RRI que se encontraban con un amplio porcentaje de rezago. Tal es el caso del trámite y aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023 que establece la Jurisdicción Agraria y Rural, la aprobación y creación de cuatro nuevas Zonas de Reserva Campesina –ZRC– y la concertación y protocolización del Catastro Multipropósito indígena.

De manera simultánea, el gobierno nacional formuló la Política de desmantelamiento de organizaciones criminales, la construcción del Plan estratégico de seguridad y protección para la población en reincorporación, la aprobación del Sistema Nacional de reincorporación Integral y el diseño y publicación de la Política Nacional de Drogas, todas iniciativas que avanzan en el cumplimiento de compromisos del Acuerdo pendientes durante años y que en su aplicación ofrecen la oportunidad de acelerar la implementación.

Por último, la ST resaltó la apertura del macrocaso 11 que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio y la publicación del primer informe del Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la CEV, asuntos que contribuyen al cumplimiento de los compromisos del punto 5 sobre “Víctimas”.

Obstáculos significativos en la implementación del AF

Aquí un balance, punto por punto del AF de los obstáculos detectados por la ST:

Reforma Rural Integral –RRI–: Si bien, durante el periodo analizado se realizaron dos reformas constitucionales orientadas al cumplimiento del AF: la creación de la Jurisdicción Agraria y el reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección, y que el PND puso en el centro de la acción del Estado el ordenamiento territorial alrededor del agua y la puesta en marcha el Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, al igual que otras iniciativas gubernamentales, y que en esa línea registró la incorporación de 2.269.407 de hectáreas al Fondo de Tierras, correspondiente al 75 por ciento de la meta de los 3 millones; no obstante, de ese número, solo el 0,63 por ciento se encuentran disponibles para su entrega. En 2023 han ingresado 35.467 ha. al Fondo.

Se identifican avances en la implementación del Plan de Zonificación Ambiental. No obstante, estos avances no se han traducido en la identificación e implementación de medidas que permitan proteger los derechos a la tierra de los sujetos de especial protección constitucional, y reforzar la conservación interior de las áreas protegidas. De esta forma, la ST encuentra como una oportunidad de mejora que las autoridades agrarias y ambientales promuevan la participación comunitaria y avancen en las medidas que permitan la protección de los derechos a la tierra de las y los campesinos en áreas protegidas, incluidos los contratos de uso, las sustracciones de las zonas de reserva forestal.

Participación política: Durante los siete años de implementación del AF., revela el informe, se han acumulado una serie de retrasos para avanzar en este punto. En el periodo analizado se observaron acciones que denotan voluntad de avanzar en algunos pendientes de la implementación. Sin embargo, persisten rezagos que no han permitido materializar el espíritu del acuerdo en materia de apertura democrática para construir la paz. Esto es evidente en la persistencia de las agresiones en contra de liderazgos sociales y firmantes de la paz y en las dificultades que aún enfrentan algunos sectores sociales para participar en política. Los rezagos fueron más evidentes en la incorporación de los enfoques de género y étnico, pues pese a los avances identificados, su inclusión ha sido desigual en los diferentes temas y subtemas, siendo el enfoque étnico el que mayores dificultades evidencia.

Fin del conflicto: En materia de proyectos productivos para personas en proceso de reincorporación, el Informe destaca la reactivación del CNR y la aprobación de un número significativo de proyectos; no obstante, aún hay obstáculos en el acceso a mercados nacionales e internacionales y falta de apoyos para los proyectos productivos de excombatientes en temas socio-empresariales, financieros y administrativos. Referente a acceso a tierras y vivienda para excombatientes, hasta diciembre de 2023 el Gobierno ha avanzado con la compra de predios para la mitad de las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva Aetcr y ha entregado predios para el beneficio de proyectos productivos, aunque no se tiene claridad sobre la cantidad de beneficiados. En cuanto a provisión de soluciones de vivienda, los proyectos que se están llevando a cabo en cuatro Aetcr presentan demoras. Con relación a la organización para la reincorporación, en noviembre de 2023 el CNR aprobó la propuesta de creación del Programa de Reincorporación Integral y sus líneas estratégicas; así mismo, la propuesta de creación del Sistema Nacional de Reincorporación fue aprobada en febrero por el CNR. No obstante, es necesario avanzar, se afirma, en el diseño e implementación del PRI, así como en la construcción y puesta en marcha del SNR, que son los mecanismos de coordinación propuestos por el gobierno para el proceso de reincorporación. Por otro lado, la ST considera que se debe llevar a cabo la revisión de los indicadores establecidos en el PMI para el proceso de reincorporación temprana, teniendo en cuenta que los compromisos establecidos ya fueron cumplidos.

En materia de garantías de seguridad, la ST destaca la aprobación de la Política de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, sin embargo, es importante que se continúe avanzando en la elaboración y aprobación del plan de acción y en la asignación de recursos para las tareas de protección en el marco de la implementación del AF, pues los recursos asignados a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía para el desmantelamiento de organizaciones criminales no parecen suficientes y no hay mecanismo para garantizar que tengan destinación exclusiva. Caso similar ocurre con las crecientes necesidades en la Unidad para la Edificación de la Paz (conocida como Unipep) en la Policía Nacional, que aún enfrenta una significativa insuficiencia de recursos humanos y materiales para sus tareas.

En cuanto a las condiciones de seguridad para los excombatientes, persiste el riesgo de seguridad para quienes están en proceso de reincorporación. Desde la firma del AF hasta el 26 de diciembre de 2023, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia registró el asesinato de 406 excombatientes, pese a que las medidas de protección se encuentran en implementación, las garantías de protección a excombatientes continúan siendo limitadas

Solución al problema de drogas ilícitas. Respecto al compromiso de los Programas de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la ST encontró que, con corte a marzo de 2023, no hubo avances en erradicación voluntaria frente a 2022. La erradicación forzosa disminuyó considerablemente entre 2021 y 2023, pues en este último año fueron erradicadas de manera forzosa 20.323 hectáreas de coca, niveles menores a los registrados entre 2017 y 2022 (un 29,5% de lo erradicado en 2022). La ST encontró además que la implementación del Plan de Atención Inmediata –PAI– familiar se desaceleró en el periodo de verificación del informe pues sólo el componente de proyectos productivos de ciclo corto e ingreso rápido registró un aumento significativo a 66.762 familias vinculadas.

Víctimas: En lo relativo a la JEP, la ST destacó el desarrollo de las investigaciones en los macrocasos abiertos, la emisión de resoluciones de conclusiones y la continuidad en la expedición de escritos de determinación de hechos y conductas. Así mismo, valoró el papel de la JEP en la protección de los derechos de las víctimas y de los firmantes del AF. con la expedición de medidas cautelares y el seguimiento a su implementación. No obstante, la articulación interinstitucional en torno al diseño y preparación de las sanciones propias continúa siendo un desafío por resolver, tanto como la expedición de las primeras sentencias. La ST destacó la apertura de la etapa de reconocimiento del macrocaso 11, lo cual representa un hito para la justicia transicional, más allá de los retos propios del tipo de hechos que serán abordados. En el componente de reparación integral, la ST advierte la alta complejidad que representa la reparación efectiva ante la multiplicidad de instituciones, procedimientos y recursos involucrados. En materia de restitución no se evidencian mejoras significativas, especialmente en las solicitudes que pasan a la etapa judicial y la expedición de sentencias de fondo.

Meditación

A nivel de articulación de cómo implementar el AF, el Gobierno, a través del PND y el Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo de Paz saca nota destacada; otra cosa es cuando presenta el examen de los indicadores de resultados. Los atrasos siguen siendo significativos y el tiempo se agota.

Notas

3.https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3932_Anexo%20B_Plan%20Marco%20de%20Implementaci%C3%B3n%20(PMI).pdf4.

Se trata del Anexo 1 del PND que puede ser consultados en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf

5.https://cinep.org.co/informes-generales/

*Integrante del Consejo de redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

EL DIPLO