Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay pidieron que EEUU no condene a la Argentina en juicio por YPF
Juicio por YPF: por qué Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador pidieron que EE.UU. no condene a la Argentina
Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador se presentaron como «amicus curiae» –o amigo del tribunal– en la Corte de Apelaciones de Manhattan, el organismo encargado de analizar el fallo de primera instancia que obliga a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por irregularidades detectadas a la hora de expropiar la petrolera YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta y Axel Kicillof, ministro de Economía.
Expropiación de YPF: países latinoamericanos exigen retrotraer el fallo
Las cuatro naciones sostuvieron que el fallo resuelto por la jueza Loretta Preska representa una interferencia en un estado soberano. «Las naciones soberanas tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras de la nación soberana», destacaron, y advirtieron que la decisión de la magistrada «amenaza con perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos, y sus residentes corporativos y Estados Unidos».
En otras palabras, para los países de la región, de mantenerse el fallo, sería negativo para las relaciones comerciales con Estados Unidos, por ejemplo. Además, sostienen que la justicia estadounidense se está entrometiendo en un caso que contempla a una empresa local, con leyes y condiciones que competen al estado argentino. Sin embargo, Preska tomó el caso debido a que la petrolera cotiza en Wall Street y una serie de empresas accionistas -perjudicados por la expropiación- fueron las encargadas de radicar la denuncia en un principio.
En este marco, provincias productoras de hidrocarburos (como Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, Jujuy, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego) iniciaron presentaciones en la corte de Estados Unidos.
No es la primera vez que surgen amicus curiae del país en esta extensa causa, que ya lleva más de 8 años. En agosto de 2022, la Cámara de Sociedades de la República Argentina, una entidad que agrupa a las principales 100 empresas del país -como Banco Macro, Cablevisión, Edenor, Galicia, IRSA, Pampa Energía, Telecom Argentina y Ternium Argentina– solicitaron serlo pero de YPF, no del país. En ese entonces, la petrolera también era demandada por Bruford, pero Preska la dejó fuera de la acusación el año pasado.
Qué es un «amicus curiae»
Amicus curiae se refiere a individuos o entidades que no son parte en un caso legal, pero ofrecen información o argumentos relevantes al tribunal para ayudar en la toma de decisiones.
Estos «amigos de la corte» presentan opiniones expertas o perspectivas adicionales sobre cuestiones legales o de interés público. Su participación fortalece el proceso judicial al proporcionar una gama más amplia de conocimientos y puntos de vista.
Sin embargo, su papel es consultivo y no vinculante. En resumen, el amicus curiae contribuye al enriquecimiento del debate jurídico y al aseguramiento de una justicia informada y equitativa.
Juicio por YPF: la apelación del gobierno argentino
En lo que representa una continuidad de la estrategia oficial en el juicio que se le sigue a la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF en 2012, el Gobierno presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en búsqueda de revocar el fallo que establece el pago de u$s16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park. Los representantes legales del oficialismo remarcaron que se inflaron «enormemente» los daños de los demandantes. En el escrito presentando por los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, a cargo de la defensa de la Argentina, también se solicitó que el juicio pase a competencia de la ley y las autoridades judiciales dentro del país.
El escrito de apelación fue presentado en enero por los abogados que representan al país, pero sus detalles se dieron a conocer este viernes.
La línea de la apelación, el primer avance en el caso bajo el gobierno de Javier Milei, sigue la misma argumentación de la defensa del Estado Argentino durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Para algunos de los países de la región, la Justicia de EEUU se entromete en un caso que compete al estado argentino.
En el documento elevado ante la Justicia de Estados Unidos, la defensa pidió a la instancia de apelación que revierta el fallo del tribunal de Preska, el cual «aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes».
«El tribunal otorgó el fallo a favor de los demandantes, interpretando preguntas complejas de la ley argentina y, en su mayoría, estableciendo nueva jurisprudencia argentina a favor de los demandantes en casi todos los aspectos», expusieron los abogados de Sullivan & Cromwell, que continúan representando a la Argentina.
En paralelo a este argumento, el Estado Argentino insistió en que la demanda «nunca debería haber llegado a un tribunal de Nueva York» y que, por el contrario, debió haberse realizado directamente en el país.
