Argentina en el espejo de Ecuador – Por Luciano Anzelini
Argentina en el espejo de Ecuador
Por Luciano Anzelini
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró este martes la situación de “conflicto armado interno”. Lo hizo luego de que un grupo de delincuencia organizada irrumpiera en los estudios del canal TC Televisión y tomara como rehenes a periodistas de la emisora.
La decisión de establecer el estado de guerra viene a completar una secuencia que se había iniciado tres días antes con una ola de atentados en ocho ciudades del país y la fuga de dos de los más peligrosos narcocriminales de las cárceles de Guayaquil y Riobamba. Asimismo, Noboa determinó que 22 grupos de delincuencia organizada pasaran a ser considerados organizaciones terroristas y dio la orden a las Fuerzas Armadas de ejecutar operaciones militares tendientes a su neutralización.
En cuanto a la situación carcelaria, la Penitenciaría del Litoral y la Regional, ubicadas dentro de un mismo complejo en Guayaquil, albergan unos 10.000 presos, lo que equivale a la cuarta parte de la población penitenciaria del Ecuador. Todo lo que sucede en sus 15 pabellones lo determinan los internos. También el crimen organizado y el narcotráfico en las calles es digitado desde el interior de esa estructura carcelaria.
Hace menos de tres años se produjo una primera masacre —con epicentro en la Penitenciaría— que terminó con la decapitación de 79 reclusos. Fue la punta de lanza de una crisis de inseguridad que se extiende hasta el día de hoy y que ha puesto en jaque a los gobiernos de derecha de Lenin Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2023-actualidad). El desmadre ha incluido, en agosto de 2023, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Ecuador y se expidió respecto de la situación reinante en el sistema carcelario, concluyendo —en su informe del 21 de febrero de 2022— que “la corrupción sin precedentes dentro de las prisiones” y el “abandono del sistema penitenciario por parte del Estado hace años”, sumados a la “ausencia de una política criminal integral”, han provocado un “autogobierno” que implica que el control intramuros lo ejercen los propios grupos criminales.
La Asamblea Nacional aprobó el 21 de diciembre de 2023 una reforma parcial a la Constitución, a los efectos de permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación y delincuencia organizada. El texto de esta reforma pasará a un referéndum en un plazo de 45 días, que debe ser convocado por el Consejo Nacional Electoral. Según prescribe la norma, el apoyo complementario de los militares podrá brindarse, asimismo, cuando exista una situación de grave conmoción interna en el sistema penitenciario.
Esta miscelánea podría ser completada con un análisis minucioso del fenómeno de la narcocriminalidad y su desarrollo en Ecuador. Miradas perspicaces como las de Lucía Dammert y Juan Tokatlian han puesto el foco en diversas cuestiones que deberían ser sopesadas:
- a) la relación entre los mercados ilegales y los cambios que se han producido en México, Colombia y Estados Unidos;
- b) las diversas etapas de consolidación del narcotráfico (predatoria, parasitaria y simbiótica);
- c) el rol de los puertos y la disputa en torno a ellos en el “comercio” de droga;
- d) la presencia de organizaciones criminales transnacionales;
- e) la insuficiencia de las respuestas de política pública en materia criminal, y
- f) la necesidad de poner los reflectores en la destrucción del mercado ilegal más que en los grupos criminales específicos.
Sin embargo, el eje de este artículo no estará puesto en la cuestión de la evolución de la narcocriminalidad, sino en el impacto del neoliberalismo, la dolarización y el debilitamiento del papel del Estado, puesto que allí podemos encontrar un nexo —y eventualmente preguntas relevantes— con respecto al caso argentino. La discusión parlamentaria que se está llevando adelante en nuestro país en relación con el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus —puertas de entrada a un neoliberalismo radical que podría conllevar, entre otras cosas, la dolarización de la economía y la militarización de la seguridad pública— obligan a mirar con mucha atención lo que ha sucedido en Ecuador en las últimas dos décadas.
Los datos de la ministra Bullrich sobre Ecuador
El miércoles se llevó a cabo un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con el objetivo de interrogar a los ministros del gabinete nacional sobre el proyecto de Ley Ómnibus.
Cuando le llegó el turno a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la funcionaria aprovechó el conflicto en Ecuador para pedir la modificación de la normativa que impide el uso de las fuerzas militares en seguridad pública. Sobre este asunto hemos planteado nuestra postura crítica en más de una oportunidad en el Cohete. Lo más interesante, en esta ocasión, y a los fines de escrutar qué es lo que ha sucedido en Ecuador para llegar a la actual espiral de violencia, se relaciona con los datos vertidos por Bullrich: “Las hipótesis de conflicto que están en la Argentina hoy las estamos viendo en otros países (…). Ecuador en 2017 tenía una tasa de 5 homicidios cada 100.000 habitantes (…) en los últimos 4 años se desmadró, hoy tiene 40 homicidios cada 100.000”.
Efectivamente, la ministra trajo a colación una información muy significativa. Los datos del Banco Mundial relativos a “Homicidios intencionales cada 100.000 habitantes” —construidos en base a la información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)— revelan una espiralización desde 2018. Todavía más interesante resulta remontarse hasta los inicios del Gobierno de Rafael Correa, quien gobernó durante tres mandatos consecutivos entre 2007 y 2017. Correa asumió la presidencia con 18 homicidios cada 100.000 habitantes y, al cabo de 10 años, entregó el poder a Lenin Moreno con el índice mencionado por Bullrich: 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Desde entonces, coincidente con el retorno del neoliberalismo, la tasa se incrementó a 21 homicidios al finalizar el mandato de Moreno en 2021; y 45 homicidios al concluir el gobierno de Lasso en 2023.
Ecuador en los años de Correa (2007-2017)
El piso histórico del índice de homicidios en Ecuador en el siglo XXI coincide con el Gobierno de Correa, que redujo sistemáticamente este indicador a pesar de haber experimentado dos graves crisis económicas: la global de 2008 (Lehman Brothers) y la caída brusca del precio del petróleo de 2014.
Un informe del Center for Economic and Policy Research de Washington DC, elaborado por los investigadores Mark Weisbrot, Jake Johnston y Lara Merling en febrero de 2017, arrojaba las siguientes conclusiones:
- El crecimiento anual del PBI per cápita durante el periodo 2006-2016 fue del 1,5 %, en comparación con el 0,6 % de los 26 años previos.
- La tasa de pobreza disminuyó un 38 % y la pobreza extrema un 47 %. En gran medida, esta reducción se debió al crecimiento y al empleo, pero también se explica como resultado de programas gubernamentales que ayudaron a los pobres.
- La desigualdad disminuyó sensiblemente, medida mediante el coeficiente de Gini (del 0,55 al 0,47) o mediante la ratio entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre en la distribución de la renta (de 36 a 25).
- El Gobierno duplicó el gasto social, en porcentaje del PBI, del 4,3 % en 2006 al 8,6 % en 2016. Esto incluyó aumentos considerables del gasto en educación, salud y vivienda.
- La inversión pública aumentó del 4 % del PBI en 2006 al 14,8 % en 2013.
El estudio de los investigadores estadounidenses refleja que los logros del gobierno ecuatoriano (2007-2017) no fueron simplemente el resultado del auge de los commodities, sino de una serie de “opciones políticas y reformas deliberadas”, vinculadas a un manejo estratégico del Banco Central, el desconocimiento de la deuda externa ilegítima, la imposición de tributos sobre los capitales que salen del país, la implementación de políticas fiscales contracíclicas y —como respuesta al desplome de los precios del petróleo— a partir de 2014, la aplicación de aranceles bajo una disposición de emergencia de la OMC para proteger la balanza de pagos.
En efecto, resulta evidente que las capacidades del Estado en materia de inversión social, educativa y de regulación económico-financiera fueron fundamentales durante el correísmo. Una clara correlación entre ese Estado presente, las políticas públicas y los resultados alcanzados en materia de seguridad —con el piso histórico de 2017 en el índice de homicidios mencionado por la ministra Bullrich— dan cuenta de la importancia crucial de las variables socioeconómicas en cualquier apreciación del fenómeno del narcotráfico.
El Estado según Milei y la dolarización en el horizonte
El 20 de diciembre pasado, el Gobierno argentino emitió el Decreto 70/2023, al que denominó “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, en el que establece la casi total desregulación del andamiaje económico nacional mediante la eliminación o modificación de cientos de leyes.
Una semana más tarde, el Presidente envió al Congreso un extenso proyecto de ley al que denominó “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, pero que inmediatamente se popularizó como Ley Ómnibus. El proyecto de ley, que profundiza la línea del Decreto 70/2023, procura consumar la mirada que tiene el presidente liberal-libertario sobre el Estado. Son conocidas sus expresiones al respecto, que van desde afirmaciones como “el Estado no es la solución, es la base de todos los problemas que tenemos» hasta el “el Estado es un ente ladrón que te roba vía los impuestos”.
El ejemplo ecuatoriano es una buena muestra de lo que puede esperarse en el mediano plazo si se llevan adelante las drásticas reformas neoliberales propugnadas por Milei. El cercenamiento de las capacidades estatales y la implementación de programas de liberalización y desregulación extremos llevan, ineluctablemente, a que las crisis económicas muten en crisis sociales y de seguridad.
La obsesión de Milei por cerrar el Banco Central y llevar a cabo la dolarización —lo que fue reafirmado esta semana— nos obligan a mirar en perspectiva lo que está sucediendo en Ecuador. Si un proceso de dolarización no es adecuadamente “gobernado” como ocurrió durante la administración Correa —el propio mandatario ecuatoriano enfatizaba que la dolarización de la economía de su país fue una mala decisión, pero que los costos de una salida no planificada podían ser inmensamente gravosos—, el resultado de su aplicación puede ser muy complejo en términos sociales, económicos y de seguridad.
La dolarización es uno de los factores que facilita la consolidación del narcotráfico, porque hace que sea más sencillo el lavado de activos. El Presidente Noboa, antes del balotaje que lo llevó a la presidencia en 2023, reconocía a la señal de noticias TN que “la dolarización ayuda a los narcos”.
En la campaña electoral argentina, quien planteó este tema con más claridad fue el candidato a la vicepresidencia de Unión por la Patria (UXP), Agustín Rossi, quien sostuvo que “la dolarización no nos ayuda en el combate contra el delito narco”.
El economista ecuatoriano Juan Pablo Jaramillo exhibe el delgado hilo rojo que conecta los temas de esta nota: debilidad del Estado, dolarización, narcotráfico y crisis de seguridad. El periodista Augusto Taglioni sintetizó sus ideas: “El retiro del Estado de áreas claves se acentuó desde 2017 con el gobierno de Lenin Moreno (…). Si tenemos que decir cuál es la principal causa es la debilidad del Estado (…) y ese es el incentivo más grande para que el narcotráfico opere (…). Esa debilidad estatal cuenta con un componente explosivo que genera las condiciones para la instalación de los cárteles de droga: la dolarización (…). Una razón no menor de esa irrupción es que la dolarización hace imposible el control de divisas y el país se transforma en un paraíso para capitales golondrinas que financian el narcotráfico”.
¿Y si prueban con Fukuyama?
El eje de este artículo no estuvo puesto en la dimensión securitaria del abordaje de la narcocriminalidad, sino en el impacto del neoliberalismo, la dolarización y el debilitamiento del papel del Estado en Ecuador a partir de 2017.
A los impulsores del experimento liberal-libertario en curso en la Argentina les convendría releer a uno de los más prominentes defensores del pensamiento único, el politólogo estadounidense Francis Fukuyama. Impulsor del denominado “Proyecto para el Nuevo Siglo Americano”, Fukuyama saltó a la fama por su controvertido El fin de la Historia y el último hombre (1992), en el que sostiene que la historia humana como lucha entre ideologías ha concluido, con el triunfo definitivo del neoliberalismo, una afirmación a tono con la primavera mileísta.
Sin embargo, una década después de su best-seller, Fukuyama publicó otro libro titulado La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI (2004), en donde describe cómo la mayoría de los países se están adaptando a la democracia liberal en la era de la post-Guerra Fría. Allí hace una encendida defensa del fortalecimiento de las instituciones estatales en los países de mediana y baja renta: “Al fin y al cabo, la tendencia dominante en la política mundial de los últimos años ha consistido en criticar ‘el gran gobierno’ y tratar de desplazar las actividades del sector estatal a los mercados privados o a la sociedad civil. Sin embargo, en el mundo en desarrollo los gobiernos débiles (…) son fuente de graves problemas” (2004: 10).
El desenlace de los acontecimientos en Ecuador nos obliga a mirar el futuro con alarma y escepticismo. El Estado y su capacidad regulatoria siguen siendo herramientas fundamentales para países como la Argentina y Ecuador. No existe crisis de seguridad desconectada de un trasfondo crítico en materia económica y social. Tal vez sea el momento de que Milei y sus colaboradores abandonen la lectura de anarcocapitalistas como Rothbard y prueben con neoliberales un poco más serios como Fukuyama. Posiblemente, el Estado no sea “la base de todos los problemas”, sino el principio de algunas soluciones.
