Triángulo del litio: ¿cómo es la situación en la región? – Por Florencia Cabral

El triángulo del litio está ubicado entre Chile, Bolivia y Argentina, y concentra entre el 56% y el 68% de este recurso natural en todo el mundo. La transición de distintos países hacía las energías renovables provocó que la demanda aumentará rápidamente y posicione al denominado “oro blanco” en el centro de la discusión global. Pero aunque mucho se habla del tema, es poco lo que realmente se sabe. Claves para entender el boom del litio desde una mirada regional.

1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de litio?

El litio es un metal alcalino blando y blanco, altamente reactivo y combustible en presencia de oxígeno que se usa para crear fuentes de almacenamiento de energía y baterías, como las de los dispositivos móviles y los autos eléctricos. En Argentina, Chile y Bolivia, este mineral se extrae a través de la perforación de pozos para conseguir que la salmuera suba a la superficie y, mediante procesos químicos como la precipitación, la cristalización y la filtración, se obtiene el recurso para exportar.

Entonces, el revuelo de la demanda mundial para obtener litio de manera más accesible y menos costosa llevó a que estos tres países comenzarán a hacer foco en las negociaciones con las empresas extranjeras y el proceso productivo.

Pero, ¿cómo es la extracción en cada país que compone el triángulo del litio? ¿Cuáles son los beneficios económicos con los que se queda cada nación? ¿Qué sucede con las comunidades cercanas a los salares? ¿se tiene en cuenta la protección del ambiente?

2. ¿Cómo es la política en Chile?

El país trasandino cuenta con 9.600.000 toneladas de litio y desde 1979 el recurso fue declarado estratégico para la producción nuclear. Sin embargo, en los últimos años la demanda giró en torno a la producción de baterías de litio y obligó al gobierno chileno a tomar cartas en el asunto. En abril de este año, el presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio con el objetivo de “aumentar las riquezas para el país, desarrollando una industria clave como paso fundamental para vincular el desarrollo económico de Chile con el cambio hacia una economía verde a nivel global”. Regularizar el recurso a nivel nacional, haciendo foco en el control del Estado, fue una promesa de campaña del mandatario quien aseguró que hoy Chile tiene el desafío de transformarse “en el principal productor de litio del mundo”.

De esta manera, el objetivo del país vecino es crear la Empresa Nacional del Litio, de carácter público-privada, para controlar todo el ciclo productivo del mineral en el país, avanzar en cambios normativos y promover la colaboración entre el Estado y las empresas privadas.

Actualmente, Chile adoptó una política de regalías móviles que aumentan en función del precio internacional del litio y que va del 6,8% al 40%. De hecho, es uno de los principales productores del recurso en la región y representa más del 30% de la producción global. En 2022, las ventas de litio en Chile aumentaron en un 777%, lo que equivale a 7.763 millones de dólares, según datos relevados por el sitio Chequeado.

 

Pero no es todo color de rosa del otro lado de la cordillera. El Estado chileno aún no tiene el control total sobre la producción del litio y para lograr el dominio público-privado, la gestión de Boric está trabajando velozmente para enviar al Congreso el proyecto de ley de creación de la Empresa Nacional del Litio y poder así concretar la propuesta.

Hoy en día, Chile cuenta con 18 salares y el 90% de las reservas de litio están ubicadas en el Salar de Atacama que pertenece a la agencia estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Este organismo tiene contratos con las empresas privadas SQM, que tiene el control del 65% de la producción, y Albemarle, con el 35%. Ambas empresas poseen la administración de las reservas hasta 2030 y 2043, respectivamente. Este último punto indica que quedan menos de siete años para el cese de la concesión con la empresa privada SQM y el Estado chileno debe definir el futuro productivo del salar más grande de su país de una manera eficaz -económica y tecnológicamente hablando- y responsable con el ambiente.

Asimismo, Boric señaló en el comunicado oficial de la Estrategia Nacional del Litio que buscarán preservar los salares con una red de protección que promueva el 30% de ecosistemas para 2030. Para ello, el presidente trasandino propuso la creación de un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares. ¿El objetivo? Fomentar la investigación en los salares para descubrir cuáles se pueden explotar y cuáles no y, lógicamente, atraer más inversiones.

¿Qué sucede con las comunidades aledañas de los salares?

El gobierno chileno parecería ser uno de los tres países más dispuestos a entablar una exploración del litio de manera participativa y en consulta con los pueblos originarios que históricamente habitan los salares de Atacama. “Nuestra propia historia nos ha enseñado que no hay desarrollo posible sin la comunidad”, dijo Boric durante la presentación de su propuesta. Durante junio se realizó el primer encuentro entre comunidades indígenas y representantes de la industria para avanzar en el proyecto de ley, no sin algunos cuestionamientos.

Allí, los representantes de las comunidades mostraron su desconfianza con las intenciones de las empresas Codelco, ENAMI y SQM en cuanto a su compromiso con el ambiente y el tratamiento de los recursos naturales como el litio y el agua, ya que Codelco —la empresa estatal dedicada a la explotación minera— será la encargada de liderar todos los procesos de negociación para que el Estado pueda tener una participación en el salar de Atacama. ¿El motivo de la desconfianza? La empresa tiene un largo historial de desastres ambientales, según declaró la presidenta de la comunidad Colla de Pai Ote, Ercilia Araya, durante el encuentro tal como se cuenta en esta nota del portal Mongabay. Además, Araya sostuvo que a pesar de las buenas intenciones del gobierno, “no existe conciencia de la forma de vida de los pueblos”.

Por su parte, Sergio Chamorro, asesor jurídico del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), señaló que Codelco “ha procedido de forma sistemática a contaminar, disminuir y generar un colapso ecológico en la cuenca hidrográfica del río Loa“. Además, denunció que las comunidades que integran el CPA no tuvo un diálogo previo con el gobierno para poder entender de qué se trataba la Estrategia Nacional del Litio y que se enteraron por los medios que Codelco será la empresa encargada en la extracción de litio de la cuenca del salar de Atacama.

 

¿Cómo sigue?

Los pueblos originarios exigieron que se mantenga el rol consultivo en todas las instancias del proyecto, tal como establece  el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, solicitaron la realización de un estudio científico para saber cuál es el estado de la cuenca hidrográfica del salar de Atacama. Por su parte, el jefe de proyectos mineros de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Nicolás Pacheco, adelantó que ya se está desarrollando una exploración básica en esa región bajo el proyecto Salares Altoandinos SpA, que abarca cinco salares del norte de Chile: Las Parinas, El Aguilar, La Isla, Infieles y Salar Grande.

En síntesis, mientras el gobierno de Boric trabaja en el proyecto de ley para promover un control del Estado en la explotación y producción del litio, parece haber algunas incongruencias entre los dichos y hechos: las comunidades cercanas al salar de Atacama denunciaron la falta de consulta y la contaminación del agua y la tierra por parte de la empresa extractivista en el salar de Atacama. Mientras tanto, las empresas privadas siguen avanzando sobre el salar más grande de Chile con ganancias récord debido al aumento del precio internacional del litio.

3. Bolivia: pionero de la nacionalización

Bolivia cuenta con 18.300.000 toneladas de litio y fue uno de los primeros países en nacionalizar el recurso en 2008, durante la presidencia de Evo Morales. A partir de la ley Nº 928, se estableció que el Estado posee el control total sobre el litio, su explotación y los procesos de extracción y producción, y se creó la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Sin embargo, el país tuvo diversas complicaciones para desplegar el negocio hasta 2021, cuando logró ingresar al top 10 de exportadores globales de litio con 1.019 toneladas, producidas íntegramente en la planta piloto situada en el salar de Uyuni, Potosí. El 44% de esa producción fue a Rusia, el 40%, a China y el 16% restante terminó en Estados Unidos, según indica el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Además, recientemente el gobierno boliviano firmó un acuerdo con la empresa estatal rusa Rosatom y la china Citic Guoan Group con las que se prevé una inversión total de 1.400 millones de dólares para extraer al menos 45.000 toneladas de litio de las localidades de Pastos Grandes y Uyuni Norte.

Por otro lado, la gestión actual también firmó un convenio con el consorcio chino Catl Brunp and Cmos (CBC) para trabajar con insumos químicos y extraer el recurso sin recurrir a las piscinas de evaporación. Este último punto resultó controversial en el país, ya que no se sabe si esta metodología tendrá impactos negativos en el suelo y el agua.

En cuanto a las ganancias, Bolivia contempla de 1% a 7% de regalías, tomando en cuenta el precio internacional. Por eso, el gobierno de Luis Arce propone aprobar una ley para crear el Ministerio de Recursos Evaporíticos y Litio y establecer un Impuesto directo al litio, con un aumento de las regalías que serían de 10% cuando la tonelada de carbonato de litio se cotice en 10.000 dólares y subiría a 20% cuando la cotización llegue a 30.000 dólares.

4. Argentina: el litio en disputa

El país es uno de los más complicados en cuánto a la regulación del litio, ya que posee distintos inconvenientes legales para controlar la producción en las tres provincias en las que se concentran los salares: Jujuy, Catamarca y Salta.

En principio, el artículo 124 de la Constitución establece que las provincias, y no la Nación, son las que poseen el dominio originario de los recursos naturales de su territorio. Además, el código minero establece que los Estados provinciales son los únicos que pueden concesionar la explotación de sus recursos. Por ende, los contratos y la administración se realizan entre los gobiernos de cada provincia y las empresas privadas que, en su mayoría, son de capitales extranjeros.

Si bien el gobierno federal tiene distintos instrumentos para intervenir en algún punto sobre el circuito productivo del litio como, por ejemplo, la legislación sobre las inversiones u organismos de control como la Aduana- estas herramientas sólo abarcan una parte de la regulación impositiva, mientras que otro porcentaje de las ganancias se queda en manos de las empresas extranjeras.

En comparación con los otros países del triángulo del litio, Argentina establece una regalía menor al resto: solo el 3% de regalías a boca de mina, es decir, el pago por la extracción pura del recurso previo a cualquier proceso de transformación. Además, como en el caso de Jujuy, las regalías pueden bajar hasta un 2% por recibir beneficios fiscales de las propias empresas que extraen el recurso, ya que estarían “impulsando la industrialización local”.

 

Pero eso no es todo, porque la Ley de Inversiones Mineras dispone que las explotaciones tienen una estabilidad fiscal de 30 años a partir de la presentación del estudio de factibilidad de un proyecto minero. Es decir, que el gobierno nacional y los provinciales no pueden aumentar ni crear nuevos tributos durante ese período, así que pongámosle nombre y apellido a las empresas que están llevándose ganancias en esos territorios.

• En Jujuy, la empresa de origen australiano Orocobre Limited opera en el Salar de Olaroz y, en 2021, estableció una asociación con la empresa Toyota Tsusho Corporation de Japón para producir estratégicamente sobre este salar.
• En Salta opera Livent Corporation y Galaxy Resources en el Salar del Hombre Muerto y, en las Salinas Grandes, la empresa Exar, está desarrollando el proyecto Cauchari-Olaroz.
• En Catamarca, operan la estadounidense Livent Corporation, la australiana Galaxy Resources y la surcoreana POSCO (Pohang Iron and Steel Company).

Hasta el momento, no hay un informe actualizado sobre el total de las ganancias de las empresas privadas y la retención del Estado en materia impositiva. De hecho, el último fue publicado en 2022 con datos recopilados entre el 2017 a 2019 por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI). En el documento, se especifica que de la facturación de las grandes mineras, el 67% se quedó en el país: el 15,2% al pago de trabajadores, el 11,4% se destina al pago de impuestos y el 40,5% a proveedores nacionales. Sin embargo, este informe no contempla los últimos 3 años y medio en donde la demanda del litio creció exponencialmente al igual que su costo.

En la actualidad, las cargas impositivas van del 35% del impuesto a las ganancias, el 4,5% al 8% de retenciones por exportaciones (según el mineral) más el 3% de regalías a boca de mina. Entonces, el total rondaría entre un 45% y 50%, sin embargo, el valor final varía en torno a los acuerdos que las provincias y las empresas tienen con el gobierno nacional.Lo interesante es que, a pesar de que el país cuenta con algunos grises en cuanto a la regulación del litio, según señala Martín Obaya, director del Centro de Estudios para la Transformación (CENIT) de la Escuela de Economía y Negocios (EEyN) de la UNSAM en este documento las ventas al extranjero de litio representan solo el 0,4% de las exportaciones totales. Entonces, ¿se exporta poco y se gana poco?

5. Debates, tensiones y un pueblo que resiste

No hay dudas de que Argentina tiene deudas que resolver en cuanto al presente y el futuro del oro blanco en el país. En ese contexto, existen distintos proyectos de ley para modificar las regulaciones sobre la explotación de este mineral y lograr que el Estado tenga un rol más activo en la gestión de este recurso estratégico.

El primero fue presentado en mayo por el diputado nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete. La iniciativa propone declarar de “interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados”. Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anticipó que la Mesa del Litio presentará un proyecto de ley durante este mes para impulsar la industrialización del mineral. De la iniciativa participaron integrantes de las tres provincias con salares y representantes del gobierno, aunque aún se desconocen los detalles del proyecto.

La situación es compleja, ya vimos como en las últimas semanas el pueblo jujeño defendió su territorio al enfrentarse a la represión de las fuerzas provinciales en rechazo a la reforma constitucional de Gerado Morales que, entre otras medidas, buscaba prohíbir el derecho a la protesta y provincializar recursos estratégicos como el litio, sin tener en cuenta el derecho a la tierra y el agua de los pueblos que habitan esos territorios.

 

En esta nota de LatFem, Rodolfo Alancay, uno de los referentes elegidos para defender los intereses de una etnia con presencia ancestral en la cuenca de Salinas Grandes, lo que buscan las comunidades originarias cercanas a los salares es que los proyectos se realicen sin destruir el ambiente y sin realizar consultas previas a las comunidades:

”Hay formas de la explotación de litio sin contaminar, sin destruir, sin consumir una gran cantidad de agua, pero eso no lo hacen porque el Estado Nacional o Provincial no controla a las empresas”.

En conclusión, queda en evidencia que las empresas privadas no siempre cumplen con sus promesas en cuanto al cuidado del ambiente a la hora de extraer el litio y la responsabilidad que tienen los gobiernos de cada país es la de promover políticas federales que asuman el extractivismo a través del cuidado el suelo, el agua y el respeto de los pueblos cercanos. Proteger la biodiversidad de los salares es de vital importancia, ya que cumplen un rol fundamental para mantener los ecosistemas.

Además, hay que pensar que Latinoamérica y el Caribe han sido territorios desprotegidos en materia de beneficios económicos debido a la falta de negociaciones equitativas que, desde tiempos inmemorables, entregaron los recursos naturales por costos muy bajos y como consecuencia, muchos países se quedaron con sus suelos explotados, despojados de la biodiversidad rica que antecede a la región.

Para cerrar, es necesario recordar que el cambio climático está generando un cambio de paradigma en materia energética y, para disminuir la temperatura media global por debajo de los 2ºC, la transición verde es una necesidad de los países más contaminantes que, casualmente, son aquellos que están invirtiendo en la producción de energías renovables. Por eso, es indispensable entender que no se puede arreglar un jarrón rompiendo otro y, nosotros como región, tenemos la posibilidad de aprovechar esta oportunidad para crecer económicamente pero con la previsibilidad de que esta vez, regalar nuestros recursos y cuidar el ambiente no es una opción.

Esta nota fue realizada a partir del taller “Energía, economía y ambiente. Miradas feministas desde Latinoamérica”, organizado por el Observatorio Petrolero Sur y LatFem.

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