La Justicia rechazó el pedido de excarcelación del expresidente Alejandro Toledo
Alejandro Toledo seguirá en prisión preventiva: Poder Judicial declaró improcedente el pedido de excarcelación
Por Oswaldo Palacios
El Poder Judicial declaró improcedente el pedido que hizo la defensa legal de Alejandro Toledo para que el expresidente de la República (2001-2006) sea excarcelado.
El abogado Paolo Aldea había exigido hoy en una entrevista con el programa en La Rotativa del Aire-Edición Mediodía de RPP la liberación inmediata de su patrocinado, argumentando que ya se cumplieron los 18 meses de prisión preventiva que le impuso en 2017 el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, por supuestamente haber recibido una coima millonaria de la multinacional brasileña Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica.
«Todos los casos en los que se ha extraditado personas del extranjero ha sido el mismo tratamiento: se ha computado el plazo en que se ha detenido en otro país», señaló.
Sin embargo, el Poder Judicial precisó en su resolución que el año pasado se estableció que el cómputo del plazo de la prisión preventiva contra Toledo Manrique se realizaría desde el momento de la llegada del procesado al territorio peruano; esto es, el 23 de abril de 2023, y vencerá el 22 octubre de 2024.
Esperaban pronunciamiento judicial
Paolo Aldea dijo que el lunes 19 expiraron los 18 meses de prisión preventiva, pero otorgaron un plazo de dos días adicionales a la espera del pronunciamiento de las autoridades peruanas.
«Hemos sido cautos al dar dos días al juez de la investigación para que tome una decisión sobre la situación jurídica. Un caso cercano es el caso del señor Martín Belaunde Lossio (exasesor presidencial de Ollanta Humala), si leemos la resolución que da la corte se le computa el plazo que ha estado en Bolivia detenido y se le agrega el plazo detenido en Perú», agregó.
El 25 de marzo se iniciará la audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación contra Toledo y otros implicados por las presuntas irregularidades en la licitación del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.
La Fiscalía pidió 35 años de prisión contra Toledo al acusarlo de los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado.
