Perú: 30 años de una Constitución tasajeada y parchada – Por Rudecindo Vega Carreazo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Rudecindo Vega Carreazo
La Constitución de 1993 acaba de cumplir 30 años, es la tercera con más años de nuestra historia luego de las constituciones de 1860 y 1933 y, es la que ha permitido el proceso democrático más largo del Perú; es una constitución parchada, ha sufrido más de 40 “reformas” sustantivas y formales, su texto actual no es el original, los diferentes gobiernos la han tasajeado; es una constitución sobrevalorada tanto por sus críticos que quisieran cambiarla como por sus defensores que quisieran circunscribir el llamado “milagro peruano” a su existencia; como ninguna otra, ha sobrevivido, conducido y resuelto dos crisis de transición democrática como la del año 2000 luego de la vacancia de Fujimori y la crisis política del 2016 – 2020.
Toda Constitución Política para cualquier estado constituye el orden social que todos debemos respetar; propone el modelo social y la organización del Estado que se pretende alcanzar. Es la ley constitutiva de ese estado y todas las leyes deben sujetarse a ella sin contradecirla. Por ello es conocida como la Ley de leyes o Carta Magna y debe su origen, usualmente, a un acuerdo social consensuado o impuesto en un momento determinado de la historia.
Las sociedades cambian constantemente y los acuerdos sociales cambian también, esa es la razón que impulsa las reformas constitucionales e incluso los cambios de constitución. Las Cartas Magnas no están escritas sobre piedra, por el contrario, van acorde con las dinámicas sociales que regulan y pretenden alcanzar. Si hay un nuevo pacto social no debe sorprendernos entonces, según la dimensión de este, que se motiven reformas constitucionales o una nueva constitución. La historia del Perú es una muestra permanente de ello; incluida la actual Constitución, hemos tenido 13 constituciones y algunas de ellas con innumerables modificaciones o reformas parciales.
Las constituciones en general, como la constitución de 1993, no es un dechado de originalidad nacional, no es el parteaguas de la historia del Perú, es falso que exista un antes y después de ella; hemos tenido constituciones mucho más liberales que ella como hemos tenido también constituciones más estatistas; en rigor la constitución de 1993 sigue la estructura de su antecesora la constitución de 1979 y en la mayoría de sus articulados mantiene su espíritu y textos. No todo lo bueno ni todo lo malo proviene de la constitución de 1993. En un país con una institucionalidad tan frágil y que padece un profundo deterioro de la política, de la democracia y las reglas de convivencia centrar el debate de las bondades y maldades existentes en el texto constitucional más parece un pretexto para ocultar la inexistencia de puntos de referencia, la crisis de ideologías, doctrinas y alternativas políticas del país.
La Constitución de 1993 recoge el debate constitucional de 180 años de república, sigue la estructura de la Constitución de 1979, pero tiene diferencias sustantivas. Esta Constitución procuró, en el marco de la efervescencia popular del autogolpe de 1992, instalar en el Perú un pacto social diferente al que se acordó en la Asamblea Constituyente de 1979. Para muchos es la legalización del autogolpe de 1992 a diferencia de la de 1979 que es la legalización del acuerdo político para la transición de la dictadura militar a la democracia de los 80.
En el Perú de hoy, la necesidad de una nueva constitución parece establecerse con más claridad en el imaginario ciudadano. De haber sido, una propuesta marginal de la izquierda parece haberse convertido en una propuesta transversal a varios sectores políticos, aun con visiones y precisiones muy distintas. Esta semana el presidente del BCRP, en Davos, ha planteado la necesidad de revisar “la reglas” para resolver nuestra aguda crisis nacional y, la lideresa del fujimorismo, acaba de señalar que luego de 30 años deben hacerse modificaciones a la constitución. La crisis política actual, no resuelta en el marco constitucional de la carta de 1993, lleva en su esencia, propuestas de un nuevo orden y pacto social que alumbrarán una nueva constitución. Años más, años menos, ese será el desenlace que resuelva la crisis actual.
Los tres pilares constitucionales (derechos humanos, régimen económico y organización del Estado) tienen temas que necesitan ser resueltos en un nuevo pacto social y una nueva constitución, capaz de superar el atávico y poco práctico debate de constitución de 1979 versus constitución de 1993. Una nueva constitución que procure un nuevo orden social deberá resolver de manera drástica, y seguramente cuestionable, temas varios de mucha actualidad: el aborto, la libertad y opción sexual, la unión familiar de personas del mismo sexo, derechos políticos de la constitución del 1993, la pluralidad cultural y la administración de justicia comunal, la propiedad del subsuelo y formas de propiedad social, el rol empresarial del Estado, la reelección de autoridades, la independencia de poderes y de los organismos constitucionales autónomos, la bicameralidad del congreso, la inmunidad parlamentaria, las relaciones ejecutivo congreso, etc. Si estos puntos no resueltos o mal resueltos siguen determinando la agenda del país, ningún gobierno tendrá tranquilidad en su gestión.
La historia constitucional del Perú es la historia de la imposición o acuerdo político de pactos sociales coyunturales que se plasman en nuevas constituciones. Pactos que, además, se van modificando constantemente durante la vigencia del texto constitucional. La propuesta de una asamblea constituyente tan debatida ha sido arrinconada, no derrotada; está y estará presente.
Actualmente, padecemos, una forma perversa y pervertida de reforma constitucional, la realiza el congreso a su antojo y están destruyendo todos los cimientos del texto original de la constitución de 1993; lo realiza bajo el mensaje de defenderla, con el liderazgo, conducción y los votos del fujimorismo, es la peor reforma o deformación constitucional que estamos viviendo, el pacto social constitucional lo están convirtiendo en un pacto de organizaciones criminales de espaldas al país. Insistimos, es la reforma constitucional más perversa y pervertida de nuestra historia bajo el nombre de defender la constitución de 1993.
Este debe ser el periodo en que más se ha tasajeado y parchado la constitución fujimorista, lo está haciendo el mismo fujimorismo con sus aliados, a escondidas y de espaldas al país, todo lo pernicioso que están haciendo, servirá, sin duda, para acelerar el cambio constitucional que ellos niegan y el Perú reclama.
