Es un error querer militarizar la seguridad pública en Chile – Por Mladen Yopo H.
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Mladen Yopo H.*, especial para NODAL
En medio de un aumento indiscutible de los crímenes violentos (no de los delitos) y del narcotráfico en el país, realidad amplificada por los medios y políticos populistas de diversos sectores día a día (consolidan la sensación de inseguridad con frase como “pandemia de asesinatos”), preocupantemente se han levantado varias voces (diputados, alcaldes, camioneros, gremios empresariales agrícolas) y ya no solo de derecha, para usar a las FF.AA. en la seguridad interna y sacarlas a las calles y otros espacios públicos en virtud de la amplia Ley de Infraestructura Crítica, pero sin mediar de los esfuerzo y logros gubernamentales y del impacto de su uso.
Por sobre de la experiencia y/o datos duros, se da el hecho de que un 61% de los chilenos cree que en Chile se puede producir una ola criminal como la de Ecuador a pesar de que el país tiene una institucionalidad robusta y el gobierno ha puesto a su combate como su primera prioridad aumentando recursos, capacidades operativas, coordinando y mejorando las instituciones encargadas, entre otras muchas acciones. Ante esta percepción negativa y la imposibilidad de un control absoluto (hay una cierta fragilidad/debilidad del Estado frente a fenómenos como éste), hace un tiempo diversos sectores políticos vienen interpelando a la autoridad para declarar estados de excepción y convocar a las FF.AA. en “la lógica de la persecución” y “populismo penal” para hacerle frente, sin mediar las consecuencias. Así, por ejemplo, un grupo transversal de diputados (de izquierda a derecha) anunciaron que presentarían un proyecto de reforma legal para habilitar el uso de las FF.AA. por razones de seguridad ciudadana. De acuerdo al diputado PPD, Raúl Soto, se trataría de “una propuesta intermedia, distinta al estado de excepción y que permite, a través de la ampliación del concepto de infraestructura crítica vigente (un concepto extremadamente amplio que permitiría militarizar casi todo), incorporarlas a toda aquella zona urbana o rural que requiera oportuna y especial protección por razones de seguridad ciudadana”.
A esta “cuasi paranoia” desatada en la elite política se ha sumado hasta el presidente Boric que, al dar a conocer nuevas políticas de seguridad, informó que convocaría al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) “para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional, y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde haya que reforzar la acción de las policías” (esto permite riesgosamente citar a fuerza no deliberantes a deliberar como las FF.AA.). Incluso parlamentarios de diversos sectores han declarado estar “dispuestos a interrumpir el receso de la Cámara y realizar las sesiones extraordinarias que sean necesarias” para legalizar posibles acuerdos del COSENA.
Anclado a los ambiguos conceptos de seguridad ampliada y orden público y, sobre todo, de un sentido absoluto de autoridad que tiende a securitizar todo incluso a costa de la propia democracia, líderes civiles elegidos democráticamente (incluyendo los de izquierda como se ve) han recurrido desmesuradamente al uso de las FF.AA. e implementado discurso y prácticas (legitimada por leyes) de militarización con el fin de dar gobernabilidad/respuestas (no gobernanza) a desafíos y amenazas donde el Estado ha sido débil y/o ineficiente. Es claro que el militarismo ya no es una dimensión exclusiva del estamento militar tradicional, al ser hoy acompañado de un “militarismo cívico” con su populismo penal. Basta decir, por ejemplo, que en mayo se cumplirán dos años de estado de excepción y de despliegue de militares en la Araucanía con este gobierno (16 de mayo de 2022) y no se visualizan soluciones duraderas y/o prospectivas desde la política a un problema histórico y que hoy adquiere ribetes violentos (lo mismo se ve en la Frontera Norte frente a las inmigraciones).
Es claro que esto no es exclusivo de Chile como se ve en la vecina Argentina donde el presidente Milei prepara un proyecto de reforma a las leyes de seguridad interior y defensa para que las FF.AA. puedan participar en «tareas de apoyo» en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo fronteras adentro de la Argentina. Sin embargo, como lo reconoció Martín Balza, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, ex combatiente de las Malvinas, y el primer militar de alto rango que reconoció públicamente las violaciones sistemáticas de los DD.HH. en Argentina, “en ningún país fue positivo incluir a las FF.AA. para enfrentar al narcotráfico porque ellas no tienen por misión, ni por estructura, despliegue, instrucción, adiestramiento, ni armamento acorde a ese tipo de lucha interna, ante el flagelo del narcotráfico”. Agregando que en donde intervinieron las FF.AA. los resultados “fueron negativos en todo sentido” y menciona Colombia donde el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, determinó que las áreas sembradas ascendieron de 40 mil en 2009 a 200 mil hectáreas 2022, mientras la producción de clorhidrato de cocaína pasó de 600 a 1.700 toneladas en este período a pesar de su uso.
La experiencia de política comparada nos dice que las consecuencias de institucionalizar el predominio de lo militar sobre lo político a través de la securitización de la esfera pública y privada con leyes como la de la Infraestructura Crítica y propuestas como las de su ampliación para combatir la criminalidad y el narcotráfico, en primer lugar, han tenido como efecto la limitación de los derechos ciudadanos (la libertad de expresión, de circulación, etc.), la represión y las recurrentes violaciones de DD.HH. por parte de las FF.AA. y las policías, violencia que en la práctica ha afectado más a sectores populares y/o de izquierda.
Esto se ha reflejado con amplitud y claridad en México como lo relata la organización “México Unido Contra la Delincuencia”, al decir que “en el marco de una política enfocada en el combate frontal de las organizaciones criminales, los distintos gobiernos federales han justificado el uso de las FF.AA. en funciones de seguridad pública”, legitimando numerosos casos de violaciones graves a los DD.HH. cometidos en cumplimiento de dicha política. Agregan que las autoridades continúan apostando a ellas dotándolas cada vez de más atribuciones, algo que resulta incomprensible cuando toda la evidencia confirma que su uso no ha reducido los niveles de violencia, “pero sí ha costado la vida, la libertad y la integridad de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias”. Un informe de Amnistía internacional de diciembre de 2023, dice que la “estrategia de seguridad pública fuertemente militarizada” de Manuel López Obrador han transformado a la Guardia Nacional en “una de las diez instituciones con más denuncias por violaciones de DD.HH.” (1.200 demandas entre 2019-2022) y repara en que las víctimas y sus familiares no solo sufren por los actos criminales, sino que también se enfrentan a una justicia incapaz de dar respuesta a las exigencias de verdad, justicia y reparación.
Como lo expresó el ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez, «cuando tú metes a soldados en una población (villa, favela), el soldado va a tener una respuesta militar». Además de los DD.HH. y la justicia, entonces, y como lo planteó Samuel Huntington, en segundo lugar, esta la amplitud de la misión militar (operacionalizada a través de la polivalencia) y que tiende a incrementar el cuerpo y la influencia de las FF.AA. en asuntos ajenos a la defensa, además de los efectos negativos que tiene en otros organismos públicos creados para estos propósitos en términos de rol-misión, presupuesto, planta de personal, etc. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) constató el 2022, por ejemplo, que en México las FF.AA. realizaban 246 tarea del ámbito civil en seguridad, energía e hidrocarburos, educación, comunicaciones, transporte, puertos y aeropuertos, investigación, salud, infraestructura pública, etc. Ej. construyen el Aeropuerto Felipe Ángeles (y tres terminales aéreas) y el Tren Maya, manejan la refinería de Dos Bocas y los Bancos del Bienestar, manejaran Mexicana de Aviación a través de la estatal Olmeca-Maya-Mexica administrada por la Secretaría de Defensa Nacional (controlada por militares), son encargados del transporte y distribución de combustible, entre muchas otras labores (empiezan a convertir en un Estado dentro del Estado).
En tercer lugar y como lo alertó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al decir en una publicación que, si bien los países en la región han avanzado considerablemente en la consolidación de sus regímenes democráticos, una mayor intervención militar en asuntos de seguridad abre la puerta a mayores intentos de politización y autonomía de las FF.AA. (eso se paga como lo dijo Ruth Diamint el 2015). Precisamente, el llamado al COSENA del presidente Boric para discutir sobre seguridad, además de un reintento por controlar la agenda, abre esa puerta a pesar de ser solo un organismo asesor.
Un cuarto factor controversial, además de la posibilidad de desprofesionalización y exponer al contingente a procesos judiciales posteriores, es que las FF.AA. puedan verse contaminadas por la corrupción. Raúl Sohr hace tiempo alertó que medidas como esta eran “absolutamente innecesaria, no representa nada nuevo y exponen a las FFAA a la corrupción. En todos los países en que los militares participaron en este tipo de actividades se dio este dicho tan popular que dice ‘el que va a la guerra le entran balas’. Y las balas que le entran a las FF.AA. es la corrupción”. En Ecuador en 2022, por ejemplo, decenas de marinos en servicio activo y pasivo fueron dados de baja al convertirse en eslabones de las bandas criminales como Los Chone Killers y Los Choneros, con roles clave en el robo, tráfico y venta de armas y municiones. Las alertas de este reclutamiento fueron abordadas en reuniones del alto mando militar, el ministerio de Defensa e incluso en Asamblea Nacional. Las FF.AA. chilenas no son inmunes como lo demuestran los casos como “Mirage”, “Leopard”’, “Bell 412”, “Fragatas”; “Milicogate”, entre otros. En Perú hoy, por ejemplo, se investiga al Comandante General del Ejército por la compra de 10 mil fusiles israelíes (US$ 27 millones), sin licitación, concurso de precios o garantía adecuada.
En quinto lugar, a falta de estímulos y socialización democrática, en sociedades de tendencia normativo-cultural autoritaria (con cierta proclividad hacia lo militar y una nostalgia de lo absoluto) como la chilena, sus marcos de actuación tienden a tolerar más la “trasgresión de la ley” y los “abusos” cometidos por los militares y las policías porque supuestamente son parte de una solución de un problema considerado más grande. Así, la penetración de los imperativos militares en la sociedad chilena y que se han dado desde los albores de la independencia no siempre con resultados positivos, imponen ante la continuidad de grandes desafíos la recurrencia cada día más permanente de las FF.AA. para la mantención del orden y el funcionamiento del país. Es claro que en Chile no existe un consenso normativo claro que limite los potenciales efectos negativos del “nuevo militarismo” y menos de uno “civil”, lo que implicaría un retroceso democrático notorio en materia de doctrina militar al establecer bases para que las FF.AA. vuelvan a actuar en política interior y fomentar una peligrosa zona gris de confusión y contacto entre lo militar y lo policial (entra la lógica de la guerra).
Hoy la sensación de térmica social en Chile parece inclinarse más por la represión frente a un problema complejo como la violencia criminal. Es entendible. Sin embargo, un problema complejo como el que se sufre requiere de respuestas sistémicas también complejas y de políticas basada en la sinergia de los consensos y la coordinación de las estructuras de seguridad; de reforma y fortalecimiento de las policías (en especial Carabineros) y de la Fiscalía; de más inteligencia; de recuperación de espacios públicos con participación ciudadana; con intervención carcelaria y mejoramiento de las leyes existente para la persecución y castigo (evitar puertas giratorias); con fuertes campañas de educación cívica y fortalecimiento de las oportunidades para sectores juveniles; con cooperación internacional (ej. la “red de seguridad permanente” creada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), etc.
Es cierto que hay que combatir con todo la criminalidad y narcotráfico, e incluso con FF.AA. que puedan proporcionar un apoyo logístico (en alojamiento, alimentación, transporte, inteligencia, etc.) a las fuerzas de seguridad. Pero las FF.AA. están preparadas para la defensa externa (hay que cuidarlas) y su uso pleno solo debe ser un recurso de última ratio, es decir cuando no haya formas de control/solución menos lesiva para las personas y la democracia. Hay que consensuar y complejizar las propuestas de seguridad frente a esta creciente violencia delictual, pero sin pensar en la próxima elección y menos en su militarización (con su populismo penal incluido) en contextos democráticos ya debilitados.
*Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden-Holanda, Magister en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, e investigador y profesor del Programa de Política Global e Innovación de la Universidad SEK-Chile.
