LIBRE, estabilización y políticas para la transformación estructural (2024-2026) – Por Javier Suazo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Javier Suazo*
“La transformación estructural es mucho más amplia que la estabilización económica y el ajuste estructural neoliberal, va a los cimientos de la economía y sociedad misma, viene del pueblo no de elites económicas y políticas” (Aníbal Pinto)
El presidente electo de la República de Argentina, Javier Milei, anunció que el país camina a una situación de estanflación, ósea alta inflación y recesión (menor crecimiento, menor inversión, menor empleo), lo que implica un ajuste “shock”, [2] parecido al “Fujimorato” en Perú y /o al ejecutado por el Gobierno de Pinochet en Chile, una vez que se derrocó al Gobierno socialista y democrático de Salvador Allende, y paró la conspiración de empresarios y compañías transnacionales con la especulación de precios y acaparamiento de productos, entre otras acciones, contra del Gobierno.
Milei no solo actuará sobre los agregados monetarios, sino también sobre el gasto público, con la privatización de empresas y cierre de instituciones públicas y congelamiento de salarios, pero también sobre la autoridad monetaria (banco central), al acusarlo de generar mayor inflación al emitir dinero sin respaldo.
Se espera que estas medidas tengan frutos “visibles “en un periodo de entre 12 y 16 meses, por lo que se pide a la población un sacrificio adicional al actual. Espera también que se avance en forma rápida con la liberalización del comercio, sobre todo de las importaciones, y la eliminación del régimen del tipo de cambio actual al promover la dolarización (eliminación del peso como moneda de curso legal); pero sin valorar los costos netos para el país, sobre todo la pérdida de competitividad y fuga de capitales hacia sus países vecinos, tal como ocurrió en el Gobierno de Menem con el Plan de Convertibilidad.
En el caso de Honduras, y aunque el Gobierno que asumió el poder en enero de 2022 no se tipificó como de corte neoliberal, mucho menos libertario anarco/capitalista, hubo apocalípticos que presagiaron una situación parecida a la que enfrentarían países como Argentina, en caso que no se tomaran medidas como el aumento de la tasa de política monetaria, control y reducción del gasto público, congelamiento de salarios, aceleración de la privatización de empresas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), vigencia plena de las Zonas de Empleo y Desarrollo ( ZEDES) , y de un régimen de tipo de cambio con menos control por parte del Banco Central. Se hablaba de una inflación arriba del 15% para fin de año, que sumado al desempleo y pobreza, el panorama no era favorable para “aprobar”, según la ortodoxia neoliberal, políticas activas de demanda.
La Ministra de Finanzas (2022-2023), Rixi Mocada, mantuvo un mayor optimismo acerca de aplicar políticas económicas contrarias a las recomendadas por los apocalípticos y prensa mediática. El primer compromiso fue y sigue siéndolo con el cumplimiento de las medidas de políticas, acciones y metas contempladas en el Plan de Gobierno Refundacional 2022-2026 que la presidenta Xiomara Castro presentó a la colectividad nacional.
Aunque hemos insistido que este es un documento que recoge las promesas de campaña de la presidenta electa, del cual debió o debería derivarse un Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026 avalado por la mayoría de los actores, sobre la base de objetivos y metas alcanzables en función de los recursos disponibles y las prioridades de desarrollo, en temas económicos y sociales, el Plan Refundacional se considera la referencia obligada.
El segundo compromiso, es “enterrar” de una vez las prácticas corruptas de administraciones anteriores [3], sobre todo en lo que respecta al manejo de los recursos de presupuesto, fideicomisos, endeudamiento y los programas y proyectos de inversión pública, volviendo a la vigencia del principio de Caja Única [4]. En ello destacó también, el rescate de la ENEE en camino de privatización según funcionarios del Gobierno anterior y ciertos personeros de organismos financieros internacionales, igual el control de los recursos forestales [5] y combate de la erosión de los ingresos monetarios de las familias por aumento de costos de los insumos, servicios públicos y alimentos.
El tercero, y que le ha valido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), son avances visibles en logros de la estabilidad económica, bajando la inflación de 9.8% en 2022 a 5.19% en 2023, déficit fiscal y mejoramiento del perfil de la deuda externa, que se complementa con una tasa de crecimiento del PIB positiva de 3.3% según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), pero menor de la observada por Panamá, Costa Rica y Guatemala.
Se suma el aumento en la recaudación de impuestos, ya que según el Servicio de Administración de Rentas (SAR), se estima un aumento al cierre de 2023 en más de 6,100 millones de lempiras si se compara con 2022, que representa un 7.32%. Economistas independientes como Jorge Lagos, son del criterio que más bien hubo una caída de más de 5,600 millones de lempiras en la recaudación de impuestos sobre la renta, empresariales y pagos a cuenta, que refleja menor actividad económica (Tunota.com, 5/01/2004).
La Secretaria de Finanzas (SEFIN) debe oficializar las cifras de recaudación de ingresos al cierre del año, en tanto ello condiciona el grado de cumplimiento de las metas de inversión productiva y social y aportes de contraparte a los programas y proyectos actuales y en marcha para 2024.
El Gobierno ha retomado los compromisos sobre cumplimiento de objetivos-metas establecidos en el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo derivados de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que se suspendieron durante la pandemia a introducirse una cláusula de excepción de las reglas plurianuales de desempeño fiscal.
Un ejemplo de esta regla, es el aumento en techo anual para el déficit del balance global del Sector Público no Financiero (SPNF) no mayor de 5.4% en 2021 y 2.3% en 2022. “Asimismo, se estableció que durante el período de suspensión de las Reglas Plurianuales de Desempeño Fiscal el incremento anual del Gasto Corriente Nominal primario de la AC; para el año 2021 no podrá ser mayor a un rango entre trece punto ocho por ciento (13.8%) y quince punto siete por ciento (15.7%); para el año 2022, no podrá ser mayor a un rango entre seis punto tres por ciento (6.3%) y nueve punto cinco por ciento (9.5%); y, para el año 2023 no podrá ser mayor a seis punto uno (6.1%); como lo establece el Artículo 3, numeral 1), inciso a) de la LRF” [6]
El Convenio con el FMI también encuentra justificación en las autoridades del Gobierno por avanzar en la aprobación de una Ley Fiscal, denominada Ley de Justicia Tributaria, que aumentaría los ingresos del Gobierno para enfrentar las demandas en infraestructura económica, productiva y protección social.
Esta Ley se encuentra “congelada” por las crisis de ausencia de diálogo efectivo y consensos en el Congreso de la Republica. La fecha máxima para su aprobación era el 31 de diciembre de 2023, pero puede alargarse hasta junio de 2024; después se genera automáticamente una distorsión en las metas de estabilidad económica acordadas con el FMI. Urge avanzar en ello, aunque diputados de la oposición política, algunos de Libertad y Refundación (LIBRE) del grupo liderado por Jorge Calíx, se manifiesten en contra.
El Acuerdo alcanzado con el FMI por 36 meses, permite al país poder acceder a unos USD 830 millones para financiar la reformas económicas en marcha, y crear un espacio fiscal más amplio para atender demandas de inversión productiva y social, incluyendo los apoyos monetarios a las familias en situación de pobreza extrema. También mejora en la gestión de la ENEE, una empresa manejada como piñata en gobiernos pasados, enfrentando además los efectos del cambio climático con más resiliencia.
La nueva administración de la ENEE debe dar a conocer logros de corto plazo, sobre todo avances en la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, más allá de los resultados en cobertura de subsidios al consumo de energía para la población de menores recursos. El año 2023 cerrara con 37% o 38% de perdidas, lo cual es un mal augurio ya que, el financiamiento para la ENEE, sobre todo para el Programa de Reducción de Pérdidas (PRP),aumentó considerablemente.
Se contemplaba una reducción de 4% en 2023, pero más bien se redujo la meta al 3%, en el entendido que las pérdidas diaria representan unos 43 mil millones de lempiras (Proceso Digital. Hn, 25/12/ 2023), con una deuda a proveedores de energía privados de 19, 500 millones de lempiras (datos a octubre de 2023), sin ingresos suficientes para honrarla y problemas para la obtención de recursos externos con la colocación de bonos. Lo peor que puede suceder es que no se logre a finales de 2025 reducir las pérdidas en un porcentaje aceptable, con una ENEE más endeudada que nunca, aunque con mayores ingresos captados.
Un punto de discusión es lo referente a la política cambiaria. Para el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, el FMI exigía una devaluación del lempira frente al dólar mayor, de 24 LPS/dólar a 27Lps/dólar, que no fue aceptado por el Gobierno; otros hablan de una devaluación de un lempira hasta 2025, o sea un política de minidevaluaciones. El Gobierno volvió al Sistema de Subasta de Divisas (SSD), vigente antes del golpe de Estado, por lo que el Banco Central asume el control del mercado cambiario, especialmente en la asignación de divisas.
Para el FMI, “es fundamental reforzar el marco de las políticas monetarias y cambiarias para anclar las expectativas de inflación, preservar la competitividad externa y crear las condiciones necesarias para permitir el retorno gradual a una asignación de divisas basada en el mercado. En apoyo a la implementación del régimen de banda móvil, debe estudiarse la posibilidad de ampliar la banda cambiaria y de que la tasa de ajuste tenga en cuenta los diferenciales de inflación proyectados con los socios comerciales”[7]; lo que implica adoptar una mayor flexibilidad de la política cambiaria.
La presión por esta mayor flexibilidad cambiaria será cada vez mayor, ya que hay agentes económicos (exportadores), bancos y “narcos” que fueron afectados al quitárseles el mayor control que tenían como parte de la política de liberalización de la tasa de cambio en el Gobierno anterior y que el FMI avaló; una demanda creciente de dólares superior a la oferta de casi 460 millones de dólares (cifras del BCH al 21/12/2023), y la política de asignación de divisas por el BCH según prioridades y esencialidades (importación de insumos, bienes de capital, medicamentos, alimentos), sin olvidar el pago de los compromisos financieros con organismos de crédito y banca privada internacional.[8]
De acuerdo al BCH, en el mes de octubre de 2023 el incremento del Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (TCER)“fue resultado de la mayor inflación doméstica (0.38%) en relación al promedio ponderado de inflación de los principales socios comerciales (0.17%) aunado a la menor depreciación del lempira (0.15%) frente al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), que la del promedio ponderado registrada en la cesta de monedas de los principales socios comerciales (0.34%) [9].
Este indicador, más que el % de depreciación nominal de la tasa de cambio, es muy importante ya que incluye en el análisis los porcentajes de inflación de los principales socios comerciales del país y las medidas de política tomadas en materia cambiaria. Para el caso, en el mes de octubre, el lempira ganó competitividad a nivel de región centroamericana, no así al incorporar países del Resto del Mundo.
Como se sabe, el nivel de endeudamiento aumentó después del golpe de Estado, acompañado de un aumento mayor de la corrupción, pero de logros en términos de estabilidad económica, ejemplo baja inflación y crecimiento del PIB positivo que avaló el FMI. La deuda total representó el 29.2% del PIB en 2010, aumentó a 42.6%/PIB en 2013, y 47.2%/PIB en 2017, alcanzando el 55.8%/PIB en 2021[10].
Para el Gobierno, si se excluye la deuda de la ENEE, Alianzas-Publica-Privadas, deudas flotantes y parte de la deuda por fideicomisos, en 2022 la deuda representó el 53.3%/PIB y con estimado de 47.7%/PIB para 2023, que da una idea del esfuerzo del Gobierno por estabilizar los niveles de endeudamiento;[11] sin embargo, la deuda total aumentó entre 2021 y 2023.
La sostenibilidad del endeudamiento público es una prioridad dentro de las acciones que ejecuta la SEFIN y el Gabinete Económico que lideró Ricci Moncada; un objetivo-meta que no debe abandonarse en periodos electoreros. Lo primero fue y sigue siéndolo bajar el riesgo país, que se ha logrado con la suscripción del convenio con el FMI; lo segundo, cambiar el perfil de la deuda externa, donde China deberá jugar un papel importante, avanzando también en estrategias de condonación de deuda y/o canje por naturaleza. Lo tercero es la institucionalización de mecanismos de control de uso de los recursos, y de la corrupción. Igual, garantizar pagos puntuales por el uso de recursos internos, como los del Banco Central, para enfrentar los desequilibrios fiscales y la demanda de recursos por sectores productivos y sociales.
Al FMI no le gusta que el Gobierno siga manteniendo la Tasa de Política Monetaria (TPM), cuando la mayoría de países latinoamericanos la han aumentado, incluyendo sus vecinos regionales, sabiendo que la inflación iba en ascenso. Para el FMI “la implementación de la política monetaria del Banco Central de Honduras (BCH) debe sustentarse en los datos, lo cual implica ajustar de forma proactiva el instrumento de política monetaria del BCH—la Tasa de Política Monetaria (TPM) —según la evolución de la tasa de interés de los socios comerciales. Del mismo modo, el BCH debe velar por que la tasa de ajuste del lempira refleje los fundamentos económicos y los precios relativos de los socios comerciales.
La TPM es de 3.00 %, lo que abarata el costo del dinero y permite mayor demanda de fondos para inversión. El problema es que mucha de esta demanda va para consumo y especulación, con lo cual no se contribuye a los objetivos de estabilización económica. Igual, se genera una mayor presión sobre recursos públicos, sin una garantía real y efectiva de retorno cuando existan tasas de interés bajas y subsidiadas. Los funcionarios de Gobierno, SEFIN y BCH, no han manifestado que la TPM no será ajustada a futuro, pero esperan visualizar beneficios previos de la política de apoyo a sectores de menores recursos, caso del agro y vivienda.
De acuerdo a Edwin Araque, presidente del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), en 2022“el total de financiamiento de BAHNPROVI fueron 6 mil 190 millones y en este 2023 fue de 12 mil 273 reflejando un crecimiento del 105 por ciento. En vivienda pasó de 4 mil 429 a 9 mil 035 lo que da un porcentaje del 104 por ciento. Y en producción en el sector agroalimentario pasó de mil 761 a 3 mil 638 con un crecimiento del 107 por ciento. “BANHPROVI ha contribuido con el empleo en más de 95 mil empleos directos complementado con el financiamiento del sistema bancario, es el mayor sector que ha tenido financiamiento este año”[12].
En el caso del Banco Nacional de Desarrollo del Sector Agrícola (BANADESA), denominado banco campesino, la colocación de créditos superó los 2,200 millones de lempiras en 2023 para beneficiar a más de 5,000 productores, y espera contar con una cartera de 2,900 millones de lempiras en 2024 al canalizarse recursos de la banca multilateral al agro. [13]
Honduras sigue con una estructura productiva basada en cultivos de exportación tradicionales y aquellos agregados como no tradicionales (ejemplo palma africana y camarón). En las últimas décadas se ha sumado la llamada industria de transformación (maquila), pero sin encadenamientos productivos hacia atrás y con unidades de producción campesina y comercial de menor tamaño. Las economías campesinas se resisten a morir como resultado de la liberalización comercial, parálisis agraria y contracción de los servicios de apoyo a la producción, pero el Gobierno tiene como promesa de campaña apoyar estas unidades reactivando BANADESA y otros programas, igual canalizando mayores insumos para aumentar las áreas de siembra y producción de alimentos.
Las cifras del BCH muestran que a octubre de 2023, se observó un déficit en la balanza comercial de -6,411.5 millones de dólares, inferior en 563.9 millones de dólares sise compara con el observado en igual periodo en 2022. Es una tendencia que retoma su curso después de la pandemia Covid-19, donde crecen las exportaciones pero menos que el crecimiento de las importaciones, lo que demuestra una economía altamente dependiente de bienes e insumos importados para producir y comercializar. En 2023 (octubre de 2023), Honduras exportó bienes comerciales por el orden de los 9,745.1 millones de dólares, pero importó 16,156.6 millones de dólares.[14] .
Esta dependencia es “fuerte” con EEUU, donde las exportaciones a octubre de 2023 representaron el 56.6% del total, unos 520.5 millones de dólares, y las importaciones el 41.3%, unos 6,667.6 millones de dólares. El Gobierno decidió abrir relaciones diplomáticas con China, lo que facilita las negociaciones para suscribir un Tratado Comercial que, de acuerdo a Ministro de Economía, Fredis Cerrato, estará listo para ser remitido al Congreso Nacional para su aprobación en el mes de junio de 2024.
Hay que estar conscientes que tratados comerciales con países de mayor desarrollo y hegemónicos son deficitarios por naturaleza, y de lo que se trata es abrir más ventanas de salida a los bienes y servicios generados por productores nacionales ( idealmente con mayor grados de transformación), pero también fortalecer y reforzar otras áreas que muestran debilidades como la adaptación y adopción tecnológica, los deportes, turismo, la salud, cultura e infraestructura económica, energética y ambiental, donde la cooperación bilateral no rembolsable es fundamental.
Honduras tiene que avanzar en construir espacios regionales y extra regionales más favorables. A octubre de 2023, con Centroamérica observó un déficit de USD1,316.0 millones, destacando el aumento en el superávit registrado por la industria maquiladora, vinculado a la disminución en las importaciones de piezas cortadas en particular, traídas desde El Salvador y Nicaragua. En tanto, el déficit en el comercio de mercancías generales se situó en USD1, 554.0 millones, resaltando las menores exportaciones de productos químicos básicos, plásticos y jabones hacia El Salvador y Guatemala.[15]
Somos receptores netos de bienes y servicios de países de Centroamérica, y deficitarios perenes con Guatemala y Costa Rica por ejemplo.[16] Con Asia y Latinoamérica, ocupamos estrategias más efectivas para aumentar los flujos de comercio e inversión. La piñata de tratados comerciales bilaterales no ha resultado efectiva, y con EUROPA somos perdedores netos.
El sector agropecuario (incluyendo bosque) observó un desempeño positivo de 2.7% a octubre de 2023 con respecto a años anteriores, pero sigue siendo bajo y concentrado en café y bananos.[17] A ello se suma el aumento de la dependencia de importaciones de granos básicos[18] y carne de cerdo[19], lo cual impacta negativamente en la producción alimentaria del país, que va más allá de políticas activas para estimular la oferta de estos productos, caso del bono tecnológico y el crédito agrícola subsidiado.
Una caso especial es el déficit que se tendrá en arroz de 4.5 millones de quintales, dada la caída en la producción nacional de más de 36% y la apertura a las importaciones que brinda el RD-CAFTA, convirtiendo al país en el mayor importador regional de este rubro. Curiosamente, según cifras del Gobierno, en el caso de frijol, la producción en 2023 será de 3.4 millones de quintales, superando en un 15% a la producción de 2022, y generando excedentes frente a un consumo anual de 3 millones de quintales. (DICTA-SAG, 4 de enero de 2023).[20]
Se ha anunciado la revisión del RD-CAFTA en conjunto con otros países de la región, pero es poco probable que tenga el apoyo de los grupos económicos ligados al agro, como también de la Embajada Americana. Para miembros de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), el tiempo para ello ya pasó, y a Honduras solo le queda aumentar la productividad de estos rubros o exportar bienes no tradicionales; caso contrario, el “tufo” a tierra ociosa aumenta y también la migración.
El presidente Manuel Zelaya prohibió la minería de cielo abierto en su Gobierno. Se esperaba que la presidenta Xiomara Castro siguiera con esta política, pero ha habido mucha presión de las compañías mineras en contra de ello. Es una actividad que le aporta muy poco al país en términos de inversión y empleo, con los consecuentes daños al ambiente y salud humana. Hemos argumentado que la economía de cuidado (trabajo doméstico), contribuye más que las actividades mineras al PIB [21].
El Covid-19, generó una crisis de empleo de gran magnitud para la economía y sociedad, donde no se esperan resultados a corto plazo, y lo único que se aspira es volver a los números y porcentajes antes de la pandemia. Ello es válido no solo para Honduras, sino para la mayoría de los países latinoamericanos. Esta crisis fue complementada con los problemas generados por la guerra de Rusia y Ucrania y los impactos negativos en los suministros petróleo y alimentos, sumado a la desaceleración de las economías avanzadas, caso especial de EEUU.
En Honduras, y aun cuando las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que la tasa de desempleo disminuyó de 8.7% en 2022 a 6.4% en 2023, más del 50% de la población tiene problemas de empleo, sea población desocupada o subocupada. Se podría decir, para parafrasear a dirigentes del sector privado, que el desempleo es el principal problema que enfrenta la economía hondureña.
Se habla de la pérdida de 41,000 puestos de trabajo en 2023[22] y de 136,000 entre 2022-2023, atribuido a la derogación de la Ley de Empleo por Hora en 2022 e “incertidumbre” generada por el proyecto de Ley de Justicia Tributaria en poder del Congreso de la Republica para su aprobación, sin valorar que es un instrumento para hacer más transparente y equitativo el otorgamiento de incentivos económicos y tributarios a las empresas SIN EXCEPCION y aumentar el monto de la inversión social y productiva.
Para funcionarios de Gobierno, caso de Eugenio Sosa, Director del INE, se generaron unos 65,000 puestos de trabajo en 2023, pero directivos de la empresa privada como Eduardo Faccussé, cuestionan las cifras. A su criterio, hay que ponerle el calificativo de empleo formal para que se considere un buen empleo, y, por tanto, según esta denominación, el Gobierno solo generó 77 empleos formales en dicho año, ya que son los únicos que se reportan con derechos a los regímenes de protección y aseguramiento social, caso particular del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La empresa privada ignora también el esfuerzo del Gobierno por aumentar la inversión pública, con impactos positivos en la generación de puestos de trabajo mayormente temporales.[23]
El COHEP ha propuesta un Pacto por el Empleo, con medidas de corto plazo. El Gobierno ha reconocido que el desempleo es un problema central, pero aspira a la vigencia de un instrumento de mayor alcance como ser el Plan de Desarrollo 2024-2046, liderado por la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE), socializado con actores y grupos económicos y sociales para después ser aprobado por la presidenta de la Republica. El diálogo que se propone puede darse en el marco de la reactivación del Consejo Nacional de Planificación, tal como sucedió en otros gobiernos, liderado en este caso por Xiomara Castro.
Hay evidencia, según datos del INE avalados por la CEPAL, que la pobreza disminuyó de 73.6% en 2021 a 64.1% de 2023, una disminución de 9.5 %; igual sucedió, según estas fuentes, con la pobreza extrema de 53.7% a 41.5%, un 12.2 %. El argumento de fondo es que la economía hondureña, como la de otros países está volviendo a su curso normal (pobreza alta pero controlada), que no alcanza alas cifras que existían antes de la pandemia, lo cual se considera una deuda y desafío pendiente.
Para miembros de la oposición política y economistas independientes, la baja tasa de crecimiento del PIB y montos de inversión privada, bajos niveles de ejecución de la inversión pública y fondos de compensación social no justifican las cifras anteriores, por lo que el Gobierno debe avanzar en construir una base más amplia para el análisis de resultados y compartirla con actores económicos y sociales.
Los flujos de inversión extranjera según el Gobierno, se situaron en 822.6 millones de dólares en 2022, y se espera que esté monto sea el “tope” o superior a finales de 2023, ya que, según CEPAL, en el segundo trimestre de 2023, el monto de Inversión Extranjera Directa (IED) era de 349 millones de dólares, superior al de Guatemala y el Salvador, pero debajo de Costa Rica y Nicaragua. [24]. El reporte del BCH a septiembre de 2023 refleja un monto de 761.1 millones de dólares, pero sustentado en reinversión de utilidades de empresas extranjeras concentrado en industria manufacturera principalmente.
Hay evidencia de la baja ejecución de la Inversión Pública al mes de agosto de 2023, aun cuando el presupuesto vigente superó los 16,100 millones de lempiras. No obstante, las cifras del Gobierno al cierre de 2023, muestran una ejecución mayor del 75%. La preocupación es aumentar en forma sostenida la productividad e impacto del gasto de inversión pública en generación de empleos, producción y reducción de pobreza.
La presidenta Xiomara Castro, en una comparecencia televisiva el 1 de Enero de 2024, destacó los logros de su Gobierno derivados de las promesas de campaña, pero también identificó algunos de los principales desafíos para 2024. Estos últimos, van más allá del funcionamiento de un Sistema de Salud Efectivo, que garantice atención médica preventiva y hospitalaria y entrega de medicamentos 100%; crear las bases institucionales para avanzar con el proyecto de construcción del canal interoceánico, cumplir con la meta de 100% de escuelas reparadas y baja en los índices de deserción escolar, y lograr la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria para financiar la inversión social y productiva.[25]
Un desafío muy común cuando los gobiernos empiezan a ejecutar programas de estabilización económica con apoyo del FMI, es garantizar el cumplimiento de dichos acuerdos que se reflejan en metas macroeconómicas como menor inflación, déficit fiscal y pago puntual del servicio de la deuda externa, sumado a la mayor flexibilidad cambiaria y control de los agregados monetarios, incluyendo posible ajuste de la TPM y tasas de interés, entre otros. El Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) fue felicitado por el FMI al lograr estas metas, pero no ajustó para aumentar el empleo, disminuir la informalidad, inseguridad alimentaria, pobreza, migración, desigualdad y corrupción.
La Exministra Ricci Moncada, mantuvo una cordial relación con personeros de dicho organismo y a ella y equipo se atribuye la firma del convenio. El nuevo Ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, deberá continuar con dichas acciones, pero teniendo en mente que parte de los acuerdos y el aumento del gasto de inversión social dependerá de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria que él elaboró con su equipo, que tiene-aún- enfrentado al Gobierno con el sector privado, especialmente los grandes empresarios.
Ligado a ello, y visto como un clamor nacional, es el aumento sostenido de los niveles de empleo y reducción de precariedad de los mismos. La presidenta Xiomara Castro habla de aumentar la inversión en infraestructura vial en más de 15,000 millones de lempiras en 2024, los proyectos en marcha como la construcción de los nuevos hospitales, y, también, del apoyo financiero de China. Se espera que se sostenga el ritmo de crecimiento del crédito agrícola y mi pymes, apoyo a la construcción de viviendas populares y programas de compensación e infraestructura social; sin embargo, deberá hacer un esfuerzo mayor por aumentar los montos de IED y movilizar recursos locales para la inversión productiva.
El cambio en la matriz productiva deberá reflejarse en más productos para la exportación y mercado interno con mayor valor agregado, que implican apoyo visible a la agroindustria, mi pymes emprendedoras y sector industrial. Incluye no solo productos como los granos básicos y hortalizas, sino también aquellos derivados del bosque y marítimos.
La oposición política está pendiente de los resultados del Gobierno en reducción de la pobreza y desigualdad. Con la reactivación de la Red Solidaria y los programas de desarrollo y compensación social, hay un espacio para la vigencia de estrategias de apoyo a estos grupos poblacionales, sobre todo en situación de pobreza extrema, pero el aumento sostenido de los ingresos monetarios y el desarrollo de proyectos con uso de recursos de las remesas familiares es también valido.
El años 2024 debería ser un año de entrega de activos productivos nuevos como la tierra a favor de la mujer campesina, sea aprovechando los espacios que brinda la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), caso del fondos de tierras, o mediante reformas a la misma para permitir liberar tierras no utilizadas por terratenientes y entregarlas a los campesinas. Parte de la crisis agraria actual con las mal llamadas “invasiones” de tierra mayormente en la zona del bajo aguan, se explica por la ausencia de una política de entrega de tierras que utilice diversos mecanismos conjuntos, lo que en algún tiempo se llamó Reforma Agraria Posible y que se ejecutó en el Gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2001), siendo Ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Aníbal Delgado Fiallos.
El retraso en la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica 2024 por el Congreso Nacional puede afectar el cumplimiento de las metas propuestas, por lo que se necesita con urgencia. El Gobierno espera que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) se instale en 2024 y funcione plenamente en 2025 con apoyo de Naciones Unidas y países amigos, siendo una promesa de campaña que debe ser cumplida. El partido LIBRE y el Gobierno no debe renunciar a la instalación de una Asamblea Constituyente producto de la consulta a la población, aunque se quiera hacer ver como un acto violatorio de la Constitución de la Republica, y la prensa mediática venda la idea que los militares deben manifestarse en contra de ello.
Finalmente, hay que destacar que la trasformación estructural de la economía y sociedad hondureña demanda un acompañamiento visible y efectivo de la población, más allá de la militancia a un partido político en el poder, donde participen pueblos indígenas, campesinos, amas de casas, estudiantes, académicos, vendedores ambulantes, mi pymes, migrantes, para garantizar que las acciones tomadas o a ejecutar puedan ser sostenibles en el tiempo. Un modelo de gobierno progresista rupturista con las políticas y prácticas propias del modelo neoliberal, no un gobierno cuyo progresismo es administrativo, tal como lo destacó recientemente Álvaro García Linera (Entrevista con Iván Schuliaquer en revistaanfibia.com, argentina.11/10/ 2023), al referirse a la llamada segunda “ola” de gobiernos progresistas en la región latinoamericana.
La capacidad de LIBRE y sus principales líderes deberá ser, de cara a una nueva contienda electoral, cumplir las principales promesas de campaña y mostrar los cambios y beneficios reales que está generando, involucrando a una gama de actores diversos como sus principales interlocutores, pero también tomar los correctivos del caso a tiempo y sobre la marcha.
Notas:[2]
Javier Milei como presidente en funciones, ha propuesto de entrada un paquete que contiene la derogación o reforma de más de 300 leyes vigentes que, a su criterio, obstaculizan la libertad económica, incluyendo medidas para acelerar la privatización de empresas públicas y la venta de recursos naturales sin límite, como la tierra, ya que no habrá techos para la compra de tierras.
[3] Es un tarea difícil, no solo por las debilidades institucionales de arrastre, sino porque todavía el órgano independiente propuesto en el Plan de Gobierno como compromiso de campaña, o sea la Comisión Internacional con la Corrupción e Impunidad (CICIH), todavía no está en funcionamiento, aunque la Asamblea de Naciones Unidas aprobó una solicitud de la presidenta Xiomara Castro en esta dirección, al autorizar al Secretario General para que se avance en la implementación de este mecanismo.
[4]El fideicomiso, no es que sea un mal instrumento para canalizar recursos al cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo y apoyar los presupuestos de las instituciones públicas, lo cuestionable es su manejo poco transparente y logros, sin que el Gobierno tenga control de ello.
[5] El costo de oportunidad de explotar los recursos naturales en forma irracional contra la protección y cuidado, es negativo para el país y los pobladores, siendo conveniente la puesta en práctica de una gran alianza internacional con apoyo de la cooperación internacional para su protección con pagos externos por servicios ambientales. Un proyecto de gran envergadura es la protección de la Mosquita Hondureña y biósfera del Río Plátano, amenazada por narcos y ganaderos.
[6] Ver Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo 2023-2026. Secretaria de Finanzas, 2022, pág. 9. Tegucigalpa, Honduras.
[7]FMI, comunicado de prensa N.23/219, 16 de junio de 2023.
[8] Una crítica al Gobierno viene de la oposición política y prensa mediática al autorizarse pagos en dólares para viajes al exterior de funcionarios públicos y diputados, sin que se visualicen los beneficios reales para el país. Se necesita un esfuerzo mayor para programar en planes institucionales metas claras cuando se contemplen este tipo de viajes y erogaciones. En tal sentido, SEFIN y la Secretaria de Planificación Estratégica deberán exigir y evaluar el cumplimiento de estas metas y resultados finales.
[9] Ver Índice de Tipo Efectivo Real, Banco Central de Honduras, octubre de 2023, pág. 2.
[10] Ver Ricci Moncada en el periódico Poder Popular, 18 de diciembre de 2023, pág. 23.
[11] Op.cit Poder Popular
[12] Hondudiario.com, 19 de diciembre de 2023.
[13] Es importante un esfuerzo de las autoridades del Banco por mejorar sustancialmente los sistemas de recuperación de los créditos otorgados, a efecto de garantizar su sostenibilidad a futuro y mantener la morosidad en montos y porcentajes manejables para las finanzas del Estado.
[14] Banco Central de Honduras “Informe de Comercio Exterior de Bienes a octubre de 2023, Tegucigalpa, Honduras, Pág.4.
[15] Banco Central de Honduras, opi cit
[16] En 2024, la Presidenta Xiomara Castro asumirá la coordinación del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y se espera que, además de una posición favorable en la búsqueda de un comercio compensatorio entre socios, se conforme una propuesta conjunta para revisar o derogar el RD-CAFTA, con respaldo de las asociaciones de medianos y pequeños productores del agro y grupos ambientalistas.
[17] Banco Central de Honduras “Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE”) a octubre de 2023, Tegucigalpa, Honduras, pág. 4.
[18] De acuerdo a Guillermo Cerritos, directivo de Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras FENAGH, Honduras importó en 2022 unos 17 millones de quintales de maíz amarillo y 3 millones de quintales de maíz blanco. Procesodigital.com, 3-7-2023. Al parecer, estas importaciones crecieron en 2023, aunque la cosecha fuera mejor.
[19] Las importaciones de carne de cerdo se han situado entre 75 y 80% de la demanda total, aunque en 2023 haya evidencia de una reducción mayor de 10%, de acuerdo al experto Marvin Oseguera del COHEP.
[20] De acuerdo al Director de la Dirección de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (DICTA), Arturo Galo, también ha habido aumento en la producción de maíz, atribuido a la entrega del bono tecnológico, créditos, precios y condiciones climáticas, lo que se refleja en un 1 millón de quintales del grano adicionales al obtenido en el periodo anterior. (La tribuna.hn. 5/01/2024).
[21] Ver Javier Suazo “Honduras: Perfil Económico-Productivo”. Fundación Ebert (FES-Transformación). Lima, Perú, 8-10 de Mayo de 2019.
[22] Declaración de Santiago Herrera, coordinador de política económica del COHEP. La Prensa, 13 de noviembre de 2023.
[23] De acuerdo a la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) la inversión pública en sectores prioritarios (agrícola, infraestructura económica, social y ambiental), estimuló la generación de más de 500,000 puestos de trabajo.
[24] Ver CEPAL “Balance Preliminar de las Economías de Latinoamérica y el Caribe 2023”. Anexos Estadísticos, Santiago de Chile, Anexo Estadístico, pág. 149.
[25]La presidenta Xiomara Castro habla de salir a la calles para defender el Gobierno y ejercer presión para la aprobación de dicha Ley, en tanto se espera, por otro lado, la elección de una nueva junta directiva del Congreso Nacional.
*Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Es resultado de conversatorios con catedráticos universitarios, empresarios, diputados y dirigentes gremiales en la zona norte de Honduras.
