Jefe de la ONU para los DDHH expresa preocupación por la situación judicial en Guatemala
“El incremento de la criminalización en contra de personas operadoras de justicia en los últimos 12 meses en Guatemala socava la independencia del poder judicial y el Estado de derecho en el país”, dijo este viernes Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de un comunicado.
Tras la salida de la cárcel de la exjefa de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, el funcionario calificó como “muy preocupante” la situación en el país y aseguró “tomar nota” de que Laparra “sigue estando bajo arresto domiciliario”.
Además, Türk señaló que le preocupa que el proceso penal en contra de la exfiscal no haya cumplido con las garantías del debido proceso y que, en consecuencia, su detención durante cerca de dos años haya sido arbitraria. “Ella debería ser liberada incondicionalmente”, agregó.
#Guatemala: Growing number of criminal cases against justice officials undermines independence of judiciary & rule of law. Virginia Laparra should be released unconditionally. Proceedings against her lacked due process & her detention was arbitrary in consequence – @volker_turk
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 5, 2024
Laparra cumplió casi dos años en prisión preventiva y procesada por dos casos de “criminalización” iniciados por la Fiscalía de Asuntos Internos. El primer caso en su contra, es a raíz de haber presentado cuatro denuncias contra el exjuez Lesther Castellanos ante la Junta de Disciplina Judicial, en octubre de 2018, a quien señaló de filtrar información reservada al abogado Omar Barrios. Este caso en su contra se originó cuando ella fungió como fiscal de la FECI en Quetzaltenango. Castellanos la denunció por dos delitos provocando su detención en febrero de 2022.
Fue condenada el 16 de diciembre de 2022 a cuatro de años de cárcel conmutables por abuso de autoridad en forma continuada. En el juicio se ignoraron diferentes medios de prueba como los correos que Virginia envió a Sandoval y que fueron presentados por su defensa en el juicio.
En el segundo caso fue acusada del delito de revelación de información confidencial, ese caso está asignado a un juzgado de Quetzaltenango, y el juicio está pendiente de realizarse en esa localidad.
El pasado 26 de diciembre se conoció que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Tribunal otorgarle la libertad a Laparra pues ya había cumplido el 45 % del tiempo de prisión conmutables que ese tribunal le impuso el 16 de diciembre de 2022.
Previo a su liberación, la exfiscal publicó un mensaje en el que aseguró que su salida de prisión “es un pequeño paso hacia la reconstrucción del sistema de justicia”. “Hubo días en los que me preguntaba si valía la pena o no seguir viviendo”, comentó.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su llamado a las autoridades para que adopten las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del sistema judicial, y para que tomen medidas urgentes para brindar la protección necesaria a las personas operadoras de justicia.
“La intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y que trabajan en casos de corrupción, son reprensibles y deben cesar”, agregó.
Durante los últimos años, más de 20 jueces y exfiscales, entre otros operadores de justicia han salido al exilio debido a la persecución judicial en su contra por haber liderado la lucha anticorrupción.
Desde el año pasado Türk ha llamado al Gobierno de Alejandro Giammattei y otras instituciones estatales como el Ministerio Público a respetar los derechos humanos y a respetar la decisión de la población en las urnas en donde eligió a Bernardo Arévalo y Karin Herrera para gobernar el país de 2024 a 2028.
