Perú | Fujimori seguirá en prisión: juzgado resuelve declarar improcedente su excarcelación

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Alberto Fujimori seguirá en prisión: juzgado de Ica resuelve declarar improcedente su excarcelación

Por Narda Saavedra

Este 1 de diciembre, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, liderado por el juez Vicente Fernández Tapia, resolvió declarar improcedente la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que buscaba conceder el habeas corpus al expresidente Alberto Fujimori, quien cumple su condena en el penal de Barbadillo. Esto sucede antes de que se cumpla el plazo previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) que solicitó que el Gobierno emitiera el referido informe hasta el 6 de diciembre.

«Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declara improcedente la ejecución de la sentencia N.º 78-2022, de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho, por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus», comunicó el Poder Judicial en sus redes oficiales.

Días antes, la Corte IDH recordó al Estado peruano su mandato que prohíbe liberar al expresidente Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) resolvió que no debía aclarar su fallo del 2022, que consideró válido el cuestionado indulto concedido al exdictador.

En el 2018, un juzgado de la Corte Suprema peruano declaró la no aplicación del indulto otorgado en el 2017, por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario.

¿Por qué delitos cumple condena Alberto Fujimori?

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Tras la sentencia, permanece recluido en el penal de Barbadillo en el distrito de Ate, en Lima.

Asimismo, Fujimori es reconocido como un exdictador luego del autogolpe del 5 de abril de 1992, en el que cerró inconstitucionalmente el Congreso, asumió junto con su asesor, Vladimiro Montesinos, el control total de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Por tanto, su implicancia en los delitos no está en tela de juicio. “Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable y la sentencia es condenatoria”, indicó el juez César San Martín, quien lideró el proceso.

  • Usurpación de funciones
  • Homicidio calificado con alevosía y secuestro
  • Matanza de Barrios Altos
  • Matanza de La Cantuta
  • Peculado y falsedad ideológica
  • Delitos de corrupción y espionaje
  • Caso Diarios Chicha.

¿Quién es el juez encargado del caso de Alberto Fujimori?

Fernández Tapia es cuestionado por haber impulsado el sobreseimiento de los hermanos Sánchez Paredes, uno de los casos de lavado de activos más sonados en el Perú, y en el que se investiga la muerte de un guardaespaldas de la familia Sánchez Alayo, según informó el portal periodístico Epicentro.

Debido a la suspensión del proceso penal de dicho caso, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ica (Odecma) abrió una investigación preliminar contra Fernández Tapia, puesto que no motivó, de forma suficiente, el sobreseimiento del proceso penal, que fue archivado. Según Odecma, el magistrado había argumentado: «No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado».

CIDH expresó desacuerdo con indulto

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado peruano informar sobre el cumplimiento de la resolución que emitió el 7 de abril de 2022. El hecho se da luego de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la liberación del expresidente Alberto Fujimori, encarcelado por crímenes contra la humanidad.

“Siguiendo instrucciones del presidente de Tribunal, se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la Resolución de 7 de abril del 2023”, detallan en un documento al que tuvo acceso La República.

La República

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