Perú | El dictador Fujimori quedó en libertad pese al rechazo de la Corte IDH

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El Perú se aleja del sistema interamericano de justicia. Unas horas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitara expresamente al Estado peruano que se abstenga de liberar al expresidente Alberto Fujimori (85), el gobierno de Dina Boluarte desacató el pedido y liberó al expresidente condenado por corrupción y violación de derechos humanos.

Al cumplirse un año en el poder, el gobierno de Boluarte dispuso hoy la excarcelación de Alberto Fujimori (1990-2000) a pesar de que existe una medida de supervisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Cabe indicar que Boluarte actualmente es investigada por los asesinatos de 49 civiles durante las marchas en favor del adelanto de elecciones a finales del 2022 e inicios del 2023.

La liberación de Alberto Fujimori implica un incumplimiento directo a una orden vinculante de la Corte Interamericana, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en conversación con OjoPúblico. “Es una muestra del deterioro del estado de derecho en el Perú. Ya no se respetan estándares internacionales ni decisiones de cortes internacionales”, agregó.

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió el 5 de diciembre un fallo en favor del irregular indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. Dicho indulto permitió, en esos días, la primera excarcelación de Fujimori, quien debió regresar a prisión en 2018, luego de que un juzgado de la Corte Suprema anulara dicha gracia presidencial por considerarla no ajustada a ley.

En el 2013, el entonces mandatario Ollanta Humala (2011-2016) había rechazado otorgar el indulto humanitario a Fujimori por no ajustarse a las condiciones de salud requeridas para otorgar dicha gracia presidencial.

La excarcelación

En horas de la tarde, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó lo siguiente: «En cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional que dispone la inmediata libertad del interno Alberto Fujimori, luego de procesar el documento de conformidad con los protocolos internos, procederá con la ejecución de la libertad».

La resolución del pasado 4 de diciembre del TC ordenó que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y el director del penal de Barbadillo «en el día, dispongan la inmediata libertad de Alberto Fujimori».

Keiko Fujimori llega a la Diroes

Los tres magistrados del TC que votaron a favor de la liberación de Fujimori fueron: Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco y Gustavo Gutierrez Ticse. Helder Domínguez, otro de los magistrados, tuvo un voto singular en que declaró improcedente el pedido. En esta resolución no figuran las firmas de los jueces restantes, César Ochoa y Manuel Monteagudo. Este último dijo que no había sido convocado por los demás magristrados para discutir esta decisión.

El fallo declaró fundado «el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12/03/2022», en referencia a la sentencia original del TC que dispuso el indulto a Fujimori en aquel año.

Fujimori huyó del país en el 2000 con destino a Japón después de revelarse múltiples casos de corrupción y violación de derechos humanos en su régimen. En 2005, Fujimori salió de su refugio en el país asiático y viajó a Chile. Allí fue detenido a pedido de las autoridades judiciales peruanas. En 2007, el Poder Judicial del vecino país del sur lo extraditó a Lima, en donde fue condenado por corrupción, así como por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta por los que recibió 25 años de prisión.

Fujimori saldrá en libertad sin haber pagado aún los aproximadamente S/57 millones que debe por concepto de reparación civil, según el estimado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Este monto incluye los intereses generados por no haber pagado la reparación impuesta por el Poder Judicial en favor del Estado por tres hechos: el allanamiento irregular de la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de CTS a su exasesor.

Además, la Procuraduría aclaró que la excarcelación de Fujimori no lo libera de pagar la reparación civil al Estado. Finalmente, exhortó al Ministerio Público a garantizar la permanencia del procesado en el territorio nacional respecto de los casos pendientes de extradición.

Ojo Público


 

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