Instituciones explosivas, Perú minado – Por Rudecindo Vega Carreazo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Rudecindo Vega Carreazo*
En Perú, las principales instituciones del estado están minadas, hay explosivos sembrados en todo lado, las autoridades y ciudadanos andamos tanteando y rogando que al mínimo paso, ninguna mina explote y barra con inocentes y culpables. Es otro drama actual, una siembra masiva de explosivos sin mapas de rastreo, que por buenas o por malas autoridades, detonen afectando a culpables e inocentes por igual. Hay explosivos por estallar en el MP con la denuncia a la misma Fiscal de la Nación (FN) de liderar una organización criminal y, otros en una atolondrada y lerda JNJ; están los explosivos de la denuncia constitucional contra la presidente Dina y su Premier Otárola por los asesinatos en las protestas sociales dejados, por la cuestionada FN, en el congreso y gobierno; y, está el explosivo, del manoseado indulto a Fujimori, que el TC le tira al PJ, quien, con ayuda de la CoIDH, lo devuelve, dejando al TC paralizado. Habrá explosiones, harto “caído”, no sabemos sus alcances, secuelas ni proporciones.
La inesperada denuncia de la Jefe del Equipo de Fiscales contra la corrupción en el Poder, contra la FN por liderar una organización criminal encargada de intercambiar y vender favores, activando o cerrando carpetas fiscales a congresistas, funcionarios y personalidades es tremenda bomba para la institución y el país; la máxima autoridad nacional para defender la legalidad y el interés público, investigar el delito y ejercer la titularidad de la acción penal, es acusada por su propia institución de liderar una banda delincuencial instalada bajo su mando en el propio MP. Lamentablemente, es una institución con varios antecedentes cuestionables en diferentes momentos, desde Blanca Nélida Colán en los 90 hasta la actual Fiscal; quien, en el poco tiempo en el cargo, cuenta con un rosario de denuncias que cuestionan su idoneidad profesional y moral para el mismo. El MP es una institución que más allá de una reforma o reorganización, requiere una reinstitucionalización urgente y necesaria.
La JNJ, arrinconada, amenazada y con procesos abiertos en el congreso por denuncias de la FN fue sorprendida y, con todas las herramientas para desactivar las bombas en su contra, ha evidenciado atontamiento y lentitud en usar las mismas para desactivar dichos explosivos; parecería que, por presión ciudadana más que por voluntad, ha iniciado un proceso orientado a la suspensión de la cuestionada FN y posterior (esperamos) destitución. Sorprende y preocupa dicha actitud institucional, sobre todo, porque ella designó a la FN y, luego comprobó, que fue engañada para dicha designación. El ciudadano espera que, ante la retahíla de denuncias y escándalo, quien la nombró la destituya, lamentablemente, la JNJ no ha sabido actuar con la urgencia y delicadeza que el caso amerita. Pensaremos que un escrupuloso respeto al debido proceso sea el motivo de dicho comportamiento institucional; sin embargo, queda la duda fatal, si se les paso la FN en su nombramiento ¿Cuántos otros magistrados del PJ y MP se le habrá pasado?, ¿Cómo habrá sido la evaluación de los jefes de la ONPE y RENIEC? Son otras minas para encontrar y desactivar.
Gobierno y Congreso, buscan concentrar a la opinión pública en la denuncia contra la FN, quisieran ocultar o menoscabar la denuncia constitucional ante el Congreso que la FN ha dirigido contra la presidenta Dina y su Premier Otárola por los asesinatos en el marco de las protestas; procuran desacreditar esa denuncia como apresurada y vengativa. No debemos seguir ese juego, sabemos que esas denuncias estaban maduras y paralizadas por el pacto mafioso de apoyo tripartito existente entre el gobierno, el congreso y la fiscal. Roto el pacto, denunciada la presidenta y el premier, evidenciados en tráfico de influencias y encubrimiento varios congresistas, debemos exigir que el congreso “no se haga el loco” y procese la denuncia constitucional, en una de esas, el explosivo que dejo la cuestionada FN, nos da la pronta esperanza de librarnos de este ejecutivo y congreso. El congreso debe resolver: o ratifica su alianza con la denunciada presidenta o nos libra de ella y vamos a una nueva transición, adelanto de elecciones, nuevo presidente y nuevo congreso. Esta bomba que ni presidenta ni congreso, quisieran desactivar, quizás corresponda a la ciudadanía presionar para desactivarla mediante una salida democrática antes que una explosión institucional.
En un contexto nacional tan explosivo, algunos de miembros del TC, de la nada, intentaron liberar a Alberto Fujimori, restituyendo un cuestionado indulto por la CIDH y tirando la liberación, sin claridad ni decisión expresa, al Poder Judicial; además de inoportuno, es un injusto manoseo del propio Alberto Fujimori y de las víctimas de los delitos por los que se le sentenció. Tremenda vergüenza ver miembros del TC pasear su ignorancia y prepotencia justificando su disparatada torpeza, el fujimorismo debería evaluar su designación; esos “magistrados” han anulado y se han anulado, por adelantar opinión, de volver a tratar el indulto. Por querer pescar en rio revuelto, ellos, al igual que Keiko, han ido contra el indulto y la liberación de Alberto Fujimori. En peores cabezas y manos, familiares y políticas, para sus intereses, no podía estar la liberación del anciano Fujimori.
Dicho indulto debería ser producto de un abierto dialogo nacional, que permita canalizar el resentimiento y odio que genera en todos los lados; lo realizado por PPK en acuerdo con Kenyi fue un intento de búsqueda de gobernabilidad, detectado y torpedeado por Keiko y Fuerza Popular. Quizás, a los fujimoristas no les gusta escuchar, pero saben, como lo saben Alberto, Keiko y Kenyi; que los únicos responsables de que el indulto no haya prosperado y el líder histórico del fujimorismo continúe preso, desde hace 6 años, es Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular. Todo lo demás, son consecuencias, que no la libran de culpa y seguramente, tampoco librará de culpa y vergüenza a los “desubicados” miembros del TC.
Demasiadas minas, activas o latentes, ocultas o a la vista, en nuestro Perú, ojala, sepamos desactivarlas mediante una salida democrática antes que explotarlas o posponer su explosión: un adelanto de elecciones es lo recomendable, un nuevo gobierno de transición sería una caja de herramientas para desactivar tanta mina, la presencia de una Misión de Dialogo Permanente de Naciones Unidas sería aconsejable; para que explotar nuestras instituciones y país por culpa y gracia de las mafias que nos gobiernan; el Perú y los peruanos, tenemos y nos merecemos, un futuro mejor.
*Abogado y político peruano. Fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el gobierno de Alejandro Toledo, así como Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala.
