La Corte Constitucional ordena garantizar la asunción presidencial de Bernardo Arévalo

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CC ordena garantizar toma de posesión de Arévalo pero no frena acciones del MP

Por Alexander Valdéz

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió otorgar el amparo definitivo que ordena garantizar la toma de posesión del binomio presidencial electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como de las personas electas para diferentes cargos en el proceso electoral de este año.

El abogado Edgar Ortíz, uno de los interponentes de la acción legal, aseguró que es un día histórico para el país, porque establece que el 14 de enero de 2024, debe haber una transición de gobierno, y deben asumir sus cargos tanto el binomio electo como los diputados electos.

“Hoy es un día histórico para la democracia guatemalteca. La CC nos ha otorgado un amparo definitivo, refrendando que el 14 de enero de 2024 debe haber una transición de gobierno, y deben asumir sus cargos tanto el binomio electo como los diputados electos”, escribió en su red social X.

Ortíz aseguró que respecto a los resultados electorales, la resolución de la alta Corte destaca que el Congreso y su Junta Directiva no deben desconocer los resultados de las elecciones. “Se deben dar posesión a los funcionarios electos, incluyendo diputados, alcaldes y al binomio presidencial (Arévalo y Herrera)”, explicó.

En cuanto al Ministerio Público, según el abogado, el fallo enfatiza la autonomía del ente investigador, pero deja totalmente claro que sus investigaciones “no” pueden impedir la finalización del proceso electoral que culmina con la toma de posesión de los funcionarios electos.

Resolución se dictó por mayoría

La resolución de la máxima corte del país se dictó por mayoría, el único que estuvo en contra fue Néster Vásquez, magistrado que cuando estuvo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue vinculado en el caso Comisiones Paralelas 2020 y actualmente está incluido en la lista de actores corruptos de los Estados Unidos.

El acto reclamado por el grupo de abogados fue la amenaza de evitar que los funcionarios electos no tomen posesión el próximo año, esto por la “criminalización” de la FECI que dirige Rafael Curruchiche y el MP de Consuelo Porras, que recientemente han realizado allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), interpuesto antejuicios contra los magistrados y el binomio presidencial, así como órdenes de captura contra miembros de Semilla.

En su fallo, la CC deja claro que no pueden desconocer los resultados de las elecciones generales de este año, no solo de diputados o alcaldes, sino del binomio presidencial conformado por Arévalo y Herrera.

“Se conmina al Congreso de la República y su Junta Directiva garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral dos mil veintitrés, conforme los Decretos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, principios de legalidad, alternabilidad en el ejercicio del poder y al cumplimiento efectivo de los mandatos legales y constitucionales en el marco de la finalización del proceso electoral. IV) Se exhorta al Congreso de la República actuar conforme al deber que tiene de preservar el régimen democrático”, indicó la CC.

CC no frena al MP

El analista político Renzo Rosal, a través de su cuenta de X analizó el fallo de la CC, a su criterio, dicha resolución incluye un apartado peligroso que permite al MP seguir con sus actos de criminalización. “Ojo, la reciente resolución incluye un apartado peligroso, por lo que no nos saca completamente del atolladero”, escribió.

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, también cuestionó parte del fallo emitido. “Y aquí tenemos nuevamente a la CC sustentando nuevamente las acciones del MP”, señaló.

En una parte de la resolución, la CC hace ver que lo decidido en cuanto a garantizar que los funcionarios electos asumen en sus cargos, no tiene ninguna incidencia en las acciones penales que el MP, como ente encargado de la persecución penal, pueda hacer dentro de una investigación.

Esto quiere decir que, el amparo otorgado por la CC garantiza que el binomio presidencial electo y demás personas electas en cargos públicos puedan tomar posesión el 14 de enero, pero no frena las acciones de “criminalización” emprendidas por la FECI contra los miembros del partido Semilla o magistrados del TSE.

FECI apunta a “anular” los resultados

Hace una semana, la FECI en una conferencia de prensa de más de dos horas, anunció “avances” del caso contra el partido Semilla. A su criterio, no solo hubo irregularidades en las firmas de personas afiliadas, sino en el registro de votos por parte de la autoridad electoral.

La fiscalía se atribuyó una acción electoral y aseguró que hubo un posible fraude electoral, sin especificar a quién se pudo favorecer o si las actas con irregularidades influyen realmente en los resultados electorales del 25 de junio y el 20 de agosto.

La fiscal Leonor Morales enumeró una serie de supuestas irregularidades para sustentar la narrativa de fraude, alegando que “las actas eran nulas de pleno derecho”, pero sin atreverse a decir que los resultados no tenían validez, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ya fue certificada con anterioridad.

Prensa Comunitaria


Comunidad internacional cierra filas para preservar resultados electorales

El Parlamento Europeo condenó ayer lo que considera como un “intento” de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del Ministerio Público (MP) para invalidar las elecciones en Guatemala. La resolución se une a los múltiples llamados de la comunidad internacional para que se respete la decisión de los guatemaltecos expresada en las urnas.

En la resolución aprobada por los miembros de esa instancia, se hace una serie de exhortaciones y llamados para que la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el presidente, Alejandro Giammattei, garanticen la transición de mando al presidente electo, Bernardo Arévalo, diputados y alcaldes.

 

No descartan sanciones

Además, el Parlamento Europeo no descarta “exigir responsabilidades” a quienes obstaculizan la democracia, es decir, emitir sanciones, como prohibiciones de viaje e inmovilización de activos en los Estados miembros a figuras como la fiscal general, María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.

Las restricciones abarcarían a la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y al secretario general del MP, Ángel Pineda, entre otros.

“Están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de derecho y criminalizar a figuras de la oposición”, resaltó.

El peso de las condenas

Pablo Rangel, profesor en la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos, explicó que las sanciones anunciadas se pueden considerar una realidad y demuestran que la atención sobre Guatemala sobrepasó fronteras. Agregó que probablemente el siguiente paso de la comunidad europea sea la aplicación de restricciones que afecten el financiamiento de los señalados.

“La condena internacional tiene mucha relevancia, porque somos parte de un gran entramado de relaciones internacionales. La condena, más allá de lo moral, pasa a lo comercial y después a lo financiero, es muy relevante en términos de lo que el país podrá hacer fuera de sus fronteras”, detalló.

El especialista en relaciones internacionales agregó que mientras los funcionarios sancionados continúen en sus puestos, el país será visto como un Estado que viola los derechos humanos, que no es amigo de la democracia e incapaz de luchar contra la corrupción.

Cierran filas

La resolución del Parlamento Europeo es el más reciente pronunciamiento de la comunidad internacional a favor de la democracia y el respeto a los resultados electorales en Guatemala. El pasado martes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) también condenó las acciones del MP y ofreció dar acompañamiento al proceso de cambio de mando.

Mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a más de 300 guatemaltecos, entre ellos, los 108 diputados que votaron a favor del retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (OEA), Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y Mynor Custodio Franco.

Las posturas y medidas para que se permita la toma de posesión de Arévalo y otros funcionarios han surgido incluso de senadores republicanos, entre ellos, Bill Cassidy y Marco Rubio.

El Gobierno de Taiwán, el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, se han unido a los llamados de respaldo a la democracia y de los resultados electorales.

Rechazo

El MP se pronunció tras las medidas adoptadas por el Parlamento Europeo y calificó de “falacia” que la entidad tenga la intención de alterar los resultados electorales o vulnerar la voluntad popular.

Afirmó que únicamente ha cumplido con su mandato de investigar las denuncias de la ciudadanía.

“Rechaza toda narrativa falsa y maliciosas y lamenta que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial”, puntualizó.

“Nosotros estamos respaldados por la Constitución y lo que piensen, opinen o restricciones, a mí, me tienen sin cuidado”, dijo el jefe de la FECI.

“El Gobierno de Guatemala, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), rechaza la resolución propuesta por el Parlamento Europeo contra funcionarios del Ministerio Público (MP) y un juez guatemalteco, debido a que atenta contra la soberanía del país”, expuso el Minex en un comunicado de prensa.

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MP solicita retiro de inmunidad contra la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, por la posible comisión de delitos

Este jueves 14 de diciembre, el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de la inmunidad de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro.

El fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, informó que la solicitud es contra Alfaro por el supuesto delito de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.

Según el fiscal, el primer delito señalado es porque el 30 de septiembre recién pasado “todo el pueblo de Guatemala observó, están los videos, cómo se obstruyó, cómo se agredió físicamente, verbalmente, psicológicamente, había mujeres fiscales ahí y había magistrados ahí, y entonces todo eso está plenamente documentado”.

Agregó que en su momento tomarán las acciones correspondientes, pero por ahora solo han presentado la solicitud del retiro de la inmunidad.

Respecto de los otros cuatro magistrados, a quienes ya les fue retirada la inmunidad, el fiscal indicó que extraoficialmente sabe que no están en Guatemala


El 30 de septiembre recién pasado, la Feci efectuó cateos en la sede del TSE, donde secuestraron cajas con material electoral.

Al fiscal le preguntaron sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad que ordena se garantice la transición de los funcionarios electos y respondió que no leído el fallo y que dentro del marco constitucional del MP que es investigar, ya le entregaron una copia al TSE para que establezca qué pueda proceder, esto en el caso contra Semilla.

“Nosotros de forma puntual, ya establecido, qué es lo que nosotros hemos encontrado en la investigación penal y eso es lo que lo hemos trasladado”, indicó.

También le consultaron si la solicitud contra Alfaro corresponde a un caso nuevo o si corresponde en el marco de la investigación del caso Semilla, a lo que el fiscal informó que es una fase que se ha presentado como las otras fases y recordó que hay una fase de la investigación contra Bernardo Arévalo, presidente electo, por supuesto lavado de dinero.

Afirmó que el MP ha trabajado con instituciones de Estados Unidos, entre estas la DEA y el FBI, “que son muy independientes del Departamento de Estado” y que “con ellos hay muy buena relación” y por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales se va a comunicar, según cómo avance el trámite del antejuicio, a efecto de que el gobierno de EE. UU. colabore con la investigación del MP y que lo han hecho en otras ocasiones.

Cuando le preguntaron de cómo ve las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra su persona y que ahora el Parlamento Europeo solicita restricciones contra él y otros integrantes del MP, el fiscal respondió: “Mire, lo que diga la Unión Europea, la ONU, la OEA y gobiernos extranjeros a mí no importa, ni me interesa, esa es una forma de amedrentar al Ministerio Público, me tiene sin cuidado, no veo yo por qué tanta bulla solo porque uno se somete, uno se sujeta a lo que piensan ciertos gobiernos”.

Añadió que trabajadores del TSE y ciudadanos han llegado a la Feci por este caso contra Semilla. Recordó que cuando iniciaron la investigación, llegaron los digitadores del TSE para que indicaron que antes de que se iniciara el conteo de votos los retiraron y otras personas se encargaron de la base de datos.

También mencionó la manifestación frente al MP y según él, las personas manifiestan donde no tienen que estar.

Además le consultaron si hay alguna investigación o denuncia en contra de Miguel Martínez, exfuncionario del Centro de Gobierno, y el fiscal indicó que desconoce si hay.

Afirmó: “Cuando yo asumí en le Feci, a mí se me invitó por un gobierno extranjero a ir a su embajada a analizar procesos de investigación de la Feci y como no accedí, usted sabrá las consecuencias que hubo hacia mi persona”.

En su cuenta en la red social X, el TSE manifestó que “nuevamente el Ministerio Público intenta vulnerar a la máxima autoridad electoral del país con otra persecución legal”.

Prensa Libre

 

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