Arévalo asumirá en enero y la OEA asegura la transición democrática
Bernardo Arévalo dice que está convencido que tomará el poder el 14 de enero y que “gobernará sin “miedo”
El Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, solicitó el retiro de su inmunidad, buscó cancelar su partido Semilla, acusó de anomalías al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y consideró “nulos” los comicios.
Pero el TSE sostuvo que los resultados son “inalterables” y la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó hace una semana al Congreso “garantizar” la juramentación de Arévalo.
En entrevista exclusiva con AFP, al visitar Panamá el martes en una gira centroamericana, Arévalo habló de su futuro gobierno y de la ofensiva de la fiscalía tras ganar las elecciones.
– La fiscalía no ha dado tregua. ¿Aún ve riesgos o está seguro de que asumirá la presidencia?
Estoy totalmente convencido. La fiscalía lo que ha hecho es fabricar casos, actuar sobre patrañas sin ningún sustento. Pero se dio la resolución de la CC y del TSE.
Eso no quiere decir que no siga haciendo intentos, pero no tendrá éxito. No hay duda de que vamos a asumir.
El respaldo para el gobierno es amplísimo. Hay una convergencia de fuerzas en defensa de la democracia, determinada a hacer valer el resultado electoral e iniciar el cambio.
– Es previsible que la arremetida continúe. ¿Cómo evitar la posibilidad de un “golpe de Estado institucional” o “militar”?
Un golpe de Estado militar sencillamente no está en ninguna parte en el escenario. El Ejército como institución ha estado totalmente fuera de la crisis política.
El golpe de Estado en cámara lenta que se venía dando ha quedado bloqueado con las resoluciones de la CC y del TSE. El golpe de Estado intentaba, por medios judiciales, lograr unas condiciones de alteración de la voluntad popular y el resultado electoral. La CC cerró el paso.
– ¿Cómo gobernará con minoría en el Congreso y fiscales y jueces que según usted responden a los corruptos?
Hay que recordar que es un Congreso sumamente fragmentado: 16 partidos se reparten las 160 curules. Trabajamos en la posibilidad de generar condiciones de gobernabilidad mediante una alianza amplia.
Pediremos la renuncia de la fiscal. Y habrá elección de jueces el año entrante.
Existirán dificultades, ya que estas élites político-criminales, al menos durante un tiempo, continuarán enquistadas en algunos poderes del Estado. Pero el respaldo con el que estamos llegando nos hace prever que tendremos una gobernabilidad para avanzar.
– Si se le retira la inmunidad ¿teme un encarcelamiento? Y, dado que parece tener muchos enemigos, ¿teme por su vida?
Sobre un encarcelamiento, los casos que se han manejado desde la fiscalía son espurios, no tiene ninguna evidencia. De las amenazas que hay sobre un posible atentado físico, estamos tomando las medidas de protección necesarias para evitarlo.
– ¿Cuáles son los tres principales retos de su futuro gobierno?
Primero, lograr la gobernabilidad para avanzar en la lucha contra la corrupción.
Segundo, aplicar una estrategia de combate a la corrupción que avance de manera gradual, pero sostenida, para ir recuperando las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de la población.
Tercero, empezar a lograr que las instituciones funcionen para generar un desarrollo en salud, educación, infraestructura, que dé respuesta a la exclusión, y que ha estado ausente porque la corrupción asaltó el poder público.
– ¿Cómo concretará su promesa de guerra anticorrupción?
Es un problema sistémico que requerirá actuar en distintos ámbitos del Estado y generar una cultura política social que rechace y combata la normalización de la corrupción.
Crearemos una comisión nacional anticorrupción que irá desarrollándose alrededor de esta estrategia para avanzar en la reforma política, judicial y del Ejecutivo, de las leyes de contrataciones, en evitar el clientelismo político.
Debe ser entendida como una lucha sostenida y gradual. No la vamos a terminar, la empezaremos. Es un esfuerzo que tomará tiempo.
Buscamos que no haya exiliados como operadores de justicia, periodistas o activistas políticos que se vieron obligados a dejar el país por los embates de esa estructura político-criminal.
– ¿Le preocupa un desencanto de la población, sobre todo indígena, si no se cumplen pronto sus expectativas?
Indudablemente es una enorme responsabilidad: Despertamos la esperanza del pueblo guatemalteco en la posibilidad de un cambio y de recuperar las instituciones para combatir la corrupción. Pero la gente sabe que tampoco es una tarea que se resuelve de la noche a la mañana.
Necesitarán pruebas de que existe voluntad real de llevar esta lucha, de que no nos rendiremos ante este pacto de corruptos y que empecemos a dar resultados en la gestión para el bienestar de la población.
– Algunos analistas dicen que la ofensiva busca que gobierne con miedo ¿Qué piensa?
El miedo ha sido precisamente lo que estos grupos político-criminales han tratado de infundir en la población estos meses y no lo han logrado. Y ciertamente no lo han logrado en nosotros.
No entramos con miedo a esta gestión de gobierno; al contrario, entramos determinados y fortalecidos. Hemos encontrado un respaldo social generalizado. Si lo que esperaban era infundir miedo, han fracasado terriblemente.
– En política exterior, ¿considerará establecer relaciones con China?
No vamos a dejar las relaciones con Taiwán, la vamos a mantener.
– ¿Qué espera de la comunidad internacional después del 14 de enero?
Su apoyo ha sido fundamental para defendernos de la intentona golpista. Esperamos que este respaldo se amplíe a la cooperación e inversión para el desarrollo del país.
– ¿Qué está en juego en Guatemala?
La posibilidad de realmente retomar la construcción de un Estado democrático. Comenzaremos un proceso para recuperar las instituciones públicas. Lo que está en juego es la democracia.
OEA destaca resolución de la CC, pero mantiene atención en MP
Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se mostraron satisfechos por la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), del pasado jueves 14 de diciembre, con la cual se garantizó la transición de poder el 14 de enero de 2024, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, no dejaron de mostrar preocupación por las acciones que el Ministerio Público (MP) pueda adoptar con el fin de deslegitimar a las autoridades electas.
Los pronunciamientos se dieron a conocer este miércoles 20 de diciembre, cuando las delegaciones que integran el Consejo Permanente de la OEA escucharon el informe del presidente de esa instancia, Ronald Sanders, acerca de la visita que efectuó la semana pasada al país junto con el secretario general del organismo, Luis Almagro.
Sanders precisó que en su visita sostuvo una reunión con Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Lemus, magistrados de la CC, quienes le aseguraron que estaban preocupados por las afirmaciones “inexactas” de que en Guatemala se fraguaba un golpe de Estado y les dijeron que no existe ningún instrumento legal que pueda revertir los “inalterables” resultados electorales.
Pérez Aguilera y Lemus, según Sanders, afirmaron que en Guatemala no hay una ruptura constitucional y que cualquiera que tratara de obstruir el proceso de transmisión de mando sería objeto de sanciones penales y civiles.
El presidente del Consejo, en su informe, añadió que el presidente, Alejandro Giammattei, le subrayó su compromiso con Guatemala, con la Carta de la OEA y con los principios de la democracia. También invitó a una delegación del Consejo para la toma de posesión.
Asimismo, Sanders dijo sentirse “alentado” por la resolución de la CC que garantiza que no haya ninguna alteración que afecte gravemente el orden democrático en Guatemala, y añadió que “el bienestar de la nación recae en los jueces” de esta Corte, que merecen todo el apoyo de la OEA.
ATENTADO
Durante su intervención, Almagro se refirió a un “atentado” ocurrido frente a la casa de Lemus, del cual no dio detalles ni fecha. El hecho lo atribuyó a las “fuerzas que pretendían destruir la transición” de mando, y tirar el proceso “al precipicio”. En tal sentido, afirmó que la resolución de la CC “no es el fin del trabajo”.
“Estamos más lejos del intento de golpe de Estado. La justicia ha prevalecido”, aseveró el secretario con relación al fallo de la máxima Corte del país. Pero, añadió: “el daño que ha pretendido hacer y quiere hacer el MP al sistema judicial guatemalteco y al estado de Derecho en Guatemala y a la democracia, deben ser condenados siempre”.
BÚCARO: FUE ERROR PREJUZGAR
Por su parte, el canciller Mario Búcaro, que asistió en persona a la Asamblea, aseguró que el Gobierno ha impulsado la paz, la alternancia de poder y el respeto al estado de Derecho, y descartó que la democracia haya estado en peligro, dado que la institucionalidad “es perfectible, pero funciona”.
Para el funcionario, los países cometieron un error al argumentar que había riesgo de un rompimiento institucional en Guatemala.
“Hemos puesto a prueba nuestro compromiso con la Carta Democrática, a pesar de señalamientos basados en presunciones, comunicados infundados e informes rendidos a este Consejo”, enfatizó el canciller guatemalteco.
ATENCIÓN SEGUIRÁ
Durante la celebración de la Asamblea, los países se mostraron complacidos con la inminente toma de posesión de Arévalo, a raíz de la resolución de la CC; sin embargo, también coincidieron en que los ataques del MP en contra de los resultados pueden continuar, por lo cual afirmaron que seguirán los hechos del país, incluso, después del 14 de enero.
Frank Mora, representante de Estados Unidos ante la OEA, manifestó su beneplácito por la resolución del máximo tribunal guatemalteco que “refuerza el respeto a la democracia y a la voluntad nacional”, también por el fallo que suspende la entrada en vigencia del Presupuesto aprobado por el Congreso “sin la transparencia que merece el pueblo de Guatemala”
El próximo gobierno no debe ser restringido con estas herramientas, sino debe tener la oportunidad de implementar su visión del país, aseveró. No obstante, dijo que los acontecimientos recientes “siguen causando preocupación”.
La embajadora de Costa Rica, Rita Hernández Bolaños, rechazó las acciones de la Fiscalía que han atentado en contra de la democracia y el estado de Derecho en estos meses y dijo que permanecerán “atentos a los acontecimientos, por la amistad y solidaridad” que une a ambos países.
El representante de Colombia, Luis Vargas, manifestó estar preocupado porque la CC dejó abierta, con su resolución, la posibilidad de que el MP continúe con la judicialización del proceso electoral “bajo la excusa de investigar un hecho con posible incidencia en lo electoral”.
“En caso de que ocurran nuevos hechos que atenten contra el estado de Derecho, la voluntad popular y la transición, debemos estar preparados para actuar con la urgencia y determinación que merece nuestro compromiso con el orden democrático y con la Carta de la OEA”, aseveró.
