Diálogos de Paz en Colombia | Petro plantea avanzar en el desarme de “economìas ilícitas” para financiación de la guerra
Presidente Gustavo Petro advirtió que “no ve prioritario el cese al fuego” con ELN y Farc de Mordisco, y lo condicionó
En una ceremonia de condecoración a la Policía Nacional, que se llevó a cabo este viernes 15 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una sorpresiva declaración sobre su estrategia de la polémica ‘paz total‘ y los procesos de negociación.
En su declaración, el mandatario colombiano fue directo en señalar que para su Gobierno del llamado cambio, no es prioritario el “cese al fuego”, asegurando que debe condicionarse a planes concretos de sustitución de cultivos ilícitos.
Mensaje que impacta a los diálogos de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla del ELN y con las temidas disidencias de las Farc de Iván Mordisco, procesos que vienen avanzando con representantes de esas estructuras criminales.
“Donde rige de alguna manera y de manera parcial con algunos grupos un cese al fuego, yo tengo que decirles que el Gobierno nacional no ve prioritario el cese al fuego, si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas”, sostuvo Petro.
Y avanzó: “Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizás la principal, y aun la más poderosa, el oro, la extorsión y el secuestro, entre varias, estas son las fundamentales. Por tanto, en las conversaciones del Gobierno con estos grupos, no nos emociona que lo único que se logre sea un cese al fuego, porque el cese al fuego no es más sino detener –el Estado, por una parte, el grupo armado, por la otra– las acciones ofensivas entre esas dos partes”.
“Pero es que lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad, y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego, entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa, extendiendo los delitos sobre ella”, insistió.
También expuso: “Así no se construye un proceso de paz. Por tanto, el cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas que he mencionado. Tarea en la que se tiene que comprometer el Gobierno cuando se trata de los cultivos de hoja de coca o de las zonas mineras, porque tiene que plantearle alternativas a la población, porque esa población tiene que tener en concreto y de manera rápida y cotidiana, la manera de vivir y de progresar en la economía lícita”.
Finalmente, indicó en la ceremonia: “Decía el presidente del Senado, y en general al Congreso de la República, que en el fondo un proceso de paz en la actualidad no era así en el pasado. En la actualidad implica quitarle la primera “i” a lo ilícito y entonces volver lícito. Pareciera simple en las palabras, quitar una simple “i”, pero en la realidad, obviamente, es complejo. ¿Cómo de lo ilícito se pasa a lo lícito?”.
ONU señala nuevas violencias en proceso de paz en Colombia
La delegada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonia Urrejola, afirmó este jueves que el proceso de implementación del Acuerdo de Paz de Colombia, firmado en 2016, encara el surgimiento de lo que llamó nuevas violencias.
Antonia Urrejola, experta internacional en Derechos Humanos, entregó informe preliminar sobre los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016
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— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) December 14, 2023
Durante la presentación de los puntos preliminares en el marco del proceso investigativo para confeccionar un informe sobre la implementación, la experta de la ONU aseguró que no se trata de una investigación criminal sino de “un contexto político del informe”.
En este sentido, la exministra de Relaciones Exteriores chilena destacó la importancia de “dar una perspectiva externa en un tema al que rodea
Señaló que los resultados finales, los cuales serán presentados el próximo mes de marzo ante las Naciones Unidas, deben funcionar como una guía para avanzar en el proceso de paz que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La funcionaria apuntó que la investigación parte de la denuncia que hiciera el pasado mes de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre cuestiones relacionadas con Jesús Santrich.
De acuerdo con medios internacionales, Santrich, quien fue parte del proceso negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) para el Acuerdo de Paz, firmado durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos, retomó las armas en 2019 en la Segunda Marquetalia. Posteriormente, murió en 2021 como consecuencia de la violencia, que adquiere rostros en el surgimiento de otros grupos armados ilegales.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinados 394 firmantes de paz, incluidos 49 indígenas, 57 afrocolombianos y 11 mujeres, según dio a conocer el pasado mes de septiembre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
