Argentina: desmedida alza de precios y promesa de represión si hubiera protestas – Por Rodolfo Koé Gutiérrez
Desmedida alza de precios y promesa de represión si hubiera protestas
Rodolfo Koé Gutiérrez*
El rechazo de organizaciones sindicales, sociales y políticas agravó la tensión visible ante los aumentos de precios, el programa económico, y los decretos a menos de una semana de asumir el gobierno del ultraderechista Javier Milei, tras el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de reprimir cuaqluier protesta popular.
El programa económico se puede resumir en un conjunto de falacias con una falacia central (que la inflación es provocada por el exceso de emisión derivada del déficit fiscal) para justificar una brutal expropiación de ingresos y de ahorros privados en pesos de los asalariados (los empresarios nacionales y foráneos, los capitalistas tienen sus ahorros en dólares u otros activos), señala Jorge Fonseca.
Desde que el ultraderechista Javier Milei ganó el balotaje, las remarcaciones en supermercados superan el 100 por ciento y en la última semana las listas que llegaron sumaron aumentos de hasta el 70 por ciento.
A esta triste realidad la complementarán, según lo anunciado, la privatización de los principales bienes comunes de los argentinos que gestiona el Estado: YPF con sus grandes riquezas en hidrocarburos, la aerolínea de bandera y un numeroso lote de activos públicos. Expropiación forzosa de propiedad privada individual y colectiva de la ciudadanía argentina al grito de “viva la propiedad privada y la libertad carajo!”, añade.
Junto con las medidas económicas, el gobierno presentó una serie de reglas que buscan prohibir las protestas en el espacio público y autorizan a la fuerzas de seguridad a actuar sin orden judicial. «No queremos ningún corte de rutas o calles», amenazó la ministra de Seguridad (y excandidata presidencial) Patricia Bullrich.
Señaló que las manifestaciones de protesta serán reprimidos por las cuatro fuerzas: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), además del Servicio Penitenciario. Organismos de derechos humanos y juristas advirtieron que el «protocolo antipiquete» no respeta derechos y garantías elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales.
Mientras, el gobierno trabaja en los detalles de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) extenso que recoge una gran cantidad de desregulaciones en el marco de lo que, desde el propio gobierno, definen como “la mayor reforma del Estado del último siglo”, que dispone la derogación o modificación de las normas que organizan las relaciones laborales, los contratos entre privados, el acceso a la vivienda y a la salud, los derechos del consumidor y los medios de comunicación.
De acuerdo a un borrador, entre las normas que van a ser eliminadas o fuertemente mutiladas por el DNU figuran la ley de empleo público, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de alquileres, el régimen de obras sociales, la ley de defensa de la competencia, la ley de góndolas y la ley de abastecimiento. También se facilita la privatización de empresas públicas, revela ElDestape.web.
Otros puntos aún están en discusión, porque se evalúa la viabilidad de incluirlos en el decreto o la necesidad de que pasen por el Congreso. Entre ellos, cambios en la fórmula jubilatoria y una reforma laboral que incluirá, entre otras cláusulas, la eliminación de las indemnizaciones por despido.
El objetivo esencial de la política económica del gobierno ultraderechista se puede sintetizar en una fenomenal transferencia de ingresos desde las mayorías populares hacia distintas fracciones de las clases dominantes, en espeical el complejo agroexportador, principal beneficiado por la devaluación.
Pero también muchos otros sectores de grandes empresarios por la licuación salarial que provoca una devaluación de la magnitud de la decretada por el gobierno (aumento de 118% del precio del dólar) y los acreedores de la deuda externa, el principal el Fondo Monetario Internacional, porque gran parte del plan está ordenado en función de pagar la deuda externa fraudulenta que contrajo el gobierno del neoliberal Mauricio Macri.
En su mensaje, el ministro de Economía Luis Caputo avisó que durante varios meses se disparará la inflación a un ritmo del 20 por ciento mensual y más, alimentada por un salto en el valor del dólar de más del 100 por ciento, que ya no habrá ningún tipo de control o sanciones a quienes aumenten precios de productos básicos de consumo injustificadamente.
También anunció que las tarifas de servicios públicos y del transporte podrán elevarse al doble o más, y que en ese escenario de una previsible profunda recesión y caída en picada de la capacidad adquisitiva de los ingresos, no están previstas compensaciones para salarios y jubilaciones.
Las naftas (gasolinas) subieron 37 por ciento, el kilo de carne alrededor del 100%, las alimenticias cortaron las entregas mientras remarcan. La quita de subsidios al transporte y a las prestaciones eléctricas y gasíferas comenzaría a aplicarse desde febrero. Además, las tarifas deberían aumentar a la par del tipo de cambio y la inflación de estos próximos meses.
El gobierno no tiene una política de control de precios y deja que el mercado los fije libremente. «Es lo mismo que poner la zorra en el gallinero y decirle que se porte bien. Esto tiene nombre y apellido en Argentina: el mercado de yerba, azúcar, tomate, acero y aluminio. Son cuatro o cinco empresas las que fijan los precios. Entonces, decir que a los precios lo fijen los mercados es decirles que ‘Señores, marquen lo que quieran»», afirmó el economista Horacio Rovelli.
Caputo admitió que esta política tendrá un impacto negativo muy fuerte sobre la economía en los próximos meses, pero acudió una vez más a la teoría del miedo al sostener que es el costo necesario a pagar «para evitar una catástrofe», porque «seguir en el mismo camino nos llevaría a una hiperinflación del 15 mil por ciento», dijo, repitiendo la cifra que tiró el ultraderechista presidente Javier Milei el domingo desde las escalinatas del Congreso.
Mientras tanto, la caída del gasto público y la depresión de la capacidad de compra de la población por el impacto de la inflación harán lo suyo, provocando una muy fuerte recesión económica por el hundimiento de la demanda. El analista Raúl della Torre señala que ésta podrá ser una preocupación para muchos, sobre todo trabajadores y empresas nacionales que viven del mercado interno, pero no para el gobierno: esa recesión es el fenómeno buscado por este modelo para ponerle un freno a la inflación.
Asimismo, la liberación total a cualquier mínimo control de precios afecta a todos y muy especialmente a las clases medias, como al aumento de las naftas o de las empresas de medicina prepaga, para dar solo dos ejemplos. Lo mismo con la avanzada que quieren hacer contra la ley de alquileres para rediseñar un esquema que favorezca al mercado inmobiliario y perjudique (más aún) a los inquilinos.
Esta redistribución regresiva del ingreso significa la desmentida de una gran falacia -”no hay plata”- que dominó la última etapa de la campaña electoral: hay plata, pero irá a parar a las cuentas del capital y saldrá del bolsillo de las mayorías populares. Porque la inflación no es un “fenómeno natural” -como suelen decir los medios hegemónicos y los posteos en redes-, es una política deliberada para licuar el salario y los ingresos en general.
Hoy la gente (que ha desaparecido de las calles en un triste calma) sabe bien que este ajuste no lo paga la “casta política”, como repitiera Milei en campaña y se olvidara al asumir la presidencia, sino todo el pueblo argentino. Y se sorprende de otras propuestas electorales que cambiaron radicalmente o fueron olvidadas (al menos por ahora), como la dolarización y el cierre del Banco Central, desde donde el gobierno impone el cepo al dólar.
Estos y otros cambios bruscos muestran las enormes diferencias entre lo agitado en la campaña electoral y lo que se empieza a desplegar desde el gobierno que van hacia un aspecto más conceptual.
Por ejemplo, la “estatización” de deuda privada que va a hacer el Banco Central con una resolución que básicamente implica hacerse cargo de la deuda de empresas privadas con empresas extranjeras a través de un bono en dólares a cobrar en efectivo en 2027. El BCRA se endeudará por 30.000 millones de dólares para rescatar la deuda privada de las empresas importadoras. Emitirá Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).
Luego de anunciar un plan de guerra que pulverizará salarios y jubilaciones, Caputo avala otro endeudamiento escandaloso. “En la Argentina, de los seis primeros bancos privados por volumen de depósitos captados, en cinco tiene fuerte participación accionaria (el fondo de inversiones estadounidense) BlackRock, que no va a perder plata, de allí que la solución propuesta por ese fondo es que el capital financiero internacional le otorgue al BCRA un financiamiento de unos 15.000 millones de dólares para que los rescate” señaló Rovelli.
En campaña Milei sostenía que los impuestos eran un robo, mientras esgrimía la idea anti-Estado, que era presentado como un ente que oprimía a todos por igual, con la que mucha gente ahogada por impuestos regresivos se identificó. Pero lo cierto es que Milei llegó para utilizar el Estado en beneficio directo de un sector social privilegiado.
Mientras, saliendo del estupor por las medidas oficiales, la principal central sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó que las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei «no ajustan a la denominada casta, como se prometió en la campaña, sino que recaen sobre el pueblo» y «dinamitarán el poder adquisitivo de los salarios», ante lo cual advirtió que no se va a quedar «de brazos cruzados.
“No estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste», sostuvo la central sindical, tras una reunión de urgencia.
El plan de Milei persigue, en realidad, la generación de una inflación rozando la híper para que los salarios se depriman a tal nivel que terminen siendo los reguladores de los precios.En pocas palabras, el plan Caputo no tiene al ajuste fiscal como ancla, sino a los ingresos y jubilaciones como opción para generar un recesión que obligue a los formadores de precios a pensar dos veces antes de aumentar, dado que nadie podrá comprar ni lo más mínimo.
*Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
