Uruguay | Escándalo por pasaporte a narco: convocan a una marcha “contra la corrupción”
PIT-CNT resolvió convocar a una manifestación “contra la corrupción” el próximo lunes
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resolvió convocar a una manifestación “en defensa de la democracia y contra la corrupción” para el próximo lunes, tras la crisis que se desató en el gobierno a partir de la divulgación de audios y chats vinculados a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. La decisión será ratificada este miércoles en la Mesa Representativa, según dijo a la diaria el vicepresidente de la central sindical, Joselo López.
🇺🇾 nos movilizamos
POR LA DEMOCRACIA
Y CONTRA LA CORRUPCIÓN13/11 · 18h
Plaza LibertadConvocan
PIT-CNT · FUCVAM pic.twitter.com/JaDwRW8ZQL— PIT CNT (@PITCNT1) November 8, 2023
Está previsto que la movilización comience sobre las 18.00 y que se realice en la plaza Libertad. “Si bien hay una serie de hechos que han marcado a este gobierno” y desde el comienzo hubo “situaciones muy complejas” que “rayan irregularidades vinculadas a corrupción”, el motivo principal de la convocatoria es lo que ha salido a la luz durante la última semana, señaló López.
Hasta ahora, la administración de Luis Lacalle Pou venía “saliendo de una manera elegante”, pero en esta ocasión “se le quemaron todos los papeles”, consideró el vicepresidente de la central sindical, luego de referirse al caso del exsenador Gustavo Penadés y a las renuncias de otros ministros antes del cese de los jerarcas de Interior y Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, quienes dejaron su cargo en la última semana.
PIT-CNT y FUCVAM se movilizan en defensa de la democracia y contra la corrupciónhttps://t.co/2GBhv3uSND
— PIT CNT (@PITCNT1) November 8, 2023
“Que en menos de 48 horas tengan que renunciar dos ministros, un subsecretario y el principal asesor del presidente de la República en materia de comunicación denota la gravedad de la situación, que no sólo es una crisis política, sino que tiene ribetes claros de crisis institucional”, declaró López. “Por más que se intente decir que las instituciones están funcionando bien, está claro que no”, sobre todo porque “los propios integrantes del gobierno” hacen “denuncias cruzadas entre ellos”, afirmó.
Con la convocatoria “no estamos planteando desestabilizar al gobierno”, advirtió el vicepresidente del PIT-CNT. Lo que se busca es “marcar nuestra opinión y manifestarnos en contra de todo lo que está sucediendo, defendiendo la democracia y la institucionalidad del país”, pues “como representantes de un sector importante de la sociedad tenemos derecho” a hacerlo, observó.
Las contradicciones en el caso Marset que indagará la Fiscalía
Si hay un factor en común en toda la trama del caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset -y sus interminables derivaciones- ese es la constante contradicción en que han entrado todos los jerarcas involucrados a la hora de dar su versión de lo ocurrido, el grado de participación o incidencia en el trámite, o las decisiones tomadas ante los cuestionamientos políticos con los que desde hace un año y medio embiste el Frente Amplio.
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El caso tomó un nuevo impulso el miércoles pasado, cuando la exvicecanciller Carolina Ache declaró como indagada ante el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado, y allí realizó una serie de revelaciones que en 72 horas produjo las renuncias de los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Luis Alberto Heber (Interior), del subsecretario Guillermo Maciel y del asesor presidencia Roberto Lafluf.
Y desde entonces, más las declaraciones que siguieron esta semana -martes comparecieron ante Fiscalía dos jerarcas ministeriales, como se verá más adelante- quedaron de manifiesto incoherencias y cabos sueltos sobre los cuales el fiscal Machado indagará en los próximos días.
No será sencillo para él, porque deberá llevar en paralelo dos investigaciones relacionadas -la principal, sobre la expedición del pasaporte, y una secundaria que tiene que ver con un eventual ocultamiento de información relevante con delitos mediante por parte de autoridades políticas-, además de los más de 1.500 casos que esta Fiscalía tiene en su carpeta de entrada.
Asimismo, y según supo El País, dada la cantidad de información a procesar, más la complejidad y especificidad técnica que tiene el asunto, Machado entiende que necesita un refuerzo en su equipo de trabajo, y así se lo hará saber en el corto plazo al fiscal de Corte, Juan Gómez. Hoy Machado dispone de la ayuda de dos fiscales adscriptos para atender este caso y el resto de las indagatorias.
El chat
Hay una batalla jurídica que todo apunta que se librará hasta el final. Y hay, sobre todo, versiones irreconciliables que solo la prueba documental que las partes aportarán en la Fiscalía irá despejando la trama.
Una de ellas es en relación a un intercambio por WhatsApp que el 3 de noviembre de 2021 mantuvieron Maciel y la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, en el que Maciel pidió a su entonces par de Cancillería información sobre un “delincuente detenido en Dubái por documento falso”, que luego definió como “un narco uruguayo muy peligroso y pesado”-. Y que se ata con un hecho producido un año después: un pedido que Lafluf hizo a ambos -el 25 de noviembre de 2022- de que eliminaran ese chat de sus celulares. Ache declaró en Fiscalía que así procedieron ambos, y que la decisión adoptada -también a pedido de Lafluf, según su versión- era que, de esa manera, el intercambio no se entregara a un expediente administrativo de Cancillería que se estaba preparando para dar a la Justicia, en respuesta a una acción de información pública promovida por el Frente Amplio que solicitaba conocer las “comunicaciones” que ambos mantuvieron esa fecha.
Ache dijo que incluso tenía “protocolizado” por escribano el diálogo que se pretendía eliminar y que no accedió a lo que consideraba un “delito” y que también le habría pedido Lafluf: que volviera a realizar un protocolo del chat, pero ya con los mensajes borrados.
Pero Maciel, en una declaración pública que hizo al presentar su renuncia este martes, aseguró lo opuesto: que nunca borró ese mensaje y que él también tenía “todos los chats protocolizados por escribano público”, y que estos fueron obtenidos de su propio celular.
No dijo, sin embargo, cuándo los protocolizó, ni respondió públicamente a qué se debió el mensaje que -de acuerdo a la versión aportada por Ache- la exvicecanciller recibió aquel día desde el celular de su hija -pero escrito por Maciel- con una captura de pantalla en la que se aseguraba que “Whats-App no permite la recuperación de los mensajes borrados”.
La fecha del protocolo que hizo Maciel es clave para determinar si accedió o no al pedido de Lafluf de borrarlos -lo cual en sí mismo no constituye delito- y, si lo hizo, con qué fin entendió necesario contar con un respaldo.
Machado apuntará a esto, como también al eventual delito cometido por Lafluf si es cierto -como dijo Ache- que accedió al expediente de Cancillería para eliminar el acta de comprobación de la entrega que la exvicecanciller ya había hecho de los chats a las autoridades de Relaciones Exteriores -y que la obligó a presentar de nuevo la documentación.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo que no se eliminó nada que formara parte de un expediente.
Reunión con Balbi
Las otras versiones cruzadas que se generaron en las últimas horas involucran a Heber, a Alberto Lacoste -subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil hasta el 22 de agosto del año pasado- y al actual director nacional de Identificación Civil, José Luis Rondán. En el centro, el penalista Alejandro Balbi -en esa época abogado de Marset-, que se reunió con varias personas durante la tramitación del pasaporte para que la gestión fuera lo más rápida posible -lo cual logró con éxito.
El martes, ante Machado, Lacoste confirmó que mantuvo una reunión con Balbi, y dijo que notificó a sus superiores sobre esto en dos oportunidades antes de su destitución.
“El señor director general (de Identificación Civil, José Luis Rondán) me comunicó el mismo día de la interpelación (22 de agosto de 2022), en horas de la mañana, que estaba dispuesto mi cese. A posteriori me recibieron el ministro, el subsecretario (Guillermo Maciel) y el director general (que era Luis Calabria), y en presencia de Rondán me exhibieron un mail liberado de la secretaría privada de Identificación Civil remitido a la secretaría de la dirección de la Policía Científica”, empezó contado Lacoste en su declaración, a la que accedió El País.
En ese correo se hacía una solicitud de adelanto para el Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ) -indispensable para que se expida un pasaporte- de tres personas. Una de ellas era Marset. “El señor ministro -continuó- me exhibió esto, me preguntó si yo lo había visto y por qué no se lo había comunicado”.
Lacoste argumentó que el procedimiento de pedir un adelanto del CAJ era de rutina y, además, juró que en dos oportunidades -antes del cese- avisó a sus superiores que había hecho este pedido en el marco del trámite para el pasaporte de Marset.
Esto se contradice con lo que la semana pasada declaró Heber, según dijo Machado en la misma audiencia.
Lacoste también declaró que comunicó sobre la reunión con Balbi a Rondán. “Fue como en marzo o abril del año siguiente (2022), cuando mirando la prensa surge el caso de Marset, y ahí recordé que se trataba de la solicitud que me había hecho Balbi (…) Tal vez pudo habérsele pasado inadvertida (la reunión a Rondán). Es más, lo que sí recuerdo es que él estaba en otra cosa y yo lo interrumpí en el despacho”, dijo Lacoste.
“Luego, ya en agosto (se hizo la segunda reunión). El director me dijo que estábamos convocados al ministerio porque me iban a hacer algunas preguntas como asesor legal. Esto fue antes de la interpelación. (…) Cuando llegamos al ministerio, recuerdo la mesa grande, estaban las jerarquías ministeriales. (…) El único subdirector era yo. En ese punto yo, cuando estaba esperando a que me consultasen -dijo el exjerarca-, escucho que se está hablando de Balbi. Entonces les dije: ‘Estoy escuchando que se están refiriendo a Balbi, él fue a Identificación Civil a plantearme la problemática de este pasaporte’”.
Y esto se contradice, a su vez, con la declaración que hizo luego (también el martes de tarde) Rondán en Fiscalía, quien dijo que no estaba al tanto del tema hasta que lo leyó en la prensa.
“Me enteré en el diario de que había un tema con un narcotraficante -dijo a Machado-. Y después hubo una reunión preparatoria de la interpelación. Allí el ministro pregunta si alguien sabía de este tema y nadie responde ‘yo sé algo’. Hasta ahí no sabía. Estaba Lacoste. Él no me dijo porque es un trámite tan normal… Pero él entendió que eso no lo implicaba para nada. Pero en una segunda reunión que hubo él dijo, ‘pero yo me reuní’. Le preguntaron por qué no lo dijo antes y dijo que no lo entendió pertinente”.
Además
El misterio
Otro aspecto en el que todavía no hay claridad es si el asesor Lafluf eliminó un documento público que formaba parte de un expediente en Cancillería. Carolina Ache dijo que así fue: que se rompió el protocolo que ella había presentado en su ministerio para entregar luego a la Justicia. Y la defensa de Ache sostiene que esta postura tiene respaldo documental. Pero el presidente Luis Lacalle Pou lo negó el sábado pasado. Dijo que lo eliminado “no era parte de un expediente”.
Escrito de Díaz concluye que es Interior el que expide pasaportes
Desde que se abrió este caso, hay una discusión jurídica que pone el foco en qué ministerio tiene la responsabilidad ulterior en la emisión de los pasaportes en el exterior: si la Cancillería o el Ministerio del Interior.
El fiscal del caso, Alejandro Machado, está aferrado a la interpretación de que el responsable administrativo, en casos de uruguayos que en el extranjero solicitan su documento, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, basado en el decreto 129 de 2014, que define que cuando el trámite es iniciado fuera de fronteras, es responsable “el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de los Funcionarios Consulares”.
En contradicción con esta postura, el abogado Jorge Díaz -exfiscal de Corte que en esta causa defiende a la exvicecanciller Carolina Ache-, presentó el martes ante la Fiscalía un informe realizado por el constitucionalista Ruben Correa Freitas, a pedido del propio Díaz -y al que accedió El País.
Y el jurista concluyó que, en base a la normativa vigente a la fecha del otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset (21 de noviembre de 2021), “el órgano competente para expedir pasaportes comunes a ciudadanos uruguayos en el extranjero es la Dirección Nacional de Identificación Civil, órgano que depende del Ministerio del Interior”. Y agrega a continuación que “el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenía ni tiene competencia para expedir pasaportes comunes ni cédulas de identidad, pudiendo exclusivamente tramitar las solicitudes correspondientes” ante Identificación Civil.
