Marchas contra la minería en Panamá | La CIDH condena la represión y pide “garantizar la protesta social”
Panamá: CIDH y su RELE llaman al Estado a garantizar el derecho a la protesta pacífica
Ante el contexto de protestas sociales registrada en las últimas semanas en Panamá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) hacen un llamado al Estado a respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, de conformidad con los estándares interamericanos.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) November 9, 2023
Las protestas iniciadas en Panamá exigen la derogación de la ley 406, que aprobó un contrato de concesión por 20 años a una empresa para explotar la mayor mina de cobre abierto de Centroamérica. Según información, este contrato habría sido negociado en seguimiento a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de explotación original que se encontraba en ejecución desde 2017. Los reclamos indican que la aprobación del proyecto se habría realizado en un breve lapso de tiempo y su implementación sería inconstitucional por constituir una afectación a los recursos naturales y medio ambiente.
De acuerdo con información pública, se habrían registrado enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales de las unidades de Control de Multitudes, con el uso excesivo de la fuerza. La Defensoría del Pueblo de Panamá informó que abrió 18 quejas por violaciones a los derechos humanos en ese contexto. Según dicho organismo, en el curso de las protestas se recibieron quejas por el uso de gases lacrimógenos con fechas vencidas y se reportaron al menos 63 personas heridas, de las cuales 7 serían de gravedad. Una de las personas heridas sería un fotorreportero, quien habría sufrido graves lesiones en un ojo tras ser impactado por un perdigón de gas pimienta. Asimismo, la CIDH conoció que el 7 de noviembre dos manifestantes fallecieron tras disparos de un tercero, el cual fue detenido por las autoridades.
Líderes de base del pueblo Ngabe, advierte de acciones de calle, sino se retira el proyecto ley del nuevo contrato con Minera Panamá pic.twitter.com/35GbUFSe7b
— Panamá informado (@Panamainfomado) September 25, 2023
De acuerdo con información pública, más de 900 personas habrían sido detenidas por actos de vandalismo y daños a la propiedad. Por su parte, en comunicado público, la Defensoría del Pueblo indicó que han podido detectar 325 detenciones, de las cuales en la mayoría de los casos las personas detenidas fueron liberadas con multas y sanciones verbales. Según el Estado, las detenciones se habrían dado en el contexto de la comisión de actos de violencia contrarios a la Ley panameña.
La Comisión y su Relatoría también recibieron información sobre agresiones e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación por parte de personas manifestantes, impidiéndoles la cobertura de las protestas.
Mañana estamos de vuelta a los predios de la Asamblea Nacional para rechazar el nuevo contrato ley con Minera Panamá y las supuestas modificaciones que hizo el Consejo de Gabinete para enredar al pueblo panameño pic.twitter.com/gBXD2mcASd
— Asociación Universitaria Reforma Estudiantil-AURE (@somoslareforma) October 11, 2023
En un comunicado, la Policía Nacional expresó su respeto al derecho de reunión pacífica y sin armas, y resaltó su deber de “prevenir y evitar los abusos en el ejercicio de este derecho cuando se incurra en la alteración al orden público, se cause daños o afectación a terceros o se cometa delito”. Asimismo, negó que se haya hecho uso de armas letales para garantizar el orden y la seguridad, y rechazó la “campaña de desinformación y de contenidos falsos” en redes sociales.
En este contexto, el 29 de octubre, el Presidente de la República anunció públicamente que pedirá al Tribunal Electoral que convoque a una consulta popular para el 17 de diciembre, con el objetivo de determinar si se deroga o no la Ley 406. En seguimiento a ello, el 31 de octubre, la empresa con la que el Gobierno renovó la concesión para la explotación minera emitió un comunicado en el que indicó su apertura al diálogo, y resaltó su compromiso con el Estado de derecho.
Marcha por el grito de Santiago, y contra la minería. #Veraguas.
Viva el 9 de noviembre…#huelgaindefinida #panama #noticias #nacionales #radiotemblor #ultimahora #medioslibres #ultimominuto #news #worldnews #humanrights #huelgapanama2023 #santiagodeveraguas pic.twitter.com/LSW7qwDKPI
— Radio Temblor Internacional (@RadioTemblor) November 10, 2023
Por su parte, mediante comunicado de 30 de octubre, el Pleno del Tribunal Electoral informó que la Corte Suprema de Justicia tiene demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 406 que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria, que la vinculación o no del resultado de dicha consulta y el cumplimiento o no de lo que en ella se decida, no es competencia del Tribunal Electoral, sino del solicitante y que en estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular. No obstante, de aprobarse la ley debidamente, el Tribunal Electoral quedaría obligado a convocar y organizar la consulta, mientras se puedan garantizar las condiciones para el ejercicio de todos los derechos políticos.
La CIDH valora positivamente el reciente anuncio del Estado panameño sobre la aprobación de la ley No.407 de 3 de noviembre de 2023, que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de minería metálica en todo el territorio panameño. Esta moratoria minera venía siendo una de las reclamaciones de la ciudadanía.
Estrategia del equipo de comunicación de presidencia trata de confundir al pueblo. El Presidente no tiene la voluntad de buscar La Paz para Panamá. pic.twitter.com/Zmugaw4Zlv
— ASOPROF (@ASOPROF30) November 10, 2023
La CIDH y su RELE recuerdan que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y para la defensa de los derechos humanos, y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Cuando la protesta social se enmarca dentro de demandas o cuestionamientos a medidas gubernamentales o asuntos de interés público, éstas se encuentran especialmente protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana.
Es deber del Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar la protesta social, tomando en consideración que el hecho de que algunas personas participen en actos de violencia no vuelve ilegítima a la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la manifestación mediante el uso de la fuerza. Cuando algunas personas cometen actos de violencia en el contexto de una protesta, deben ser individualizadas, pero los demás manifestantes conservan su derecho a la reunión pacífica.
— ASOPROF (@ASOPROF30) November 9, 2023
La CIDH y su RELE recuerdan que la actuación de la fuerza pública para impedir detener hechos de violencia debe realizarse de acuerdo con los protocolos respectivos y de conformidad con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y, legalidad, en línea con los estándares sobre la materia. Asimismo, las personas manifestantes en situación de vulnerabilidad deben ser particularmente protegidas en este contexto. Al mismo tiempo, ante los reportes de los desafíos derivados del bloqueo de las autopistas, hacen un llamado a que los distintos actores garanticen un corredor para asegurar el ejercicio simultáneo de los derechos involucrados y la circulación de alimentos, insumos médicos y otros bienes esenciales.
Además, el Estado debe brindar el máximo nivel de garantías para que las personas periodistas realicen su trabajo durante protestas sociales, y asegurar que no sean agredidas, amenazadas o limitadas de cualquier forma por estar ejerciendo su profesión. En situaciones de conflictividad social, el rol de la prensa es fundamental al tener la responsabilidad de informar sobre los hechos a toda la población.
Finalmente, la CIDH y la Relatoría hacen un llamado al Estado de Panamá a continuar en la búsqueda de canales de diálogo garantizando el derecho a la protesta pacífica.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Presidencia recibe solicitud de Alianza Pueblo Unido por la Vida
La noche de este jueves 9 de noviembre la ministra de Trabajo, Doris Zapata, y el ministro de Gobierno, Roger Tejada, en nombre del presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibieron documentos entregados por la Alianza Pueblo Unido por la Vida (Anadepo) y gremios docentes.
Tras una marcha hacia la Plaza Catedral una delegación de Anadepo, entre los cuales figuraba el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez. ingresó a la Presidencia de la República, en donde se esperaba serían atendidos por Cortizo.
Según la Dirección de Comunicación del Estado, Cortizo se encontraba a la espera de la delegación. No obstante, indicaron que los representantes de Anadepo decidieron entregar los documentos a los ministros y retirarse.
La ministra de Trabajo, Doris Zapata y el ministro de Gobierno, Roger Tejada, fueron los encargados de recibir los documentos entregados por la Alianza Pueblo Unido por la Vida en la presidencia de la República. #Panamá #LEPNacional pic.twitter.com/3ZMfIr6Jxq
— La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) November 10, 2023
«Este Gobierno ha sido, es y será de puertas abiertas al diálogo y a la búsqueda de soluciones», según se informó en una nota de prensa emitida por el Gobierno.
Se conoció que uno de los documentos presentados por Anadepo es una iniciativa legislativa para que la Ley No. 406 sea derogada.
Otra de las peticiones es que el Órgano Ejecutivo llame a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para que discuta la derogatoria de la citada norma.
Esta manifestación a la Presidencia de la República se produce al cumplir 19 días seguidos de manifestaciones en contra de la Ley No. 406 de 20 de octubre, que establece el contrato-ley minero.
La nota entregada al Ejecutivo está firmada por Saúl Méndez y Mario Almanza, en representación de Anadepo y los gremios docentes.
Anadepo en su nota recalcó que la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de no postergar más la situación y considerar las incidencias de desacato presentadas hace mucho tiempo, incluso antes de la actual crisis social que se vive en el país.
La Policía informó que usará la ‘fuerza necesaria’ para abrir las vías cerradas
Eliana Morales Gil
La Policía Nacional informó que usará la “fuerza necesaria” para abrir las vías bloqueadas por manifestantes en contra del contrato minero.
Así lo declaró el comisionado Elmer Caballero en declaraciones a los medios de comunicación en conferencia de prensa durante la noche de este jueves 9 de noviembre. Explicó que durante este tiempo (tres semanas) han respetado los derechos que tienen los ciudadanos a manifestarse, pero recordó que la Constitución Política de Panamá, en su artículo 64, consagra el derecho al trabajo.
También mencionó que la Carta Magna consagra el “derecho a la vida”. “Aquí hay personas que están muriendo porque no han llegado a las citas médicas. Hay personas que están diciendo ‘¿cuándo van a abrir la vía porque mis hijos no tienen qué comer?’ Entonces, con base en eso vamos a utilizar la fuerza necesaria para que se aperture la vía y se logre el bienestar de todos los ciudadanos”, aseguró.
El funcionario de la Policía aclaró que primero apelarán al diálogo y al respeto a los derechos humanos. Sin embargo, dijo que actuarán “enérgicamente” para restablecer el orden en el país.
Sin embargo, aunque la Policía asegura que han respetado los derechos humanos, los manifestantes, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, han denunciado el uso de la fuerza en las protestas. En las concentraciones ciudadanas que se desarrollaron en la cinta costera, calle 50 y en los predios de la Asamblea Nacional, la Policía utilizó perdigones y gases lacrimógenos para dispersarlas. De hecho, el fotógrafo Aubrey Baxter perdió su ojo derecho a causa de un perdigón cuando el pasado 19 de octubre documentaba las protestas contra el contrato minero. Este jueves presentó una querella penal ante la Fiscalía Primera Subregional Metropolitana de Ancón. El recurso apunta precisamente contra la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad del país.
El caso de Chiriquí y Bocas del Toro
Las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro están aisladas del resto del país debido a que grupos de protestantes, principalmente de la comarca Ngabe Buglé, han bloqueado distintos puntos de la carretera Interamericana. En la ruta hay camioneros, ciudadanos, productores y comerciantes, entre otros, que esperan a que se les permita el paso.
Los productores registran millonarias pérdidas, al igual que el sector hotelero, entre otros.
Vandalizan la Contraloría
Este jueves 9 de noviembre, un grupo de personas vandalizó las instalaciones de la Contraloría General de la República, ubicadas en la avenida Balboa, ciudad de Panamá. El suceso se generó durante un cierre de vías promovido por miembros del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) que exigen la derogatoria de la Ley 46 que ratificó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
“Sujetos identificados como miembros del Suntracs vandalizaron el edificio de la sede principal de la Contraloría General de la República en la avenida Balboa y las instalaciones del centro de atención ciudadana del Servicio de Protección Institucional (SPI), en la cinta costera”, se lee en un comunicado divulgado por la Presidencia de la República.
Asimismo, los manifestantes del Suntracs saquearon el centro de atención ciudadana del SPI, hurtaron equipos de comunicación (radio portátil), quemaron baños portátiles y destruyeron infraestructuras de vidrios internas y externas de las instalaciones, de acuerdo con el informe brindado por el Gobierno. Un manifestante fue aprehendido.
El SPI informó que tomará las medidas pertinentes para formalizar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público por daños a la propiedad pública y el hurto de equipos de comunicación.
El comisionado Caballero informó que tiene pruebas de que hay personas que les pagan a supuestos manifestantes para cometer actos de vandalismo como el que ocurrió en la Contraloría. “Están queriendo crear un escenario de caos”, aseguró.
