La dignidad humana olvidada y los karmas acumulados en las políticas sociales en Panamá – Por Marlin González
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La dignidad humana olvidada y los karmas acumulados en las políticas sociales en Panamá
Por Marlin González
La Política Social, arraigada en la ciencia política, indudablemente también desempeña su papel como intervención política. Esta doble dimensión se erige con determinación en la búsqueda de cumplir tres fines fundamentales en su acción social: el primero de justicia social en su forma más rigurosa, el segundo al fomentar el bienestar material y el tercero sobre el mantenimiento del orden social, en estricta concordancia con las normativas legales. Pero su verdadera esencia va más allá. La Política Social en su noble misión sublima la dignidad humana, como parámetro axiológico que ilumina y da sentido a todo nuestro sistema legal.
La dignidad humana es la llama encargada de iluminar el camino de los poderes estatales y de cada individuo, especialmente cuando se encuentran en el ejercicio del poder o desempeñan funciones públicas. Contenida en el prólogo de nuestra Constitución Política, es la brújula que otorga autenticidad y legitimidad a todos los fundamentos y valores de nuestro ordenamiento jurídico, no al revés. En ocasiones, algunos individuos pueden erróneamente sostener la idea de que las normativas confieren la dignidad humana, pero esto es un completo equívoco. Las leyes no generan la dignidad; por el contrario, emanan de nuestra comprensión colectiva de la dignidad humana y son modeladas por esta última.
Desde el sistema legal, se instaura como el recordatorio perpetuo, que nos insta en cada acción y elección, a rendir homenaje a esa esencia fundamental intrínseca de cada persona y nos conmina a edificar construir una sociedad justa, equitativa y a otorgar a cada persona el respeto y la consideración que merece, sin importar su origen, género, orientación sexual, religión u otras características.
Desde las instituciones estatales tiene la finalidad de llevar a cabo sus propósitos, y desde diversas perspectivas ideológicas, analiza los componentes económicos, sociales, demográficos y políticos como instrumentos esenciales para la consecución de esa existencia social digna y los métodos para lograrla. Porque la dignidad humana imprime la exigencia de que todos merecen igualdad de oportunidades y justicia, y a partir de esta premisa es de donde se supone se diseñan programas de intervención social para combatir la pobreza y la exclusión, reducir las desigualdades, aumentar la formación, la participación de los individuos en igualdad de condiciones en la sociedad (participación social) y mejorar la eficiencia y la calidad de vida.
Pero el Estado no es neutro. El Estado es un actor con sus propios intereses y circunstancias internas y lo que marca la diferencia es el círculo de políticas que implementa. Por eso, cuando perdemos de vista la dimensión ética y social que cumple la dignidad humana, en nuestro sistema legal y en nuestras acciones, minamos la legitimidad de las leyes. El Estado puede reproducir las condiciones de desigualdad, de hecho lo hace, ya que sus políticas tienen influencia en todo tipo de relaciones, por eso es indispensable replantear la pregunta central de toda política ¿A quién se orienta? ¿A quién se pretende beneficiar? ¿a quién sirve en última instancia? y ¿cuáles son sus impactos diferenciados?. Porque es precisamente esta pérdida de autenticidad la que ha provocado esta crisis social en Panamá. La confianza en nuestras instituciones y principios legales se ha socavado significativamente.
Desafortunadamente, esta situación no es un fenómeno reciente, se viene produciendo a lo largo de las dos últimas décadas. Las Políticas Sociales, que deberían promover los derechos humanos en su totalidad y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en particular, han fracasado en alcanzar los tres grandes objetivos fundamentales de la dignidad humana: Justicia, Bienestar y Orden social.
Antes de la firma del contrato, la situación ya era crítica. No obstante, la aprobación de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que aprueba el Contrato de Concesión Minera entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A., exacerbó aún más esta coyuntura. Esta aprobación apresurada e inadecuada, sin considerar los impactos en el medio ambiente, la biodiversidad y las comunidades locales que ha generado a lo largo de 20 años, que incluso ha conducido al deterioro de la sostenibilidad a nivel regional, es solo la punta del iceberg.
La efervescencia y el descontento social que presenciamos tienen sus raíces en la desesperación, el temor y la falta de oportunidades que se han arraigado profundamente. La pregunta no era si Panamá experimentaría una explosión social, sino cuándo sucedería. Las disparidades educativas, la corrupción generalizada y la falta de acceso a servicios básicos han creado una bomba de tiempo que finalmente estalló.
Las políticas sociales, concebidas para elevar el bienestar de la población en aspectos como seguridad social, prevención de la violencia, atención a la tercera edad, educación de excelencia, inclusión de personas con diversidad funcional y programas de responsabilidad social público-privada, revelan ser afirmaciones a medias cuando evaluamos su efecto genuino y duradero en la mejora de la calidad de vida y la preservación de la dignidad de los ciudadanos.
Para los años 2007 y 2008, la hipótesis central que Naciones Unidas esbozó para Panamá, se ilustra de manera figurativa mediante la metáfora del iceberg. Con ello nos mostró que las reglas formales no operan, son apenas la punta del iceberg y que lo que realmente mueve a nuestro país son las normas informales que se encuentran debajo. Significa que, aunque casi todas las leyes están escritas, en la práctica se tratan únicamente como declaración retórica, sin trascendencia normativa.
Naciones Unidas emprendió un estudio en la década de los setenta que se centró en el desarrollo humano de cinco países: Corea del Sur, Chile, México, Venezuela y Panamá. En ese momento, estos países compartían un nivel de desarrollo similar. Sin embargo, en la década de 1980, se produjo una divergencia en sus trayectorias de desarrollo. Corea, Chile y México tomaron rumbos distintos y experimentaron un crecimiento notable que los colocó muy por delante de Panamá en términos de desarrollo.
Un ejemplo destacado es Corea del Sur, que, a pesar de partir desde un punto menos favorable que Panamá, se enfocó en transformar su mentalidad social y descentralizar sus recursos, logrando posicionarse como uno de los países con mejor índice de desarrollo humano a nivel mundial (ocupando el puesto número 20). Al siglo XXI, Corea del Sur ostenta la tasa más alta de adultos jóvenes (de 25 a 34 años) con educación terciaria entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). ¡Alarmante! Algo pasó que nuestro país perdió el rumbo, sobre todo en lo que se refiere a “la gente”.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su parte, en su informe de 2006 “La política de las políticas públicas Progreso económico y social en América Latina”, expresó que Panamá muestran grave debilidad en todas las instituciones necesarias para el desarrollo, que son Partidos Políticos con visión programática del bien común, Parlamento con capacidad técnica, sistema judicial con independencia y burocracia estatal con profesionalismo y que la burocracia estatal panameña es clientelista y disfuncional. El informe contiene una gráfica que presentamos a continuación, donde Brasil tiene la burocracia estatal más meritocrática de la región, y Panamá la menor; sobre una escala de cero a 100, Brasil tiene nota de 87 y Panamá de 3. En cuanto a la capacidad de la burocracia Brasil tiene una nota de 61; y Panamá, 13.
Entonces no es casualidad esta Sublevación de la población. Es el resultado de una burocracia estatal como extensión del partido político en el poder, con un rol irrelevante en la formulación de las Políticas de Estado y sus consecuentes politización de la administración pública, corrupción y clientelismo, pérdida de imparcialidad, ineficiencia y mala gestión y falta de rendición de cuentas.
Hace más de una década, la Doctora en Economía y Especialista en Economía y Género, catedrática de la Universidad de Panamá, Aracelly De León, nos explicaba esto, yo no lo olvidé, hoy me parece más claro que nunca. Ella señalaba que como consecuencia, el gasto público total como porcentaje del producto interno bruto y el gasto público social son dos cosas distintas. “A pesar de estar cerca del promedio de América Latina en términos de gasto público total, existe una brecha sustancial en términos de erogaciones realizadas por el sector público para mejorar las condiciones de vida de la población y fomentar el bienestar colectivo” (De León, A. 2012). Desde entonces se viene alertando que Panamá se requiere acciones adicionales, como la redistribución de ingresos, la inversión en capital humano y la protección de los grupos más desfavorecidos, y capacitarlos en su propio desarrollo.
Pero, ¿Cuál es la razón detrás de la falta de impacto esperado en las políticas sociales en Panamá?
La falta de impacto en las políticas sociales en Panamá, en lo que respecta a la mejora de la calidad de vida y dignidad de los ciudadanos, se encuentra arraigada en una distribución desigual de los recursos, a pesar de un significativo gasto social.
A lo largo de los años, esta desigualdad ha contribuido al mantenimiento de niveles elevados de pobreza en el país, a pesar de los esfuerzos realizados en materia de inversión social. En este contexto, se ha discutido en círculos que los “civilistas” no lograron cumplir con la tarea que se les encomendó tras la invasión de 1989. Aunque esta responsabilidad era compartida por todos, las circunstancias no permitieron que se llevara a cabo de manera efectiva.
A 2 gobiernos después de la invasión, los titulares del periódico decían, en La Prensa de 19 de julio de 2002 era, “Panamá no merece ser pobre: PNUD. Informe del PNUD concluye que pese a aumento de gasto público la pobreza sigue igual.” En el Panamá América en 20 de enero de 2004, “Panamá no merece ser pobre” “No hay grises, ni términos medios. “Los pobres y los no pobres” conviven en un Panamá que no merece atravesar tan serias diferencias. Un elevado gasto público social que creció decididamente entre 1980 y el 2000, añadido a una distribución desigual de los recursos se anotan como responsables de la agobiante situación de pobreza en la que está sumergido el Panamá de hoy.” “Pese al alto nivel de gasto social total y de servicios sociales básicos relativamente aceptables, Panamá camina en la penumbra.” “No obstante, el INDH subraya que las cuatros dimensiones básicas que condensan la condición de pobreza humana son la vida breve, el analfabetismo, la falta de medios materiales y la exclusión social. Para el año 2000, dice el informe, 237, 316 familias, lo que equivale al 34.3% de todos los hogares del país, cerca de 1,131,439 personas (40.5%) de toda la población nacional se anotan las anteriores características.”
La CEPAL reportó hace más de una década que la mayor parte del gasto público social de Panamá se ha destinado a las jubilaciones, aunque esta inversión es relativamente baja en términos proporcionales. Algo que ya se venía reportando en Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2002, “El compromiso con el Desarrollo Humano: Un desafío nacional, PNUD 2002” “Este sector es el que muestra un mayor crecimiento a lo largo del período, el cual se da de forma sostenida (Gráfica 5.6 y Cuadro 1 de la Nota sobre el Análisis del Gasto Social en Anexo). Se incluyen aquí las prestaciones de invalidez, vejez y muerte con cargo al gobierno central y las correspondientes a la Caja de Seguro Social, aunque estas últimas representan más del 95% del total.”
Aproximadamente el 45% de la población mayor de 65 años en Panamá recibe jubilación, una cifra inferior a la de países como México, Costa Rica, Chile y Brasil. No obstante, el gasto en seguridad social presenta una regresión, ya que beneficia únicamente a una fracción de la población (45%) y, su financiamiento proviene principalmente de las contribuciones de los asegurados, en contraste con otros países donde el Estado asume un rol más protagónico. Por tanto, la afirmación de que el Estado efectúa un gasto sustancial en seguridad social no es precisa, dado que su financiamiento principal se basa en las aportaciones de los asegurados.
Aracelly De León también indicó, que otro fenómeno observable es, que cuanto más bajo es el nivel de ingresos de las personas, mayor es su gasto en educación y salud, y menor es su inversión en seguridad social. Esto se debe a que los individuos con ingresos más bajos a menudo son trabajadores informales, con interrupciones en sus cotizaciones o sin acceso continuo a empleos formales, lo que los excluye de la posibilidad de jubilación. La población de edad avanzada se encuentra aún en una situación particularmente vulnerable, con muchos de ellos viviendo en la vejez con condiciones de salud precarias.
En lo que respecta a la evolución del gasto público social en Panamá, a lo largo de la década de 1990, el país se ubicaba por debajo de la media regional en América Latina. A pesar de los notables avances económicos experimentados en pleno siglo XXI, no ha conseguido alcanzar siquiera el nivel de inversión social promedio de la década de 1990. Esto nos lleva a plantear la interrogante de si lo que hemos experimentado constituye un retroceso en cuanto a la inversión social en comparación con etapas anteriores, porque tanto el volumen como la composición del gasto público social continúan manifestando deficiencias en su capacidad para abordar las necesidades de la población, lo que impacta negativamente en la lenta reducción de la pobreza extrema y la disminución de la desigualdad. Por un lado, el nivel de inversión pública es insuficiente y se gestiona bajo estrictas restricciones presupuestarias. Por otro lado, la estructura del gasto público social debe adaptarse de manera constante para hacer frente a las necesidades sociales emergentes, sin que previamente se hayan satisfecho las ya existentes.
En este círculo vicioso, persisten desigualdades en la asignación del gasto social, marcado por una serie de subvenciones, vinculadas al transporte, el diesel, la electricidad y tasas de interés preferenciales, entre otras. Sin embargo, surge otra interrogante crucial en torno a quiénes realmente se benefician de estas ayudas estatales. Sin lugar a dudas, no son los individuos en condiciones de pobreza extrema, ya que no cuentan con recursos para adquirir gas, propiedades, vehículos y, en muchos casos, ni siquiera tienen acceso a la electricidad. Entonces, ¿quiénes son los receptores de estas sustanciales subvenciones gubernamentales? En la práctica, estos subsidios favorecen a la mal llamada clase media y a los empresarios. No es un secreto que en las inspecciones, incluso restaurantes hacen uso de estos beneficios. Por tanto, insisto, las subvenciones en el país no están destinadas a las personas en situación de pobreza y de extrema pobreza.
El coeficiente de GINI, es otro ejemplo, éste mide la inequidad en un ranking que involucra a 133 países, según el Banco Mundial. Hasta 2018, Panamá mantenía la tercera peor distribución de ingresos en América Latina y se encontraba entre los diez países con los coeficientes de GINI más altos a nivel mundial. Un análisis profundo lo pueden encontrar en Diagnóstico de las brechas estructurales en Panamá: Una aproximación sistémica general de Juan Carlos Rivas Valdivia y Yannick Gaudin.
Esta es la misma realidad alarmante. La red de oportunidades desde hace años está desvirtuada. Siempre fue una limosna y no hay oportunidades que puedan salir de ahí, son tan inhóspitas las condiciones en algunos casos que no se sabe ni siquiera si la gente se vacunó, si las mujeres se hicieron exámenes de mamografías, citología, si estudian o no.
¿De qué estamos hablando? El desarrollo se complementa con infraestructura, pero no se limita a la construcción de grandes estructuras; es la creación de sistemas de acceso a servicios de desarrollo que elevan la calidad de vida de la población. Hace una década, la CEPAL señaló que el gasto social no llega a quienes más lo necesitan en Panamá. En lugar de beneficiar equitativamente a la población, favorece desproporcionadamente a los más ricos debido a las diferencias en infraestructura y capacidad institucional.
Por ejemplo, la seguridad social, en Panamá y en muchos otros países, a menudo desvía una parte sustancial de los ingresos de los contribuyentes para su utilización discrecional por parte de los gobiernos. Para lograr un verdadero progreso, es necesario implementar políticas públicas que prioricen el desarrollo humano y la mejora de la sociedad en su conjunto. Chile, Brasil y otros países han demostrado que el simple aumento en la cantidad de hospitales no es suficiente; se necesitan políticas preventivas efectivas.
Otro ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destina recursos y colabora con los gobiernos, pero, lamentablemente, gran parte del financiamiento se desvía hacia consultorías y las entidades encargadas de la ejecución, lo que resulta en un incumplimiento significativo de los objetivos, a menudo quedando muy por debajo del 50%.
Otro ejemplo, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), que limita la admisión a personas que tienen un primer ciclo para arriba; esta restricción excluye a quienes se encuentran en situación de extrema pobreza, ya que estos individuos generalmente carecen de educación formal.
En este contexto, los políticos, gobernantes y líderes religiosos, se han convertido en generadores de desigualdad y miseria. Este fenómeno complejo se origina en relaciones de poder en las que se entrecruzan intereses variados. Pero, para quienes dicen que cada quien debe forjar su futuro, analicemos la educación que es la clave del desarrollo. Los panameños y panameñas ostentan un promedio de 11 años de educación. No obstante, al aplicar una ajuste en función de la calidad educativa conforme a los estándares de la OCDE, se observa una disminución en el número efectivo de años de escolaridad, que podría equivaler a una reducción de hasta tres años de educación en términos prácticos.
La desigualdad en el ámbito educativo plantea un desafío monumental en este contexto. La desigualdad en años de educación entre los ciudadanos más educados y los menos educados, asociada con las diferencias socioeconómicas, se mantiene en alrededor de seis años. Esto implica una brecha de un ciclo completo de educación entre los grupos que más y menos estudian. Esta situación es preocupante y refleja que LAS HABILIDADES DE LA FUERZA LABORAL EN PANAMÁ NO SE DESARROLLAN.
Es indudable que la calidad de los recursos humanos constituye un factor determinante en la competitividad económica, y en Panamá, la limitación más significativa ha sido la escasa disponibilidad de jóvenes con una educación y formación adecuadas al entrar en la fuerza laboral. Este factor adquiere una importancia crítica, especialmente al considerar las bajas tasas de graduación al término de la educación secundaria, las cuales se han incrementado en aproximadamente un 19% como resultado del impacto del COVID-19.
Los informes del Banco Mundial y la CEPAL en relación al índice de desplazamiento de la productividad indican que este índice experimenta un crecimiento prácticamente nulo debido a las limitaciones del sistema educativo y a la persistente pobreza en la región. No es que el desarrollo produzca igualdad y equidad sino todo lo contrario, la igualdad de oportunidades y la equidad es la que produce el desarrollo, pero la equidad es una decisión política. Por tanto, es fundamental comprender que la equidad debe ser deliberadamente promovida y apoyada por las políticas públicas y decisiones gubernamentales.
Observando la evolución de la matrícula en las últimas cinco décadas en países en vías de desarrollo y desarrollados, se revela un patrón intrigante. En la década de 1970, los países desarrollados tenían alrededor del 25% de su población en la educación universitaria, el 75% en la educación secundaria y el 100% en la educación primaria. En 2007, Panamá alcanzó una tasa bruta de matrícula del 80,9%, liderando la región centroamericana de ese momento. Sin embargo, si comparamos estos datos hasta el 2021, notamos que nuestra estructura de matrícula aún no se asemeja a la de los países desarrollados en los años 70. Han transcurrido más de 50 años desde entonces, y todavía no hemos logrado equipararnos a esa estructura educativa, pero Corea del Sur sí lo hizo.
En el contexto de la educación en Panamá, es fundamental destacar que tanto la CEPAL como la UNESCO han establecido desde hace tiempo un estándar. Según sus directrices, para evitar caer en la categoría de pobreza en América Latina, se requieren al menos 12 años de escolaridad. Para superar el salario mínimo y lograr ingresos más elevados, se necesitan 14 o incluso 15 años de educación, dependiendo del país en cuestión. Lamentablemente, existen personas que no han podido siquiera completar un nivel educativo completo.
En el contexto de la educación pública en América Latina y al observar la distribución por quintiles, es evidente que la mayoría de las personas que logran acceder a la universidad provienen de la clase media hacia arriba. Existen excepciones, como aquellas que obtienen becas o encuentran un padrino o madrina que se preocupa y les impulsa. No obstante, es importante señalar que las personas en situación de extrema pobreza y pobreza tienen un acceso limitado, únicamente, a la educación primaria.
Solo una fracción de lo que se denomina erróneamente como clase media logra completar la educación secundaria. En representaciones gráficas, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se detalla la distribución del ingreso en el país, desde los más pobres hasta los más ricos, se pueden observar claramente dos extremos en comparación con el nivel de ingresos en Panamá. Antes de Pandemia, Mientras un grupo privilegiado tiene acceso a una parte significativa del ingreso anual, que se traduce en un monto considerable de casi 29,000 dólares, los más desfavorecidos apenas acceden a una fracción mínima del ingreso, representando solo el 1.8% de este, lo que equivale a unos 1,600 dólares anuales, lo que se traduce en aproximadamente tres dólares diarios (USD$3.00) para alimentación. Pero, ¿qué sucede con el resto de las necesidades? La respuesta es simple: cero (0). Esto nos lleva a cuestionarnos sobre las condiciones de vida precarias de esta población.
Con un Porcentaje astronómico de escuelas primarias, pre-media y media, sin suministro de agua potable y sin energía eléctrica, en el país funcionan seis tipos de educación:
La que se imparte en las escuelas de elite, aproximadamente unos ocho colegios que reciben a los hijos de un sector empresarial y político de alto nivel de ingreso. Son colegios con matrícula muy alta y todas las estructuras y las condiciones, pero sin que eso garantice que son las mejores escuelas.
Tenemos la educación que se dicta en las escuelas de excelencia, que son particulares y cuentan con unos buenos programas de estudio y docentes de calidad.
Le sigue la que reciben los estudiantes de las escuelas estándar, que son las oficiales y ofrecen las condiciones normales para admitir, mantener y egresar a sus estudiantes.
Después viene la que se da en las escuelas multigrado, una realidad educativa a la que se la ha puesto muy poca importancia pero que representa aproximadamente el 74.8%, según estadísticas del Meduca de 2010. Aquí está la seguridad alimentaria en juego.
Los otros dos tipos de educación son la que se imparte en las escuelas que funcionan bajo el esquema de telebásica y en las ‘escuelas rancho’, ubicadas en las áreas rurales del país.
Estos seis tipos de educación equivalen a seis realidades ciudadanas diferentes, lo cual resulta lamentable debido a la falta de planificación. Ileana Gólcher mencionó en una ocasión que, desde la derogación de las reformas educativas en 1979, se han realizado numerosos diagnósticos y estudios sobre la educación, pero se ha avanzado muy poco en la implementación de medidas concretas. Señaló taxativamente “Tengo cerca de 20 estudios sobre la educación desde 1979 realizados por diferentes organismos, incluyendo Naciones Unidas, que plantean lo que se debe hacer”.
En los últimos años, el sistema educativo ha dejado sin atención al 47% de la población de 17 años, al 38% de 16 años y al 28% de 15 años, que corresponden a las edades más críticas y desafiantes. Estas cifras reflejan una problemática que pudiera estar directamente relacionada con el aumento de la delincuencia. La falta de cobertura educativa y la atención tardía o deficiente constituyen un factor determinante. En lugar de concentrarnos en quienes ya están dentro del sistema, debemos cambiar nuestra perspectiva y dirigir nuestros esfuerzos hacia aquellos que están excluidos. Es imperativo abordar esta situación con cualquier justificación posible.
La falta de acceso al agua es ya una situación crítica en las escuelas y colegios, pero la ausencia de energía eléctrica y la imposibilidad de conectarse a Internet, especialmente con las escuelas cerradas por diferentes razones incluyendo pandemia, han agravado aún más la problemática. Por ejemplo, en el nivel de educación primaria, la relación de alumnos por computadora es desalentadora; en la comarca Ngobe, es de 43 estudiantes por cada equipo. En esta situación, prácticamente nadie aprende, a excepción del maestro en el mejor de los casos. En pre-media y media, incluso si se cuenta con acceso directo a Internet, dominar estas herramientas toma un tiempo considerable.
Recuerdo claramente las palabras de la Dra. Aracelly De León cuando afirmó: “El gasto social debe transformarse en inversión social, no en dádiva ni en limosna”, al referirse a la preparación de los estudiantes que ingresan a la universidad, que se ha ido deteriorando con el tiempo. Es fundamental ampliar el alcance de la beca universal para abarcar a aquellos que aún no forman parte del sistema educativo, concentrando especialmente los recursos en este segmento. Aunque se destinan considerables recursos al otorgamiento de becas por parte del IFARHU, programa de asistencia económica, programa de primeros auxilios, en la beca universal, estos fondos no llegan a quienes se encuentran excluidos del sistema educativo. Recordemos que la tasa bruta de graduación de pre-media y media es espeluznante, muy poca gente se gradúa. Mucha gente ingresa pero no se gradúa.
Entonces, la actual explosión social que presenciamos es producto de la persistencia de las disparidades socioeconómicas. La clase política debe adquirir un conocimiento profundo y una plena conciencia de las implicaciones económicas de estas desigualdades. La distribución de la riqueza en el país refleja una distribución similar de poder, donde aquellos que ostentan el poder a menudo carecen de un entendimiento concreto de la realidad de la población. Por lo que, a pesar del crecimiento económico, persisten marcadas desigualdades en la sociedad, afectando a grupos como los indígenas, campesinos, afrodescendientes, nacionales e inmigrantes, personas alfabetizadas y no alfabetizadas, así como a quienes residen en zonas urbanas y rurales.
Hace algunos años, Yadira Adames, subdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) de la Contraloría, confirmó que no se había recibido solicitud alguna para llevar a cabo la Encuesta Nacional de Vivienda (ENV). Adicionalmente, argumentó que esta encuesta conlleva un coste significativo, ascendiendo a millones de dólares. La última ENV se efectuó en el año 2008, siendo solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas, elaborada por la Contraloría y asesorada por el Banco Mundial. El costo de este estudio fue de $1.8 millones en ese momento y se estima que en la actualidad podría alcanzar los $3 millones.
Ello nos lleva también a considerar una de las desigualdades históricamente pendientes de resolver: la brecha de género, que afecta de manera significativa a las mujeres. No lograremos cambiar la situación si no comprendemos la significativa influencia del género en este contexto. Esta inequidad representa una deuda que perdura en el tiempo y de ahí, alcanza a la población que se reconoce como LGBTI o personas sexualmente diversas, que enfrentan una falta de reconocimiento en las leyes, que agrava aún más la situación.
Es imperativo que se establezcan y protejan los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos fundamentales y que se impulse una educación sexual integral en todos los niveles educativos. Esta cuestión adquiere una importancia crucial, especialmente considerando que las mujeres desempeñan un papel central en la génesis de muchos problemas, entre ellos, el ciclo de la pobreza. Además, es esencial que se comprendan y respeten los diversos modelos familiares, que incluyen a las personas pertenecientes a la diversidad sexual, con el fin de avanzar hacia una mejora en las condiciones sociales de toda la sociedad.
En Panamá, las mujeres han alcanzado un nivel educativo notable. Sin embargo, resulta alarmante la persistencia de una brecha de género en su participación en el ámbito laboral, la cual se mantiene invariable a lo largo del tiempo, sin mostrar cambios significativos. Esta disparidad se manifiesta en la reducida representación de mujeres entre las personas que realizan contribuciones al sistema de seguridad social. De cada 3 hombres que cotizan a la Caja de Seguro Social, solo 1 mujer lo hace y cabe resaltar que las mujeres panameñas tienen, en promedio, una esperanza de vida de seis años superior a la de los hombres, lo que plantea desafíos adicionales en el contexto de la tercera y cuarta edad.
Hace una década, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó un análisis de la población según sus ingresos, desglosado por género y zona (rural y urbana), considerando a quienes no poseían ingresos propios. Los resultados revelaron que alrededor del 30% de las mujeres mayores de 15 años en el área urbana y cerca del 39% en el área rural carecían de ingresos propios. Es importante señalar que una persona, sea hombre o mujer, que no dispone de ingresos propios, se encuentra en una posición desfavorable y limitada para aspirar a cualquier cargo, incluso el de líder de un grupo de trabajo o, mucho menos, a un puesto público.
La suma de la considerable población sin ingresos propios asciende a un alarmante aproximadamente 40%, distribuido en un 35% en el área urbana y un 47% en el área rural, es decir, un gran porcentaje de personas que dependen económicamente de terceros. Este dato resulta preocupante y merece una reflexión profunda. Es importante destacar que en Panamá, a diferencia de otros países, no se realiza un seguimiento sistemático de este indicador. Además, es relevante señalar que la Encuesta Niveles de Vida (ENV), una fuente estadística fundamental para evaluar las características socioeconómicas de los hogares panameños, no se ha aplicado debido a la falta de solicitud por parte de alguna entidad estatal a la Contraloría General de la República.
De salida las mujeres mayores de 15 años, no pueden ser candidatas ni a jefas del cuarto. Es evidente que no pueden aspirar a ocupar cargos directivos ni posiciones de liderazgo. Esta realidad se encuentra ligada a la participación política y a diversos aspectos de autonomía que abarcan diferentes dimensiones. La autonomía, en su sentido más amplio, abarca variables como la independencia física y personal, que se evalúa mediante distintos indicadores como la tasa de feminicidios, que ya cuenta con estadísticas disponibles; la mortalidad materna, que es otro factor relevante; y el embarazo en adolescentes, que aún no ha sido debidamente cuantificado. Además, existe la cuestión de la autonomía en la toma de decisiones relacionada con el porcentaje de embarazos no deseados, un aspecto que aún no ha sido objeto de un análisis exhaustivo.
Otra dimensión de la autonomía es la política, que se mide en función de factores como la representación de las mujeres en el parlamento y sus ingresos. Asimismo, se encuentra la autonomía económica, que se vincula a la población con ingresos propios. Es fundamental destacar que una persona que carece de ingresos propios no goza de autonomía en su vida, lo que impacta incluso en expresiones tan fundamentales como el decir “te amo”. En este sentido, el amor no se basa únicamente en sentimientos, sino que requiere también una base material que permita expresar ese amor de manera efectiva.
Existen diversas mediciones que abordan la cuestión de la desigualdad de género. Una de ellas es el Índice de Paridad del Foro Económico Mundial, que evalúa aspectos como la esperanza de vida, la matrícula escolar, la participación en la fuerza laboral, la representación política, entre otros indicadores.
Es por ello que debemos recordar que las políticas públicas no son neutrales. La justificación de la política social radica en los resultados que logra, y su gestión implica el uso de recursos que deben ser debidamente fiscalizados y evaluados. Aquí reside uno de los principales desafíos en nuestro país, porque no estamos acostumbrados a rendir cuentas. A menudo, los fondos se gastan sin un seguimiento detallado de en qué se invierten, lo que constituye una problemática significativa.
La sociedad, y en particular el Estado, debe asumir un papel estratégico y coordinador. El Estado, en este sentido, no puede eludir su responsabilidad en la gestión de políticas sociales redistributivas, que aborden las múltiples implicaciones que sus políticas generan en diversos sectores de la población, incluyendo mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, población indígena, afrodescendientes, diversidad sexual, todas las personas son importantes.
Por lo tanto, es esencial comprender que la actual explosión social que estamos presenciando se origina a raíz de nuestros karmas acumulados. Estos desafíos engloban la disfunción sistémica, el agotamiento del modelo de desarrollo, las brechas en el desarrollo, la crisis de la justicia y la equidad, la fragilidad del estado de bienestar, así como la crisis de la gobernabilidad. La combinación de estos factores ha socavado el proceso de democratización y, como resultado, ha generado la necesidad de implementar reformas estatales, que a su vez deben incluir reformas económicas estructurales.
No podemos continuar con un enfoque improvisado en nuestro proceso de desarrollo. La planificación para el desarrollo desempeñaría un papel fundamental en el fortalecimiento de los procedimientos democráticos del gobierno.
A medida que las desigualdades se profundizan y la falta de oportunidades se hace más evidente, la pregunta fundamental no es si una explosión social de mayor magnitud ocurrirá, sino cómo se desarrollará si continuamos en esta trayectoria. La necesidad de abordar estos desafíos de manera efectiva y urgente es inminente si pretendemos evitar un desenlace social catastrófico. El tiempo avanza, y la sociedad panameña merece un futuro más justo, equitativo y próspero.
*Marlin González. Abogada con postgrado en Docencia Superior, candidata al Máster en Educación con Énfasis en Investigación de la Universidad del Istmo.
