BCIE, reto histórico de la integración centroamericana – Por Javier Suazo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Javier Suazo*
Una de las principales instituciones creadas al amparo de los procesos de integración económica centroamericana y Tratado General a inicios de los años 60, ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Inició sus operaciones el 1 de junio de 1961 en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, aunque el tratado entró en vigencia años después, en El Salvador, Nicaragua y Guatemala en 1961, en Honduras en 1962 y en Costa Rica en 1963. Es una Institución –gemela- del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creado con apoyo del Gobierno de EEUU y países latinoamericanos en 1959.
En febrero de 1964 se da vida al Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), con sede en San José, Costa Rica, que busca el establecimiento de una Unión Monetaria Centroamericana, para la coordinación de políticas en este campo y el trabajo, comunicación y armonización de instrumentos monetarios de los bancos centrales de la región.
La integración e interdependencia económica de la región centroamericana se ha mantenido a pesar de los conflictos políticos y ascenso al poder de gobiernos autoritarios (militares en su mayor parte), violadores sistemáticos de derechos humanos. Incluso, con la vigencia de modelos neoliberales unilaterales a ultranza que buscan liberalizar las trabas al comercio e inversión externa por sobre los objetivos de desarrollo del mercado interno regional que promueve la integración de la región y los lazos de cooperación y desarrollo compartido, se resiste a morir.
En 1991 se constituye el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), como una instancia política del proceso de integración regional, sin la participación de Costa Rica. Ha sido visto como un “elefante” blanco y premio mayor para aquellos diputados que no fueron reelectos o que solo encuentran ese espacio para poder protegerse de la justicia de su país, incluyendo jefes de Estado, representando un gasto adicional a las finanzas de los gobiernos.
En 1993 se da vida a una nueva institucionalidad con la conformación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), integrado por cuatro (4) subsistemas: a) Subsistema de Integración Económica [1]; b) Subsistema de Integración Social; c) Subsistema de Integración Ambiental; d) Subsistema de Integración Política. Siendo el BCIE, aunque no hay un mandado explícito, el brazo financiero del sistema, incluyendo acciones relacionadas con la gobernanza institucional, donde se involucran otros actores económicos, sociales y políticos.
Ese mismo año, los países de la región se manifiestan a favor de avanzar en la constitución de una Unión Aduanera, que se hará en forma gradual sobre la base de acuerdos entre los gobiernos, donde es evidente el rol del BCIE en el financiamiento de las iniciativas de proyectos de infraestructura económica, productiva y modernización institucional. En junio de 2017, entró en vigencia la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala para facilitar el comercio entre ambos países, eliminando trámites engorrosos y costo innecesarios, armonizando procedimientos comerciales en las fronteras terrestres: El Florido, Corinto y Aguas Calientes, usando un documento único como los “FYDUCA” (Factura y Declaración Única Centroamericana).
Se cuestionó esta iniciativa del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), donde la propuesta inicial era también incorporar a El Salvador. El argumento es que Guatemala es una economía más diversificada que la hondureña, siendo una decisión que profundizará a futuro el déficit comercial con aquel país. Las cifras del Banco Central de Honduras muestran que el déficit comercial de mercancías en general con Guatemala ha venido en aumento, situado en unos 239.4 millones de dólares para 2022 (cifras a marzo de cada año). [2]
En octubre de 1994, se da vida a la Corte Suprema de Justicia Centroamericana (CSJC) con sede en Managua, Nicaragua.
De toda esta institucionalidad, el BCIE ha sido el menos cuestionado, pero ello ha cambiado. Lo primera es que presta más caro que sus gemelos (Banco Mundial y BID), aun cuando todos, aunque operan como banca multilateral, se consideran banca de desarrollo en tanto apoyan a gobiernos en el cumplimiento de objetivos de reducción de la pobreza, aumento del empleo, infraestructura social, seguridad alimentaria y protección de los recursos naturales. Lo segundo refiere a que son pocos los proyectos que tienen sello regional, o sea que abarcan a varios países y una mayor población.
El sello regional no solo refiere al involucramiento de gobiernos de dos o más países fundadores del Banco y de población en el proceso de planificación de los proyectos, sino también con los beneficios compartidos y los impactos deseados en variables de desarrollo: PIB per cápita, ingresos monetarios, reducción de pobreza, seguridad alimentaria, protección ambiental y social. Se presenta como una iniciativa innovadora el Plan de Desarrollo de la Región Trifinio (Honduras, Guatemala y El Salvador), pero los resultados, no obstante su vigencia desde 1997 con la creación de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, no han sido los esperados.
Hay también una crítica acerca de la concentración de recursos en países que tienen mayor capacidad técnica y financiera para formular y presentar proyectos al Banco de calidad técnica, financiera y el menor tiempo, siendo Costa Rica el mejor evaluado. En Honduras, el gobierno de Xiomara Castro, creo un Ministerio especializada en Desarrollo y Seguimiento de Proyectos, igual la Secretaria de Planificación, Finanzas y los cabeza de sector tienen competencias complementarias en este campo, pero la cartera sigue siendo insuficiente y poco efectiva en cuanto a la aprobación de los mismos por falta de fondos de contraparte exigidos.
No obstante, la crítica más fuerte refiere a la politización del BCIE, en los últimos mandatos, especialmente siendo presidente el Dr. Dante Mossi. En Honduras, se cuestionó que otorgara recursos al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), para financiar su programa de compensación social denominado Bono 10,000 en plena campaña política en noviembre de 2021. Hoy las críticas provienen de funcionarios “ticos”, donde se acusa a Mossi de apoyar con mayores recursos al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua con clara manifestación de violaciones de derechos humanos e ingobernabilidad.
Es publica la suspensión del presidente Dante Mossi de sus funciones (prohibición a realizar las competencias asignadas), antes de que termine su mandato, y prácticamente la prohibición para postularse a la reelección, donde él mismo manifiesta que se retira del concurso para evitar cualquier conflicto con la Asamblea de Gobernadores y dejar el camino libre para la elección de su sustituto prevista para mediados de noviembre de 2023.
Se contrató la firma Heidrick & Strussles de Nueva York para coordinar el proceso de selección de candidatos a la presidencia del BCIE, concluyendo en la propuesta de profesiones de los países de la región para que la Asamblea de Gobernadores seleccione al indicado, o pueda, si lo considera pertinente, ampliar el concurso a otros profesionales por considerar que la hoja de vida de los nominados no es suficiente para un cargo de tal importancia en la coyuntura actual de crisis económica y social regional y sobreendeudamiento de la mayoría de los países.
Los tres seleccionados son: a) Ana Guissella Sánchez Moroto; b) Bernando Alfaro, ambos de Costa Rica[3] y; c) Jaime Díaz Palacios, actual vicepresidente del BCIE, de Guatemala. La candidatura del Dr. Hugo Noé Pino de Honduras quedó fuera de la terna, aunque es el mayor calificado para el puesto, no solo por haber sido presidente del Banco Central, Ministro de Finanzas y representante de Honduras al BID, sino por su formación académica e investigación científica en temas del desarrollo.
El problema es que, aun cuando el Dr. Pino tuvo el apoyo de tres (3) de los países socios fundadores (Nicaragua, El Salvador y Honduras), parte de los socios extra regionales, en especial Taiwán, según la Ministra de Finanzas de Honduras, Ricci Moncada, votaron en contra. El aporte de Taiwán al BCIE supera los 776 millones de dólares, arriba de cada socio fundador de 714 millones de dólares y, por tanto, tiene mayor poder de voto individual.
“El número de votos está definido por el porcentaje de acciones que tiene cada país. Un ejemplo de lo anterior es que cada país de Centroamérica tiene una participación de 10.68% ($714 millones de dólares cada uno en capital), con un total de 53.40%. Sin embargo, Taiwán es el país con la mayoría de acciones, con 11.37%, equivalente a 776.2 millones de dólares. Corea del Sur tiene el 7.59% de las acciones, México 4.98%, República Dominicana 4.97%, Panamá 4.79%, Argentina 4.68% y España 4.19%. Colombia cuenta con el 3.03%, Cuba 0.64% y Belice 0.33%.”[4]
Hay que tener presente que Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para acercarse a China y avanzar en la firma de un tratado comercial, por lo que se considera una represalia de aquel país. Solo Guatemala no ha roto con Taiwán, por lo que es de esperar, en caso que se elija un nuevo presidente en Noviembre, sea el propuesto por ese país, y enfrentará a la candidata de Costa Rica, ya que el Señor Alfaro ha sido cuestionado.
De acuerdo a Dante Mossi, deja al Banco con 10,660.7 millones de dólares en pasivos y 4,506.7 millones de dólares en activos, y con una calificación “AA” (el heraldo 20-10-2023), y con el reto de llevarlo a “AAA”, para lo cual requiere una inyección de 3,000 millones de dólares. Honduras y otros países como Nicaragua, buscan que China entre como socio extra regional, con la capacidad financiera para proveer los fondos.
La nueva administración del BICE debe, de entrada, pensar en proyectos de región. Uno de ellos, donde existen avances, es la construcción del canal interoceánico entre puerto de Amapala y Trujillo en Honduras. Lo otro es apoyar la ejecución de proyectos de uso de gas natural región SICA, donde los estudios están avanzados. Integrar y financiar las cadenas de valor entre los países, especialmente hortícolas y de productos básicos, con estrategias y proyectos de seguridad alimentaria regional frente a los impactos negativos del RD-CAFTA. Se suma la red de infraestructura social y represas. La inversión en investigación y desarrollo regional ha tenido poco apoyo del BCIE, siendo un punto de agenda con los socios Extra regionales.
Finalmente, el apoyo del BCIE a la agenda regional ODS 2030 es fundamental, para valorar y medir impacto en los verdaderos objetivos de desarrollo, siendo un función indelegable en conjunto con la oficia de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Hay que construir objetivos y metas regionales derivados de los ODS, y no por países, con sistemas de seguimiento y evaluaciones de impacto integrados.
Notas: [1]
La Republica de Panamá se incorpora al Subsistema de Integración Económica Centroamérica en junio de 2012, después de integrarse como miembro del SICA en 1991.
[2]Ver Banco Central de Honduras “Informe de Comercio Exterior de Bienes”, Marzo de 2023, Tegucigalpa, Honduras, pág. 20.[3] El gobierno de Costa Rica apuesta por la presidencia del BCIE con la Ingeniera Ana Sánchez Moroto, en tanto solo han habido dos (2) ciudadanos de este país que han ejercido la presidencia de este organismo regional, contra cinco (5) de Honduras, cuatro (4) de Guatemala y tres (3) de El Salvador.
[4] El Heraldo, Honduras, 20 de octubre de 2023.
* Economista hondureño, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Se basa en una charla a dirigentes de patronatos, grupos de mujeres y campesinos en la zona de Tocoa, El Bajo Aguan, Honduras.
