Panamá | Asamblea suspende debate sobre contrato con empresa minera y pide retiro del proyecto de ley
Asamblea suspende debate del contrato minero
Por Ismael Gordón Guerrel
La comisión de Comercio de la Asamblea Nacional decidió no continuar con la discusión, en primer debate, del proyecto de ley 1043 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra la Comisión de Comercio mediante resolución aprobó recomendar al Ejecutivo el retiro del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. pic.twitter.com/GmrZOEqAAP
— Asamblea Nacional (@asambleapa) September 28, 2023
Con una votación de cinco a favor y cuatro en contra, la comisión optó por, además de suspender la discusión en primer debate, solicitar al Ejecutivo que retire el proyecto de ley.
El presidente de la comisión de Comercio, el diputado Roberto Ábrego, justificó la medida en el artículo 166 de la Constitución Política que establece que “Ningún proyecto será ley de la República si no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en tres debates, en días distintos y sancionados por el Ejecutivo…”
La comisión de Comercio también contempló las inquietudes que se presentaron durante las consultas sobre el contrato ley, entre las que se encuentran el derecho otorgado a la empresa para solicitar restricciones de vuelo en un área que abarca hasta 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esta prerrogativa es percibida como un atentado contra la soberanía nacional.
Otra de las preocupaciones es la capacidad de la empresa para adquirir, arrendar o usufructuar tierras ya sean estatales o privadas, dentro o fuera del área de concesión.
Durante los debates se planteó, incluso, que el contrato dejaba la posibilidad de expropiación de tierras en caso de no llegar a un acuerdo con los propietarios, lo que generó inseguridad y aprensión entre los residentes de la zona
También se pidió revisar la cláusula quincuagésima del contrato que se refiere a los beneficiarios finales para cumplir con la Ley 23 de 2015 sobre la prevención del blanqueo de capitales.
Otra de las inquietudes es la disposición de que el contrato podría servir como marco de referencia para futuras concesiones similares.
Por su parte, el diputado Juan Diego Vásquez, miembro de la comisión, manifestó su desacuerdo con la suspensión de la discusión y argumentó que se debería debatir el proyecto de ley en su totalidad para aprobarlo o rechazarlo.
En caso de un rechazo, el proyecto quedaría en manos del Ejecutivo, quien podría optar por volver a presentarlo o llevar a cabo una renegociación, tal como se ha hecho con otros proyectos de ley que se rechazaron en la Asamblea y se volvieron a presentar.
El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, indicó que le corresponderá al Órgano Ejecutivo reunirse y, conjuntamente con la empresa Minera Panamá, atender las recomendaciones expuestas por los moradores.
Aseguró que este es un tema vinculante donde no se puede desmeritar el proceso de consulta realizado por la Asamblea Nacional, por lo que “es necesario que se analicen las propuestas de modificación y sentarnos con la empresa a revisarlas y mejorar el contrato en base a dichas preocupaciones”.
En marzo pasado, el gobierno y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, lograron un acuerdo definitivo de contrato de concesión después de un período de intensas negociaciones que se extendió por más de un año.
El contrato de concesión se acordó por 20 años, prorrogable por el mismo periodo para la explotación de la mina de cobre en cerro Petaquilla.
Establece una fijación de ingresos mínimos para el fisco de $375 millones.
La mina empezó sus operaciones de exportación de mineral de cobre en junio de 2019.
Se trata de una inversión monumental, estimada en alrededor de $10.000 millones, según lo informado tanto por el gobierno como por la empresa.
La operación de esta mina implica unos 5.279 empleos directos y otros 40.000 indirectos.
El contrato entre el Estado y Minera Panamá surgió, luego que el anterior, firmado en 1997, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en respuesta a una demanda presentada por el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) que provocó la renegociación del contrato minero.
