Guatemala | Organizaciones indígenas se pronuncian ante la falta de voluntad del Ministerio Público y piden renuncia de sus funcionarios
Autoridades indígenas lamentan falta de voluntad del MP para solventar la crisis política y llaman a sectores a exigir renuncia de fiscales y juez
Además, exigen la renuncia del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Séptimo, Fredy Orellana.
Los Misrahí Xoquic Chiroy, alcalde indígena de Sololá dijo que están consternados por todo lo que está ocurriendo en el país últimamente y que la noche del 17 de octubre recibieron la notificación del MP en la que se manifestaba que la reunión que se había propuesto para este día a las 8 horas no se iba a concretar.
El MP publicó un comunicado la noche del martes, en la que dijo que no se podía dialogar con las autoridades indígenas si no se liberaba el ingreso al edificio central de esa entidad, en el barrio Gerona, y si no se permitía el ingreso permanente de los empleados.
Xoquic dio lectura a un comunicado de prensa en las que se menciona que las autoridades indígenas siempre han estado abiertas al diálogo.
Expresan que el pasado 13 de octubre la Secretaría General de la Presidencia de la República, les remitió una nota del MP, en la que se indicó que se podría sostener un diálogo algún día de esta actual semana, pero que esta no fue firmada por la fiscal general Consuelo Porras, sino que por Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario del MP.
Añaden que como muestra de buena voluntad, accedieron a dialogar y propusieran que el encuentro se realizara en el Palacio Nacional de la Cultura este 18 de octubre a las 8 horas, y que en ella participaran todos los líderes indígenas y medios de comunicación.
“Anoche, aproximadamente a las 20 horas recibimos comunicación de la Secretaría General de la Presidencia de la República en la que se indica que el Ministerio Público insiste en criminalizar la manifestación pacífica”, en alusión a que esa institución dijo que no dialogaría si no se liberaba el ingreso a sus edificios-.
“Es importante señalar que nuevamente la comunicación del Ministerio Público no fue firmada por la fiscal general, esto es grave, ya que evidencia que no se encuentra en funciones y ha abandonado el cargo. En la reunión sostenida el 13 de octubre en el con el presidente, – Alejandro Giammattei- él nos hizo saber que en esa fecha tenía ya tres días de no saber el paradero de la fiscal general, por lo que a la fecha tiene más de una semana de haberse ausentado del cargo lo que es causal para que sea removida del mismo”, dijo Xoquic.
Las autoridades indígenas agradecieron a los guatemaltecos que este día salieron a las calles y están en manifestación pacífica en las calles de la ciudad de Guatemala, y en puntos distintos del país.
Dijeron que esperan que en próximos días se logre reestablecer el diálogo, aunque reconocieron que no saben cuándo, pues se desconoce el paradero de la fiscal general.
“No es de que nosotros no tengamos la voluntad de sentarnos a un diálogo, sino que simplemente, pues, están jugando. Dicen una cosa, resultan con otra. Es lamentable, pero nosotros siempre estamos acá al pie de la lucha y considero que nos mantendremos firmes en esta lucha hasta que consigamos el objetivo”, expresó Xoquic.
Llamado a exigir renuncia de Porras
Feliciana Herrera, representante del pueblo Ixil, expresó que es lamentable la falta de voluntad de los actores de esta situación y reconoció que los grupos indígenas siempre han buscado el diálogo.
“Lamentablemente, son más importante estos actores corruptos que la petición de la población y toda esta crisis. Nosotros aquí vamos a estar, siempre con las acciones que hemos venido haciendo desde un principio”, comentó Herrera.
Hizo un llamado a distintos sectores, en especial al sector privado para que intervengan en esta crisis y exijan la renuncia de Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana.
“Exigiendo la renuncia de estas cuatro personas, pues creemos que la situación, puede empezar a cambiar”, señaló Herrera.
“E lamentable la necedad de estas personas, especialmente la fiscal general del Ministerio Público, por eso es de que nosotros, como autoridades, presentamos una denuncia ya con otros actores, y en la que solicitamos que sean enjuiciados en base al artículo 45 de la Constitución de la República y las convenciones sobre derechos humanos, que establecen que los violadores de derechos humanos, como en el presente, caso sean denunciados con simples denuncias. Estas personas violadoras de derechos humanos atentan contra la vida democrática del país y el orden constitucional, además de constituir delitos es por eso que hemos pedido que sean enjuiciados sin tanto trámite”, comentó Herrera.
Señaló que saben cómo está la corrupción dentro del MP y que por eso se solicitó que los funcionarios señalados sean procesados por abogados independientes.
Cambio de ministro de Gobernación
Herrera también se refirió al cambio en el Ministerio de Gobernación y aseguró que esperan que con el nuevo funcionario Byron René Bor Illescas, no se ejecute actos violentos como se ha visto en algún momento, pues las protestas han sido pacíficas y así se mantendrán.
Le dijo a la fiscal Porras, que siguen exigiendo su renuncia y que deje el cargo porque el pueblo ya no la quiere allí y además ya tiene 15 días sin cumplir sus funciones.
Las autoridades indígenas dijeron que el acceso al edificio de Gerona se está permitiendo, pero que son los trabajadores del MP los que no llegan.
No permiten ingreso
Consultado el MP, señaló que es falso que estén permitiendo al personal entrar al edificio de Gerona a realizar su trabajo.
Afirmaron que únicamente dejan ingresar a personal de seguridad para realizar cambio de turnos.
“Ninguna fiscalía ni área administrativa ha podido regresar a sus labores desde que el edifico fue bloqueado el 2 de octubre de 2023” respondió el MP a la consulta.
Añadieron que el número de sedes distritales que están también afectadas por manifestaciones varía dependiendo el día y que en algunas a veces dejan entrar a trabajar al personal.
“Se ha reorganizado la distribución, hay otras sedes del Ministerio Público que están funcionando, además de teletrabajo, esto gracias al fortalecimiento digital que el Ministerio Público ha logrado en la administración de la Dra. Porras Argueta”, mencionaron.
CC ordena liberar instalaciones del MP en seis horas y conmina a ministro de Gobernación y director de la PNC a cumplir con el fallo
La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un comunicado este 18 de octubre en el que informa que conoció una gestión del Ministerio público (MP) en la que se señala de bloqueo prolongado en su sede central en Gerona, zona 1 de la capital.
La CC ordena al Ministerio de Gobernación (Mingob) y director de la Policía Nacional Civil (PNC) a que en un plazo de seis horas se restituya el “orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público”.
Añadió que al analizar lo denunciado y derivado de que la obligación de garantizar la justicia conlleva “el deber de adoptar las medidas pertinentes para resguardar las necesidades de acceso a los entes que proveen servicios esenciales como el acceso a la justicia, reconocida en el artículo 2 de la Constitución, esta Corte resolvió ordenar el resguardo de derechos tutelados en las resoluciones emitidas en este expediente, y se “conmina” ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP, asegurando la integridad física de trabajadores y usuarios, lo que deberá realizar en un plazo que no exceda de seis horas.
A la PNC, conforme la previsión contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, proceder a la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes.
Al Ministerio de la Defensa Nacional, prestar el auxilio en caso de ser estrictamente necesario y por solicitud de las autoridades cuestionadas, brindando la cooperación por medio del ejército de Guatemala, dentro del marco de sus funciones.
Al Procurador de los Derechos Humanos, dar acompañamiento a las acciones ordenadas, velando por los derechos de todos los involucrados.
En lo resuelto se previene a las autoridades directamente encargadas de la seguridad que, en toda situación en que se anuncien manifestaciones o en medio de la realización de éstas, resguarden las instalaciones de todos los órganos estatales encargados, tanto de la administración de justicia, como los demás que prestan servicios públicos esenciales, en particular aquellos que tienen reconocimiento constitucional y que por mandato del cuerpo normativo supremo cumplen atribuciones que se traducen en la protección de los derechos humanos.
Deben actuar de manera preventiva o reparadora, para garantizar, en todo momento, el acceso, permanencia segura y salida de las sedes respectivas, tanto de trabajadores y funcionarios como de los usuarios de los servicios que se proveen en las instituciones referidas.
Por el incumplimiento del ministro de Gobernación que fungía en la fecha en que se emitieron la sentencia y el auto de debida ejecución, se le certifica lo conducente al Ministerio Público para lo que haya lugar.
Se “conmina” al debido cumplimiento de este fallo con el apercibimiento al Mingob o funcionario encargado del despacho y al director general de la Policía Nacional Civil, que en caso de incumplimiento, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, serán separados ipso facto del cargo público, sin perjuicio de las demás responsabilidades que por su conducta omisa incurrieren.
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública informa: pic.twitter.com/bQqyrbzFOy
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) October 18, 2023
Manifestación frente al MP
Frente a la sede central del MP desde el 2 de octubre recién pasado permanece una manifestación en la que distintas organizaciones y ciudadanos piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; del fiscal, Rafael Curruchiche; y del juez Fredy Orellana por acciones relacionadas al proceso electoral 2023.
Las manifestaciones se han extendido en todo el territorio nacional, donde miles piden la renuncia de los referidos funcionarios.
Este miércoles 18 de octubre, miles de personas se movilizan en la capital contra las acciones del MP en el proceso electoral y en carreteras principales se registran bloqueos.
El 12 de octubre, el MP publicó un comunicado en el que instaba a las autoridades encargadas de la seguridad nacional a que liberen el acceso a la sede central de esa institución que está bloqueada por manifestantes desde el pasado 2 de octubre.
En el comunicado, el ente investigador señaló primeramente que son los encargados de “promover la persecución penal, dirigir e investigar los delitos de acción pública y tiene la obligación legal de garantizar una respuesta oportuna a las víctimas de delitos que presentan denuncias y buscan obtener justicia eficaz y oportuna”.
Recordaron que el domingo 8 de octubre de 2023 presentaron ante CC la debida ejecución del amparo promovido por el Procurador de los Derechos Humanos con el fin de que se ordenara el presidente de la Republica de Guatemala -Alejandro Giammattei-, al entonces ministro de Gobernación -David Napoleón Barrientos- y al director general de la Policía Nacional Civil- Edwin Manfredo Ardiano López- que cumplieran con dicho amparo provisional.
MP pidió destitución de ministro
El 16 de octubre, MP informó que solicitó ante la CC la destitución del entonces ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón, a quien señaló de desobediencia e incumplimiento a lo ordenado por esa corte de liberar el paso en bloqueos y en el ingreso a la sede central del ente investigador, en el barrio Gerona de la capital.
Según un comunicado del MP, con base en el artículo 50 literal C de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público solicitó ante la CC la destitución de Barrientos Girón.
Señaló que el exfuncionario incurrió en desobediencia e incumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 16-03-2023 en el que otorgó amparo provisional al Procurador de los Derechos Humanos, así como por el incumplimiento a lo resuelto en fecha 11 de octubre de 2023.
Ministro de Gobernación renuncia
El 16 de octubre, a horas de que el MP solicitara la destitución de David Napoleón Barrientos, por no usar la fuerza pública para liberar los bloqueos carreteros que se han mantenido durante 15 días en el país, el funcionario presentó su renuncia al presidente Alejandro Giammattei, informaron fuentes del Ejecutivo.
La petición fue entregada a la CC, por la Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, que aseguró que Barrientos cayó en “desobediencia” por no acatar una orden de esta corte para desalojar los bloqueos que persisten en las carreteras del país.
De acuerdo con la Fiscalía, los bloqueos, que incluyen un plantón frente a su sede central, impiden llevar adelante sus tareas investigativas.
Asume nuevo ministro
El 17 de octubre, el Organismo Ejecutivo designó al general de brigada Byron René Bor Illescas como ministro de Gobernación, luego de que Napoleón Barrientos dimitiera al cargo.
Byron René Bor Illescas es el sustituto de Napoleón Barrientos como ministro de Gobernación, luego de que este último dimitiera al cargo en medio de cuestionamientos por parte del Ministerio Público (MP) que lo señalaba de no haber acatado una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para desalojar por la fuerza a manifestantes que bloquean carreras en demanda de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Conferencia de los 48 Cantones de Totonicapán
Luego de conocer la resolución de la CC, líderes de los 48 Cantones de Totonicapán brindaron conferencia de prensa para hablar al respecto.
“Solo queremos llamar a la tranquilidad a toda la población, creemos que hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que muchas veces creemos que pueden ser para alterar el orden público”, manifestaron.
Informaron que ante situación, con la intervención del procurador de los Derechos Humanos tendrán una mesa de diálogo y en su momento indicarán la hora para dialogar y saber cuál ha sido la condicionante por la cual “se nota una represión en contra de la población”.
Agregaron que la manifestación ha sido frente al MP y no ha sido dentro del edificio y recalcaron que se ha permitido el ingreso de personas, el relevo de los guardias y el ingreso de alimentos.
“Llamamos a la calma a toda la población, a la unidad, a la democracia y sobre todo a la paz, nosotros no venimos a oponernos, esta no es una lucha de poderes, no es un guerra interna, nosotros solo somos autoridades que venimos a representar a nuestra población porque es una obligación colectiva que nace desde nuestras bases y queremos ser bien claros que si nuestras bases que son el pueblo nos dice, ya no se puede, pero del pueblo que nazca, pero dejamos claro que también nosotros seguiremos en resistencia pacífica”, advirtieron.
Agregaron que cuando el pueblo defiende la democracia y pide sus derechos, se reciben “inmediatamente las resoluciones de las leyes en contra del pueblo, no así cuando presentamos nuestras denuncias, pues eso queda en el olvido”.
Destacaron que para tener la democracia “hay que seguir luchando” y no se han dejado provocar a la violencia, pues el pueblo está cansado de tanta confrontación.
Señalaron que les sorprende “la actitud represiva del Estado, pero también no es nuevo para nosotros, esto siempre ha llegado al pueblo y las leyes de represión han llegado a los pobres”.
Enfatizaron el llamado a la calma y esperan que no haya confrontación, pues van a buscar el diálogo.
Comunicado
La Asociación Política de Mujeres Mayas, MOLOJ, emitió un comunicado en el que rechaza “rotundamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena al Ministerio de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público en un plazo que no exceda de 6 horas”.
Añadió que “esta resolución de la Corte de Constitucionalidad evidencia que los magistrados han sido serviles al pacto de corruptos y que no están actuando en defensa de la Constitución Política de la República de Guatemala, sus resoluciones han favorecido a los que quieren seguir en el poder y encubrir sus malas acciones”.
Señalaron que esta resolución es una amenaza a la democracia. Añadieron que las manifestaciones pacíficas están establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 33, “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público”.
