Guatemala: desterrar el poder de las fuerzas oscuras – Por Luis Guillermo Solís Rivera

Por Luis Guillermo Solís Rivera, especial para NODAL

Expresidente de la República de Costa Rica

La inesperada victoria del Dr. Bernardo Arévalo de León como presidente de Guatemala, removió las turbias aguas del llamado “Pacto de Corruptos” en su país.  Este conjunto de fuerzas políticas y sociales pareciera estar resuelto a no permitir ningún cambio en el “Status quo” como el prometido por Arévalo, quien ganó las elecciones con una propuesta transformadora y progresista, basada en la transparencia y la rendición de cuentas.

En Guatemala, se entiende por “Pacto de Corruptos” a un agrupamiento de intereses muy diversos, legítimos y fácticos, civiles y militares, públicos y privados, de orden local, nacional y transnacional, ubicados y con capacidad de incidencia en todos los niveles decisorios de los tres poderes del Estado, cuyas acciones, mancomunadas inorgánicamente, dominan el sistema político del país.  Este conjunto de factores de poder opera en provecho propio y con frecuencia se asocia a las estructuras del crimen organizado.  También forma parte de realidades tanto antiguas como contemporáneas, pues incluye desde exmilitares violadores de los DDHH durante la prolongada guerra civil de más de tres décadas, finalizada en 1996, hasta sofisticados hombres de negocios, funcionarios judiciales, legisladores, alcaldes, comunicadores, banqueros y profesionales liberales que facilitan negocios multimillonarios, incluidos la trata y tráfico de personas, el contrabando de armas, productos suntuarios y bienes culturales, y el narcotráfico y sus actividades conexas, entre otros delitos.

Desde su victoria en segunda ronda electoral el pasado 20 de agosto, Arévalo ha tenido que enfrentar las maquinaciones del “Pacto de Corruptos” que, imposibilitado de impedir su triunfo en las urnas, ha tratado de todas las formas posibles de deslegitimarlo por medio de argucias técnico-legales.  Si bien la mayoría de ellas han sido inconstitucionales y perpetradas contra la voluntad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por medio de la fiscal general, un fiscal especial y un juez que carecen de jurisdicción en el ámbito electoral, estos personajes no han cesado en sus nefastas maquinaciones. Incluso han llegado al secuestro de urnas electorales, a la suspensión de la personería jurídica del partido del presidente electo y sus diputados en el Congreso de la República, y a la abierta amenaza contra las y los magistrados del TSE que no se han dejado intimidar como sí lo han hecho, aunque de manera muy sospechosa y vergonzante, la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Bernardo Arévalo, quien es un hombre íntegro, ha actuado escrupulosamente frente a este descarado desenfreno.  Consciente de las consecuencias que podría tener una convocatoria a la calle que no controla, ha preferido responder desde el respeto institucional y el recurso jurídico ante sus propios perseguidores.  Tal actitud, sin embargo, podría haberlo colocado en un lugar indeseable.  Y no sólo porque en Guatemala no existe estado de Derecho ante el cual recurrir, sino porque la ciudadanía que le dio el triunfo y en particular 48 cantones indígenas apoyados por población ladina y criolla de todo el país, han tomado la iniciativa y ya se levantaron en un movimiento cívico que amenaza con dejar al presidente electo, aislado y con un poder de convocatoria muy limitado, si no ejerce un liderazgo más asertivo y fuerte.

Es paradójico que Bernardo Arévalo cuente con el apoyo mayoritario de la Comunidad Internacional, de sus principales instituciones y de sus conciudadanos guatemaltecos incluida la Conferencia Episcopal y muchas iglesias evangélicas, pero carezca al mismo tiempo de fuerza suficiente para ponerle fin a este estado de cosas.  Enfrentado a lo que él mismo ha calificado como un “golpe de Estado en desarrollo”, su pulcritud republicana aparece como una debilidad ante una estructura estatal que ha demostrado ser totalmente sumisa al, y estar secuestrada por, el “Pacto de Corruptos”.  Incluso el actual presidente de Guatemala, Alejandro Giamattei, pareciera haberse plegado a esas fuerzas oscuras al rehusarse a destituir, como podría, a la fiscala general Consuelo Porras y forzar la renuncia de sus colegas Curruchiche y Orellana que hoy cuentan con su “protección” y respaldo.

El dilema mayor para el nuevo gobierno no es, como todavía podría ocurrir, que “el Pacto” logre con alguna argucia impedir que se produzca la toma de posesión del presidente Arévalo en enero del 2024.  Aunque posible, ello es improbable.  Es peligroso, más bien, que el nuevo gobierno asuma sus funciones, pero en un contexto de conspiración, bloqueo legislativo y acechanzas políticas que socaven a la administración de manera permanente y le impidan gobernar.  Un clima de inestabilidad y violencia tales, que obliguen al gobierno a desgastarse en negociaciones sin fin, volviéndolo crecientemente vulnerable ante las matráfulas de sus adversarios.

En ese contexto, el presidente electo va a tener que decidirse a encabezar la calle con todos los riesgos que esto conlleva, o bien pretender que el “Pacto de Corruptos” puede neutralizarse por las buenas, “con la fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza”, y con ello terminar por muchos años con la esperanza que él y su partido representan. Creo que Arévalo tiene muy claro el camino. Su padre Juan José, presidente también, fue el primer mandatario de la llamada “Primavera Democrática” (1944-1954) cuyo final, por medio de un golpe de Estado conducido y financiado por la CIA y la United Fruit Company en connivencia con las élites locales, sometió a Guatemala al militarismo, y la violencia estructural por más de medio siglo. Hoy las fuerzas oscuras son otras, pero su objetivo pareciera ser el mismo: impedir que Guatemala viva finalmente en paz, en democracia y con grados cada vez mayores de inclusión, transparencia y bienestar para el mayor número que Bernardo y sus copartidarios auguran. Y aquel objetivo, en la ya demasiado autocrática Centroamérica de nuestros días, es inaceptable.