Perú, la Comisión de la Verdad y los pendientes 20 años después – Por Francisco Pérez García
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Francisco Pérez García*
El 28 de agosto del 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) hizo entrega al Estado peruano, su informe final, que constaba de nueve volúmenes: 2500 páginas que reflejaban el trabajo realizado durante dos años con un análisis sobre la violencia vivida en el país durante los años 1980 al 2000.
El informe contenía una serie de recomendaciones hechas por la CVR al Estado “con el propósito de desterrarla (la violencia) como medio para resolver nuestros conflictos, y establecer un nuevo pacto social de modo que el Estado sea realmente expresión de todos los peruanos” [1].
A 20 años de la entrega de dicho informe, cabe analizar cuál ha sido el impacto de dicho trabajo en la vida social del país y en el proceso de la segunda parte del nombre de la comisión: la Reconciliación. Más aún en un país que hasta ahora no termina de cuajar y en donde el Estado no es -como se esperaba en el informe- una “expresión de todos los peruanos”.
Y no estamos hablando solo del hecho de “notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia” [2] recogida en el informe y que marca una premisa de trabajo que por años ha sido la dirección de los organismos de derechos humanos y algunas asociaciones de familiares de las víctimas sino también a las marcadas diferencias que hoy nos llevan a lamentar nuevas perdidas humanas producto de la violencia del Estado.
Algunos temas por superar
Hablemos de las víctimas. El informe de la CVR sugería un programa de reparaciones para las víctimas, sobrevivientes y sus familias. Sin embargo, las reparaciones han sido de carácter simbólico más no material. Algunos se preguntarán si se puede medir de forma material el daño causado a las personas durante el Conflicto Armado Interno (CAI).
Quien escribe se pregunta ¿Qué perdieron las víctimas del conflicto? ¿Cuántos años se perdieron en la lucha por la justicia? ¿Cuántos proyectos de vida quedaron frustrados por la pérdida de un familiar, por las heridas permanentes o por los años que estuvieron encerrados injustamente en una prisión?
Porque si de víctimas hablamos, la “estandarización” de las mismas no permite en algunos casos reconocer a otros tipos de víctimas. El podcast “La Oruga”, producido por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) intenta recoger otro perfil de las víctimas del CAI. En él escuchamos testimonios de una estudiante afectada por el estallido de un coche bomba, un militar destacado a Ayacucho, y una joven que terminó viviendo en un campamento de Sendero Luminoso [3].
Estos casos se suman a otros como el de los presos inocentes, personas que fueron encarceladas durante la vigencia de la “ley de arrepentimiento” impuesta por el régimen de Alberto Fujimori, en la cual una persona sindicada como terrorista, era detenida y para evitar una pena mayor debía “arrepentirse” entregando nombres de militantes o simpatizantes de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El problema con esta norma era que tenía dos usos peligrosos: uno, la revancha personal o política de algunos detenidos que aprovechaban para encerrar a sus rivales y dos, el uso que le daba la policía o los agentes del Estado para encarcelar a quienes consideraban “terroristas”. Todo ello con la promesa de una pronta salida de prisión o la liberación total por el “arrepentimiento”.
A ellos sumarles a los familiares de los terroristas que no pertenecieron a ninguna de las organizaciones subversivas pero que perdieron a sus padres, hermanos, u otros familiares en los hechos de violencia. ¿Encajan ellos en el perfil de las víctimas del CAI? ¿Tienen derecho a una reparación -aunque sea simbólica- del Estado? ¿De qué hablamos cuando mentamos la llamada “Reconciliación” si el terruqueo es moneda común para estas personas?
Los pendientes
Si las reparaciones son simbólicas, el acceso a la justicia es un sueño que parece no concretarse. Hay personas que han fallecido sin obtener una sentencia contra los que violentaron los derechos humanos de sus familiares. El caso de “Mamacha Angélica” es uno de los más simbólicos, o el de la viuda del periodista Hugo Bustios que falleció antes de que el exministro Daniel Urresti fuese sentenciado.
Actualmente, existen 22 casos de violaciones de derechos humanos – de un total de 53 judicializadas [4] – que aún siguen sin sentencia. De las 21 mil 198 personas desaparecidas entre los años 1980-2000 solo se ha identificado a 2,718 [5].
Estas cifras son reveladoras más aún cuando el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fue aprobado recién en el año 2021, cinco años después de la promulgación de la Ley N° 30470, ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000.
Hace unas semanas, Isabel Coral escribía en Otra Mirada sobre la sentencia del caso Cayara la cual llegó después de 35 años, por lo cual señalaba que una resolución tardía no puede considerarse justicia.
20 años después, la verdad que se reveló en el informe es cuestionada por los sectores más conservadores del país y vinculados a las fuerzas armadas y policiales y la reconciliación se ve cada vez más lejana. ¿De qué justicia hablamos si no terminamos de reconocernos entre peruanos, sino reparamos a quienes sufrieron los horrores del CAI y si encima se retrasa las sanciones contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos?
20 años después parece que estamos cada vez más lejos de la reconciliación y con la memoria en constante ataque de quienes pretenden reescribir la historia.
Notas
[1] Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) Informe final. Agosto 2003. Pág.111 https://www.cverdad.org.pe/ifinal/[2] Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) Resumen de las conclusiones del Informe Final. Agosto 2003. https://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php
[3] Podcast La Oruga https://laoruga.pe/
[4] Según el abogado de Ideele, Carlos Rivera, estos casos solo se refieren a los procesos por desapariciones forzadas, adicional a ellos existen 42 casos de asesinato, 4 de secuestro, 3 de violación sexual y 3 de tortura que también han recibido sentencia, sin embargo, resulta siendo todavía un número menor. https://twitter.com/IDL_Rivera/status/1696261732854096374
[5] Gutiérrez, Fidel. “Reflexiones a 20 años del Informe de la CVR”. Diario El Peruano. Agosto 2023. https://www.elperuano.pe/noticia/221627-reflexiones-a-20-anos-del-inform…
*Periodista y analista de UCI Noticias y Viva TV, Otra Mirada, Espacio Libre.
