México | Familiares y organizaciones marcharon a nueve años del caso Ayotzinapa y denunciaron al gobierno por encubrir al Ejército
Padres de Ayotzinapa acusan “segunda verdad histórica”; piden no proteger al Ejército
Por Montserrat Antúnez Estrada
Madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años reclamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la protección que ha dado al Ejército, pues, dijeron, eso les impide saber dónde están sus hijos. De igual forma, acusaron a su Gobierno de tratar de imponer una versión similar a la “verdad histórica” tan criticada durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.
El abogado de los familiares opinó en un mitin frente a Palacio Nacional que la lucha “se encuentra en un momento crítico”, dijo que rechazan la versión presentada el lunes por el Gobierno porque no se sustenta e incorpora datos de la mal llamada verdad histórica y de una investigación cuestionada por personas expertas.
“El propio Gobierno ha aceptado que se ocultaron elementos, hoy nos sorprende que tome elementos de esa verdad”.
El abogado reclamó que en la versión actual se habla de una supuesta relación entre los estudiantes con grupos del crimen organizado, pero no hay elementos que lo prueben. “No la aceptamos porque esta reduciendo el espectro de responsabilidad a las autoridades de Guerrero”, expuso y dijo que con ello deja sin responsabilidad a autoridades federales y el Ejército.
“Este Gobierno, lejos de ponerse del lado de la víctimas se ha puesto del lado de las instituciones, específicamente del Ejército”, lamentó.
Hilda Hernández, madre del normalista César Manuel González Hernández, cuestionó que el Gobierno de López Obrador no cumpla la promesa que hizo en su campaña para darles justicia.
“Hemos visto muchas irregularidades, muchas mentiras, pensábamos que iba a ser diferente, que teníamos una luz de esperanza, pero no es así. Ellos tratan de dar una segunda verdad histórica con la que no estanos de acuerdo. Están los investigadores independientes señalando que fue el Ejército”.
“Este Gobierno, lejos de ponerse del lado de la víctimas se ha puesto del lado de las instituciones, específicamente del Ejército”, lamentó.
Hilda Hernández, madre del normalista César Manuel González Hernández, cuestionó que el Gobierno de López Obrador no cumpla la promesa que hizo en su campaña para darles justicia.
“Hemos visto muchas irregularidades, muchas mentiras, pensábamos que iba a ser diferente, que teníamos una luz de esperanza, pero no es así. Ellos tratan de dar una segunda verdad histórica con la que no estanos de acuerdo. Están los investigadores independientes señalando que fue el Ejército”.
“[Esa instancia] es el símbolo de la opresión y la desaparición”, calificó Vidulfo Rosales.
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestaron este martes en la Ciudad de México con la exigencia al Gobierno federal de no crear una nueva “verdad histórica”. Autoridades federales se reunieron el lunes con las familias que exigen justicia.
Este día, Vidulfo Rosales reconoció que hay líneas de investigación que han avanzando en el último sexenio, sin embargo “no alcanzan para dilucidar qué es lo que ocurrió y por qué”. El defensor de las familias de los normalistas criticó que el Presidente López Obrador ha respaldado al Ejército, instancia a la que acusan de negarse a aportar información para avanzar en la búsqueda de justicia.
“Estamos exigiendo a todas esas instancias que tengan información relacionada con el paradero deberán aportarla a las investigaciones para que podamos avanzar. Hay instituciones como el Ejército que se niegan a aportar esta información. Se le ha solicitado el Presidente y el Presidente también ha solicitado respaldar al Ejército en esta negativa de aportar la información para esta investigación”, expuso a medios previo a la protesta.
Vidulfo también aseguró que la información más reciente compartida por el Gobierno federal “tiene elementos de la verdad histórica que no se sustenta con los datos”.
Cristina, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pasó lista de los 43 estudiantes desaparecidos desde el antimonumento colocado en el Paseo de la Reforma. “¡Presentación con vida!”, gritaron las madres y padres de los estudiantes después de cada nombre.
La justicia para las familias de Ayotzinapa es uno de los grandes pendientes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a un año de terminar su administración.
Este aniversario del caso Ayotzinapa mantuvo la exigencia que ha acompañado a los padres y madres por nueve años: saber dónde están. Y en esta ocasión, los padres expusieron con una demanda muy concreta: “Que el Ejército ya no esconda información”.
Este martes también el Ejército dio a conocer que ya entregó todos los documentos que han sido solicitados para proceder con la investigación del caso. A través de una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que dicha instancia ha dado “máxima apertura”.
“Les debe constar a ellos que la documentación que ahora solicitan no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”, precisó la Sedena.
A pesar de ello, prosiguió, se llevó a cabo una nueva búsqueda basada en el documento que le entregó por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos el pasado 21 de septiembre, “sin que hasta el momento se hayan encontrado o localizados documentos adicionales” a los que fueron entregados.
Las familias de Ayotzinapa revelaron una placa donde se lee que el caso “es un crimen de estado ejecutado por policías y Ejército en complicidad con el crimen organizado”. Rumbo al Zócalo, poco antes de llegar al Hemiciclo a Juárez capitalino, una normalista aseguró que ella, como sus compañeras y compañeros, seguirán exigiendo justicia.
“Ayotzinapa no se va a cansar, las normales rurales seguimos de pie, no nos dejamos y no nos vamos a cansar de protestar”, aseguró.
Angélica María, una mujer de la tercera edad que acudió a la protesta desde Tezoyuca, dijo que se suma al reclamo “por una verdad completa, no a medias”.
Además de los reclamos al Ejército, calificado por estudiantes como represores, se escucha la exigencia de sancionar a funcionarios y exfuncionarios federales.
“Peña Nieto, delincuente, la cuenta está pendiente”, reclama uno de los colectivos.
Gobierno presentó tres hipótesis del caso Iguala a familiares de los 43 normalistas
Por Ángel Hernández
El gobierno federal dio a conocer este martes el documento presentado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sobre la narrativa de los hechos de Iguala, Guerrero, en el que se incluyen tres hipótesis.
La primera retoma la versión de que los estudiantes fueron infiltrados por el grupo criminal Los Rojos y confundidos por sus antagonistas de Guerreros Unidos, en un contexto de disputa por el control de la plaza.
Las otras dos teorías se refieren a un escarmiento por parte del presidente municipal José Luis Abarca por protestas en su contra, y en último lugar que pudieron haber tomado algún autobús donde había drogas o armas de Guerreros Unidos.
Según el informe, los 43 normalistas habrían sido detenidos en varios puntos por policías municipales de Iguala con apoyo de sicarios de Guerreros Unidos, para después llevarlos a la comandancia y al final entregarlos en manos del cártel, que los llevó a varios puntos para desaparecerlos.
Para construir esta narrativa se utilizó información proviene de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía de Guerrero, la Fiscalía General de la República y la Administración para el Control de Drogas (DEA), entre otras instituciones.
Padres rechazaron informe
Este informe fue rechazado en la reunión del lunes en Palacio Nacional por los padres de los 43 estudiantes, pues lo calificaron como un retroceso y una historia similar a la llamada “verdad histórica” de la antigua Procuraduría General de la República (PGR).
En el documento se detalla que poco antes del mediodía del 26 de septiembre de 2014 se comenzó a monitorear la movilización de los estudiantes para el boteo y toma de autobuses, para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México.
Se señala que “gente” de Bernardo Florez Alcaraz, conocido como El Cochiloco, iba a llegar a Iguala entre las 19:00 y 20:00 horas. Y retoma el señalamiento de que un primo de Flores estaba vinculado a Guerreros Unidos.
En la nueva narrativa sí se incluye el quinto autobús que se omitió en la investigación que lideró el ex procurador general Jesús Murillo Karam, pues se indica que pasadas las 21:00 horas, todos los estudiantes estaban en la central camionera, y que tras ser encerrados varios de ellos en una unidad, tomaron dos autobuses Costa Line, el 2012 y el 2510 y un Estrella Roja 3278, más dos autobuses que ya llevaban con números 1531 y 1568, y salieron de la terminal.
Según la versión difundida, hay declaraciones y testimonios que señalan que sicarios y líderes de Guerreros Unidos estaban advertidos de que podía haber infiltrados de Los Rojos entre los jóvenes.
Los autobuses 2012, 2510 y 1568 fueron detenidos en la calle Juan N. Álvarez, donde policías municipales y sicarios de Guerreros Unidos comenzaron a dispararles. Ahí uno de los jóvenes, Aldo Gutiérrez, recibió un disparo en la cabeza. En ese grupo viajaba El Cochiloco.
Por otra parte, el autobús 1531 se desvió al salir de la central camionera y fue perseguido por dos patrullas de la policía de Iguala, quienes iban disparando.
El autobús se detuvo en el Puente del Chipote, en la carretera Iguala-Chilpancingo. Luego los policías bajaron a los jóvenes a golpes y los metieron a las patrullas. Algunos fueron llevados a Huitzuco y otros a un lugar conocido como Loma de Coyotes.
Se indica que, según el análisis telefónico, en Huitzuco El Patrón, que aún no ha sido identificado, se haría cargo del destino de los jóvenes que fueron llevados a ese municipio.
Entre las 22:45 y 23:00 horas hubo una inusual carga de comunicaciones entre Guerreros Unidos.
Habría sido en ese momento que, según se desprende de las conversaciones interceptadas por la DEA, que José Angel Casarrubias Salgado. El Mochomo, habría dicho a su hermano Adán, El Tomatito, que Los Rojos sí se habían infiltrado con los normalistas.
“Se nos metieron los contras con los Ayotzinapas y hubo un vergaseraaa (sic)”, habría dicho Soldado del Amor, nombre clave de El Mochomo, a Silver, nombre clave de El Tomatito.
En el documento, difundido por la presidencia, se incluyen varios testimonios que indican que habría sido el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien dio la orden de que los jóvenes desaparecieran.
Según la narrativa, el subdirector operativo de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, dio la orden de que el resto de los estudiantes, que estaban en la comandancia tras ser detenidos, fueran entregados a Guerreros Unidos en Loma de Coyote, pasadas las 23:30 horas.
De hecho, según la declaración del testigo protegido Juan, que es Gildardo López Astudillo, líder de Guerreros Unidos en Iguala, el capitán José Martínez Crespo participó en la entrega de los jóvenes, e incluso llevó a algunos al interior del 27 Batallón de Infantería para interrogarlos.
La nueva narrativa no incluye la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Divididos en tres grupos
La hipótesis es que los jóvenes, tras ser divididos en los tres grupos, finalmente fueron llevados a varios lados para su desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco.
Todos asesinados eventualmente y sus restos esparcidos en varios lugares, incluso algunos cuerpos disueltos en ácido, según Gildardo López Astudillo.
Algunos normalistas, por ejemplo, habrían sido llevados a Pueblo Viejo, en un cerro, donde los asesinaron y sus cuerpos los incineraron en una fosa.
Otros estudiantes fueron llevados a una bodega en Loma de Coyotes, algunos fueron asesinados y otros mantenidos con vida por días tras las agresiones.
Un grupo más habría sido disuelto en ácido en un rancho de Los Tilos, célula de Guerreros Unidos, según testimonios de El Gil.
También se plantea que unos habrían sido asesinados en el Río Azul, brazo del Río Balsas, y sus restos arrojados a un pozo dentro de costales.
Y que otro grupo fue llevado a Huitzuco, a una casa de seguridad, pero no hay más información.
A otros jóvenes los asesinaron y cortaron sus cuerpos, para llevarlos a un crematorio llamado El Ángel, y los restos esparcidos en el poblado de Coacoyula y en una mina abandonada en Taxco de Alarcón.
Según testimonios, y gracias a los restos encontrados en un lugar conocido como Barranca de la Carnicería, se entiende que a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, los quemaron antes y arrojaron sus restos mientras viajaban hacia Cocula.
Pelea por la plaza en Guerrero
Todo habría ocurrido en el contexto de la pelea por la plaza para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos entre Guerreros Unidos y Los Rojos y por la supuesta infiltración del crimen organizado en autoridades de los tres niveles de gobierno, especialmente a nivel municipal, pues se identificó a un grupo de 40 policías de Iguala como parte de Los Bélicos, división al servicio de Guerreros Unidos.
Además, ahora se admitió que había vínculos de mandos militares con el cártel, ya que los soldados recibían dinero a cambio de protección, armas y paso seguro de drogas.
Entre los vinculados están el coronel José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández Nieto.
