Honduras | Oficialismo y oposición no logran acuerdo para elección de autoridades fiscales y el Ministerio Público continúa acéfalo
Honduras: Fracasa elección del FG; oficialismo desconoce autoridades del MP
La elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto fracasó tras tres intentos en la sesión del jueves en la Cámara Legislativa, al tiempo que el oficialismo desconoció el orden institucional del Ministerio Público.
– Honduras amanece sin Fiscal General y Fiscal Adjunto, expresó Rafael Sarmiento.
– La operatividad del Ministerio Público sigue intacta y la operatividad igual, aseguró Tomás Zambrano.
– Luis Redondo volvió a hacer uso de sus singulares razonamientos para decir que los actuales fiscales quedaban deslegitimados para continuar y que UFERCO asumía funciones, en un claro desconocimiento de la institucionalidad del MP.
Vamos contra la corrupción. El artículo 80 y el reglamento interno no puede delegar facultades constitucionales. Los titulares del Ministerio Público, tienen vencido su mandato, por tanto la titularidad del MP está acéfala. Urge Elegir. https://t.co/tC7kqzhJeL
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) September 1, 2023
Las posturas del oficialismo fueron las mismas de la sesión del pasado martes donde presentaron una moción nominativa con Johel Zelaya como Fiscal General y Marcio Cabañas como Fiscal Adjunto. Asimismo, la oposición repitió su propuesta con Marcio Cabañas para dirigir la Fiscalía y Jenny Almendares como segunda al mando.
Tras tres intentos fallidos con las mismas mociones, los resultados fueron los mismos. La moción oficialista captó 52 votos, en tanto la de la oposición logró 74. Se ocupan 86 votos para lograr la elección del Fiscal General y su Adjunto.
Mientras se agotaban los intentos para lograr la elección de los dos altos funcionarios de la Fiscalía, las bancadas no mantenían pláticas ni reuniones que pudiera cambiar el resultado, lo que desde un inicio avizoraba la misma historia.
El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento presentó en tres oportunidades la misma nómina. Igualmente lo hizo su homólogo del Partido Salvador de Honduras (PSH), Joshy Toscano en iguales circunstancias.
Desde temprano el oficialismo representado en Libre advirtió que al no lograr acuerdos para la elección de los dos fiscales, el titular de UFERCO, Luis Javier Santos, tomaría la titularidad de las principales funciones del Fiscal General, hasta lograr la elección de ese importante cargo.
Al tenor de acusaciones y contraacusaciones, como ha sido la costumbre en esta legislatura, el debate fue avanzando sin visos de lograr el respaldo de las dos terceras partes para lograr nuevas autoridades en la Fiscalía de la República.
Para Redondo, MP no tiene autoridades
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, señaló que las autoridades del Ministerio Público, el Fiscal General Oscar Chinchilla, el Fiscal Adjunto Arturo Sibrian Bueso, cesaron en su cargo, ya que la Constitución Política de Honduras les otorgó un mandato de cinco años.
El diputado Redondo detalló que aunque una ley aprobada por el Congreso Nacional establece que en los cargos de elección de segundo grado que realiza el Poder Legislativo en caso que no hayan sido electos, los titulares de dichos entes como el Ministerio Público, deben mantenerse en su cargo, en lo referente al Fiscal General y su Adjunto no aplican, señalando que los mismos no cumplieron con su obligación de perseguir el delito, en especial a las organizaciones criminales, y por ello carecen de legitimidad.
El titular del Legislativo señaló que la inhabilitación también aplica para el Director General de Fiscales, por ser un nombramiento directo del Fiscal General y responderle a sus lineamientos.
Pero Redondo no aclaró quién está a la cabeza del Ministerio Público, en caso que las tres figuras del ente acusador no son reconocidas por el Legislativo en su accionar, amenazándolos que si siguen en actuaciones pueden cometer el delito de usurpación de funciones de cargo público.
El titular del Legislativo indicó que la UFERCO, unidad especial del Ministerio Público, tiene amplias facultades para continuar su combate a la corrupción, tal como quedó habilitado cuando se aprobó el decreto 67-2022, mientras no se elijan las nuevas autoridades de la Fiscalía General.
El diputado-presidente señaló que se comunicará con la Secretaría de Finanzas para que habilite los fondos establecidos en el artículo 5 del decreto 67-2022 a fin de que la UFERCO sea fortalecida y su titular Luis Javier Santos combata la corrupción e impunidad de manera expedita y eficaz, especialmente en todos los casos que tengan conocimiento.
Redondo suspendió la sesión al filo de la medianoche y dijo que convocará al pleno a través de las redes sociales del Poder Legislativo para lograr la elección de las cabezas de la Fiscalía.
Los diputados opositores de los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras (PSH) se mantuvieron en el salón después que la sesión fuera suspendido casi por una hora más y antes de abandonar el hemiciclo cantaron el himno nacional.
Cabañas está atado como chinchilla, sería otro fiscal peligroso para hondureños
El proceso de selección de los cinco candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto ha estuvo lleno de sorpresas, los postulantes que los medios de comunicación daban como favoritos para formar parte del quinteto que ahora está en manos de los diputados en el Congreso Nacional, fueron eliminados antes de la ronda de entrevistas, se trata del Fiscal Luis Javier Santos y el abogado Mario Urquía Fajardo.
Santos fue descartado por mantener una demanda judicial contra el Estado, mientras que Urquía por una interpretación dada a la Ley de la Junta Nominadora para seleccionar candidatos a magistrados que prohíbe a sus miembros aspirar a cargos en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero sin mencionar al Ministerio Público; decisión que para varios analistas fue drástica e injusta.- Mario Urquía desempeñó la presidencia de la Junta Nominadora del actual pleno de la Corte Suprema de Justicia.- Como ya es habitual en este rotativo, nos dimos a la tarea de investigar la vida pública de los candidatos para ocupar los cargos de Fiscal de Fiscal General y Fiscal Adjunto.- En general, los cinco candidatos se caracterizan por ser profesionales conocidos en su ámbito de trabajo, no son rostros públicos, pero sí son próximos al poder económico y político obscuro del país, algunos están vinculados a la dictadura y al golpe de Estado, y, entre ellos hay quienes aseguran la libertad al crimen organizado de altos vuelos y a otros corruptos asolapados que en suma postran el bienestar en la mayoría de hondureños.
MARCIO CABAÑAS CADILLO
No sustentó caso de cúpula militar que expatrió al presidente “Mel” Zelaya
Soltero, 47 años, originario de Tegucigalpa, es Liberal.- En el proceso de selección obtuvo la nota final de 84 por ciento.- Es la segunda vez que participa para optar a la plaza de Fiscal General de la República.- En la Universidad Nacional de Policía obtuvo el título de Magíster en Políticas públicas y gestión de la seguridad y un Postgrado en Derecho Procesal Penal de la UNAH.- Desde hace 23 años ejerce la labor de Fiscal en el Ministerio Público, en el que ha desempeñado diversos cargos, en la actualidad es Fiscal especial contra delitos tributarios y conexos.
Cabañas Cadillo es el fundador de la Fiscalía especial de privación de dominio, participó en la estructuración y redacción de la ley de especial de privación de bienes de origen ilícito, también en las reformas de la ley de lavados de activos.
En la página digital Pulso.hn del 15 de junio de 2018 acusan a Marcio Cabañas de haber liberado de culpa a la cúpula militar que derrocó al presidente José Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
Resulta que el Fiscal Cabañas lideró en 2010 las acusaciones contra la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras por los cargos de abuso de autoridad y expatriación de Zelaya Rosales hacia Costa Rica tras su derrocamiento, pese a que la Constitución de la República prohíbe la expatriación de hondureños.
El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés dictó sobreseimiento definitivo a favor de los oficiales procesados y decidió otorgarles cartas de libertad con el argumento de que el Fiscal Marcio Cabañas Cadillo no probó que hayan cometido delitos.
Destaca que el perfil del abogado Cabañas está siendo impulsado por algunos medios tradicionales de comunicación, al parecer goza de la simpatía de los grupos de poder.
Desde 2004 y hasta 2011, Cabañas se desempeñó como asistente del Fiscal General, y en los últimos años en el cargo, fue nombrado en múltiples irregularidades, entre ellas, haber recomendado al entonces mandamás de Fiscalía, Leónidas Rosa Bautista, que cerrara la investigación de “tráfico gris”, donde se acusó a la empresa del ingeniero Mauricio Gabriel Kattan Salen, “Inversiones Apolo”, conocida comercialmente como “Pronto”, por “hurto del espectro radioeléctrico y demás clases de ondas”.
El documento señala que los delitos de “Pronto” perjudicaron a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), y consta que Leónidas Rosa decidió cerrar la investigación “previa opinión de su Asistente Abogado Marcio Cabañas Cadillo”; y, precisamente, diputados de Libertad y Refundación, han traído ante la palestra pública que el togado fue fundamental en el caso “Tráfico Gris”.
JENNY GABRIELA ALMENDARES FLORES
Promete crear fiscalías mujeres desaparecidas y centros penitenciarios
Soltera, 52 años, originaria del municipio del Distrito Central, especialista en Derecho Penal, obtuvo la nota más alta de los aspirantes, 96 por ciento. Por ser hija del conocido luchador social y científico doctor Juan Almendares Bonilla, se le asocia al Partido Libertad y Refundación (LIBRE); sin embargo, ella afirma que no es militante de ningún partido político, y que por su formación social y profesional “tiende a tener una inclinación hacia los derechos sociales y a los derechos de las mayorías”. – En su época universitaria militó en el movimiento de Derecha Frente Unido Universitario (FUUD).
Laboró durante 21 años en el Ministerio Público, de 1994 a 2015, de donde se retiró de manera voluntaria. – En este momento es consultora del “Proyecto Con Buena Razón”, financiado por la Unión Europea con el propósito contribuir a prevenir las diferentes formas de torturas, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes, con especial atención a la situación de mujeres y adolescentes privados de libertad. También impartió cátedra en la Maestría de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
En su presentación personal dijo que una de aspiraciones al convertirse en Fiscal es reducir los índices de impunidad y crear dos nuevas estructuras: La Fiscalía especial para la búsqueda de mujeres desaparecidas y la Fiscalía especial de investigación de centros penitenciarios.- La abogada Almendares Flores no pasa inadvertida, su peculiar forma de vestir le da un sello personal. Las personas que la conocen dicen que es estudiosa, inteligente y dedicada a su trabajo.
MARIO ALEXIS MORAZÁN AGUILERA
En 2009 impidió asalto del Consulado de Honduras en Costa Rica
Soltero, 46 años, originario de Tegucigalpa, obtuvo la segunda nota más alta de los candidatos, 88 por ciento. – Es partidario de LIBRE. – Tiene maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica y una especialidad en Derecho Procesal Penal de la UNAH.
Es el actual Secretario General de la Procuraduría General de la República (PGR).
Se desempeñó como Fiscal en el Ministerio Público de manera interrumpida (2002-2006, 2010-2011 y 2014-2016) y, además, director de derechos humanos de la Secretaría de Justicia Derechos Humanos (2011-2014).- Ha ejercido la docencia en la UNAH, UNITEC y la Universidad de San José, Costa Rica.
Desde 2006 hasta 2009 fue Ministro Consejero de la Embajada de Honduras en Costa Rica, y cuando ocurrió el golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya, Morazán Aguilera impidió que los funcionarios golpistas que había nombrado Roberto Michelleti Baín, asaltaran el recinto que ocupaba el Consulado de Honduras en San José, Costa Rica, asimismo bloqueó la cuenta bancaria del Consulado en ese país.
JOHEL ANTONIO ZELAYA ÁLVAREZ
Pretendió ocultar que es regidor liberal en Reitoca
Soltero, 43 años, nació en el empobrecido municipio de Reitoca, Francisco Morazán. De filiación al Partido Liberal y cercano a algunos sectores del Partido LIBRE.
Obtuvo una nota de 81 por ciento. – De los 21 precandidatos que la Junta Proponente calificó en la primera etapa de selección, solo cuatro no tenían tacha, y Zelaya Álvarez es uno de ellos.
Se dedica al libre ejercicio profesional en su despacho legal Zelaya y Asociados.
Es consultor externo del ente gubernamental Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y asesor legal del grupo Flores, líder del rubro automotriz en Honduras. Asimismo, se desempeñó como asesor legal de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones durante el gobierno de José Manuel Zelaya, de Porfirio Lobo Sosa y el primer año de Juan Orlando Hernández.
El abogado y notario Zelaya Álvarez también es Regidor de la Alcaldía de Reitoca, en representación del Partido Liberal; sin embargo, no consignó el cargo en la declaración jurada de su hoja de vida, es decir, faltó a la verdad.
Se autopostuló a magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el último proceso de elección de 2022 y que culminó en febrero de 2023, pero no logró integrar la nómina de los 45 candidatos requeridos por el Congreso Nacional.
PABLO EMILIO REYES THEODORE
Hombre de confianza de la recaudadora de JOH
Originario de Tegucigalpa, 40 años de edad, de filiación nacionalista. Obtuvo un porcentaje de 75 por ciento. – Está casado con la señora María Valentina Suárez Perdomo, vicecónsul en Houston, Texas, durante el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales e hija del exdiputado liberal Valentín Suárez Osejo.Reyes Theodore posee una maestría en Derecho Empresarial, es el director de la Firma Legal Cosultus.-
Durante el período de 2014 al 2020 fue asesor legal de la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) la que se después se convirtió en el Servicio de Administración de Rentas (SAR), cuya directora y posterior secretaria era la abogada Miriam Guzmán, conocida por su cercana amistad con el dictador Juan Orlando Hernández Alvarado.
Formó parte de los autopostulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la última elección realizada en febrero de 2023, pero no llegó a integrar la nómina de los 45 candidatos requeridos por el Congreso Nacional.
Honduras: Presidenta Xiomara Castro culpa a la clase política decadente asociada en un bloque partidario de extrema derecha impedir elección de nuevo Fiscal
La presidenta Xiomara Castro lideró hoy en el cerro “Juana Laínez” la ceremonia solemne de izada de la Bandera Nacional y dio inicio a la celebración de los 202 años de las fiestas patrias.
La mandataria se hizo acompañar del secretario privado presidencial Héctor Manuel Zelaya; del presidente del Congreso Nacional Luis Rolando Redondo; de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando; Renato Florentino Pineda, designado presidencial; miembros del Gabinete de Gobierno, diputados, magistrados, el alcalde capitalino Jorge Aldana y Cuerpo Diplomático, entre otros.
La jefa del gobierno realizó una reseña histórica de lo que significó la emancipación política el 15 de septiembre de 1821, el papel de los próceres y la lucha del héroe mártir, Francisco Morazán, por tener una patria grande y unida.
“Cumplo con inmensa satisfacción y responsabilidad honrar nuestros símbolos patrios”, expresó la primera mujer presidenta en 202 años de historia Patria. “Hoy, el espíritu morazanista late en cada rincón de nuestra Patria y en cada ciudadano que anhela la unidad de Centroamérica”, afirmó, para enseguida anunciar que “vamos por la construcción de la patria grande”.
“Juro fidelidad ante la bandera de mi Patria, como símbolo de justicia, libertad y paz”, añadió.
La decadente clase política y el tema de la Fiscalía
Castro aprovechó la ocasión para lamentar y criticar a la clase política que adversa su mandato que llegó al extremo anoche de no contribuir a la elección de las nuevas autoridades de la Fiscalía que vacaron en sus puestos.
“No cesaré en mi permanente lucha por refundar Honduras ante una decadente clase política que representa los intereses bastardos de quienes no quieren pagar impuestos y eluden la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria”, puntualizó.
Añadió que estos “son los mismos acusados de narcotráfico, implicados en el caso Pandora, en el crimen del desfalco del Seguro Social, en el millonario saqueo a través de las Ongs, en el Fondo Departamental” que están asociados en un solo bloque partidario de extrema de derecha para impedir que se nombre un nuevo fiscal y un fiscal adjunto.
A renglón seguido les recordó con tono enérgico: ¡Viene la CICIH, tiene que quedar claro: viene la CICIH! (Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras).
La presidenta agradeció a los más de cien mil mujeres y hombres que el martes la acompañaron en la gran movilización para denunciar a las fuerzas conservadoras que amenazan su gobierno.
La mandataria hondureña asumirá en enero del próximo año la presidenta pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
Castro cerró con su típica frase ¡prohibido olvidar que somos resistencia!
¿Quién está al frente del Ministerio Público al no haberse elegido a los nuevos fiscales?
¿El Ministerio Público cayó en un vacío institucional? ¿Siguen al frente los fiscales elegidos en el período 2018-2023?
Hay diversas versiones sobre los que pasará en el Ministerio Público y, sobre todo, quién estará al frente de la institución luego de que los diputados del Congreso Nacional no pudieran ponerse de acuerdo para elegir entre los cinco aspirantes que envió la Junta Proponente.
La gestión de Óscar Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto) terminaba el 31 de agosto de 2023, aunque la ley dice que pueden continuar en sus puestos hasta que se elijan nuevas autoridades. Si la normativa es clara, ¿qué es lo que está pasando?
Horas antes de que el Congreso Nacional sesionara, el mismo fiscal adjunto citó el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, el cual específicamente dice: “Los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluyan el período para el que fueron electos y no se hayan asignado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.
Ante esto, Sibrián aseguró que tanto él, como Chinchilla continuarían al frente del Ministerio Público. Incluso, aclaró que ninguno de los dos había renunciado a su cargo, como se especulaba la tarde del jueves.
“Yo tengo la obligación conforme a ley hasta que las autoridades nombren a nuestros sustitutos. No ha puesto la renuncia el fiscal general ni su servidor”, dijo en diálogo con Hoy Mismo.
Sibrián aseguró que su deber era concluir su gestión hasta que los parlamentarios eligieran a las nuevas autoridades, pero hasta la media noche del jueves no había ocurrido.
Una fuente reveló a EL HERALDO que Sibrián se presentó este viernes a las oficinas de la Fiscalía. En horas de la tarde de este día también se conoció que interpuso su renuncia condicionada a una votación en el Congreso Nacional (los diputados deben decidir si aceptan).
De momento, a lo interno del Ministerio Público identifican a Sibrián como la cabeza temporal de la institución, ante la ausencia notoria de Chinchilla.
La sesión inició pasadas las 7:30 de la noche, cuando los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) presentaron nuevamente la misma moción nominativa de la primera sesión: Marcio Cabañas como fiscal general y Jenny Almendares como adjunto. La votación no logró los 86 votos, apenas alcanzó los 72 con apoyo del Partido Nacional, parte de los liberales y PSH.
El Partido Libertad y Refundación también mantuvo su nómina: Johel Zelaya como fiscal general y Marcio Cabañas como adjunto. Esta moción nominativa tampoco alzó la mayoría calificada, apenas pasó los 50 votos en las tres ocasiones.
“Recordemos que en este Congreso Nacional ninguna bancada logra ajustar por sí misma los 86 votos y requiere la madurez política de todos”, recordó Joshy Toscano, del Partido Salvador de Honduras, a los diputados de Libre, invitándolos a sumarse a la propuesta del PSH en la segunda ocasión.
No obstante, ninguna de las bancadas cedió, lo que ocasionó que las mismas propuestas fueran votadas tres veces antes de la media noche.
El que no se eligieran a las nuevas autoridades del Ministerio Público generó diferencias entre los diputados, quienes -en muchos casos- afirmaron que no se sabe si la institución continuará con las investigaciones pendientes.
El jefe de la banca del partido Libre, Rafael Sarmiento, dijo que a partir de este viernes 1 de septiembre se cae en “un vacío institucional” por no haber elegido un fiscal general y adjunto.
El parlamentario afirmó que los fiscales finalizaron su mandato de cinco años el 31 de agosto y que “cualquier acción que hagan de mañana (hoy) en adelante cometerían delito de usurpación de funciones”.
Recordó que ocurrió lo mismo con la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque “nosotros dejamos establecido y fuimos coherentes siempre que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia después de su mandato quedaban de facto y ningún magistrado volvió a ejercer sus funciones; se mantuvieron al margen hasta que se eligió Corte”.
La diputada Fátima Mena, una de las vicepresidentas del Congreso Nacional, dejó claro que “yo quiero que Chinchilla se vaya, yo quiero que Sibrián se vaya, pero de acuerdo con lo que dice la ley, que es eligiendo a los nuevos fiscales”. Mena culpó a Libre de no dialogar, por eso el Congreso no pudo cumplir en tiempo y forma con la elección del fiscal.
Libre propuso a la Uferco
Casi a media noche, justo cuando se vencía el plazo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expuso que Chinchilla y Sibrián no podían continuar dirigiendo la justicia del pueblo porque habían “perdido la investidura de sus cargos y carecen de legitimidad”.
Entre los múltiples argumentos que Redondo leyó de un documento está que las estructuras del crimen organizado y narcotráfico lograron penetrar, controlar y dirigir los poderes del Estado, incluyendo el Ministerio Público.
Afirmó que esa situación ha ocasionado que Honduras se posicione como uno de los países más corruptos y catalogados como narco estado por autoridades y cortes penales estadounidenses.
“Si no fuese así, no habría existido la necesidad de crear la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih-OEA), cuyos casos no llevaron a prisión a todos los criminales investigados”, leyó, mientras recordaba que el convenio no fue renovado y “prácticamente fueron expulsados de Honduras”.
Incluso, ahondó sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y otras personas vinculadas con el narcotráfico, a quienes nunca se les investigó, acusó o enjuició en Honduras.
Las investigaciones en el caso de Hernández “solo aparecieron específicamente en la fase del juicio de extradición, evidentemente para tratar de evitar su extradición a Estados Unidos”.
El documento también señala al fiscal de apoyar, encubrir la reelección presidencial en 2017, la aprobación de las ZEDE, fraudes electorales y la vigencia del Código Penal.
“Estos (fiscal general y fiscal general adjunto, e incluso el directos de fiscales) han cometido innegables, evidentes y graves delitos por acción y omisión contra todos los hondureños y el Estado de Honduras”, por lo que dejó en manos de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) la justicia del país.
Esta decisión ya se había especulado horas antes, luego de que Libre dijera que el ejercicio de la acción penal lo seguiría ejerciendo la Uferco, amparados en el decreto 67-2022 aprobado por el Congreso Nacional.
Es decir, mientras el Congreso no elija al fiscal general y adjunto será el titular de la Uferco, Javier Santos, quien dirigirá al Ministerio Público, han sostenido desde los círculos de Libre.
“En tanto no se elija un nuevo fiscal general y un fiscal general adjunto, de acuerdo al artículo 4 del decreto 67-2022 vigente, aprobado por este Congreso Nacional, quedan delegadas las fiscalías especiales y los fiscales en particular por el tiempo indefinido; en tanto la acción penal pública de los delitos comunes está garantizada”, leyó Redondo previo a la finalización de la sesión.
Tomás Zambrano, jefe de la banca del Partido Nacional, cuestionó la decisión y dijo que la Uferco no sustituirá al fiscal general de la República.
“Mañana (hoy), en base a la Ley Orgánica del Ministerio Público en el artículo 18 y artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, sigue en funciones el fiscal general, si falta el fiscal general va a tener la titularidad del Ministerio Público el fiscal adjunto y si falta el adjunto queda el director de fiscales, no la Uferco, nada que ver”, opinó.
Sin embargo, ni dentro de Libre tienen una postura clara al respecto de las funciones actuales de la Uferco como unidad cabeza del Ministerio Público.
Por ejemplo, Omar Menjívar, abogado y vicealcalde de San Pedro Sula por Libre, adviertió sobre las consecuencias de delegar el control del MP a la Uferco.
Mientras que este viernes, la presidenta Xiomara Castro afirmó en la red social X (antes Twitter) que la Fiscalía está acéfala, afirmando que los titulares de la institución ya terminaron su período.
¿Y director de fiscales?
El fiscal general y adjunto son elegidos por el Congreso Nacional, pero el director de fiscales es nombrado por el fiscal general.
La Ley Orgánica del Ministerio Público menciona que a falta del fiscal general, la responsabilidad recae sobre el fiscal adjunto, pero al no estar ninguno de los dos, el ente de investigación queda en manos del director de fiscales.
Pese a lo que dice la normativa, Redondo afirmó que fortalecería e inyectaría más presupuesto a la Uferco, al mando de Javier Santos, “para combatir la corrupción e impunidad de manera pronta, expedita y eficaz, especialmente en todos los casos que tienen en su conocimiento”.
Zambrano afirmó que la Uferco seguirá funcionando, pero de la misma forma en la que seguirá operando la Atic, la Dirección de Medicina Forense, la Dirección de Fiscalía, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, la Fiscalía Especial de delitos comunes y la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución porque “son unidades” dentro del Ministerio Público.
